Sandra Herrera Mayoral

Expediente 589/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
589/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
23/11/2022

Partes del expediente

  • Sandra Herrera Mayoral

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para el día de hoy; sin embargo, el veintidós de noviembre del año en curso, se requirió a la parte quejosa para que en el plazo de tres días hábiles contados a partir de la legal notificación de ese proveído, proporcionara a éste juzgado el domicilio en el cual puedan ser emplazados los terceros interesados Fundación Los Emprendedores I.A.P; Consultora de Proyectos Dhilago, Sociedad Anónima de Capital Variable; Christian Reyes y quien resulte propietario, responsable, apoderado o representante legal de la fuente de trabajo ubicada en avenida Riveroll número 600 entre avenida Juárez y calle Sexta de la Zona Centro. Para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las once horas con seis minutos del siete de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, quince de noviembre de dos mil veintidós. Visto; agréguese a los autos con vista a las partes el informe justificado y anexos que acompaña; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, del cual se hará nueva relación en la audiencia constitucional relativa. Ahora bien, de la certificación secretarial que antecede, se advierte que en proveído de veinticuatro de octubre del presente año, se reservó proveer lo procedente respecto de la prueba que la parte quejosa denominó documental pública, consistente en la totalidad del expediente de origen 548/2020 del índice de la responsable, hasta en tanto obrara en autos el informe justificado de la autoridad responsable, así como las constancias con las que apoye el acto reclamado. En ese sentido, toda vez que al informe que se atiende, se anexó como apoyo al mismo la totalidad de las constancias que integran el juicio de origen, se tienen como pruebas de la parte quejosa, así como de la autoridad responsable de mérito, las documentales que remite, en términos del artículo 119 de Ley de Amparo, mismas que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia naturaleza por no requerir forma especial para su desahogo, las cuales serán tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. En otro orden de ideas, del análisis de las referidas documentales se advierte que les reviste el carácter de terceros interesados a Fundación Los Emprendedores I.A.P; Consultora de Proyectos Dhilago, Sociedad Anónima de Capital Variable; Christian Reyes y quien resulte propietario, responsable, apoderado o representante legal de la fuente de trabajo ubicada en avenida Riveroll número 600 entre avenida Juárez y calle Sexta de la Zona Centro, todos con domicilio en esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se les reconoce tal carácter. En tal virtud, túrnense los autos a cualquiera de los actuarios de éste juzgado a efecto de que proceda a emplazar al presente juicio de amparo a los referidos terceros interesados en el domicilio ubicado en avenida Riveroll número 600 entre avenida Juárez y calle Sexta de la Zona Centro, en esta ciudad, corriéndoles traslado con copia de la demanda de amparo debidamente sellada y cotejada con su original, auto admisorio y con el presente proveído. Asimismo, los requiera para que dentro de plazo de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente en que les surta efectos la notificación de este proveído, señalen domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, aún las de carácter personal, con el apercibimiento que de que no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones se les harán por medio de lista que se fije en los estrados de éste juzgado, de conformidad con lo dispuesto por la fracción III, del artículo 26 de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que corresponde a éste Juzgado de Distrito garantizar el debido llamamiento a juicio de las partes, con el fin de otorgarles su derecho de audiencia y evitar irregularidades en el procedimiento del juicio constitucional; además que el emplazamiento de los terceros interesados en el juicio de amparo, se decreta precisamente con el objeto de respetarles la garantía de audiencia y así otorgar la oportunidad legal de comparecer al mismo y defender sus intereses, haciendo las alegaciones que consideren convenientes y ofrecer todas las pruebas para ese efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, noviembre de 1998, página 580, materia civil, con número de registro 195180, cuyo texto y rubro señalan: "TERCERO PERJUDICADO. EN EL JUICIO DE AMPARO. RAZÓN DE SU EMPLAZAMIENTO. La necesidad de emplazar al tercero perjudicado en el juicio de amparo, tiende a observar la garantía de audiencia y así otorgarle la oportunidad legal de comparecer al mismo y defender sus intereses, haciendo las alegaciones que considere convenientes y ofrecer todas las pruebas para ese efecto." Finalmente, hágasele del conocimiento que se señalaron las nueve horas con treinta y seis minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional correspondiente. Notifíquese y emplácese a los terceros interesados.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo que promueve Sandra Herrera Mayoral, mediante la cual solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; anótese su ingreso en el libro de juzgado con el número 589/2022-I. Ahora, toda vez que la parte quejosa señala como autoridad responsable al Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, no es el caso tener a la citada autoridad responsable no obstante de haber sido señalado con tal carácter por la parte quejosa, ya que de los capítulos respectivo a los actos reclamados y antecedentes del acto reclamado, se desprende que reclama de manera destacada la omisión de dictar laudo, por lo que a la referida responsable no le reclama un acto autónomo, sino como integrante de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, puesto que del análisis integral de la demanda, se desprende que el impetrante se duele de que la junta laboral de manera colegiada fue omisa en dictar laudo, de ahí que se corrija el error contenido en la demanda de amparo y se tenga únicamente como autoridad responsable a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 2a./J. 57/95, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 226, del tomo II, octubre de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de registro 200702, que en lo conducente dice: "JUNTA LABORAL Y PRESIDENTE DE LA MISMA. ERROR DEL QUEJOSO AL SEÑALAR COMO RESPONSABLE A AQUELLA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE ESTE. Si bien es cierto que es esencial el correcto señalamiento de la autoridad responsable en la demanda de amparo y que ello es una carga del agraviado, ya que respecto de dichos actos es que versará el juicio y serán motivo de análisis por parte del juzgador; y si bien es cierto, asimismo, que las Juntas laborales y sus presidentes son autoridades distintas, debe considerarse que si en la demanda de amparo el quejoso señala con desacierto como acto reclamado una resolución que atribuye a una Junta como órgano colegiado, cuando ésta fue dictada por el presidente en uso de las atribuciones que le son propias, como la de ordenar