Sandra Marivel Palacios Zuñiga

Expediente 1336/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1336/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
11/11/2022

Partes del expediente

  • Sandra Marivel Palacios Zuñiga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    1336/2021.MESA-5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de noviembre de dos mil veintidós. Destino del cuaderno de copias certificadas. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, el once de marzo de este año se ordenó el archivo del juicio de amparo *****como asunto concluido, debido a la firmeza de la sentencia que sobreseyó en el juicio. En esas condiciones, carece de objeto la permanencia en este Juzgado del cuaderno de copias certificadas que se formó con motivo del conocimiento previo que se planteó en acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, el cual no fue aceptado por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. Ante ello, se ordena la destrucción de este cuaderno de antecedentes, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días siguientes al plazo de seis meses, previsto en el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo que se ordena tomando en cuenta que en este cuaderno no existe asunto pendiente por diligenciar ni obran constancias originales, debido a que las que en su momento obraban (posteriores al planteamiento del conocimiento previo) ya fueron incorporadas al expediente principal. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    pral.1336/2021 mesa 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de marzo de dos mil veintidós. 1. Fenece plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la quejosa *** interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en la audiencia constitucional de veintidós de febrero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; sin que lo hubiese hecho. 2. Firmeza de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 2.1. Precisión sobre plazo para diversas partes. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo para inconformarse de las diversas partes procesales, pues al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en sentido contrario) y 18, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino y archivo reciente. Por haberse concedido la suspensión de oficio y de plano a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es DEPURABLE; por tanto, en atención a lo dispuesto en el mismo numeral, será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes, este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique 1º que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (depurable) y, como se precisó en el auto inicial, que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, 2º realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. 7. Devolución de documento a parte quejosa. Con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII, y 18, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, notifíquese este auto a la parte quejosa (mediante lista, por estar ordenado así en auto de veinticuatro de febrero de este año) , requiriéndola para que, en el plazo de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger el escrito dirigido al titular de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Oaxaca de Juárez, relativo a la Solicitud de Regularización por Razones Humanitarias; con apercibimiento que, si no se presenta para tal fin, la misma será destruida al efectuarse la depuración de este expediente, sin previo acuerdo. En el entendido que para la entrega de dicha documental, deberá estarse a lo dispuesto en el Capítulo II, denominado "Atención al público en general", del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (cuya vigencia fue ampliada por el diverso acuerdo general 9/2021); es decir, deberá generarse cita previa para la comparecencia a este Juzgado. 8. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  3. Principal

    pral.1336/2021 mesa 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Notificación por lista. Vista la razón actuarial de veintidós de febrero de este año, se advierte que al actuario adscrito a este Juzgado no le fue posible notificar a la parte quejosa el auto de diecisiete del mes en curso, toda vez que al presentarse en el domicilio señalado para recibir notificaciones (calle Porfirio Díaz, número once, Tercera Sección, San Antonio de la Cal, Oaxaca) se le informó que la quejosa *** ya no habita en ese lugar, en virtud de que por cuestiones personales se mudó a diverso domicilio. En esas condiciones, como no obra en autos diverso domicilio para tales efectos, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizar la notificación del auto de diecisiete de febrero de este año, así como las subsecuentes que correspondan a la parte quejosa, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, hasta en tanto designe nuevo domicilio para ello. Notifíquese.

