Sandra Patricia Mendoza Paniagua
Expediente 283/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 283/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/06/2023
Partes del expediente
- Maria Esperanza San Roman Conseco
- Sandra Patricia Mendoza Paniagua
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México; a veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Acuerdo de promoción Téngase por recibido el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, mediante el cual acusa recibo de las constancias remitidas e informa qué admitió el recurso de queja, mismo que quedó registrado con el número ******************** de su índice estadístico; de lo anterior, se toma conocimiento. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México; a quince de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante oficio SEADS/474/2022, de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó la determinación tomada en sesión ordinaria celebrada en esa misma fecha, por el Pleno del propio Consejo, en la que acordó la adscripción de Blanca Alicia Ochoa Hernández, como titular de este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil veintidós. En tal virtud, con el fin de atender lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 60 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes la circunstancia señalada, para que puedan alegar lo que a su derecho e interés convenga. Por otra parte, téngase por recibido el escrito de la parte quejosa, mediante el cual solicita se requiera a las autoridades responsables Vicepresidente de Tecnologías de la Información y Planeación, por la Directora General de Planeación y Administración, y por la Directora de Administración de Recursos Humanos, todos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en su carácter de autoridades responsables ejecutoras vinculadas al cumplimiento de la suspensión definitiva, para que den cumplimiento a la medida cautelar dictada en autos y confirmada por el Tribunal de alzada. Por tanto, se reitera que el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, se concedió la suspensión definitiva para los efectos siguientes: ". para que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentran y que las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias, se abstengan de aplicar las disposiciones reclamadas contenidas en el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, es decir, para que se mantenga el pago de las remuneraciones nominales y adicionales que percibe la parte quejosa, sin que se disminuyan sus percepciones con motivo de la ley tildada de inconstitucional, e inclusive las autoridades responsables ejecutoras se abstengan de llevar a cabo actos tendientes a seguir realizando a los quejosos los descuentos con motivo de la aplicación de dicha ley", en virtud de la afectación que pudiera causarse a la quejosa de llevarse a cabo." Como se advierte, la suspensión se concedió, en esencia, para el efecto de que no se aplicara en la esfera jurídica de los quejosos la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -publicada el cinco de noviembre de dos mil dieciocho- y la adición del Capítulo V Bis al Título Décimo, Libro Segundo del Código Penal Federal; lo que se traduce en que las autoridades responsables deberían seguir otorgando a los quejosos el conjunto de conceptos que integraban sus remuneraciones, en los términos y plazos establecidos antes de la entrada en vigor de ésta, sin que se fincara responsabilidad penal o administrativa por el pago que recibiera sobre esos conceptos, lo que implicaba que no podía ser detenido con motivo de hechos derivados de la percepción de sus remuneraciones, ni iniciarse en su contra alguna carpeta de investigación por tal razón. Es decir, las responsables no podían eliminar, menoscabar, reducir o alterar en perjuicio de la parte quejosa las remuneraciones que percibía conforme al ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en los términos y plazos establecidos antes de la entrada en vigor de la ley reclamada, esto es, cualquier norma en la que permee la ley impugnada (mientras estuvo vigente) y menoscabe las remuneraciones del quejoso, no le es dable a la autoridad su aplicación. En esas condiciones, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza un hecho superviniente que podría modificar y/o revocar la suspensión definitiva otorgada en el presente incidente. Lo anterior es así, pues por un lado, el día doce de abril de dos mil diecinueve, se publicó el diverso Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por otro lado, el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se abrogó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el diario oficial de la federación el 5 de noviembre de 2018, y se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Razón por la cual, con fundamento en el artículo 154 de la Ley de amparo, DE OFICIO se abre a trámite el incidente de modificación y/o revocación de la suspensión definitiva. Dese vista a las partes para que de considerarlo aporten las pruebas que estimen pertinentes y formulen alegatos. Infórmese, que se señalan las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia de alegatos. Al respecto es aplicable la tesis número I.13o.T.19 