Sandra Nava Jiménez

Expediente 837/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
837/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
14/07/2023

Partes del expediente

  • Sandra Nava Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio proveniente de la Cuarta Sala Ordinaria Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, mediante el cual informa el contenido del acuerdo de diez de julio del actual, dictado en el juicio de nulidad ******************** de su índice, y al efecto informa que el Juzgado Séptimo Familiar desechó la denuncia de sucesión de bienes a nombre del quejoso, de lo que se toma conocimiento. En ese sentido, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a la Sala citada en el párrafo que precede para que, a más tardar el veintisiete de julio de dos mil veintitrés, denuncie la sucesión testamentaria del quejoso en el Juzgado Familiar en el Estado de México, órgano que por cuestión de territorio le compete conocer, e informe lo correspondiente a este juzgado de distrito. Lo anterior, bajo el apercibimiento que, de no hacerlo en dicho plazo, o bien, de no manifestar su imposibilidad para ello, se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 de la Ley de Amparo en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridad responsable Lista Tercero interesado No existe Ministerio Público Federal Lista Cuarta Sala Ordinaria Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, juicio de nulidad ******************** Oficio

  2. Principal

    Diferimiento de audiencia constitucional por informe justificado Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en virtud de que se encuentra transcurriendo la vista otorgada a las partes con el informe justificado rendido por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con fundamento en el artículo 117, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan para que tenga verificativo las diez horas con veintisiete minutos del veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Este plazo se estima suficiente para que transcurra en su totalidad nuevamente el plazo de ocho días a que se refiere el precepto citado, en términos de la jurisprudencia 2ª./J. 21/2008 (registro 170081), de rubro: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO". Sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional que el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia constitucional se encuentra fijada fuera del plazo que establece la ley de la materia; sin embargo, dicha circunstancia se debe a la saturación de la agenda de audiencias programadas a celebrarse en el Juzgado de Distrito, situación que se hace del conocimiento de las partes de conformidad con lo indicado en el Criterio Número 32 de los Criterios en Materia Disciplinaria del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridad responsable Lista Tercero interesado No existe Ministerio Público Federal Lista

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio presentado por la autoridad oficiante, por el cual informa las gestiones que realiza a efecto de dar cumplimiento a la sentencia de amparo y, a la par, solicita una prórroga para ello. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193, párrafo tercero, en relación con el diverso numeral 192, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se concede una prórroga a la autoridad responsable para que a más tardar el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, cumplan con dichos efectos de la sentencia y remitan copia certificada de las constancias que lo acrediten, por lo que en caso de no obtener el cumplimiento este juzgado federal procederá conforme a lo ordenado en autos. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridad responsable Lista Tercero interesado No existe Ministerio Público Federal Lista

