Sandra Lilia del Rocío Porras Núñez

Expediente 1091/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1091/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
07/10/2022

Partes del expediente

  • Sandra Lilia del Rocío Porras Núñez

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL 1091/2022 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de octubre de dos mil veintidós. 1. Firmeza de resolución. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa *** interpusiera recurso de queja contra la resolución de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, por la cual se desechó su demanda de amparo, no obstante su notificación el veintiocho siguiente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. 2. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la resolución relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo. Considerando que en resolución de veintidós de septiembre de este año se desechó la demanda de amparo, y toda vez que en esta fecha queda firme, sin que exista asunto pendiente por diligenciar; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21, inciso b), y 24 del acuerdo general en cita, se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE; por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 5. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el libro de gobierno respectivo y en la carátula del expediente. 6. Instrucción a Secretaría. Finalmente, se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y, como se precisó en el auto inicial, b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    C.P.1091/2022.MESA-5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo depositada ayer en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y recibida hoy en este órgano jurisdiccional, promovida por XXXXXX, por propio derecho, contra actos del subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y de otra autoridad; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 1091/2022. 2. Integración del expediente. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Actuaría (Integración de notificaciones al expediente electrónico). De igual manera, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción que las notificaciones que se generen en este expediente, inmediatamente a su realización, las integre de manera correcta al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con la finalidad de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. 4. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; es decir, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dichos numerales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. ---- (.)" "Artículo 107- Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: - - -- (.) IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra resoluciones que causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal. No será necesario agotar éstos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos que los que la Ley Reglamentaria del Juicio de Amparo requiera como condición para decretar esa suspensión; --- (.)" Con base en lo anterior, se establece que el juicio de amparo es un medio extraordinario regido por normas especiales y por los principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de esas reglas fundamentales que estructuran al juicio constitucional, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. En consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a éste, se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Acorde con lo expuesto, es necesario agotar todas las instancias a que haya lugar antes de promover la demanda de amparo contra un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; ello, con el fin acatar el principio de definitividad que, al igual que otros, rige el juicio de amparo, cuyo sustento descansa en su naturaleza extraordinaria. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de 2002, página 902, registro 187016, de rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías" En este sentido, del análisis integral del escrito de demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables a) subdelegado de Prestaciones Económicas y b) encargado del Despacho de la Jefatura del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (en lo subsecuente, ISSSTE), lo siguiente: Al respecto, los artículos 1° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 2 y 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; y 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en su orden, establecen: LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO "Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo. Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al ministerio público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente les será aplicable el título tercero A. Para los efectos de esta Ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas". LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO "ARTÍCULO 2. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley". "ARTÍCULO 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad. LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: . VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;.". La lectura integral de los preceptos citados conlleva a sostener que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se aplicará a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte, así como a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo. Además, se aprecia que, de conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el juicio contencioso administrativo federal procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y que el magistrado instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución del acto administrativo reclamado, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. Mientras que la citada Ley Orgánica dispone que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa conozca de los juicios que se promuevan contra determinaciones que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De modo que, con fundamento en la normativa invocada, antes de promover el juicio de amparo, la quejosa tenía que agotar el juicio de nulidad o procedimiento contencioso administrativo, en atención a que la ley ordinaria contempla el medio de defensa tendente a revocar o nulificar el acto que estima contrario a derecho, toda vez que el acto aquí reclamado implica la modificación o reducción de la pensión que le fue otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En efecto, la quejosa reclama en este juicio de amparo, en esencia, una resolución administrativa dictada por el ISSSTE que modifica o reduce su pensión, lo que se afirma, debido a que en la demanda de amparo la referida parte quejosa expuso, bajo protesta de decir verdad, que 1) a partir del uno de enero de dos mil tres el ISSSTE le otorgó pensión por jubilación directa número 1640618, la cual ascendía a la cantidad mensual de $20,370.60; 2) con motivo del fallecimiento de su cónyuge, el ISSSTE también le otorgó a la quejosa la pensión por viudez 733790; 3) no obstante, fue notificada del oficio SP/DPSHT/1219/2022 de cinco de septiembre de dos mil veintidós, en el cual se le informó la existencia de compatibilidad de pensiones, en razón de que al sumarse sus pensiones directa y por viudez rebasan el importe de diez unidades de medida y actualización establecidas para este año, lo que implicó que las autoridades responsables le realicen descuentos en la pensión por viudez, estableciendo como límite para sus dos pensiones la cantidad mensual de $28,866.00. De ahí que, se insiste, la quejosa debió agotar el juicio de nulidad o contencioso administrativo. Es de exacta aplicación la jurisprudencia 2a./J. 111/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 326, registro 177279, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva". Sin que se advierta la existencia de algún supuesto de excepción que haga procedente el juicio de amparo; se explica: Primero, el medio de defensa de que se trata no se encuentra previsto en un reglamento, dado que, como se precisó, su procedencia está regulada particularmente en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En segundo lugar, dicha Ley no establece mayores requisitos que para la suspensión definitiva, ni mayor plazo al que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional en la Ley de Amparo, debido a que a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad que, de inmediato, se ordene la paralización de los actos enjuiciados, como lo establece el artículo 28 de la citada ley; tal como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 27/2016. Y, en tercer punto, no pasa desapercibido que la quejosa alega que en el oficio reclamado SP/DPSHT/1219/2022 de cinco de septiembre de dos mil veintidós, en relación con el formato de liquidación de pago previa incorporación a nómina 20000137085903, se establece que existe compatibilidad de pensión a partir del veintisiete de marzo de dos mil veintidós, en que se le otorgó la pensión por viudez, y que al contar con dos pensiones (directa 1640618 y por viudez 733790), sumadas rebasan el importe de diez unidades de medida y actualización establecidas para el año dos mil veintidós, lo que actualiza el supuesto a que se refieren los artículos 51, segundo párrafo, y 12, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y su Reglamento para el otorgamiento de pensiones para los trabajadores sujetos al régimen del artículo Décimo Transitorio. Sin embargo, tampoco se actualiza alguna excepción al principio de definitividad por el hecho de que la quejosa reclama la ilegalidad del oficio SP/DPSHT/1219/2022 de cinco de septiembre de dos mil veintidós, en relación con el formato de liquidación de pago previa incorporación a nómina 20000137085903, al fundarse en artículos declarados inconstitucionales. Así es, el hecho de que los actos aquí reclamados se funden en normas generales declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no actualiza la excepción al principio de definitividad consistente en que "carezcan de fundamentación" pues, por una parte, la emisión de la jurisprudencia no equivale a que tal precepto haya perdido su validez en el sistema jurídico y, por otra, en este supuesto la persona no desconoce los fundamentos del actuar de la autoridad ni, por ende, se encuentra imposibilitada para accionar el medio de defensa ordinario conducente. Entonces, la obligación de agotar el medio ordinario de defensa en estos supuestos no sólo resulta congruente con el carácter excepcional del juicio de amparo, sino que, además, no genera una carga procesal indebida u ociosa para el justiciable en perjuicio del derecho humano a la justicia pronta, pues el tribunal del conocimiento -ya sea estatal o federal- se encuentra obligado a aplicar tal criterio jurisprudencial en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo y, con base en éste, declarar la ilegalidad del acto al estar soportado en normas declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de dos de marzo de dos mil veintidós, al resolver la contradicción de tesis 212/2021 entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, lo que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 15/2022 (11a.) -de aplicación obligatoria para este Juzgado-, publicada en la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, abril de 2022, tomo II, página 1704, registro 2024511, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ÉSTE CUANDO SE RECLAMA LA APLICACIÓN DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el hecho de que las autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, fundamenten sus actos en normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de esta Suprema Corte, actualiza o no una excepción al principio de definitividad, llegaron a conclusiones distintas, toda vez que uno de ellos determinó que no se actualiza una excepción a tal principio, mientras que el otro concluyó que sí, pues esa circunstancia implica, por una parte, que exista una violación directa al artículo 133 de la Constitución Federal y, por otra, que el acto carezca de fundamentación. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que no se actualiza una excepción al principio de definitividad, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por la sola circunstancia de que el acto reclamado se encuentre fundamentado en normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de este Alto Tribunal. Justificación: La presencia de violaciones "directas" a la Constitución y, por ende, la posibilidad de que se actualice una excepción al principio de definitividad, es una cuestión enteramente independiente a la existencia de una jurisprudencia que determine la inconstitucionalidad de las normas aplicadas en perjuicio del quejoso -el criterio jurisprudencial determinará el resultado del análisis del tribunal, no así la "naturaleza" del reclamo-. Asimismo, el hecho de que un acto de autoridad se funde en normas generales declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de esta Suprema Corte, tampoco actualiza la diversa excepción al referido principio, consistente en que "carezca de fundamentación" pues, por una parte, la emisión de la jurisprudencia no equivale a que tal precepto haya perdido su validez en el sistema jurídico -para ello se requiere de una declaratoria general de inconstitucionalidad- y, por otra, en este supuesto la persona no desconoce los fundamentos del actuar de la autoridad ni, por ende, se encuentra imposibilitada para accionar el medio de defensa ordinario conducente. Finalmente, la obligación de agotar el medio ordinario de defensa en estos supuestos no sólo resulta congruente con el carácter excepcional del juicio de amparo, sino que además no genera una carga procesal indebida u ociosa para el justiciable en perjuicio del derecho humano a la justicia pronta, pues el tribunal del conocimiento -ya local, ya federal- se encuentra obligado a aplicar tal criterio jurisprudencial en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo y, con base en éste, declarar la ilegalidad del acto al estar soportado en normas declaradas inconstitucionales por esta Suprema Corte". En consecuencia, ya que previo a la promoción del juicio de amparo correspondía a la parte quejosa interponer el juicio de nulidad, al no haberse hecho valer tal medio ordinario de impugnación se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que impone desechar de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por XXXXX. 5. Precisión sobre Acuerdo General aplicable. Hágase del conocimiento de las partes procesales que, respecto a las cuestiones relativas a la a) atención al público, b) funcionamiento de buzones judiciales y oficialías de partes, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, entre otras cuestiones, deberán estarse a lo indicado en el referido acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en su periodo de vigencia por su similar 16/2022. 6. Medios para entablar comunicación con la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 22, fracción I, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se toma en cuenta que la parte quejosa proporciona una dirección de correo electrónico y un número de teléfono, como medios para entablar comunicación no procesal, únicamente como un canal de comunicación para establecer contacto en los casos en que se estime necesario o pertinente para el éxito de diligencias y la seguridad de quienes intervengan en la misma, pero no para practicar notificaciones, pues en ese aspecto la Ley de Amparo establece la forma en que deben ser practicadas. 7. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en su escrito de demanda, y como autorizado en términos amplios a Armando Montaño Santiago por haber encontrado registrada su cédula profesional como se hizo constar en la cuenta; y por autorizadas únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las diversas personas que menciona, por así solicitarlo expresamente. 8. Uso de medios electrónicos. Como lo solicita la quejosa, se le autoriza el uso de aparatos electrónicos para obtener la toma de acuerdos y captura de constancias, sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte ocursante, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, y se hace de su conocimiento que este Juzgado podrá restringir el uso de dichos medios cuando se trate de documentos que tengan información reservada o confidencial, por lo que, ante este supuesto, las constancias no podrán ser transmitidas, copiadas, fotografiadas, escaneadas o reproducidas por cualquier medio. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 26/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". En el entendido que para efectuar la captura de constancias físicas, deberá agendar cita previa en el micrositio sobre "servicios jurisdiccionales", disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. Por ello, se indica al (a la) actuario (a) que cuando se lleve a cabo el uso de aparatos electrónicos por el promovente o sus autorizados, deberá solicitar la identificación de la persona respectiva y asentar razón del nombre y de las constancias que se capturen. 9. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 10. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia sanitaria en que se encuentra el país, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. 11. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 12. Anotaciones. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno impreso y electrónico Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PREVIO AVISO Número de expediente: 1091/2022 Acuerdo: C.P.1091/2022.MESA-5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo depositada ayer en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y recibida hoy en este órgano jurisdiccional, promovida por XXXXXX, por propio derecho, contra actos del subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y de otra autoridad; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 1091/2022. 2. Integración del expediente. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Actuaría (Integración de notificaciones al expediente electrónico). De igual manera, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción que las notificaciones que se generen en este expediente, inmediatamente a su realización, las integre de manera correcta al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con la finalidad de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. 4. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; es decir, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dichos numerales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. ---- (.)" "Artículo 107- Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: - - -- (.) IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra resoluciones que causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal. No será necesario agotar éstos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos que los que la Ley Reglamentaria del Juicio de Amparo requiera como condición para decretar esa suspensión; --- (.)" Con base en lo anterior, se establece que el juicio de amparo es un medio extraordinario regido por normas especiales y por los principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de esas reglas fundamentales que estructuran al juicio constitucional, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. En consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a éste, se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Acorde con lo expuesto, es necesario agotar todas las instancias a que haya lugar antes de promover la demanda de amparo contra un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; ello, con el fin acatar el principio de definitividad que, al igual que otros, rige el juicio de amparo, cuyo sustento descansa en su naturaleza extraordinaria. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de 2002, página 902, registro 187016, de rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías" En este sentido, del análisis integral del escrito de demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables a) subdelegado de Prestaciones Económicas y b) encargado del Despacho de la Jefatura del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (en lo subsecuente, ISSSTE), lo siguiente: Al respecto, los artículos 1° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 2 y 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; y 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en su orden, establecen: LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO "Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo. Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al ministerio público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente les será aplicable el título tercero A. Para los efectos de esta Ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas". LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO "ARTÍCULO 2. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley". "ARTÍCULO 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad. LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: . VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;.". La lectura integral de los preceptos citados conlleva a sostener que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se aplicará a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte, así como a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo. Además, se aprecia que, de conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el juicio contencioso administrativo federal procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y que el magistrado instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución del acto administrativo reclamado, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. Mientras que la citada Ley Orgánica dispone que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa conozca de los juicios que se promuevan contra determinaciones que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De modo que, con fundamento en la normativa invocada, antes de promover el juicio de amparo, la quejosa tenía que agotar el juicio de nulidad o procedimiento contencioso administrativo, en atención a que la ley ordinaria contempla el medio de defensa tendente a revocar o nulificar el acto que estima contrario a derecho, toda vez que el acto aquí reclamado implica la modificación o