Sandra Luz Valdez Orozco

Expediente 828/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
828/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
24/08/2021

Partes del expediente

  • Sandra Luz Valdez Orozco

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Firme desechamiento. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual puede advertirse que transcurrió término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de nueve de agosto de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo promovida por Sandra Luz Valdez Orozco; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Documento original. Dado que obran en autos documentos originales que fueron anexados a la demanda de amparo; en consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, comparezca debidamente identificada ante este Juzgado Federal en días y horas hábiles, a recibir los originales de las constancias que exhibió en el presente juicio, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente; lo anterior con fundamento en el segundo párrafo del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veintel. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo. Incidente. No fue solicitado. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Certificación de la carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Finalmente. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por la autorizada de la parte quejosa; atento a su contenido, acuérdese lo siguiente: Devolución de documentos. Con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, hágasele la devolución de los documentos que solicita, previa copia certificada se deje en su lugar y toma de razón que por el recibo se asiente en autos para constancia. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante autorización comunicada por oficio CCJ/ST/2818/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a nueve de agosto de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por (1) ****** contra actos de la Dirección de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California y otro, con sede en esta ciudad; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 108, 115, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo; fórmese el expediente respectivo, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 828/2021. En términos de lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede analizar en su integridad la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido, acorde al texto de la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." De la lectura del acto reclamado, antecedentes y conceptos de violación vertidos en la demanda, se advierte que la parte promovente del amparo reclama: "..". Esto es, en caso concreto lo es: Omisión de dar contestación a la solicitud de pensión por jubilación elevada ante la responsable, el doce de julio de dos mil veintiuno. Sobre el particular, resulta imperante destacar que el denominado "derecho de petición", es un derecho fundamental reconocido en el artículo 8° Constitucional, en función del cual cualquier gobernado que presente una petición de manera respetuosa y pacífica ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta congruente con su petición, que debe ser emitida en breve término por la autoridad. Ahora, en el caso sujeto a esta potestad, la demanda de amparo y el acuse de recibo de la petición combatida, el derecho de petición consagrado por el precepto 8°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue ejercido por la quejosa Sandra Luz Valdez Orozco, el doce de julio de dos mil veintiuno, esto es, dieciocho días hábiles previos a la presentación de la demanda de amparo. Entonces, se deben analizar las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la ley de la materia. Bajo ese contexto, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 8º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, tenemos que el derecho de petición que se consigna en el precepto constitucional invocado, consiste en que a toda solicitud formulada por escrito en forma pacífica y respetuosa deberá recaer una contestación también por escrito, congruente a lo solicitado, la cual deberá hacerse saber al peticionario en "breve término", situación que supone, por sí, una relación entre gobernante y gobernado de donde surge el derecho público de este último a que se le dé contestación por escrito; sin embargo, tanto su ejercicio como la obligación de respuesta deben cumplir con los siguientes elementos: Por lo que hace a la petición: Formularse de manera pacífica y respetuosa; Ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; y Proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. Por lo que hace a la respuesta: Estar contenida en un acuerdo dictado en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; Ser congruente con la petición; y, Notificar el acuerdo recaído en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tal efecto. Tales afirmaciones se constatan del contenido de la jurisprudencia VI.1o.A. J/49 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de rubro siguiente: "PETICIÓN. MODALIDADES DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVE POR VIOLACIÓN A ESE DERECHO." Así, debe destacarse que si bien el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no precisa el número de días en que deben contestarse las peticiones, respecto de la expresión usada por el constituyente "en breve término" a que se refiere el segundo párrafo del precepto citado, debe entenderse como el plazo que cuando menos se requiere para que racionalmente se estudie la petición que se acuerde y se notifique. Ese aserto se constata en la tesis de jurisprudencia 470, emitida por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido que se inserta: "PETICIÓN, DERECHO DE. TERMINO PARA EL ACUERDO RESPECTIVO. Atento lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional." En ese orden de ideas, debe precisarse que de conformidad con los artículos 58 y 120 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California y, los diversos numerales 9 y 23 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, que norman el procedimiento de la solitud de pensión por jubilación, si establece un plazo de treinta y cinco días a efecto de dar contestación a dichas solicitudes, ya que los preceptos antes mencionados refieren que las personas que tengan dicho derecho, deberán