la ejecución de un laudo, en estos casos, el error en el señalamiento de la autoridad responsable no da motivo para sobreseer en el juicio con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que el imperativo constitucional de dar noticia de la iniciación del juicio de garantías se cumple al solicitarse y rendirse el informe justificado, ya que éste invariablemente deberá ser emitido por el presidente de dicho órgano colegiado, por ser una atribución que le confiere la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 617, fracción VII, 618, fracción VI, y, 623, por tanto, ya sea que el informe lo rinda en nombre propio o como representante de la Junta, al hacerlo se está haciendo sabedor del inicio del juicio de amparo y con ello está en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado" En ese sentido, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo, contra el acto reclamado a los miembros de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, consistente en la omisión de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 548/2020, de su índice. Sin que sea el caso tramitar incidente de suspensión, toda vez que no fue solicitado por la parte quejosa. Por otra parte, se señalan las nueve horas con treinta y seis minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a la autoridad responsable al que deberá anexar copia certificada de las constancias que apoyen el mismo, mismas que deberá estar debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; debiendo rendirlo dentro del plazo de quince días hábiles siguientes aquél en que reciba el oficio en el que se le solicita, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora, a una multa en lo individual de 100 unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de 9,622.00 ; la que resulta de multiplicar por cien la cantidad $96.22, valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable la pena en que incurre con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir lo que le conste en relación con los actos reclamados, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, se solicita a la autoridad responsable que de manera preferente remita el informe justificado a la dirección de correo electrónico oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, con el objeto de evitar posibles contagios con motivo del virus COVID19, y así salvaguardar la integridad física de las personas que laboran tanto para la mencionada autoridad responsable, como en éste Juzgado de Distrito y que de igual manera, proporcione una dirección de correo electrónico oficial para establecer contacto en los casos que se estime necesario. Asimismo, háganse del conocimiento de la autoridad responsable, que si bien se le otorga un plazo de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se les exhorta que en el momento que cuente con la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, lo hagan saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. En ese orden, se hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir los oficios que se le giren en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se hará acreedora a una multa, de 100 unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 la que resulta de multiplicar por cien la cantidad $96.22 , valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a la autoridad responsable y demás partes, que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, se harán acreedoras, en lo individual, a una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos), la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos y veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. En otro contexto, este órgano jurisdiccional se reserva de proveer respecto a los emplazamientos a juicio de los terceros interesados, hasta en tanto obre en autos el informe justificado que rinda la autoridad responsable, a efecto de verificar a quien le asiste tal carácter, así como el domicilio donde pueda ser emplazado. Ahora, por lo que hace a la prueba que denominó documental pública, consistente en la totalidad del expediente de origen 548/2020 del índice de la responsable, mismo que solicita sea requerido; dígasele que este juzgado se reserva a acordar lo conducente, hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable, así como las constancias con las que apoye el acto reclamado, para estar en aptitud de acordar lo que en derecho resulte procedente. En otro aspecto, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, y como autorizados de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luis Michel Trenado López y Adán Márquez Zendejas, ya que como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, tienen cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Eduardo Zúñiga Valenzuela y Ramón Trenado García, por no contar con dicho registro. En otro orden, se le tiene proporcionando el correo electrónico, así como el número telefónico que indican; lo anterior, con el objeto de que este órgano jurisdiccional pueda tener una comunicación con la parte quejosa, en los casos que se estime necesario. Asimismo, la parte quejosa solicitó el acceso al expediente electrónico del presente asunto, y toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que en el módulo de expedientes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se agregó como promovente en el expediente electrónico de este juicio de amparo a Luis Michel Trenado López, con el usuario ***********; por tanto, se autoriza al promovente la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, en relación a que se autorice el uso de medios electrónicos al revisar el presente expediente; se acuerda favorable lo solicitado, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional y en atención a la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el dieciocho de marzo de dos mi nueve; debiéndose cuidar que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión está reservada por disposición legal. . En otro contexto, se le exhorta para que continúen el presente asunto bajo el esquema de juicio en línea, por las facilidades que éste representa en tiempos de la pandemia que actualmente afecta al ser humano, principalmente la protección que genera al no tener que presentar las promociones de manera física y poder recibir las notificaciones de manera electrónica. De igual forma, se solicita a las diversas partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y un correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, del precitado ordenamiento, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualquiera de los actuarios de este juzgado, realice las notificaciones, que se ordenen en el presente asunto. Se autoriza a la secretaria del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto y se entreguen utilizando los medios electrónicos correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del día siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9 y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar el secretario. Finalmente, con fundamento en el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo debidamente sellada y cotejada con su original

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada · 4,552 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano