Sandra Beatriz Martinez Frausto
Expediente 661/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 661/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 09/09/2019
Partes del expediente
- Sandra Beatriz Martinez Frausto
- Junta Especial Numero Tres de la Local de Conciliacion Y Arbitraje En Tijuana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Se notifica a la parte tercero interesada Applemex S.A. de C.V. en términos del artículo 26 fracción III de la Ley de Amparo el proveído de nueve de septiembre de dos mil diecinueve que en síntesis dice: Tijuana, Baja California, nueve de septiembre de dos mil diecinueve. Cumplimiento a ejecutoria de amparo. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa y tercera interesada mediante proveído de treinta de agosto de dos mil diecinueve, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera con relación a la imposibilidad de la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que hubieren realizado manifestación alguna. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido o si efectivamente existe una imposibilidad jurídica de la autoridad responsable para acatar el mismo, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Imposibilidad para dar cumplimiento. Por su parte, la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, mediante oficio registrado con el folio 13909, comunicó la imposibilidad jurídica que tuvo para dar cumplimiento al fallo protector, en razón de que las partes celebraron un convenio el cinco de julio de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral 4623/18-3D de su índice, para dar por concluida dicha controversia; mismo que al haberse acatado en su totalidad por acuerdo de seis de agosto de este año, se declaró cumplido ordenándose el archivo del asunto. Lo anterior, tal como se advierte de las copias certificadas que al efecto remitió la autoridad responsable como apoyo a su dicho, a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2º de esta última legislación, por haber sido expedidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus facultades legales conferidas. Se declara imposibilidad de cumplimiento. Con base en lo expuesto, esta autoridad concluye que existe imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, puesto que al haberse concluido el juicio laboral de origen con motivo del convenio celebrado entre las partes, resultaría ilógico exigir a la autoridad responsable pronunciar las determinaciones necesarias y adoptar las medidas que estime pertinentes en términos de los artículos 782 y 886 de la Ley Federal del Trabajo dentro del juicio laboral 4623/18-3D de su índice, con el fin de identificar plenamente a la persona o personas que resulten responsables de la fuente de trabajo ubicada en calzada Tecnológico, número 14527, interior 26, esquina De las Culturas, colonia Universidad, en Tijuana, Baja California (como lo ordena el fallo protector). Ello, pues lejos de beneficiar a la parte peticionaria del amparo, le generaría perjuicios al dejar insubsistente el convenio con el cual las partes decidieron dar por concluido el juicio laboral de origen al así convenir sus intereses. De ahí que este órgano de control constitucional concluya que en la especie se actualiza un motivo manifiesto e indubable que torna imposible el cumplimiento de la sentencia emitida en el presente expediente, pues acorde a lo determinado por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito en la jurisprudencia PC.III.P. J/16 K (10a.), la causa que genera la imposibilidad debe estar probada de manera fehaciente, sin que haya duda sobre su operatividad; por tanto, si la consecuencia inmediata del convenio celebrado entre las partes es precisamente la conclusión del procedimiento laboral en que se verificó la violación en perjuicio de la parte quejosa, es inconcuso que se verifican los requisitos analizados por ese órgano colegiado y que permiten determinar de plano el incumplimiento de la sentencia, sin que ello eroge afectaciones a las partes del presente controvertido. Conforme al artículo 196, párrafo último, de la Ley de Amparo, el órgano de control constitucional puede decretar de plano la imposibilidad de cumplir una sentencia protectora cuando la causa que la genera está probada fehacientemente y no se tenga duda sobre su operatividad; en cambio, si dicha imposibilidad no está plenamente acreditada o depende de lo que pueda exponer el quejoso, incluso si existe la posibilidad de cumplimiento a través de la adopción de determinadas medidas, debe ordenar abrir un incidente innominado, en términos del artículo 193, párrafo cuarto, de la ley citada para que se decida, interlocutoriamente, lo procedente. En atención a lo antes expuesto, se llega al convencimiento de que en el caso, al quedar concluido el procedimiento, una de las consecuencias fue la restitución a la parte quejosa en el goce y disfrute de los derecho fundamentales que en su perjuicio se estimaron violadas, por lo que, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, resulta imposible el cumplimiento de la sentencia dictada por este órgano constitucional. Excusa de cumplimiento. Ahora bien, dicha circunstancia no impide que esta juzgadora se pronuncie respecto al acatamiento del fallo protector en comento, pues como ha quedado precisado, la circunstancia que deriva en la imposibilidad material y jurídica del cumplimiento, ha quedado debidamente probada en sus términos, por lo que conminar a la Junta señalada como responsable para que lleve a cabo los lineamientos de la ejecutoria en estudio, redundaría en una exigencia mayor y que no reflejaría restituciones en la prerrogativa de la moral quejosa. Por tanto, es dable concluir que en el presente asunto, es excusable el mandamiento hecho a la autoridad responsable en la sentencia dictada, lo que guarda identidad de razón con el criterio aislado I.9o.P.171 P (10a.), emitido por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página dos mil ciento setenta y siete, Libro 48, noviembre de dos mil diecisiete, Tomo III, con registro electrónico 2015580, publicado en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO EN MATERIA PENAL. CASO EN EL QUE LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL Y JURÍDICA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA DARLE CUMPLIMIENTO ES EXCUSABLE. Cuando en el juicio de amparo se concedió la protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado relacionado con la obtención de la libertad, ya sea por reactivación del sustitutivo de la pena de prisión por tratamiento en libertad o se le otorgue el beneficio penitenciario de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, para el efecto de que la responsable deje sin efecto el acto reclamado y pronuncie otro motivadamente con libertad de jurisdicción; emerge el supuesto de la imposibilidad material y jurídica para llevar a cabo un pronunciamiento en relación con el cumplimiento de la ejecutoria concesoria del amparo, si el quejoso ya fue puesto en libertad por haber compurgado la pena impuesta en la causa en que fue emitido el acto reclamado, al no haber materia sobre la cual dar cumplimiento, puesto que las cosas ya se encuentran en un estado igual a la inexistencia del acto reclamado, es decir, ya fueron restablecidas al estado que guardaban antes de la violación cometida en el acto reclamado, respecto del cual le fue concedido el amparo, pues al ser compurgada la pena impuesta al quejoso y decretarse su libertad, lo convierte en un acto que ha producido todos sus efectos, respecto del cual, es imposible restituirlo en el goce de la garantía individual violada, por lo que resulta excusable la imposibilidad material y jurídica de la responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, sin que deban ser tomadas las providencias a que se refiere el artículo 193, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y sin que exista cumplimiento sustituto, por no estar ante un daño cuantificable." Notificación. Comuníquese a la parte quejosa y tercera interesada la determinación que antecede para los efectos del artículo 201, fracción I, en relación con el 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; pues en el punto Vigésimo prevé que son susceptibles de destrucción los expedientes auxiliares y los duplicados de los incidentes de suspensión que tengan más de seis meses de haberse dictado la sentencia o resolución interlocutoria correspondiente y en el punto Vigésimo Primero, establece que después de haber trascurrido cinco años como asunto concluido; son destruibles, los expediente que se ubiquen en las fracciones I, II y III, primer párrafo de ese punto y que son susceptibles de depuración los que encuadren en las fracciones III, segundo párrafo, IV y V del punto en comento. Expediente principal. Ahora, en cumplimento al artículo Vigésimo Primero, fracción IV del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración, por haberse concedido la sentencia de amparo. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del punto vigésimo primero, último párrafo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Tijuana, Baja California, nueve de septiembre de dos mil diecinueve. Cumplimiento a ejecutoria de amparo. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa y tercera interesada mediante proveído de treinta de agosto de dos mil diecinueve, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera con relación a la imposibilidad de la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que hubieren realizado manifestación alguna. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido o si efectivamente existe una imposibilidad jurídica de la autoridad responsable para acatar el mismo, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Efectos del fallo protector. En principio, debe precisarse que a través de la sentencia emitida el veintiséis de julio de dos mil diecinueve, la cual causó ejecutoria mediante proveído de veintiuno de agosto del mismo año, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Sandra Beatriz Martínez Frausto, contra los actos que reclamó de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California, para los siguientes efectos: "SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se precisa que el efecto de la concesión del amparo y la protección de la Justicia de la Unión, al tratarse de un vicio formal, es el siguiente: La Junta responsable deberá pronunciar las determinaciones necesarias y adoptar las medidas que estime pertinentes en términos de los artículos 782 y 886 de la Ley Federal del Trabajo dentro del juicio laboral 4623/18-3D de su índice, con el fin de identificar plenamente a la persona o personas que resulten responsables de la fuente de trabajo ubicada en calzada Tecnológico, número 14527, interior 26, esquina De las Culturas, colonia Universidad, en Tijuana, Baja California. En la inteligencia que la concesión del amparo únicamente conmina a la autoridad señalada como responsable a realizar los trámites y gestiones necesarias para la prosecución del procedimiento de origen en tal aspecto, es decir, para la realización de la investigación aludida, sin que tenga el alcance de ordenar a la junta laboral el cierre de la instrucción ni la emisión del laudo respectivo. [.]" Imposibilidad para dar cumplimiento. Por su parte, la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, mediante oficio registrado con el folio 13909, comunicó la imposibilidad jurídica que tuvo para dar cumplimiento al fallo protector, en razón de que las partes celebraron un convenio el cinco de julio de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral 4623/18-3D de su índice, para dar por concluida dicha controversia; mismo que al haberse acatado en su totalidad por acuerdo de seis de agosto de este año, se declaró cumplido ordenándose el archivo del asunto. Lo anterior, tal como se advierte de las copias certificadas que al efecto remitió la autoridad responsable como apoyo a su dicho, a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2º de esta última legislación, por haber sido expedidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus facultades legales conferidas. Se declara imposibilidad de cumplimiento. Con base en lo expuesto, esta autoridad concluye que existe imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, puesto que al haberse concluido el juicio laboral de origen con motivo del convenio celebrado entre las partes, resultaría ilógico exigir a la autoridad responsable pronunciar las determinaciones necesarias y adoptar las medidas que estime pertinentes en términos de los artículos 782 y 886 de la Ley Federal del Trabajo dentro del juicio laboral 4623/18-3D de su índice, con el fin de identificar plenamente a la persona o personas que resulten responsables de la fuente de trabajo ubicada en calzada Tecnológico, número 14527, interior 26, esquina De las Culturas, colonia Universidad, en Tijuana, Baja California (como lo ordena el fallo protector). Ello, pues lejos de beneficiar a la parte peticionaria del amparo, le generaría perjuicios al dejar insubsistente el convenio con el cual las partes decidieron dar por concluido el juicio laboral de origen al así convenir sus intereses. De ahí que este órgano de control constitucional concluya que en la especie se actualiza un motivo manifiesto e indubable que torna imposible el cumplimiento de la sentencia emitida en el presente expediente, pues acorde a lo determinado por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito en la jurisprudencia PC.III.P. J/16 K (10a.), la causa que genera la imposibilidad debe estar probada de manera fehaciente, sin que haya duda sobre su operatividad; por tanto, si la consecuencia inmediata del convenio celebrado entre las partes es precisamente la conclusión del procedimiento laboral en que se verificó la violación en perjuicio de la parte quejosa, es inconcuso que se verifican los requisitos analizados por ese órgano colegiado y que permiten determinar de plano el incumplimiento de la sentencia, sin que ello eroge afectaciones a las partes del presente controvertido. Dada su aplicación analógica, se invoca el criterio antes referido, el que es consultable en la página mil setecientas treinta y nueve, Libro 57, agosto de dos mil dieciocho, Tomo II, con registro electrónico 2017531, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es de epígrafe y contenido siguientes: "EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO PUEDE DECLARARSE, DE PLANO O INTERLOCUTORIAMENTE PREVIO TRÁMITE INCIDENTAL. Conforme al artículo 196, párrafo último, de la Ley de Amparo, el órgano de control constitucional puede decretar de plano la imposibilidad de cumplir una sentencia protectora cuando la causa que la genera está probada fehacientemente y no se tenga duda sobre su operatividad; en cambio, si dicha imposibilidad no está plenamente acreditada o depende de lo que pueda exponer el quejoso, incluso si existe la posibilidad de cumplimiento a través de la adopción de determinadas medidas, debe ordenar abrir un incidente innominado, en términos del artículo 193, párrafo cuarto, de la ley citada para que se decida, interlocutoriamente, lo procedente. En atención a lo antes expuesto, se llega al convencimiento de que en el caso, al quedar concluido el procedimiento, una de las consecuencias fue la restitución a la parte quejosa en el goce y disfrute de los derecho fundamentales que en su perjuicio se estimaron violadas, por lo que, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, resulta imposible el cumplimiento de la sentencia dictada por este órgano constitucional. Excusa de cumplimiento. Ahora bien, dicha circunstancia no impide que esta juzgadora se pronuncie respecto al acatamiento del fallo protector en comento, pues como ha quedado precisado, la circunstancia que deriva en la imposibilidad material y jurídica del cumplimiento, ha quedado debidamente probada en sus términos, por lo que conminar a la Junta señalada como responsable para que lleve a cabo los lineamientos de la ejecutoria en estudio, redundaría en una exigencia mayor y que no reflejaría restituciones en la prerrogativa de la moral quejosa. Por tanto, es dable concluir que en el presente asunto, es excusable el mandamiento hecho a la autoridad responsable en la sentencia dictada, lo que guarda identidad de razón con el criterio aislado I.9o.P.171 P (10a.), emitido por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página dos mil ciento setenta y siete, Libro 48, noviembre de dos mil diecisiete, Tomo III, con registro electrónico 2015580, publicado en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO EN MATERIA PENAL. CASO EN EL QUE LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL Y JURÍDICA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA DARLE CUMPLIMIENTO ES EXCUSABLE. Cuando en el juicio de amparo se concedió la protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado relacionado con la obtención de la libertad, ya sea por reactivación del sustitutivo de la pena de prisión por tratamiento en libertad o se le otorgue el beneficio penitenciario de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, para el efecto de que la responsable deje sin efecto el acto reclamado y pronuncie otro motivadamente con libertad de jurisdicción; emerge el supuesto de la imposibilidad material y jurídica para llevar a cabo un pronunciamiento en relación con el cumplimiento de la ejecutoria concesoria del amparo, si el quejoso ya fue puesto en libertad por haber compurgado la pena impuesta en la causa en que fue emitido el acto reclamado, al no haber materia sobre la cual dar cumplimiento, puesto que las cosas ya se encuentran en un estado igual a la inexistencia del acto reclamado, es decir, ya fueron restablecidas al estado que guardaban antes de la violación cometida en el acto reclamado, respecto del cual le fue concedido el amparo, pues al ser compurgada la pena impuesta al quejoso y decretarse su libertad, lo convierte en un acto que ha producido todos sus efectos, respecto del cual, es imposible restituirlo en el goce de la garantía individual violada, por lo que resulta excusable la imposibilidad material y jurídica de la responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, sin que deban ser tomadas las providencias a que se refiere el artículo 193, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y sin que exista cumplimiento sustituto, por no estar ante un daño cuantificable." Notificación. Comuníquese a la parte quejosa y tercera interesada la determinación que antecede para los efectos del artículo 201, fracción I, en relación con el 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; pues en el punto Vigésimo prevé que son susceptibles de destrucción los expedientes auxiliares y los duplicados de los incidentes de suspensión que tengan más de seis meses de haberse dictado la sentencia o resolución interlocutoria correspondiente y en el punto Vigésimo Primero, establece que después de haber trascurrido cinco años como asunto concluido; son destruibles, los expediente que se ubiquen en las fracciones I, II y III, primer párrafo de ese punto y que son susceptibles de depuración los que encuadren en las fracciones III, segundo párrafo, IV y V del punto en comento. Expediente principal. Ahora, en cumplimento al artículo Vigésimo Primero, fracción IV del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración, por haberse concedido la sentencia de amparo. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del punto vigésimo primero, último párrafo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE AMPARO EL PROVEÍDO DE TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE QUE EN SINTESIS DICE: Tijuana, Baja California, treinta de agosto de dos mil diecinueve. Imposibilidad de cumplimiento. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que envía el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, a través del cual informa la imposibilidad que le asiste para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Vista. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con la citada comunicación y sus anexos, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada por el plazo de tres días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, con relación a la imposibilidad para dar cumplimiento al fallo protector. Apercibimiento. Con el apercibimiento de que una vez desahogada la vista o sin ella, este órgano judicial resolverá sobre lo anterior con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las responsables. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página 728, del Tomo X, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, del tenor siguiente: "INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ OBLIGADO A DAR VISTA CON ELLOS A LA PARTE QUEJOSA. El Juez de Distrito debe dar vista a la parte quejosa con los oficios por los que las autoridades responsables informen lo relativo al cumplimiento o incumplimiento de un ejecutoria de amparo, trámite que se considera necesario, a fin de que dicha parte manifieste lo que a su interés convenga, dado el derecho que le asiste para promover la ejecución de la sentencia de amparo, incluso para los efectos que contempla el artículo 105, último párrafo, de la ley de la materia". Notifíquese en términos de ley.
- Principal
VISTA LA CERTIFICACION QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE TRANSCURRIO EL PLAZO DE DIEZ DIAS CONCEDIDO A LAS PARTES PARA INTERPONER RECURSO DE REVISION EN CONTRA DE LA RESOLUCION DICTADA, POR LO QUE SE DECLARA QUE LA MISMA HA CAUSADO EJECUTORIA, ATENTO A LO ANTERIOR SE REQUIERE A AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE DENTRO DEL TERMINO CONCEDIDO DE CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOS E INFORME A ESTE JUZGADO DELÑ MISMO, APERCIBIDO QUE DE SER OMISO SE PROCEDERA CONFORME A DERECHO.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 4,651 expedientes
- Samuel Gonzalez Lopez502/2023
- Samuel Jose Hernandez678/2021
- Samuel Lazaro Remache760/2022
- Samuel Martinez Gamboa116/2019
- Samuel Quintero Rodriguez1053/2019
- Samuel Serratos Olivares3/2019
- Sandra Ines Rodriguez Cervantes1256/2019
- Sandra Irania Anguiano Torre792/2020
- Sandra Luz Guzman Luevano457/2020
- Sandra Maria Valenzuela Gamboa171/2022
- Sandra Olivia Gonzalez Gonzalez412/2021
- Sandra Olivia Romo Sanchez338/2018