Sandra Olivia Romo Sanchez

Expediente 338/2018 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 28 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
338/2018
Año
2018
Actuaciones
28
Última actuación
28/02/2022

Partes del expediente

  • Sandra Olivia Romo Sanchez
  • Presidente de la Junta Especial Numero Tres de la Local de Conciliacion Y Arbitraje En Tijuana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Se declara cumplido el fallo protector.

  2. Principal

    hago constar, que en esta fecha notifiqué a la parte tercero interesada DANIEL ALEJANDRO ACEVEDO PÉREZ, la determinación de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, por medio de lista que se fijó a las nueve horas del día de hoy, en un lugar visible y de fácil acceso de este juzgado, quedando a su disposición de este Juzgado las copias del oficio y anexos que remite el Subregistrador Público de la Propiedad y Comercio de Tijuana, en términos de los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo "...Tijuana, Baja California, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Informe de cumplimiento. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexos que remite el Subregistrador Público de la Propiedad y Comercio de Tijuana, Baja California, mediante el cual informa sobre la cancelación de la partida 6109908. Vista con cumplimiento. En consecuencia, con el contenido del referido oficio y anexo, dese vista a las partes por el plazo de tres días legalmente computado, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho plazo, con o sin manifestación alguna, tráiganse los autos para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables; lo anterior con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, siete de mayo de dos mil veintiuno. Imposibilidad de dar cumplimiento. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio que remite el Subregistrador Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a lo requerido en auto de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, informa la imposibilidad que le asiste para dar cumplimiento al fallo protector, en virtud de que en el oficio 410/2021 girado dentro del expediente 1865/2004-3A por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, con sede en esta ciudad, no se indicó la partida registral donde se registró la escritura pública 48838. Requerimiento. Atento a lo anterior, dígasele que la partida con la que se registró la escritura pública antes referida lo es la 6109908 del seis de junio de dos mil dieciocho; por lo tanto, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad vinculada al cumplimiento Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita las constancias que acredite haber dejado sin efecto o cancelado la escritura de adjudicación efectuada por Daniel Alejandro Acevedo Pérez de la parte alícuota correspondiente al demandado Arturo Franco Galindo del inmueble ubicado en el departamento 2, módulo 50, La Campiña, Condominio 5-C, construido en el lote 28, de la manzana 5 del Fraccionamiento La Campiña de esta ciudad, o bien, informe el impedimento legal que tengan para ello. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página diecinueve, tomo I, noviembre de dos mil catorce, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, registro 2007918, que señala (énfasis añadido): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Apercibimiento. Se apercibe a la citada autoridad que de no acatar lo antes mandado, se les impondrá a cada una multa de cien unidades, en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, siete de mayo de dos mil veintiuno. Imposibilidad de dar cumplimiento. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio que remite el Subregistrador Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a lo requerido en auto de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, informa la imposibilidad que le asiste para dar cumplimiento al fallo protector, en virtud de que en el oficio 410/2021 girado dentro del expediente 1865/2004-3A por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, con sede en esta ciudad, no se indicó la partida registral donde se registró la escritura pública 48838. Requerimiento. Atento a lo anterior, dígasele que la partida con la que se registró la escritura pública antes referida lo es la 6109908 del seis de junio de dos mil dieciocho; por lo tanto, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad vinculada al cumplimiento Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita las constancias que acredite haber dejado sin efecto o cancelado la escritura de adjudicación efectuada por Daniel Alejandro Acevedo Pérez de la parte alícuota correspondiente al demandado Arturo Franco Galindo del inmueble ubicado en el departamento 2, módulo 50, La Campiña, Condominio 5-C, construido en el lote 28, de la manzana 5 del Fraccionamiento La Campiña de esta ciudad, o bien, informe el impedimento legal que tengan para ello. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página diecinueve, tomo I, noviembre de dos mil catorce, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, registro 2007918, que señala (énfasis añadido): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Apercibimiento. Se apercibe a la citada autoridad que de no acatar lo antes mandado, se les impondrá a cada una multa de cien unidades, en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Notifíquese.

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