Sandra Verónica Chávez Molina

Expediente 291/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
291/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
29/09/2021

Partes del expediente

  • Sandra Verónica Chávez Molina

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente expediente, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa, coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad realícese el trámite para su destrucción. Por otra parte, agréguese a los autos para el solo efecto de que obre como corresponda, el oficio signado por el Presidente de la junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, por sí y en representación de la misma, por el que remite el laudo emitido dentro del juicio laboral J.5/244/2019; lo anterior es así, en virtud de que como se desprende de líneas que anteceden el presente asunto se encuentra totalmente concluido, aunado a que el laudo que remite, no se encuentra relacionado con el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese: por lista las partes.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, se aprecia que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese recurrido el proveído que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), y 88 de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la primera, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Cabe señalar que el presente asunto no cuenta con documentos que se estimen de interés o de valor para la parte quejosa y no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico; aunado a que el presente juicio sobreseyó fuera de audiencia. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de ser destruido. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.

  3. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, trece de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, por si y en representación de dicha junta, mediante el cual rinde su informe justificado. Téngase por rendido el informe de cuenta y por recibidas las constancias que remite la autoridad oficiante, consistentes en copias certificadas del laudo de diecisiete de febrero de dos mil veinte, dictado dentro del juicio laboral 244/2019. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, del análisis a la demanda y las constancias que integran el expediente del juicio de amparo, se advierte que la quejosa reclama la omisión por parte de la responsable de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 244/2019. En ese sentido, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La citada causa de improcedencia requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos sus efectos; como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violados. Así, el supuesto de improcedencia que se analiza se encuentra orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir con lo que la garantía exija, cuando el acto sea negativo. Así lo confirma la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso concreto, el acto reclamado lo constituye la omisión por parte de las responsables de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 244/2019. Sin embargo, las autoridades responsables el diecisiete de febrero de dos mil veinte, dictaron la resolución en forma de laudo dentro del juicio laboral de origen. Razón por la cual, se estima que sobrevino la causal de improcedencia invocada, toda vez que ningún objeto tendría dictar una sentencia de amparo que ordenara a las autoridades responsables, dictar el laudo dentro del juicio laboral 244/2019, cuando ya lo hicieron. Por lo que, al cesar los efectos del acto reclamado, las cosas quedaron como si se hubiera concedido la protección constitucional. Orienta sobre el particular, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio, con apoyo en la fracción V del artículo 63 del ordenamiento legal en cita. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales correspondientes. Atendiendo a la determinación tomada en este auto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del quince de octubre de dos mil veinte. Por otra parte, de conformidad con el artículo 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y los numerales 16, 55, 56, 57 y 58 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. De conformidad con los artículos 191 y 192 correspondientes al Capítulo Cuarto (sentencia y tesis) del Título Cuarto (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de doce de noviembre de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince; captúrese el día de su publicación la presente resolución, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de septiembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de dos años exigido por la ley, para solicitar la devolución de la garantía otorgada para que surtiera efectos la suspensión del acto reclamado concedida al quejoso en el incidente relativo, razón por la cual con fundamento en los artículos 45 y 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, se declara que en el caso ha operado la prescripción de la cantidad de ********************, que ampara el billete de depósito******************** expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) S.N.C., a favor del fisco federal. Por tanto, envíese el billete de depósito descrito anteriormente al Director de Garantías de la Dirección General de Procedimientos Legales de la Tesorería de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con domicilio en ******************** para que se sirva hacerlo efectivo a favor del fisco federal, consignando la orden de pago a su favor, dejando en autos y en libro de valores la anotación respectiva de su envío. Notifíquese; por oficio al Director de Garantías de la Dirección General de Procedimientos Legales de la Tesorería de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y por lista a las demás partes.

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