K (10a.), con registro digital 2011112, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III, página 2187, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PARA TRAMITAR LA SOLICITUD DE SU MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PROCEDER EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 154 DE LA LEY DE AMPARO." El artículo 154 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de revocar o modificar la resolución que conceda o niegue la medida suspensional definitiva cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, en tanto no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, conforme al trámite correspondiente a un incidente de suspensión, al disponer que debe "tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión", lo cual implica que se realiza mediante una incidencia que debe seguir las reglas previstas en los artículos 125 a 147 de la invocada ley; por lo que debe abrirse una dilación procesal a través de la cual se dé vista a las partes a efecto de ofrecer las pruebas que a su interés convenga y, que por su naturaleza, se trata de una audiencia y resolución, lo cual incumbe al a quo, quien debe proveer lo conducente para constatar la actualización del hecho superveniente y, una vez agotado el procedimiento, resolver lo que en derecho proceda respecto a si modifica o revoca los términos en que concedió la suspensión provisional. En este tenor, cuando en un incidente de suspensión derivado de un amparo indirecto, el Juez de Distrito fija una postura en cuanto a la suspensión definitiva y una de las partes solicita su modificación o revocación por alguna causa posterior a esa determinación, es ilegal que se niegue a tramitar esa petición bajo el argumento de que procede el recurso de queja establecido en el artículo 97, fracción I, inciso c), de la ley mencionada, pues ésta no es la vía para revocar o modificar la determinación adoptada en la resolución de suspensión definitiva. Lo anterior, porque en esos casos la decisión no se constriñe a negar lisa y llanamente la modificación o revocación solicitada, sino a sustanciar el trámite correspondiente, a efecto de que una vez agotado se resuelva si se concede o niega la petición. Finalmente, cabe mencionar, que del estado procesal que guardan los autos del cuaderno principal, del cual deriva el presente incidente, se advierte que Óscar Aranda Martínez, Fernando Pérez Márquez, Ana María Nieto Carmona, Damaris Ramos Domínguez, Virginia Alcántara Alonso, Mónica Vanessa García Rojas, María Graciela Zárraga Sánchez y Carmilla Sandra Gutiérrez Álvarez, se desistieron del juicio de amparo en que se actúa, por lo que se sobreseyó, respecto de ellos. Lo anterior, con el propósito de que se continúe con la secuela procesal de este asunto, respecto de los demás quejosos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México; treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Procedencia de la demanda. Visto el escrito de demanda promovida por ....., por su propio derecho, en atención al citado Acuerdo 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, fórmese expediente físico y electrónico y regístrese con el número 283/2023. A fin de resolver sobre la admisión o desechamiento de la demanda que nos ocupa, es necesario destacar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se desprende que el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la debe desechar; en la inteligencia de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aunque se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ilustra sobre el particular, la jurisprudencia 4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En ese orden de ideas, los peticionarios del amparo señalan como autoridades responsables y actos reclamados sustancialmente, los siguientes: - La discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018, y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el citado medio de difusión el 19 de mayo de 2021; en particular los artículos 3 fracciones I, IV, 4 segundo párrafo, 6 fracciones I, II, III, IV, V 7 fracción I inciso a), b), 9 y 10. -La ejecución de los actos reclamados acaecida el quince de mayo de dos mil veintitrés. Actos reclamados a las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Secretario de Gobernación, Director General del Diario Oficial de la Federación, Secretaria de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (antes Secretario de Comunicaciones y Transportes); y Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, respectivamente. Pues bien, de lo anterior se desprende que los actos reclamados destacados consisten en diversos artículos a que se refiere a Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, con motivo de su aplicación; sin embargo del escrito inicial de demanda y de las documentales exhibidas por los quejosos, se advierte que el acto de aplicación se dio en la primera quincena de enero de dos mil veintitrés a ********************y por lo que hace a ********************en la primera quincena de marzo de dos mil veintitrés, respectivamente. Lo anterior, no obstante que la quejosa precisa que tuvo conocimiento de la aplicación del acto reclamado el quince de mayo de dos mil veintitrés; sin embargo, también