  4. Principal

    PRAL.1336/2021 MESA5 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las diez horas con treinta y cinco minutos del veintidós de febrero de dos mil veintidós,*** S E N T E N C I A Visto para resolver el juicio de amparo 1336/2021; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el ocho de diciembre de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, turnado el mismo día a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, ****, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el titular de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, en el Estado de Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez, de quien reclamó la negativa verbal de autorizarle la regularización migratoria por razones humanitarias. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintiuno se radicó la demanda de amparo con el registro 1336/2021 y se previno a la quejosa para que aclarara el acto reclamado; cumplido tal requerimiento, el catorce de diciembre se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrita y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante resolución de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno este Juzgado se declaró legalmente incompetente para el conocimiento del asunto, y en razón de considerar la existencia de conocimiento previo del expediente administrativo migratorio INM/OROAX/SRLOAX/EP/1692/2021, declinó la competencia al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca; sin embargo, esta autoridad la rechazó. Por lo anterior, en auto de cuatro de enero de este año se reingresó el juicio a este órgano jurisdiccional y se formuló consulta de turno a la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, la que resolvió la consulta mediante oficio que se glosó en auto de diecisiete de este mes, determinando competente a este Juzgado. Así, la audiencia constitucional señalada para el veintidós de febrero de dos mil veintidós, se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en términos del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, ya que los actos reclamados fueron atribuidos a una autoridad con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y versan sobre la materia administrativa, cuyas consecuencias tienen verificativo en un lugar en que tiene jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Acorde con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio se advierte que la quejosa ****, reclama del titular de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, en el Estado de Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez: La negativa verbal de autorizarle la regularización migratoria por razones humanitarias, en el expediente administrativo migratorio INM/OROAX/SRLOAX/EP/1692/2021. TERCERO. Inexistencia de acto reclamado. Por razón de método, debe en principio analizarse si el acto reclamado existe, es decir, resolver respecto de su certeza; porque de no existir, lógicamente resultaría ocioso ocuparse del análisis de alguna causa de improcedencia del amparo o de la materia de fondo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, Núm. 76, Abril de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". Ahora, en el caso concreto se tiene que no es cierto el acto reclamado por la parte quejosa, toda vez que la autoridad responsable al rendir informe justificado negó categóricamente su existencia, sin que la prueba documental aportada por la quejosa lleve a la convicción de la existencia del acto de mérito; como se evidenciará a continuación. Primeramente, conviene determinar a qué parte corresponde acreditar la existencia y la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la conducta reclamada; así, se enuncian algunas reglas generales que sirven para determinar lo relativo a la "carga de la prueba" de referencia: a) Las partes asumirán la carga de probar los hechos constitutivos de su acción, regla prevista en el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. b) Otro de los principios reguladores sobre la carga de la prueba se encuentra previsto en el artículo 82 de la legislación adjetiva de referencia, de cuya interpretación, en sentido contrario, se entiende que sólo el que afirma tiene la carga de probar, y no así el que niega; sin embargo, existen excepciones a esta regla: 1) Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. 2) Cuando se desconozca la presunción legal que tenga en su favor la contraparte. 3) Cuando se ignore la capacidad de la parte contraria. Sobre esta explicación, es menester hacer mención a lo establecido por la Ley de Amparo en relación con la carga de la prueba, para lo cual se tiene en cuenta el contenido del párrafo tercero del artículo 117, que señala: "Artículo 117. [...] Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos y garantías que se refiere el artículo 1° de esta Ley [...]" (Énfasis agregado). De conformidad con lo anterior, la parte quejosa sólo está obligada a soportar la carga probatoria cuando la inconstitucionalidad del acto reclamado dependa de motivos externos a su propia existencia, tales como los datos o pruebas en que se haya fundado; pero lo trascendente de la norma transcrita es que releva a dicha parte de la obligación de probar cuando el acto sea violatorio de derechos fundamentales en sí mismo, pues en este caso, acreditada la existencia del acto reclamado, lo estará también su inconstitucionalidad. Pues bien, del respectivo informe justificado rendido por el titular de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, en el Estado de Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez, se desprende que negó la existencia del acto reclamado, señalando que la quejosa no formuló ninguna solicitud de regularización por razones humanitarias, que cumpla con los requisitos y lineamientos fijados por la Ley de Migración y su reglamento; además, precisó que al encontrarse alojada en la estancia migratoria y al comparecer ante esa autoridad, en ningún momento ha realizado manifestación de pretender obtener una estancia regular en México, pese a que se hizo de su conocimiento que podía solicitar la condición de refugiada. En esa tesitura, en la medida que la citada responsable negó el acto reclamado, no le corresponde demostrar con prueba alguna que lo que se le atribuye es inexistente, sino que, por el contrario, recae sobre la parte quejosa la carga de acreditar que es verdad lo que le reclama. Corrobora lo anterior la tesis VI.2o.A.4 K con registro 187728, de la Novena Época, cuyo rubro dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 310 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." En efecto, el informe justificado de la autoridad responsable contiene una negativa categórica de la existencia del acto reclamado debido a que la quejosa no ha presentado petición formal tendente a obtener la regularización que pretende. En el anotado contexto, conviene traer a cuenta que una resolución negativa, sea escrita o verbal, consiste en un acto positivo, un hacer que resuelve en sentido negativo la petición extendida por el gobernado; de forma tal que la existencia de aquella negativa supone la previa formulación de tal petición, por cualquier medio. Así, en la especie, la negativa verbal que la parte quejosa atribuye a la autoridad responsable, tiene como presupuesto que la solicitante del amparo, efectivamente elevó, al menos verbalmente, esa petición a dicha autoridad; esto es, la postura de la quejosa -a diferencia de la responsable que postula una negativa categórica- envuelve una afirmación, cuya carga probatoria recae en