Sandra Rocío Baltazar Reyes
Expediente 472/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 472/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 24/07/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Sandra Rocío Baltazar Reyes
- Titular de la Unidad Juridica del Hospital General de Mexico "Dr. Eduardo Liceaga"
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
ACUERDO Ciudad de México, veinticuatro de julio de dos mil veinte. Queda firme no presentada Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo a la promovente para que recurriera al auto de dos de julio de dos mil veinte, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que a la fecha lo haya llevado a cabo. En consecuencia, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Archivo del asunto como total y definitivamente concluido Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Destino del juicio de amparo Por otra parte, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), pues se trata de un juicio de amparo en el que sin decidir el juicio en lo principal se dio por concluido, por tanto, procédase a su destrucción una vez que haya transcurrido el plazo de tres años a que se refiere el primer párrafo del artículo 20 del Acuerdo General invocado. Se deja sin efectos la suspensión de plano de amparo Finalmente, en atención a lo anterior, se deja sin efectos la suspensión de plano decretada en el presente asunto; lo que se hace del conocimiento de las autoridades para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridad responsable Oficio
- Principal
ACUERDO Ciudad de México, dos de julio de dos mil veinte. Se hace efectivo el apercibimiento Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la quejosa mediante determinación de diecinueve de junio del presente año, para que desahogara la prevención efectuada en dicho proveído, sin que a la fecha lo haya llevado a cabo. Por tanto, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridades responsables Lista
- Principal
ACUERDO Ciudad de México, diecinueve de junio de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se advierte que la parte quejosa fue omisa en desahogar el requerimiento formulado en proveído de treinta de abril de dos mil veinte, a fin de que señalara domicilio particular para oír y recibir notificaciones en esta ciudad diverso al referido en la demanda de amparo. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara precluido su derecho para hacerlo; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizar la notificación del auto de diecinueve de abril del año en curso, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista, situación que prevalecerá hasta en tanto se señale nuevo domicilio para ese efecto. Se levanta reserva y se provee respecto de la demanda de amparo Visto el "Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19", en el cual en sus artículos 4 y 6 establecen la continuidad del trámite de los casos calificados como urgentes, con independencia de que eventualmente pudiera cesar el sentido de inmediatez, en ese sentido, al ser este uno de ellos, se ordena levantar la reserva decretada en este asunto y continuar con su tramitación, ello, en razón de que en el acuerdo inicial se reservó el pronunciamiento relativo a la prevención, admisión o desechamiento de la demanda, pues únicamente se realizó el pronunciamiento relativo a la suspensión de oficio y de plano atendiendo a la urgencia del caso. En concordancia con lo anterior, en términos del artículo 2, fracción II del citado Acuerdo, en relación con el diverso 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para la continuación del presente asunto. Cuestión previa El artículo 108 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación. Por otro lado, siguiendo lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura. Así, una vez analizado el escrito inicial de demanda en forma integral, se acuerda lo siguiente: Prevención Con fundamento en el artículo 114, fracciones II y IV, en relación con el diverso 108, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, se requiere a la parte promovente para que, de manera personal y no a través de autorizado, dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, realice lo siguiente: Deberá precisar, cuál es el acto, de los que señaló en la demanda, que en concreto atribuye a cada una de las autoridades responsables; sin que añada nuevos actos reclamados, o bien, inserte calificativos, antecedentes y/o argumentos en vía conceptos de violación que demeriten su claridad y fijación de la litis constitucional; lo anterior, en términos de la fracción IV del artículo 108 de la Ley de Amparo, que establece como requisito el señalamiento de la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. Deberá precisar si desea señalar como acto reclamado la omisión de cumplimentar las medidas preventivas que los sectores público, privado y social deben implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en términos de lo establecido en los Acuerdos emitidos por el Ejecutivo Federal el veintitrés y veinticuatro de marzo de dos mil veinte, así como por la Organización Mundial de la Salud para el personal de salud que labore en centros hospitalarios, de ser así, indique a qué autoridades se los atribuye. Lo anterior, debido a que del estudio integral de la demanda se desprende que la omisión de proporcionar equipo de trabajo y la distribución de las cargas trabajo, las hace derivar de las disposiciones que al efecto las autoridades respectivas han emitido para tal fin. Resultan aplicables, por analogía a las anteriores consideraciones, los criterios aislado y jurisprundecial de rubros: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS" y "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD". De igual forma, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, en específico, si a la fecha de presentación de la demanda, tramitó ante la autoridad respectiva licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus labores durante el período que dure la emergencia sanitaria derivada del virus COVID-19. Lo anterior, toda vez que del análisis integral de la demanda de amparo, en primer lugar, se advierte que la parte quejosa refiere los actos que reclama de manera general y no individualizada, situación que genera incertidumbre a este órgano jurisdiccional en relación con las actuaciones que en específico reclama de cada autoridad en la vía constitucional. Por otro lado, la parte promovente fue omisa en señalar de forma clara y precisa la