manifestó que los descuentos se le aplicaron a partir de la quince de marzo de dos mil quince para ********************así como a ********************en la primera quincena de enero del año en curso, dicho que se robustece con las documentales que exhibió, por lo que no puede desconocer que la aplicación del acto reclamado se realizó con anterioridad a la fecha que indica, ya que los recibos son quincenales, mismos que se le entregan periódicamente, el hecho que haya advertido los descuentos no les da oportunidad de combatir el acto reclamado en la fecha que se percató de la existencia de la deducción. Expuesto lo anterior, debe decirse que este Juzgado de Distrito, estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en razón de ello, se procede al estudio de las causas de improcedencia que se advierten actualizadas en este juicio de amparo en relación con los actos reclamados. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 del mismo ordenamiento, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Por su parte, los artículos 17, primer párrafo, y 18, ambos de la Ley de Amparo vigente, a la letra estatuyen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclamen una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;" "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del primer precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Además, el artículo 17 transcrito, señala como plazo genérico para presentar la demanda de amparo, el de quince días, salvo cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días. Finalmente, el ultimo precepto invocado establece, que los plazos comenzaran a correr desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acto reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos; o a partir de su entrada en vigor, cuanto se trate de la fracción I del artículo 17 de la Ley de Amparo, en que será de treinta días. Así, la causa de improcedencia expuesta deriva del consentimiento de los actos reclamados, cuando por regla general el gobernado no promueve el juicio de amparo dentro del término de quince días siguientes a los que tiene conocimiento de los actos de autoridad que afectan su esfera jurídica. Sin embargo, el consentimiento de los actos reclamados en tratándose del amparo contra normas generales no se entenderá, cuando a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino solo cuando tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Esto es, en el amparo contra normas existen dos momentos para impugnarlas, el primero, con motivo de su entrada en vigor; y el segundo, cuando se aplica dicha norma en la esfera jurídica del gobernado -como sucede en el caso que nos ocupa-. Y solo cuando en ninguno de esos dos momentos se impugna dicha norma, se puede reputar como consentida la misma. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de nuestro Máximo Tribunal, distinguió las hipótesis que se pueden presentar con motivo de la aplicación del artículo 17, en los términos precisados por el numeral 18 de la Ley de Amparo, en cuanto al conocimiento del acto reclamado, a saber: 1. Al día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación a la quejosa de la resolución o acuerdo reclamado. 2. Al día siguiente en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución. 3. Al día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedora de los actos que le afecten. Cabe indicar que los tres supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; igualmente, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición de la quejosa respecto de los actos reclamados, toda vez que, para que ésta se haga sabedora de dichos actos puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que éstos son medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, y que deben ser idóneos para cada caso. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 30/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 286 del tomo XXV, Mayo de 2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO." Ahora bien, en el caso, como ha quedado precisado con antelación, los quejosos reclaman el Decreto por el que se expide la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 constitucional, publicada el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, así como la aplicación de éste a través de los artículos 3 fracciones I, IV, 4 segundo párrafo, 6 fracciones I, II, III, IV, V 7 fracción I inciso a), b), 9 y 10, que aducen se tradujo en el descuento a sus percepciones salariales por la retención del Impuesto Sobre la Renta a partir de la primera quincena de mayo del año en curso; sin embargo, en la demanda las quejosas ********************manifestaron que los descuentos se les realizaron a partir de la primera quincena del mes de marzo de dos mil veintitrés y al quejoso ********************a partir de la primera quincena de enero de dos mil veintitrés; descuentos que se corroboran de los recibos de pago correspondientes, emitidos por la dependencia para la cual laboran y que exhibieron como pruebas en el presente asunto. Entonces, tomando en cuenta el más reciente, ejecutado el quince de marzo de dos mil veintitrés, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, en el caso, aplica el segundo supuesto de