Sandra Luz Valdez Orozco
Expediente 891/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 891/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/09/2021
Partes del expediente
- Sandra Luz Valdez Orozco
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Comparecencia. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, la comparecencia de la autorizada de la parte quejosa, la cual se registró con el número 13981 y, es relativa a la devolución de documentos que le fue hecha a dicha parte quejosa dentro del presente juicio, llevada a cabo el veinte de septiembre del año en curso y en atención a lo acordado en proveído de nueve de los corrientes; lo anterior para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio y anexo remitidos por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la COFEPRIS, en suplencia por ausencia de la Coordinadora General Jurídica y Consultiva, y este en representación del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas y en representación de la antes citada autoridad responsable; y en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: Domicilio. De acuerdo con el precepto legal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el designado para tal efecto en el oficio de cuenta. Delegados. Asimismo, acorde con el artículo 9° de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas indicadas para ello en su ocurso de la supra citada autoridad. Autoridad responsable informa gestiones sobre cumplimiento. Se tiene a la citada autoridad responsable, remitiendo las actuaciones e informando las gestiones que han realizado para dar cumplimiento fallo protector; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. No ha lugar a otorgar prórroga. Atento a lo anterior, y vista su diversa solicitud, en el sentido de que sea otorgada otra prórroga efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria recaída en autos; dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, toda vez que mediante proveído de catorce de julio de dos mil veintiuno, se le otorgó por única vez una prórroga con fundamento en lo dispuesto por el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, por lo que no es dable el otorgamiento de otra diversa prórroga, pues ello contraviene el numeral en cita. Efectos del fallo protector: Ahora bien, cabe recordar que los efectos del fallo protector fueron los siguientes: "NOVENO. Efectos de la concesión. Con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión son para que la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), la Dirección Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitario de la Secretaría de Salud, y el Director Ejecutivo de esta última, con sede en Ciudad de México -en el ámbito de sus respectivas competencias-, realicen lo siguiente: i) Dentro del plazo de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de la presente ejecutoria, dejen insubsistente el oficio 183301EL352440, de siete de marzo de dos mil diecinueve, dirigido al aquí quejoso. ii) En su lugar emita otro, debidamente fundado y motivado, en el que otorgue la respuesta manera expresa y congruente a todo lo peticionado por la parte quejosa; en la inteligencia que para la emisión de la respuesta que otorgue, deberá partir de la premisa de que cuenta con facultades para ello, conforme a las consideraciones que sustentan esta resolución; así como en el entendido que para el cumplimiento de lo aquí fallado, la autoridad necesariamente deberá emitir una decisión en cuanto al fondo de lo solicitado, otorgándolo o negándolo, pero sustentado su determinación en las disposiciones jurídicas que estime aplicables, las cuales deberán guardar adecuación con los motivos que al efecto se expongan; respuesta que incluso deberá ser acorde a todos los criterios jurisprudenciales de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citados en el presente fallo constitucional, mediante los cuáles dicho órgano supremo determinó la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud; de manera que no podrá utilizarlos como sustento de la respuesta que en su momento otorgue. iii) Notifique su determinación al peticionario de amparo en forma personal, en el domicilio que señalaron en su escrito de petición para oír y recibir notificaciones, y en los términos establecidos por la legislación correspondiente. Requerimiento para que se cumpla en forma total el fallo protector. Visto, se advierte que la responsable solo cumplió con los dos primeros efectos de la sentencia, sin embargo, no acredita haber notificado a la parte quejosa la nueva determinación que emitió; por tanto, requiérase a la autoridad responsable que se encuentra obligada a dar cumplimiento al fallo protector en el presente juicio; para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, cumpla en forma total con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, y remita de inmediato las constancias con las que acrediten lo anterior; en el entendido de que los actos específicos que debe realizar, se encuentran plasmados en la parte conducente de la ejecutoria apenas transcrita. Apercibimiento de multa. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en los artículos 258, 192 y 193 todos de la Ley de Amparo, se le impondrá en lo particular, esto es, a la persona física que ocupe el cargo correspondiente a la autoridad obligada al cumplimiento del fallo protector, una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, misma que deberán cubrir con ingresos propios y no con recursos públicos. Por lo que si dicha unidad equivale al día de la fecha a $ 89.62 M.N. (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), al multiplicarla por cien, la citada multa será equivalente a la cantidad de $ 8,962.00 M.N. (nueve mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional). Separación del cargo y consignación. Asimismo, una vez impuestas las multas respectivas, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que podrá culminar con la remisión del expediente de amparo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para efectos de la SEPARACIÓN DE SU CARGO, así como su consignación ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, por el delito de DESACATO A UN MANDAMIENTO JUDICIAL; lo anterior, con fundamento en los artículos 108 párrafo tercero, 109 fracción III y 110 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 267, fracción I, y último párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 29/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2019625, publicada en cinco de abril de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Rubro texto siguiente: "DELITO DE DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO NUMERAL, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD." Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente. Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, que dice así: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Notifíquese. Así, lo acordó y firma Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante autorización comunicada por oficio CCJ/ST/2818/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de amparo de que se trata; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 112, 108, 113, 115, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda promovida por 1) Sandra Luz Valdez Orozco, contra actos de la Dirección de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California y otras autoridades, con sede en esta ciudad; por tanto, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 891/2021. En términos de lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede analizar en su integridad la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido, acorde al texto de la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". De la lectura del acto reclamado, antecedentes y conceptos de violación vertidos en la demanda, se advierte que la parte promovente del amparo reclama: "IV.- Acto Reclamado: La omisión de resolver y/o dar respuesta y/o contestación congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada a mí SOLICITUD DE SEGUIMIENTO Y CULMINACIÓN DE TRÁMITE DE PENSIÓN DENTRO DE TÉRMINOS DE LEY APLICABLE, en la que me proporcione información que me permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución que dicha autoridad responsable debe emitir. Lo anterior, tomando en consideración que presenté mis SOLICITUD DE SEGUIMIENTO Y CULMINACIÓN DE TRÁMITE DE PENSIÓN DENTRO DE TÉRMINOS DE LEY APLICABLE en fecha DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO ante los departamento ya señalados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California." Esto es, en el caso concreto lo es: La omisión de dar contestación a la solicitud de pensión por jubilación elevada ante la responsable, el doce de julio de dos mil veintiuno. Sobre el particular, resulta imperante destacar que el denominado "derecho de petición", es un derecho fundamental reconocido en el artículo 8° Constitucional, en función del cual cualquier gobernado que presente una petición de manera respetuosa y pacífica ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta congruente con su petición, que debe ser emitida en breve término por la autoridad. Ahora, en el caso sujeto a esta potestad, la demanda de amparo y el acuse de recibo de la petición combatida, el derecho de petición consagrado por el precepto 8°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue ejercido por la quejosa Sandra Luz Valdez Orozco, el doce de julio de dos mil veintiuno, esto es, treinta y dos días hábiles previos a la presentación de la demanda de amparo. Entonces, se deben analizar las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la ley de la materia. Bajo ese contexto, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 8º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, es dable transcribir los referidos preceptos, que señalan: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Así, tenemos que el derecho de petición que se consigna en el precepto constitucional invocado, consiste en que a toda solicitud formulada por escrito en forma pacífica y respetuosa deberá recaer una contestación también por escrito, congruente a lo solicitado, la cual deberá hacerse saber al peticionario en "breve término", situación que supone, por sí, una relación entre gobernante y gobernado de donde surge el derecho público de este último a que se le dé contestación por escrito; sin embargo, tanto su ejercicio como la obligación de respuesta deben cumplir con los siguientes elementos: Por lo que hace a la petición: Formularse de manera pacífica y respetuosa; Ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; y Proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. Por lo que hace a la respuesta: Estar contenida en un acuerdo dictado en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; Ser congruente con la petición; y, Notificar el acuerdo recaído en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tal efecto. Tales afirmaciones se constatan del contenido de la jurisprudencia VI.1o.A. J/49 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de rubro siguiente: "PETICIÓN. MODALIDADES DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVE POR VIOLACIÓN A ESE DERECHO." Así, debe destacarse que si bien el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no precisa el número de días en que deben contestarse las peticiones, respecto de la expresión usada por el constituyente "en breve término" a que se refiere el segundo párrafo del precepto citado, debe entenderse como el plazo que cuando menos se requiere para que racionalmente se estudie la petición que se acuerde y se notifique. Ese aserto se constata en la tesis de jurisprudencia 470, emitida por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido que se inserta: "PETICIÓN, DERECHO DE. TERMINO PARA EL ACUERDO RESPECTIVO. Atento lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional." En ese orden de ideas, debe precisarse que de conformidad con los artículos 58 y 120 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California8 y, los diversos numerales 9 y 23 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, que norman el procedimiento de la solitud de pensión por jubilación, si establece un plazo de treinta y cinco días a efecto de dar contestación a dichas solicitudes, ya que los preceptos antes mencionados refieren que las personas que tengan dicho derecho, deberán presentar la solicitud correspondiente, junto con la hoja de servicios expedida por la dependencia facultada para ello, conforme lo establecido en el Reglamento antes mencionado. Una vez hecho lo anterior, el Instituto dará entrada a aquellas solicitudes cuyos expedientes se encuentren debidamente integrados por todos los documentos probatorios que cada caso y tipo de pensión se requiera