totalidad de los hechos que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, toda vez que en el capítulo relativo a la suspensión de los actos, refirió que en caso de que las autoridades responsables no le otorgaran el material necesario para realizar sus funciones, se le otorgara una licencia con goce de sueldo para ausentarse de sus labores durante la emergencia sanitaria; sin embargo, omitió precisar si con motivo de ello, tramitó ante la autoridad respectiva la licencia que aduce. Apercibimiento Con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte promovente que de no desahogar la prevención formulada dentro del plazo señalado, acompañando copias del escrito aclaratorio para correr traslado a las demás partes, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En ese sentido, se hace de su conocimiento que la afirmación de hechos falsos hace incurrir en responsabilidad en términos del artículo 261 de la Ley de Amparo, que a la letra indica: "Articulo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Al respecto, es preciso aclarar que en caso de que la parte promovente desahogue la prevención en los primeros días del plazo concedido, pero sin cumplir con la totalidad de los requerimientos impuestos, este juzgador procederá a emitir un acuerdo en el que señale las omisiones que subsisten, a efecto de dar oportunidad a la parte quejosa de subsanar dichas omisiones antes del vencimiento del plazo concedido originalmente. Esto es, el término de cinco días se suspenderá con la presentación del escrito con el que se pretenda desahogar la prevención y se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del proveído en el que se señalen las omisiones que subsisten. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del asunto vía juicio en línea Tomando en consideración la situación sanitaria que actualmente impera en el país derivado del virus COVID-19, a fin de salvaguardar la salud tanto de las partes como del personal adscrito a éste órgano jurisdiccional, y en aras de proporcionar una justicia completa, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación del caso mediante el esquema "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá manifestar de manera expresa si es su deseo que el presente asunto se siga como "juicio en línea", en cuyo caso, el propio quejoso o representante legal deberán: - Solicitar el acceso al expediente electrónico proporcionando un usuario y el nombre de la persona a quien corresponda éste. - La práctica de notificaciones vía electrónica y actuar electrónicamente desde el referido Portal, en términos de lo que establece el "Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo." Ratificación En otro orden de ideas, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que en el acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veinte, se requirió a la parte quejosa para que ratificara la demanda de amparo, al carecer de firma electrónica; sin embargo, cabe aclarar que dada la naturaleza de los actos reclamados en este expediente se consideró como "asunto urgente", de conformidad con los lineamientos establecidos en los Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia administrativa de los órganos jurisdiccionales, así como con lo previsto en las Circulares SECNO/4/2020 y SECNO/5/2020, emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, al equipararse a la calidad de los asuntos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, no ha lugar a hacer efectivo el apercibimiento decretado, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto refieren: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Transparencia Se hace del conocimiento de la parte quejosa que tiene expedita la posibilidad para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la publicación de sus datos personales, siempre que en esta última hipótesis lo informe de manera expresa, de conformidad con los artículos 31, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Jurisprudencia La jurisprudencia y las tesis aisladas que se empleen durante la tramitación del presente juicio de amparo, que hayan sido emitidas durante la Novena Época, son válidamente aplicables en términos del Transitorio Sexto de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10ª), la cual establece: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." Jurisprudencia 2a./J. 10/2016, Registro 2010982. Domicilio del juzgado Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional, así como la Oficina de Correspondencia Común a la que pertenece, se encuentran dentro del edificio sede del Poder Judicial de la Federación ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos 1950, colonia Tlacopac, Ciudad de México, Alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01049. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridades responsables Lista
- Principal
ACUERDO Ciudad de México, treinta de abril de dos mil veinte. Razón imposibilidad de notificar Agréguese a los presentes autos la razón signada por el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la parte quejosa el proveído de diecinueve de abril de dos mil veinte (fojas 5 a 15), toda vez que al constituirse en el Hospital General de México "Doctor Eduardo Liceaga", ubicado en Doctor Balmis número 148, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, en esta ciudad, domicilio señalado por la impetrante para oír y recibir notificaciones, le informaron que para ingresar a dicho nosocomio necesita acudir con una responsiva, dada las restricciones que existen derivadas de la pandemia del virus COVID-19, y el alto riesgo de contagio que eso conlleva. En ese sentido, a fin de salvaguardar la integridad física y la salud de los actuarios judiciales adscritos, así como del personal que labora en este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la ley sobre la materia; requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de éste auto, señale un domicilio particular para oír y recibir notificaciones dentro de la Ciudad de México a fin de realizar las notificaciones que se ordenen de manera personal. Bajo el apercibimiento que en caso de ser omisa a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordenara realizar la notificación antes mencionada, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista, situación que prevalecerá hasta en tanto se señale nuevo domicilio para ese efecto. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista y adicionalmente por correo electrónico.
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