conocimiento de los actos reclamados, es decir: "2. Al día siguiente en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución.", por tanto, el cómputo para la interposición del juicio de amparo, comenzó a correr el dieciséis de marzo siguiente y transcurrió de la forma siguiente: marzo 2023 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 EJECUCIÓN DEL ACTO 17 DÍA 1 18 INHÁBIL 19 INHÁBIL 20 INHÁBIL 21 INHÁBIL 22 DÍA 2 23 DÍA 3 24 DÍA 4 25 INHÁBIL 26 INHÁBIL 27 DÍA 5 28 DÍA 6 29 DÍA 7 30 DÍA 8 31 DÍA 9 abril 2023 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 INHÁBIL 2 INHÁBIL 3 DÍA 10 4 DÍA 11 5 INHÁBIL 6 INHÁBIL 7 INHÁBIL 8 INHÁBIL 9 INHÁBIL 10 DÍA 12 11 DÍA 13 12 DÍA 14 13 DÍA 15 FIN DEL PLAZO 14 15 Así, el plazo para la promoción del juicio de amparo transcurrió del dieciséis de marzo de dos mil veintitrés al trece de abril del mismo año, descontándose de ese cómputo los sábados y domingos, veinte y veintiuno de marzo, así como el cinco, seis y siete de abril de dos mil veintitrés, por haber sido inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, 74 de la Ley Federal del Trabajo, así como CIRCULAR 12/2023 de 08 de marzo de 2023, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, si la demanda de amparo se presentó hasta el treinta de mayo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, resulta que la presentación de la demanda de amparo se realizó fuera del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo; y por ende, debe estimarse que los referidos actos combatidos fueron tácitamente consentidos; motivo por el cual se actualiza la causal de improcedencia prevista por los numerales 17 y 61 fracción XIV, del mismo ordenamiento legal. Resulta aplicable, por analogía y en lo conducente, la tesis con registro IUS 232213, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, volumen 193-198, primera parte, del Semanario Judicial de la Federación, séptima época, que indica: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan 'que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día', como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Es igualmente aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, del tomo XXXIII, enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." También es aplicable la jurisprudencia 419, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 447, del tomo II, procesal constitucional 1, común primera parte -SCJN, tercera sección- plazos y notificaciones, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, quinta época, cuyo texto es el siguiente: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TERMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." De igual forma es aplicable en lo conducente la tesis número I.4o.A.269 A, visible en la página mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de mil novecientos noventa y ocho, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, que textualmente establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda." En las relatadas consideraciones, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE GARANTÍAS promovida por ******************** Sin que pase desapercibido, que similar consideración se realizó en proveído de quince de mayo del presente año en el juicio de amparo 237/2023, del índice de este juzgado de distrito, promovido por los mismos quejosos, el cual resulta un hecho notorio para este órgano jurisdiccional en términos del artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Autorizados para oír y recibir notificaciones. De conformidad con el artículo 12, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que señala, toda vez que como se advierte de la primera certificación de cuenta no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el sitio ubicado en******************** Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto llevar a cabo las notificaciones que se ordenen en el presente juicio de amparo. Reproducción fotostática y medios electrónicos para la obtención y consulta de determinaciones. Se hace del conocimiento a las partes que, en caso de requerirla, queda autorizada la expedición de copias de la presente determinación y demás actuaciones y/o constancias en el juicio, previa comparecencia y recibo que se deje en autos por quien tenga facultades para ello. También quedan a la vista de las partes los presentes autos a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; salvo documentos reservados o confidenciales, en atención a lo señalado en la Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tesis aislada I.1o.A.23 K (10a.), con número de registro 2,008,986, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 (TRES) DE ABRIL DE 2013 (DOS MIL TRECE)." Igualmente, dígase a las partes que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. Transparencia y datos personales. Con fundamento en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 21, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracciones V, XI y XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 69, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el consejo; y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese y personalmente a los quejosos.
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