Sandra Martínez Ramírez
Expediente 113/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 14 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 113/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 24/11/2022
Partes del expediente
- Sandra Martínez Ramírez
- Congreso del Estado de Baja California, Con Domicilio En Mexicali
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Ensenada, Baja California, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que por auto de diecisiete de noviembre del presente año, se requirió a la autoridad vinculada al cumplimiento del fallo protector Vicente Maldonado del Toro, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de que recibiera la notificación de dicho proveído, cumpliera con el fallo protector concedido a la parte quejosa, de conformidad con los lineamientos específicos de la sentencia de veintiséis de mayo de dos mil veintidós. En ese contexto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el delegado de la autoridad vinculada al cumplimiento del fallo protector Tesorero Municipal del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, mediante el cual, informa que se encuentra realizando los trámites relativos a fin de dar cumplimiento al fallo protector; asimismo, solicita una prórroga fin de estar en aptitud de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto. Por tanto, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, se le otorga una prórroga (plazo) de diez días hábiles contado a partir de la notificación de este proveído, para que remita copia certificada de las constancias que acredite haber dado cumplimiento al fallo protector de conformidad con los lineamientos específicos de la sentencia dictada en autos. Ahora, si bien se le otorga el referido plazo de diez días hábiles, no menos cierto es que no existe disposición que le impida dar cumplimiento a la referida ejecutoria de amparo, en un término menor al indicado, acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional. En el entendido que en caso de incumplimiento, o informar la imposibilidad legal que le asista para ello, subsiste el apercibimiento contenido en el proveído de diecisiete de noviembre del presente año, es decir la imposición de una medida de apremio -multa- y la remisión de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, ante la autoridad judicial correspondiente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se solicita a la autoridad responsable que de manera preferente remita las constancias relativas, a la dirección de correo electrónico oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, de conformidad con el artículo 251, inciso f), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese.
- Principal
Ensenada, Baja California, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta signado por la actuaria del Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California y anexos que acompaña, consistentes en el expediente original del juicio de amparo número 113/2022 y testimonio autorizado de la resolución dictada en el amparo en revisión 336/2022 de su índice, en la que dicho tribunal resolvió: "PRIMERO. QUEDA INTOCADO el sobreseimiento decretado en el primer punto resolutivo de la sentencia impugnada. SEGUNDO. Es IMPROCEDENTE el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable ejecutora, al carecer de legitimación para ello, por las razones expuestas en esta ejecutoria." En consecuencia, acuse el recibo de estilo correspondiente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de juzgado correspondiente. Asimismo, agréguese a los autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de dicho recurso; sin embargo, para evitar duplicidad de constancias, se ordena glosar sólo las actuaciones originales que obran en dicho cuaderno de antecedentes. Por tanto, con fundamento en los artículos 2o., 86, 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia dictada por este juzgado el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, ha causado ejecutoria, para los efectos legales procedentes. En ese contexto, si bien la protección federal se concedió respecto de las autoridades señaladas como responsables Congreso del estado de Baja California, con sede en Mexicali, y Tesorero Municipal, de Ensenada, Baja California, debe decirse que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo recae en la última de las citadas, toda vez que por razón de sus funciones es a quien corresponde ejecutar la devolución de las cantidades enteradas con motivo de la aplicación del artículo 2 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós; y decreto 64 mediante el cual se aprueba la Tabla de Valores Catastrales Unitarios de Terreno y Construcción, base del impuesto predial del municipio de Ensenada, Baja California, para el Ejercicio Fiscal de dos mil veintidós. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Vicente Maldonado del Toro, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, con residencia en esta ciudad, autoridad vinculada al cumplimiento de la presente sentencia, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa, consistente en lo siguiente: ? "Que respecto al predio con clave catastral VC-006- 002 a nombre de la quejosa Sandra Martínez Ramírez, calcule nuevamente el monto del impuesto predial pagado por el año dos mil veintidós, para lo cual deberá aplicar el monto de menor cuantía señalado para la respectiva subclasificación de calidad, estado de conservación (pésimo) y factor de estado de conservación (0.129); como consecuencia, se devuelvan la diferencia existente entre lo pagado y lo determinado conforme al monto de menor cuantía señalado." En el entendido de que deberá remitir las constancias certificadas relativas a efecto de correrle traslado a las partes, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se hará acreedora, a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido, se solicita a la autoridad responsable que de manera preferente remita las constancias relativas, a la dirección de correo electrónico oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, de conformidad con el artículo 251, inciso f), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Asimismo, conforme al artículo 193 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad judicial correspondiente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Por otra parte, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." Notifíquese.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Ensenada, Baja California, catorce de julio de dos mil veintidós. Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la actuaria del Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, en el que transcribe el proveído de doce de julio de dos mil veintidós, en el cual comunica que se admitió el medio de impugnación interpuesto por la autoridad responsable, mismo que se radicó como recurso de revisión 336/2022; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.
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