  4. Principal

    Apertura del incidente y fijación de actos Vista la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 130, 138, 139, 157 y 158 de la Ley de Amparo, fórmese y tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1595/2022, promovido por ********************. Resolución sobre la suspensión provisional El artículo 139 de la Ley de Amparo señala que en los casos en que proceda la suspensión conforme a los diversos numerales 128 y 131 del ordenamiento citado, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, deberá ordenarse que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva a efecto de no dejar sin materia el juicio de amparo; lo anterior, tomando las medidas que se estimen convenientes para no defraudar derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados hasta donde sea posible. Asimismo, conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, con motivo de la suspensión es posible restituir provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado, siempre y cuando ello sea posible material y jurídicamente. En el caso concreto, la parte quejosa solicita la suspensión contra los actos y autoridades siguientes: Autoridad responsable Acto reclamado 1. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a) La aprobación, expedición, emisión y promulgación del Aviso por el que se establecen las vialidades en las que se implementará el servicio de transporte de pasajeros público colectivo en la modalidad de corredor "Xochimilco", publicado el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, particularmente los puntos, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, incisos a), b), c) y d) y los artículos transitorios primero, segundo y tercero, de la norma en mención. b) La omisión de otorgar derecho de audiencia para el Aviso por el que se establecen las vialidades en las que se implementará el servicio de transporte de pasajeros público colectivo en la modalidad de corredor "Xochimilco", publicado el dieciséis de agosto de dos mil veintidós c) La aplicación de la norma reclamada, mediante la emisión de cualquier orden, permiso, autorización y/o similar que permita operar el servicio de transporte público de pasajeros a terceras personas o directamente por las autoridades responsables, en la misma zona de influencia de los permisos, concesiones y rutas de operaciones de la parte quejosa, para prestar el servicio de transporte urbano de pasajeros, número ********************. 2. Secretario de Movilidad de la Ciudad de México 3. Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México d) La ejecución de las normas reclamadas. En el caso particular, el quejoso solicita la medida cautelar para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, es decir, para que las autoridades señaladas como responsables se abstengan de aplicar las disposiciones que por esta vía se impugnan, así como para que se abstengan de impedir u obstaculizar por cualquier medio, ya sea por sí o a través de sus subordinados, actos que tiendan a revocar, afectar, cancelar, suspender o modificar los derechos concedidos a la parte quejosa para prestar el servicio de transporte urbano de pasajeros, número ********************. Naturaleza de los actos reclamados Actos consumados De lo anterior se desprende que la aprobación, expedición, emisión y promulgación del Aviso por el que se establecen las vialidades en las que se implementará el servicio de transporte de pasajeros público colectivo en la modalidad de corredor "Xochimilco", publicado el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, particularmente los puntos, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, incisos a), b), c) y d) y los artículos transitorios primero, segundo y tercero, de la norma en mención; son actos consumados en su totalidad, toda vez que se verificaron en un momento determinado, no siendo posible, aun con el otorgamiento de la suspensión, hacerlos desaparecer en el tiempo. Por tanto, respecto de los mismos procede negar la suspensión. Acto omisivo Por otra parte, el acto reclamado precisado en el inciso b), constituye una omisión en la medida que implica la inactividad de las autoridades responsables, consistente en otorgarle audiencia respecto de la norma impugnada a la parte quejosa. Sobre el particular, al resolver la contradicción de tesis 85/2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el artículo 147 de la Ley de Amparo dota a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios). De modo que, como se indicó anteriormente, la naturaleza omisiva de los actos reclamados no es el factor que determina la concesión o negativa de la medida cautelar, pues ello dependerá de la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, para posteriormente analizar si deben mantenerse las cosas en el estado que guardan, o bien, si es necesario una tutela anticipada del derecho violado mientras dura el juicio. Por ende, la naturaleza omisiva del acto no condiciona ya la procedencia de la medida, sino el tipo de medidas que deberán ordenarse como parte de la suspensión del acto reclamado; en el entendido de que para que la suspensión sea material y jurídicamente posible y los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, debe cuidarse que la medida no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Las anteriores consideraciones fueron plasmadas en la jurisprudencia 1ª./J. 70/2019 (10ª) que, para pronta referencia, se transcribe nuevamente: SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior. En el caso, se considera que no es posible otorgar la suspensión con efectos conservativos ni de tutela anticipada, toda vez que, de hacerlo, la medida cautelar coincidiría exactamente con una eventual sentencia concesoria, dejando sin materia el juicio de amparo. Así es, en el caso concreto se reclama la omisión de las autoridades responsables de otorgarle intervención con la norma impugnada a la parte quejosa; lo que supone un reclamo sobre la inactividad de las mismas o sobre la ausencia del ejercicio oportuno de sus atribuciones y facultades legales. De este modo, sería ocioso conceder la suspensión con efectos conservativos para que las cosas se mantengan en el estado que guardan, pues ello en nada beneficiaría a los intereses de la moral quejosa, quien, precisamente, pretende que el estado de cosas se modifique y que las autoridades responsables active el ejercicio de sus atribuciones legales lo antes posible. Asimismo, a juicio de este órgano, tampoco se podría otorgar la suspensión con efectos restitutorios provisionales en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo, pues sin prejuzgar sobre la apariencia del buen derecho y el interés público, de hacerlo se consumaría de manera irreparable y permanente el beneficio obtenido con motivo de la suspensión, ya que de obligar a las responsables a que atiendan a la parte quejosa, no existiría manera de revertir jurídicamente esa consecuencia en caso de que no se obtenga sentencia favorable; además de que los efectos de la medida coincidirían exactamente con los de una