quien la formula. A mayor abundamiento, conviene precisar, que la existencia de un acto positivo frente a la de uno negativo adquiere matices propios en cada caso, pues mientras que respecto del primero quien afirma debe demostrar que existe, no se puede imponer la misma carga a quien alega la existencia de un acto negativo por omisión, ya que no le sería factible acreditar que la autoridad no ha hecho o se ha abstenido de hacer algo. Sobre la anterior base, la negativa de la existencia de actos negativos, en su modalidad de omisivos, constituye sólo una expresión sobre la existencia de aquéllos, pero la carga de acreditar este último presupuesto tiene reglas especiales que atienden a la naturaleza de dicho acto, es decir, a si es negativo o positivo. Así, cuando un acto reclamado sea de naturaleza positiva, implica que el quejoso afirma que la autoridad responsable desplegó una acción que se materializó en el mundo fáctico y jurídico, y si la autoridad responsable niega esto último -haber realizado el acto que se le imputa-, dicha expresión conlleva una negativa simple y, en ese supuesto, el quejoso tiene la carga de acreditar su afirmación de que la autoridad desplegó la acción que le atribuye. En cambio, tratándose de actos negativos por omisión, si la autoridad responsable niega su existencia, dicha negativa no es simple porque lleva implícita un acto positivo, esto es, la afirmación de que sí desplegó una conducta y, por ende, en este supuesto corresponde a ésta la carga probatoria. Las anteriores precisiones encuentran sustento en la regla que alberga el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, que establece que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se transcribe a continuación: "ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Por otra parte, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la fórmula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. En suma, como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de éste, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe concluirse que si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actos, esa consideración no les imprime a éstos el carácter de negativos". Por tanto, si es el caso de que en un juicio de amparo se reclame un acto que por su naturaleza es negativo por omisión, y a quien se le atribuye lo niega, entonces no corresponde a la parte quejosa demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria; esto es, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión que se les reclama, lo que en realidad envuelve es la afirmación de que sí actuaron; de ahí que en este tipo de actos, la autoridad debe probar que no existe dicha omisión; lo anterior, siempre y cuando esa actuación omisiva le competa o se encuentre dentro de sus facultades legales. Apoya lo dicho, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos". Así como la tesis 1a. XXIV/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente a junio de 1998, página 53, de rubro: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO" Por el contrario, si, como en el caso, el reclamo de la parte quejosa constituye un acto positivo, porque atribuye a la responsable la negativa verbal de autorizar su regularización migratoria, correspondía a dicha impetrante la carga probatoria de demostrar que, en efecto, la autoridad responsable incurrió en esa conducta. Pero la documental privada aportada por la parte quejosa, consistente en un escrito de siete de diciembre de dos mil veintiuno, relativo a la Solicitud de Regularización por Razones Humanitarias, en términos de los artículos 133 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, carece de valor probatorio pleno para demostrar que formuló una petición formal a la autoridad responsable, en relación con la regularización migratoria. Se estima así, en razón de que si bien dicho escrito está fechado el siete de diciembre de dos mil veintiuno, con firma de la quejosa y dirigido al titular de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, en el Estado de Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez; lo cierto es que no se adminiculó con diverso medio de prueba que genere convicción, pues ese ocurso, por sí mismo, no satisface la carga de probar que formuló una petición a la autoridad responsable, porque no contiene algún sello o firma de recepción. Sin que obste que la quejosa afirme que la autoridad se negó a recibir ese ocurso, pues tal aspecto no forma parte de la litis, como así se aprecia del escrito aclaratorio de demanda, en el cual la quejosa fue puntual en precisar que no era su deseo señalar como acto reclamado la negativa de la autoridad de recibir ese ocurso. Máxime que de la documental ofrecida por la autoridad responsable, consistente en copia certificada del expediente administrativo migratorio INM/OROAX/SRLOAX/EP/1692/2021, a la que se otorga valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, por haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones, acorde a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se conoce que: La quejosa firmó de recibo la hoja de "Derechos de los alojados en las estaciones migratorias", en cuyo punto quinto se hizo de su conocimiento que tiene derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiada y a regularizar su estancia en términos de la Ley de Migración y su Reglamento. El veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno se hizo constar mediante acta de comparecencia en el referido expediente administrativo migratorio, que se hizo del conocimiento de la quejosa su derecho a regularizar su estancia en términos de los artículos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración, a lo que únicamente manifestó "Resuelva mi situación migratoria en este país". Máxime que obra en el expediente administrativo la hoja de filiación con datos personales de la quejosa, también firmada por ella, donde se le informó que, de considerar que el regreso a su país podría ocasionar algún riesgo a su persona, esa Oficina de Migración le brindaría información sobre el trámite para solicitar refugio, pudiendo iniciar el trámite correspondiente dentro de 30 días a partir del conocimiento de algún riesgo contra su persona. Así, de acuerdo a la copia certificada remitida por la autoridad responsable, se advierte que en el expediente administrativo migratorio INM/OROAX/SRLOAX/EP/1692/2021 no existe petición de la quejosa tendente a obtener la regularización migratoria por razones humanitarias, pese a que la autoridad migratoria le informó la existencia de ese derecho a su favor. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia no desvirtuada del acto reclamado, procede sobreseer en el juicio de amparo promovido por *** Sirve de apoyo al respecto, la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 236, Tomo VI, del Apéndice 2000, Sexta Época, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En razón del sentido del fallo, no procede analizar los conceptos de violación, de acuerdo con la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, Volumen 24, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". CUARTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En mérito a lo expuesto y fundado legalmente, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, contra el acto reclamado al titular de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, en el Estado de Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez, en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE.

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