presentar la solicitud correspondiente, junto con la hoja de servicios expedida por la dependencia facultada para ello, conforme lo establecido en el Reglamento antes mencionado. Una vez hecho lo anterior, el Instituto dará entrada a aquellas solicitudes cuyos expedientes se encuentren debidamente integrados por todos los documentos probatorios que cada caso y tipo de pensión se requiera y tendrá un plazo no mayor de quince días, para elaborar un dictamen, el cual se remitirá junto con el expediente respectivo a la Junta Directiva a efecto de que conceda o niegue el beneficio solicitado. El dictamen respectivo será remitido dentro de los quince días siguientes al Oficial Mayor de Gobierno del Estado, quien revisará y resolverá en definitiva, respecto de la pensión solicitada, para que pueda ser ejecutada y en caso de ser así, el expediente se regresará a la junta, a efecto de que en un plazo no mayor de cinco días hábiles, lo haga del conocimiento al interesado, en que el deberá remitir a su vez copia del dictamen a la dependencia donde labora la solicitante de la pensión, para efecto de su correspondiente baja como trabajador. Ahora bien, en el caso concreto, de las constancias que obran en el juicio de amparo, específicamente la documental que fue exhibida con la demanda de amparo, se advierte que el doce de julio de dos mil veintiuno, la parte quejosa presentó una solicitud de pensión por jubilación, ante la Dirección de Pensiones y Jubilaciones, a través del Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. Lo anterior revela que si mediante ocurso presentado en dicha data, la aquí quejosa solicitó al instituto responsable el inicio del trámite para que le fueran otorgados los beneficios de pensión relativa a jubilación y, la demanda de amparo fue presentada el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, es evidente que entre ambas fechas, no han transcurrido los plazos antes precisados, que en su totalidad suman treinta y cinco días. Por tanto, resulta evidente que hasta esa data de presentación de la demanda, no es posible aducir por la parte quejosa, el hecho de que existe por parte de las autoridades responsables una omisión de responder dentro del plazo que ellas tiene para hacerlo, por lo tanto, tampoco puede hablarse de que han vulnerado los derechos fundamentales de la parte quejosa, toda vez que el lapso transcurrido no es suficiente para que la autoridad esté en posibilidad de analizar y de emitir una respuesta congruente con lo solicitado y, además, que la notifique en el domicilio señalado para tal efecto, en virtud de que atendiendo a la fecha de presentación de la solicitud (doce de julio de dos mil veintiuno) y de la recepción de la demanda de amparo (cuatro de agosto de dos mil veintiuno), no ha mediado un plazo considerable o razonable que permita a la autoridad estudiar, acordar y notificar la petición que la parte inconforme plantea, pues la demanda de amparo se presentó habiendo transcurrido apenas un plazo de dieciséis días hábiles, de ahí que la autoridad no cuenta con un plazo considerable para dar respuesta. La conclusión alcanzada es coincidente con el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en la tesis XIX.1o.5 k, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." Por consiguiente, se determina que, existe un motivo manifiesto e indudable que orilla a esta juzgador a concluir que no es procedente la admisión de la demanda de amparo ya que, no ha transcurrido un plazo considerable y previsto por la propia ley que rige al acto, para que la autoridad estudie la petición, le dé respuesta y la notifique; en consecuencia, se desecha la demanda de amparo, con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, y 113, en relación con el precepto 8º constitucional. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Autorizados. Ténganse como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas (a) ******** toda vez que se encontraron registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Exhortación a todas las partes a continuar juicio en línea. Con fundamento en el artículo 22 y 28, segundo párrafo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19, dado que el presente juicio fue promovido inicialmente de manera física, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente; ello, con la finalidad de mejorar la comunicación con las partes. Se instruye a los actuarios judiciales adscritos. Por otro lado, conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, a efecto de que una vez que lleven a cabo las notificaciones respectivas integren de inmediato y debidamente el expediente electrónico del presente juicio de amparo. Asimismo, en tanto el presente juicio no se tramite en su totalidad bajo el esquema de juicio en línea, se les instruye a los actuarios para que las notificaciones personales que en su caso sean ordenadas, las realicen con estricta observancia a lo dispuesto por la normatividad aplicable en relación a la protección de la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. En virtud de lo antes citado, por cuestiones de seguridad e higiene, con la intención de salvaguardar tanto la integridad física y salud del personal de este juzgado como de las partes que intervienen en el presente juicio, además de cortar probables cadenas de contagio del virus SARS-CoV2 que ocasiona la enfermedad denominada COVID 19, se solicita de los actuarios adscritos a este juzgado que para la práctica de notificaciones personales, en el acta de notificación respectiva, asienten que leyeron y entregaron copia de los acuerdos relativos, además deberán abstenerse de recabar las firmas relativas, lo que también deberán anotar en el acta, con la finalidad de respetar los protocolos sanitarios de sana distancia, en términos de los artículos 2 y 23 fracción I., del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales Ante la Contingencia por el Virus Covid-19. Notificaciones a autoridades que no se encuentran laborando. Ahora bien, para el caso que las autoridades responsables o tercero interesadas no hayan reanudado labores, se instruye al actuario para que, sin necesidad de nuevo acuerdo, se constituyan nuevamente para llevar a cabo la diligencia ordenada. Notifíquese personalmente a la promovente. Así lo acordó y firma Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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