sentencia concesoria, dejando sin materia anticipadamente el juicio de amparo. Por lo anterior, no podría otorgarse la suspensión con efectos restitutorios provisionales sin que se deje sin materia el juicio de amparo; aunado a que una suspensión con efectos conservativos en nada beneficiaría a la parte quejosa, por lo que resulta improcedente conceder la suspensión provisional. Por lo anterior, dado que no podría otorgarse la suspensión con efectos restitutorios provisionales sin que se deje sin materia el juicio de amparo; aunado a que una suspensión con efectos conservativos en nada beneficiaría a la parte quejosa; se considera procedente negar la suspensión provisional, respecto del acto precisado en el inciso e). Actos positivos En cambio, se afirma que la aplicación y ejecución de las normas reclamadas es de naturaleza positiva. Lo anterior, porque conforme al Aviso impugnado, particularmente en su artículo cuarto transitorio, los concesionarios individuales de transporte colectivo que actualmente prestan el servicio, que sean o no integrados al Servicio de Transporte Público Colectivo de Pasajeros del Corredor Concesionado "Xochimilco", podrán estar sujetos a procedimientos administrativos para la extinción de sus concesiones. Bajo esa óptica, quien resuelve estima que la aplicación de las normas reclamadas conlleva un hacer por parte de las autoridades responsables, toda vez que se traduce en llevar a cabo procedimientos que impliquen la extinción de la concesión. Por consiguiente, toda vez que se tratan de actos positivos, se considera que dicha naturaleza sí es compatible con el otorgamiento de la suspensión, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de los restantes requisitos para concederla. Una vez expuesto lo anterior, procede analizar si los actos cuya suspensión solicitó la quejosa, una vez acreditada su existencia, que su naturaleza permite su suspensión, así como que no encuadran dentro de los supuestos de prohibición a que se refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo, reúnen los requisitos de acreditar el interés suspensional, superar el examen de la apariencia del buen derecho, así como que con la concesión de la medida cautelar no se cause un perjuicio al interés social, ni se violen disposiciones de orden público, conforme a los siguientes argumentos: Interés suspensional A. En el caso concreto, se considera que no se cumple el requisito del interés suspensional, toda vez que el quejoso no exhibe documental alguna con la que demuestre que cuenta con una autorización, concesión o permiso vigente para prestar el servicio público de pasajeros. En efecto, en los autos del incidente obra copia del título de concesión, siete de julio de dos mil tres, así como el formato múltiple de pago a la Tesorería, del ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, recibido el once de octubre de dos mil veintidós; documentales que se consideran insuficientes para acreditar que la parte quejosa cuenta con una autorización, concesión o permiso vigente para prestar el servicio público. En efecto, conforme al artículo 9 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México puede conferir a una persona física o moral la prestación temporal del servicio de transporte público de pasajeros o de carga, mediante la utilización de bienes del dominio público o privado. Por consiguiente, para acreditar el interés para solicitar la suspensión resultaba necesario que el quejoso exhibiera el documento respectivo del cual pudiera advertirse que cuenta con la autorización vigente de la dependencia competente para prestar el servicio de transporte público en la Ciudad de México. En ese tenor toda vez que el quejoso no acredita con documental alguna que cuenta con una autorización, permiso o concesión vigente para prestar el servicio público de pasajeros en su modalidad colectivo en la Ciudad de México, se niega la suspensión provisional. Solicitud de informe previo y documentos Con fundamento en el artículo 138, fracción III de la Ley de Amparo, con copia de la demanda y anexos, se requiere a las autoridades responsables para que rindan su informe previo, el cual deberán exhibir por duplicado dentro del plazo improrrogable de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente proveído. En dicho informe, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, deberán concretarse a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen y podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. De igual manera, tendrán obligación de proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan al órgano establecer, en su caso, el monto de las garantías correspondientes. Únicamente en el caso de asuntos urgentes podrán rendir su informe a través de alguna oficina pública de comunicaciones. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que acompañen a su informe previo cualquier documento que estimen necesario para que este juzgador se pronuncie sobre la suspensión definitiva; lo anterior, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo. Apercibimientos en caso de no rendir informe previo En caso de que las autoridades responsables sean omisas en rendir su informe previo, se presumirán ciertos los actos reclamados para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva; lo anterior, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo. Asimismo, con excepción de las autoridades legislativas, en caso de ser omisas se les impondrá una multa de cien a mil días fijada conforme al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de lo previsto en el artículo 260, fracción I, del ordenamiento citado. Finalmente, se hace de su conocimiento que, en términos del artículo 262, fracción I de la Ley de Amparo, en caso de expresar hechos falsos o negar la verdad al rendir su informe, podrá imponérseles una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, así como destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Fijación de la audiencia incidental Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo se fijan las nueve horas con treinta y seis minutos del veintidós de junio de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental, a la cual podrán comparecer las partes, así como ofrecer pruebas documentales y de inspección judicial, y excepcionalmente, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 143 de la propia ley, la testimonial en caso de que se reclamen actos previstos en el artículo 15 del ordenamiento citado. Copias Dígase a las partes en el presente asunto que de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, podrán en todo momento, por sí o por conducto de sus autorizados, solicitar copia simple o certificada, a su costa, de las constancias que obran en autos, sin necesidad de presentar promoción previa, con su sola comparecencia en el área de actuaría de este órgano jurisdiccional. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridad responsable Oficio Tercero interesado No existe Ministerio Público Federal Vía electrónica

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