Sandra Trujillo Torres
Expediente 740/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 17 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 740/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 17/05/2021
Partes del expediente
- Sandra Trujillo Torres
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la tercera certificación de cuenta, de conformidad con el inciso II, numeral 16 de la Circular SECNO 10/2021, en relación con los artículos 1 y 2, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se reanuda el procedimiento y se levanta la suspensión de términos procesales a que aluden los acuerdos y circulares enumeradas en la primera certificación; a lo que se provee: Estado procesal. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, del cual se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa y tercera interesada en auto de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento emitido respecto al fallo protector, sin que a la fecha lo hayan realizado. Lo anterior, se hará tomando en cuenta que el pronunciamiento sobre si una sentencia está cumplida es oficioso, es decir, para ello deben tomarse en cuenta todos los elementos y hechos relevantes al caso, siendo estos los siguientes: Substanciado el juicio de amparo en que se actúa, el seis de marzo de dos mil veinte, se dictó la sentencia correspondiente, en cuyo único resolutivo se concedió el amparo y protección de la justicia federal a Oleum del Norte, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable. Dicha resolución causó ejecutoria en auto de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, y se ordenó al Juez Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, restituir a la sociedad quejosa en el pleno goce del derecho violado, relativo a que: Deje insubsistente la resolución reclamada de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, emitida en el expediente 572/2018, de su índice y; Emitir un nuevo pronunciamiento en el que subsane las irregularidades detectadas con base en lo expuesto en la presente resolución, y con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda. Además, en oficio con registro 2365812, el juez responsable informó el contenido del auto de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, a través del cual dejó sin efectos el acto reclamado y turnó los autos para el dictado de una nueva resolución; por lo que con diverso oficio con registro 12076, informó la resolución de treinta de septiembre de dos mil veinte, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con motivo de ello, en auto de quince de octubre de dos mil veinte, se dio vista a la quejosa con dicha resolución dictada por el Juez responsable en acatamiento a la ejecutoria de amparo, a efecto de que manifestaran su conformidad o inconformidad con el cumplimiento dado a la citada ejecutoria, a lo que la parte quejosa, no manifestó su inconformidad al respecto; por lo tanto, se procede a efectuar el pronunciamiento acerca del cumplimiento de la sentencia de amparo. Fundamento: artículos 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su artículo 2°. Bajo esa tesitura, este Juzgado de Distrito procede a resolver si la sentencia de amparo fue acatada puntualmente, con base en los elementos existentes en el expediente. Estudio de Cumplimiento de Sentencia. Ahora bien, conviene tener presente algunas de las consideraciones esenciales de la sentencia de amparo, en la cual se consideró: ".Se dice que son fundados los conceptos de violación, porque contrario a lo considerado por la autoridad responsable, para este órgano de control constitucional, el acto jurídico con los propietarios o titulares de los predios, bienes o derechos, en cualquier forma jurídica de las enunciadas en la fracción V del artículo 101 de la Ley de Hidrocarburos, verbigracia, ocupación superficial, arrendamiento, servidumbre voluntaria, compraventa, permuta; no requiere como requisito de validez el que tenga que protocolizarse o incluso únicamente la ratificación de las firmas que contenga, ante algún fedatario público, como un notario. En efecto, no debe perderse de vista que tanto en los artículos 105 de la Ley de Hidrocarburos y 75 de su reglamento, no se prevé como condición para que el juez competente proceda a la validación de los acuerdos respectivos, que previamente conste en escritura pública, o que en su caso se acredite una fecha cierta por medio de su protocolización ante fedatario público. Menos aún, como quedó evidenciado con anterioridad, en el Acuerdo por el que se emiten los lineamientos y modelos de contratos para el uso, goce, afectación o, en su caso, adquisición de los terrenos, bienes o derechos para realizar las actividades de la exploración y extracción de hidrocarburos, y de transporte por medio de ductos; mismos que entraron en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (tres