reducción de la pensión que le fue otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En efecto, la quejosa reclama en este juicio de amparo, en esencia, una resolución administrativa dictada por el ISSSTE que modifica o reduce su pensión, lo que se afirma, debido a que en la demanda de amparo la referida parte quejosa expuso, bajo protesta de decir verdad, que 1) a partir del uno de enero de dos mil tres el ISSSTE le otorgó pensión por jubilación directa número 1640618, la cual ascendía a la cantidad mensual de $20,370.60; 2) con motivo del fallecimiento de su cónyuge, el ISSSTE también le otorgó a la quejosa la pensión por viudez 733790; 3) no obstante, fue notificada del oficio SP/DPSHT/1219/2022 de cinco de septiembre de dos mil veintidós, en el cual se le informó la existencia de compatibilidad de pensiones, en razón de que al sumarse sus pensiones directa y por viudez rebasan el importe de diez unidades de medida y actualización establecidas para este año, lo que implicó que las autoridades responsables le realicen descuentos en la pensión por viudez, estableciendo como límite para sus dos pensiones la cantidad mensual de $28,866.00. De ahí que, se insiste, la quejosa debió agotar el juicio de nulidad o contencioso administrativo. Es de exacta aplicación la jurisprudencia 2a./J. 111/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 326, registro 177279, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva". Sin que se advierta la existencia de algún supuesto de excepción que haga procedente el juicio de amparo; se explica: Primero, el medio de defensa de que se trata no se encuentra previsto en un reglamento, dado que, como se precisó, su procedencia está regulada particularmente en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En segundo lugar, dicha Ley no establece mayores requisitos que para la suspensión definitiva, ni mayor plazo al que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional en la Ley de Amparo, debido a que a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad que, de inmediato, se ordene la paralización de los actos enjuiciados, como lo establece el artículo 28 de la citada ley; tal como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 27/2016. Y, en tercer punto, no pasa desapercibido que la quejosa alega que en el oficio reclamado SP/DPSHT/1219/2022 de cinco de septiembre de dos mil veintidós, en relación con el formato de liquidación de pago previa incorporación a nómina 20000137085903, se establece que existe compatibilidad de pensión a partir del veintisiete de marzo de dos mil veintidós, en que se le otorgó la pensión por viudez, y que al contar con dos pensiones (directa 1640618 y por viudez 733790), sumadas rebasan el importe de diez unidades de medida y actualización establecidas para el año dos mil veintidós, lo que actualiza el supuesto a que se refieren los artículos 51, segundo párrafo, y 12, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y su Reglamento para el otorgamiento de pensiones para los trabajadores sujetos al régimen del artículo Décimo Transitorio. Sin embargo, tampoco se actualiza alguna excepción al principio de definitividad por el hecho de que la quejosa reclama la ilegalidad del oficio SP/DPSHT/1219/2022 de cinco de septiembre de dos mil veintidós, en relación con el formato de liquidación de pago previa incorporación a nómina 20000137085903, al fundarse en artículos declarados inconstitucionales. Así es, el hecho de que los actos aquí reclamados se funden en normas generales declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no actualiza la excepción al principio de definitividad consistente en que "carezcan de fundamentación" pues, por una parte, la emisión de la jurisprudencia no equivale a que tal precepto haya perdido su validez en el sistema jurídico y, por otra, en este supuesto la persona no desconoce los fundamentos del actuar de la autoridad ni, por ende, se encuentra imposibilitada para accionar el medio de defensa ordinario conducente. Entonces, la obligación de agotar el medio ordinario de defensa en estos supuestos no sólo resulta congruente con el carácter excepcional del juicio de amparo, sino que, además, no genera una carga procesal indebida u ociosa para el justiciable en perjuicio del derecho humano a la justicia pronta, pues el tribunal del conocimiento -ya sea estatal o federal- se encuentra obligado a aplicar tal criterio jurisprudencial en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo y, con base en éste, declarar la ilegalidad del acto al estar soportado en normas declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de dos de marzo de dos mil veintidós, al resolver la contradicción de tesis 212/2021 entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, lo que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 15/2022 (11a.) -de aplicación obligatoria para este Juzgado-, publicada en la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, abril de 2022, tomo II, página 1704, registro 2024511, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ÉSTE CUANDO SE RECLAMA LA APLICACIÓN DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el hecho de que las autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, fundamenten sus actos en normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de esta Suprema Corte, actualiza o no una excepción al principio de definitividad, llegaron a conclusiones distintas, toda vez que uno de ellos determinó que no se actualiza una excepción a tal principio, mientras que el otro concluyó que sí, pues esa circunstancia implica, por una parte, que exista una violación directa al artículo 133 de la Constitución Federal y, por otra, que el acto carezca de fundamentación. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que no se actualiza una excepción al principio de definitividad, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por la sola circunstancia de que el acto reclamado se encuentre fundamentado en normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de este Alto Tribunal. Justificación: La presencia de violaciones "directas" a la Constitución y, por ende, la posibilidad de que se actualice una excepción al principio de definitividad, es una cuestión enteramente independiente a la existencia de una jurisprudencia que determine la inconstitucionalidad de las normas aplicadas en perjuicio del quejoso -el criterio jurisprudencial determinará el resultado del análisis del tribunal, no así la "naturaleza" del reclamo-. Asimismo, el hecho de que un acto de autoridad se funde en normas generales declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de esta Suprema Corte, tampoco actualiza la diversa excepción al referido principio, consistente en que "carezca de fundamentación" pues, por una parte, la emisión de la jurisprudencia no equivale a que tal precepto haya perdido su validez en el sistema jurídico -para ello se requiere de una declaratoria general de inconstitucionalidad- y, por otra, en este supuesto la persona no desconoce los fundamentos del actuar de la autoridad ni, por ende, se encuentra imposibilitada para accionar el medio de defensa ordinario conducente. Finalmente, la obligación de agotar el medio ordinario de defensa en estos supuestos no sólo resulta congruente con el carácter excepcional del juicio de amparo, sino que además no genera una carga procesal indebida u ociosa para el justiciable en perjuicio del derecho humano a la justicia pronta, pues el tribunal del conocimiento -ya local, ya federal- se encuentra obligado a aplicar tal criterio jurisprudencial en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo y, con base en éste, declarar la ilegalidad del acto al estar soportado en normas declaradas inconstitucionales por esta Suprema Corte". En consecuencia, ya que previo a la promoción del juicio de amparo correspondía a la parte quejosa interponer el juicio de nulidad, al no haberse hecho valer tal medio ordinario de impugnación se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que impone desechar de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por XXXXXX. 5. Precisión sobre Acuerdo General aplicable. Hágase del conocimiento de las partes procesales que, respecto a las cuestiones relativas a la a) atención al público, b) funcionamiento de buzones judiciales y oficialías de partes, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, entre otras cuestiones, deberán estarse a lo indicado en el referido acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en su periodo de vigencia por su similar 16/2022. 6. Medios para entablar comunicación con la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 22, fracción I, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se toma en cuenta que la parte quejosa proporciona una dirección de correo electrónico y un número de teléfono, como medios para entablar comunicación no procesal, únicamente como un canal de comunicación para establecer contacto en los casos en que se estime necesario o pertinente para el éxito de diligencias y la seguridad de quienes intervengan en la misma, pero no para practicar notificaciones, pues en ese aspecto la Ley de Amparo establece la forma en que deben ser practicadas. 7. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en su escrito de demanda, y como autorizado en términos amplios a Armando Montaño Santiago por haber encontrado registrada su cédula profesional como se hizo constar en la cuenta; y por autorizadas únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las diversas personas que menciona, por así solicitarlo expresamente. 8. Uso de medios electrónicos. Como lo solicita la quejosa, se le autoriza el uso de aparatos electrónicos para obtener la toma de acuerdos y captura de constancias, sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte ocursante, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, y se hace de su conocimiento que este Juzgado podrá restringir el uso de dichos medios cuando se trate de documentos que tengan información reservada o confidencial, por lo que, ante este supuesto, las constancias no podrán ser transmitidas, copiadas, fotografiadas, escaneadas o reproducidas por cualquier medio. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 26/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". En el entendido que para efectuar la captura de constancias físicas, deberá agendar cita previa en el micrositio sobre "servicios jurisdiccionales", disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. Por ello, se indica al (a la) actuario (a) que cuando se lleve a cabo el uso de aparatos electrónicos por el promovente o sus autorizados, deberá solicitar la identificación de la persona respectiva y asentar razón del nombre y de las constancias que se capturen. 9. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 10. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia sanitaria en que se encuentra el país, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. 11. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 12. Anotaciones. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno impreso y electrónico Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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