y tendrá un plazo no mayor de quince días, para elaborar un dictamen, el cual se remitirá junto con el expediente respectivo a la Junta Directiva a efecto de que conceda o niegue el beneficio solicitado. El dictamen respectivo será remitido dentro de los quince días siguientes al Oficial Mayor de Gobierno del Estado, quien revisará y resolverá en definitiva, respecto de la pensión solicitada, para que pueda ser ejecutada y en caso de ser así, el expediente se regresará a la junta, a efecto de que en un plazo no mayor de cinco días hábiles, lo haga del conocimiento al interesado, en que el deberá remitir a su vez copia del dictamen a la dependencia donde labora la solicitante de la pensión, para efecto de su correspondiente baja como trabajador. Ahora bien, en el caso concreto, de las constancias que obran en el juicio de amparo, específicamente la documental que fue exhibida con la demanda de amparo, se advierte que el doce de julio de dos mil veintiuno, la parte quejosa presentó una solicitud de pensión por jubilación, ante la Dirección de Pensiones y Jubilaciones, a través del Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. Lo anterior revela que si mediante ocurso presentado en dicha data, la aquí quejosa solicitó al instituto responsable dar trámite para que le fueran otorgados los beneficios de pensión relativa a jubilación y, la demanda de amparo fue presentada el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, es evidente que entre ambas fechas, no han transcurrido los plazos antes precisados, que en su totalidad suman treinta y cinco días. Por tanto, resulta evidente que hasta esa data de presentación de la demanda, no es posible aducir por la parte quejosa, el hecho de que existe por parte de las autoridades responsables una omisión de responder dentro del plazo que ellas tiene para hacerlo, por lo tanto, tampoco puede hablarse de que han vulnerado los derechos fundamentales de la parte quejosa, toda vez que el lapso transcurrido no es suficiente para que la autoridad esté en posibilidad de analizar y de emitir una respuesta congruente con lo solicitado y, además, que la notifique en el domicilio señalado para tal efecto, en virtud de que atendiendo a la fecha de presentación de la solicitud (doce de julio de dos mil veintiuno) y de la recepción de la demanda de amparo (veinticinco de agosto de dos mil veintiuno), no ha mediado un plazo considerable o razonable que permita a la autoridad estudiar, acordar y notificar la petición que la parte inconforme plantea, pues la demanda de amparo se presentó habiendo transcurrido apenas un plazo de treinta y dos días hábiles, de ahí que la autoridad no cuenta con un plazo considerable para dar respuesta. La conclusión alcanzada es coincidente con el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en la tesis XIX.1o.5 k10, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." Por consiguiente, se determina que, existe un motivo manifiesto e indudable que orilla a este juzgador a concluir que no es procedente la admisión de la demanda de amparo ya que, no ha transcurrido un plazo considerable y previsto por la propia ley que rige al acto, para que la autoridad estudie la petición, le dé respuesta y la notifique; en consecuencia, se desecha la demanda de amparo, con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, y 113, en relación con el precepto 8º constitucional. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su numeral 2°. Autorizados. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a (i) Juan Ángeles Reséndiz, (ii) Andrea Mariel Soto Romero, (iii) Félix Salvador Michel Sánchez y (iv) Rossio Guadalupe Cruz Vivas, toda vez que se encontró registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Correo electrónico personal. Asimismo, en términos del artículo 2, fracción XIX, del "Acuerdo General 13/2020, que regula las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19", téngase a la parte quejosa proporcionando la cuenta de correo electrónico personal (I) juanangeles75@hotmail.com, así como los números telefónicos (686) 121 92 11, (686) 121 55 33, (686) 125 89 39 y (686) 133 85 53. En el claro entendido de que, acorde al citado precepto, tal número telefónico y cuenta de correo personal, son única y exclusivamente con el fin de facilitar el contacto con personal de este órgano jurisdiccional, no así para recibir notificaciones electrónicas por dichos medios de comunicación privada, toda vez que ello debe solicitarse expresamente y realizarse únicamente desde el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, mediante su firma electrónica certificada (FIREL o FIEL) y nombre de usuario registrado en dicho portal. Consulta electrónica. Respecto a su solicitud, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio a los nombres de usuario "juan_angeles", "andrea_soto", "felixmichel" y "Rossio_vivas". Notificaciones por vía electrónica. Asimismo, como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, el Actuario de la adscripción, deberá notificar las determinaciones dictadas en el presente asunto a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación". SISE. Lo anterior, hágase del conocimiento de la persona encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", por conducto del Actuario Judicial adscrito, para los efectos legales a que haya lugar; en el entendido de que es responsabilidad de la parte promovente que el nombre de usuario con el que se registró tal autorizado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esté plasmado en forma clara y precisa, esto es, tal y como debe escribirse, pues de lo contrario, la encargada del aludido sistema no podrá autorizar el acceso respectivo. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para imponerse de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en el servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de los nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de los datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Exhortación a todas las partes a continuar juicio en línea. Por otro lado, con fundamento en el artículo 22 y 28, segundo párrafo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19, se exhorta a todas las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente; ello, con la finalidad de mejorar la comunicación con las partes. . Notifíquese personalmente.
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