de junio de dos mil dieciséis), de acuerdo con su transitorio único, tampoco se establece dicho requisito para proceder, en su caso, al análisis de los diversos requisitos señalados con antelación. Esto es así, ya que en el caso concreto los contratos de ocupación superficial temporal, exhibidos por la hoy quejosa, fueron celebrados el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, esto es, cobran aplicación dichos lineamientos para verificar los requisitos de validez de este tipo de contratos; por lo que en todo caso, dicho acuerdo debe sujetarse a las bases expuestas en el conjunto normativo mencionado, en cuanto, entre otros aspectos, a estar precedido por manifestación escrita de interés, por parte del asignatario o contratista, con notificación a las dependencias correspondientes; una explicación completa del alcance, consecuencias favorables y desfavorables de la ejecución del proyecto; una negociación equilibrada, entendible y, en ciertos casos, asistida; el pacto de una contraprestación proporcional y la previsión de mecanismos de solución de controversias. A fin de verificar el cumplimiento de esos imperativos, el artículo 105 de la propia ley -transcrito supra líneas- dispone que el asignatario o contratista debe presentar el acuerdo alcanzado, para su validación, ante el Juez de Distrito en materia civil, cuando no se trate de bienes sujetos al régimen jurídico agrario, a fin de que se le dé carácter de cosa juzgada, para lo cual: a) verificará la satisfacción de las formalidades exigidas en dicha ley, y demás disposiciones aplicables, b) ordenará la publicación de un extracto del acuerdo alcanzado en un periódico de circulación local y c) emitirá su resolución con carácter de sentencia, dentro de los quince días siguientes a la primera publicación, siempre que no tenga conocimiento de la existencia de un juicio pendiente que involucre el objeto del contrato; esto es, no existe disposición legal dentro del cuerpo normativo analizado, que establezca para su validez, que los contratos de ocupación superficial temporal, requieran haber sido protocolizados ante notario público, previo a la solicitud de validación de los mismos. Por todo lo anterior, surge evidente la vulneración a los postulados invocados por la sociedad peticionaria del amparo." En la sentencia dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el juez responsable, consideró, en esencia: "[.] En ese sentido, en el caso en concreto debe decirse que la exhibición de los tres contratos de ocupación superficial celebrados el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, por la promovente y Diamantina Vicencio Gómez; José Mamberto Hernández Zaleta, Rufino Hernández Zaleta; y José Hilario Zaleta González, se dio de la siguiente manera: 1. Contrato de ocupación superficial temporal celebrado entre Oleum del Norte, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable y José Mamberto Hernández Zaleta y Rufino Hernández Zaleta, denominado como POZO8/LA-LAJA/2018, respecto del inmueble identificado como: porciones de los terrenos número 5, 6 y 7 de la subdivisión del Lote número 27, ubicadas en la Congregación de La Laja, con una superficie total de 22-99-14 hectáreas. 2. Contrato de ocupación superficial temporal celebrado entre Oleum del Norte, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable y Diamantina Vicencio Gómez, denominado como POZO6A/LALAJA/ 2018, respecto del inmueble identificado como: Lotes No. 30 y 31 de la Ex-hacienda La Laja, Municipio de Ozuluama de Mascareñas, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mismas que cuentan con una superficie total de 32- 50-16 hectáreas. 3. Contrato de ocupación superficial temporal celebrado entre Oleum del Norte, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable y Diamantina Vicencio Gómez, denominado como POZO9/LA-LAJA/2018, respecto del inmueble identificado como: predio conocido como El Presidio, ubicado en la Localidad La Laja, Municipio de Ozuluama de Mascareñas, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mismas que cuentan con una superficie total de 22-68-40 hectáreas. En tal virtud, como lo dispone el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos, se procede al estudio del cumplimiento de los requisitos previstos por el precepto 101 de dicha legislación y 74 de su reglamento. En cuanto hace al requisito fijado por la fracción I del artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos, consistente en la expresión por escrito al propietario o titular del terreno, bien o derecho de que se trate, del interés de usar, gozar, afectar o, en su caso, adquirir tales terrenos, bienes o derechos, se considera cumplido (.). Entonces, si los contratos sometidos a estudio fueron celebrados para llevar a cabo extracción de hidrocarburos bajo la