Sandra Victoria Flores Rivera
Expediente 792/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 792/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 17/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Sandra Victoria Flores Rivera
- Sandra Victoria Flores Rivera y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por el que remite testimonio de la resolución de dos de diciembre del año en curso, dictada en el recurso de queja 249/2021, de su índice, en la cual dicho órgano jurisdiccional federal determinó: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO, el recurso de queja interpuesto por LEONARDO PINEDA SALAZAR y SANDRA VICTORIA FLORES RIVERA, contra el auto de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo indirecto 792/2021-VIII, por el Juez Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. Acúsese recibo de estilo por oficio vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Cabe señalar que el presente asunto no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se desechó la demanda de amparo. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este cuaderno es susceptible de destrucción. Por otra parte, de la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Notifíquese oficio al Tribunal oficiante y por lista al resto de las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio vía interconexión procedente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con el cual acusa recibo del medio de impugnación que interpuso la parte quejosa en contra del auto que desechó su demanda de amparo, el que registró como recurso de queja 249/2021, mismo que admitió a trámite. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos correspondientes, sin que del oficio de cuenta se advierta algún requerimiento a este órgano jurisdiccional. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito de los quejosos, por medio del cual desahogan la prevención formulada en proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, en consecuencia, se provee: V i s t o el escrito de demanda de amparo que promueven Leonardo Pineda Salazar y Sandra Victoria Flores Rivera, por propio derecho, contra actos del Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México y otras autoridades, que los hace consistir en: La omisión de la petición formulada a la autoridad responsable de modificar el convenio aprobado el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, en el expediente 1024/2018. La ejecución del convenio aprobado el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve en el expediente 1024/2018. La omisión legislativa respecto a la adecuación del artículo 78 del Código de Comercio, al artículo 1º y 133 Constitucionales. Desechamiento de la demanda Previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En ese contexto, respecto de los actos reclamados consistentes en la omisión de la petición formulada a la autoridad responsable de modificar el convenio aprobado el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, en el expediente 1024/2018, y la ejecución de dicho convenio, se advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, interpretada a contrario sensu, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)". De la fracción XXIII del citado artículo 61 se desprende que establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento. De forma tal que en este apartado se da sustento a la improcedencia legal, constitucional y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 de la ley de la materia no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional; sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo que se comenta no es limitativo sino enunciativo. Así, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, es requisito esencial que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. En el entendido, que la última resolución en el procedimiento de ejecución para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto ante los jueces de distrito, será aquella en la que se apruebe o reconozca el total cumplimiento de la sentencia de fondo; o bien, aquella que declare la imposibilidad jurídica o material para cumplirla; o la que ordene el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Este requisito tiene como finalidad, evitar que se abuse del juicio de garantías. Lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva. En la especie, el quejoso reclama: La omisión de la petición formulada a la autoridad responsable de modificar el convenio aprobado el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, en el expediente 1024/2018, y la ejecución de dicho convenio. Cabe precisar, que de acuerdo con lo señalado por los quejosos en su demanda de amparo, el referido convenio fue aprobado por el juez responsable, el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. Por ende, quedó elevado a categoría de cosa juzgada y, en consecuencia, las partes quedaron obligadas a su cumplimiento. En ese contexto, resulta evidente que el acto de aplicación que reclaman los quejosos no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del convenio celebrado por las partes en el juicio de origen, pues no se trata de la resolución que apruebe o reconozca el total cumplimiento de dicho convenio; o bien, aquella que declare la imposibilidad jurídica o material para cumplirlo; o la que ordene el archivo definitivo del expediente, Sin que pase desapercibida la jurisprudencia P./J. 108/2010 del Pleno de Alto Tribunal, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE". Sin embargo, en el caso no se configura el supuesto de excepción al que se refiere dicha jurisprudencia, en virtud de que las condiciones que establece para que proceda el juicio de amparo en tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de una sentencia o convenio elevado a categoría de cosa juzgado, son las siguientes: Que el acto infrinja directamente derechos sustantivos. Que los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, laudo o convenio judicial, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional o convenio judicial que se pretende ejecutar. Con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En el caso concreto, el acto de aplicación que reclama el quejoso se encuentra directamente relacionado con el cumplimiento del convenio celebrado entre las partes, pues a través de dicho acto se le requiere para que dé cabal cumplimiento al referido convenio. Por consiguiente, el acto de aplicación reclamado debe considerarse una consecuencia directa y necesaria de las obligaciones que contrajo el quejoso al celebrar el citado convenio. En ese tenor, el acto de aplicación reclamado sólo podrá ser impugnado hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que apruebe o reconozca el cumplimiento total del convenio o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o bien, la que ordene el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en ese momento las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Así las cosas, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia de mérito, respecto de la omisión de la petición formulada a la autoridad responsable de modificar el convenio aprobado el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, en el expediente 1024/2018, y la ejecución del mismo, procede desechar la demanda respecto de tales actos. De igual manera, procede desechar la demanda de amparo, respecto del diverso acto reclamado consistente en la omisión legislativa respecto a la adecuación del artículo 78 del Código de Comercio, al artículo 1º y 133 Constitucionales, que se impugna con motivo de la ejecución del convenio mencionado. Lo anterior, en virtud de que cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que, en principio, se debe analizar si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primer acto que concreta la hipótesis jurídica controvertida, en perjuicio del quejoso, y si en relación con dicho acto no se actualiza una causa de improcedencia. Por consiguiente, si el juicio de amparo resulta improcedente respecto del acto de aplicación de la norma impugnada, en vía de consecuencia, también será improcedente respecto de dicha norma. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 71/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada" De igual forma, las tesis del Pleno del Máximo Tribunal del País, de rubro y contenido: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación". "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACION. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya". En las relatadas circunstancias, lo que procede es desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas del presente auto, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Finalmente, téngase a la parte quejosa, manifestando su oposición para que se publiquen sus datos personales en el presente juicio, por tanto, se comisiona a la Analista Jurídico SISE, de la adscripción para que capture dicha oposición de publicación de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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