modalidad de Licencia número CNH-R01-L03-A10/2016, correspondiente al Área Contractual 10, Campo la Laja, ubicado en el Municipio de Ozuluama de Mascareñas, Estado de Veracruz, celebrado por la promovente y Diamantina Vicencio Gómez; José Mamberto Hernández Zaleta, Rufino Hernández Zaleta; y José Hilario Zaleta González; es inconcuso que no era necesaria la emisión del Estudio de Impacto Social y, por tanto, no es un presupuesto indispensable para el perfeccionamiento de dichos acuerdos de voluntades, la presencia de los testigos sociales con base en la fracción II del artículo 69 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos (.). Ahora, conforme al artículo 746 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, la notificación a que se refiere la fracción IV del artículo 101 de la Ley deberá realizarse en un plazo de quince días hábiles. En el caso, Oleum del Norte, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, inició las negociaciones para constituir la ocupación superficial temporal de los inmuebles materia de los acuerdos de voluntades en comento, esto a través de la manifestación de interés realizada a los propietarios el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. Por tanto, el plazo de quince días hábiles a que se refiere el precepto en comento transcurrió del veinticuatro de noviembre al ocho de diciembre de dos mil dieciocho; entonces, si la notificación de inicio de las negociaciones se presentó ante las Secretarías de Energía y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano el veintiséis y veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, de ahí que se realizó dentro del plazo previsto por la disposición normativa aplicable (.). En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos, se declara la validez de los tres contratos de ocupación superficial temporal, celebrados el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, entre la promovente y Diamantina Vicencio Gómez; José Mamberto Hernández Zaleta, Rufino Hernández Zaleta; y José Hilario Zaleta González; y que han quedado descritos en líneas que anteceden. Validez que únicamente se otorga respecto a los requisitos formales de los contratos y no así respecto de las consecuencias legales ni a responsabilidades por daños o perjuicios derivados del objeto de los propios contratos.(.)". Una vez establecido lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; se entiende por lo primero, cuando la autoridad responsable se extralimita en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria; esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme con lo ordenado por el órgano de amparo. Conviene destacar que la protección de la Justicia Federal se concedió en los términos establecidos en párrafos que anteceden y que la autoridad responsable acató la sentencia de mérito, tal como se precisó; por lo que es dable determinar que la misma no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias remitidas, a las que se le concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se aprecia que el juez responsable: 1) Dejó insubsistente la resolución reclamada de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, emitida en el expediente 572/2018, de su índice y; 2) Emitió un nuevo pronunciamiento en el que subsanó las irregularidades detectadas con base en lo expuesto en esa resolución, y con plenitud de jurisdicción resolvió lo conducente; resolución en la cual, analizó la procedencia de la acción como lo dispone el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos, se procedió al estudio del cumplimiento de los requisitos previstos por el precepto 101 de dicha legislación y 74 de su reglamento. Asimismo, declaró la validez de los tres contratos de ocupación superficial temporal, celebrados el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, entre la promovente y Diamantina Vicencio Gómez; José Mamberto Hernández Zaleta, Rufino Hernández Zaleta; y José Hilario Zaleta González. En consecuencia, se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la sentencia en que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; sin que la autoridad responsable incurriera en exceso o defecto, con lo cual se restituyó a la quejosa en el goce de su derecho violado. Por lo tanto, hágase del conocimiento de las partes para los efectos señalados en el artículo 201 de la Ley de Amparo. Fundamento: Artículos 192, 193 y 196 de la ley de Amparo, así como la Jurisprudencia P./J. 87/2010, con número de registro163808, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO." Archivo del asunto. Finalmente, una vez transcurrido el plazo establecido en el artículo 202 de la ley de amparo provéase lo conducente respecto al archivo del presente asunto. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.
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