Sandra Luz Alonso Nieto

Expediente 481/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
481/2016
Año
2016
Actuaciones
14
Última actuación
02/09/2016

Partes del expediente

  • Sandra Luz Alonso Nieto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    II. La certificación de cuenta patentiza que la parte quejosa dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo en vigor, no se inconformó contra el auto de cuatro de agosto de dos mil dieciseis, en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria del presente juicio de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida para los efectos legales procedentes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectivas. (punto vigésimo primero, inciso IV). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

  2. Principal

    II. Visto el escrito de cuenta signado por la quejosa Sandra Luz Alonso Nieto, mediante el cual manifiesta que la autoridad responsable no dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por las consideraciones ahí expuestas. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, se agrega a los autos el escrito de cuenta para los efectos legales procedentes. Ahora, en virtud de que la quejosa ya desahogó la vista otorgada en proveído de primero de los actuales, se hace la aclaración de que no es necesario esperar a que fenezca el plazo concedido en el referido proveído y por ende, procédase a realizar el estudio de las constancias que integran el presente juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector concedido a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, con número de registro 192174, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243 del, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para determinar si en el caso la autoridad responsable dio o no cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: La parte quejosa señaló como actos reclamados: De la Legislatura y del Gobernador del Estado de México, la aprobación y promulgación del Decreto que dio vigencia al artículo 90 quater, fracción 1, inciso C, rango 6 de la Tarifa, previsto en el Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en el ejercicio fiscal del año dos mil trece. Así del Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México, el cobro de las cantidades pagadas por concepto de derechos para inscribir ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México, la compraventa contenida en la escritura que otorgamos para adquirir un inmueble, mismo cobro que se realizó con base en el artículo 90 quater, fracción 1, inciso C, rango 6 de la Tarifa, previsto en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal del año dos mil trece. Mediante sentencia dictada por este Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis (fojas 116 a la 127), se resolvió: "UNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Sandra Luz Alonso Nieto, contra el acto atribuido a las autoridades precisadas en el considerando segundo, para los efectos expuestos en el último considerando de esta sentencia." En esa tesitura, la concesión del Amparo fue para los siguientes efectos: a) En lo sucesivo, no se aplicara a la quejosa el artículo 90 Quater, en su fracción I, rango 6 de la Tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en el dos mil trece. b) Dicha protección constitucional se hizo extensiva al acto de aplicación consistente en el cobro y liquidación del derecho combatido que le fue efectuado a la agraviada, para el sólo efecto de que la autoridad lo dejara sin efecto y se abstuviera de aplicar el numeral declarado inconstitucional, sin perjuicio de que pudiera ejercer sus facultades para efectuar el cobro conforme al numeral que rige para bienes inmuebles. c) En la inteligencia de que el efecto del amparo no tenía el alcance de liberar en su totalidad a la gobernada del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral, pues, ello implicaría un despropósito; ni de que se devolviera lo pagado, sino que la protección constitucional tiende a desincorporar de la esfera de la quejosa la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deba pagar por el servicio, lo que, en todo caso, debería hacer, si así lo determinaba la autoridad, con base en el precepto que resultara aplicable a inmuebles. Así las cosas, la Directora Técnico Jurídica del Instituto de la Función Registral del Estado de México, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante oficio presentado el seis de julio del año en curso en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, remitió copia certificada de la determinación emitida el veintiocho de junio anterior y de la línea de captura número IT6B0293627695882254. Ante tal situación, por auto de siete de julio de dos mil dieciséis (foja 152), se dio vista a la parte quejosa sin que haya realizado manifestación alguna; por lo que después de haber realizado un análisis minucioso de la forma en que la autoridad pretendía dar cumplimiento a la sentencia de amparo, este juzgado consideró que con su actuar no se obtenía el cumplimiento total del fallo protector, por lo que mediante proveído de veintiuno de julio del año en curso, se le requirió para que diera total y correcto cumplimiento a la sentencia. Posteriormente, mediante oficio de veintinueve de julio de la presente anualidad, la Directora Técnico Jurídica del Instituto de la Función Registral del Estado de México, informó que la línea de captura número IT6B0293627695882254, fue emitida con fundamento en el Código Financiero del Estado de México y Municipios Vigente para el ejercicio fiscal 2013, específicamente en la fecha en que liquidó la quejosa el pago de derechos respectivo, que lo fue el dos de octubre de dos mil trece y remitió copia simple de la legislación en comento. Como consecuencia, por auto de primero de agosto de dos mil dieciséis se dio vista a la parte quejosa con las referidas constancias para que manifestara lo que a su derecho e interés legal conviniera respecto de la forma en que la responsable pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ante lo cual manifestó que no daba cumplimiento. Ahora, del examen de la totalidad de las documentales antes descritas, que merecen valor de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que la responsable realizó lo siguiente: - Dejó de aplicar a la quejosa el artículo 90 Quater (referente a bienes muebles), fracción I, rango 6 de la Tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal dos mil trece y dejó sin efectos dicho numeral, así como la liquidación contenida en la línea de captura número IT6B0293627695882254. De la misma manera, estableció que el trámite número 362242, es referente a bienes muebles, por lo que debería constar la autoliquidación del entero de derechos, bajo el artículo 90 Ter, fracción I, inciso c), rango 6 de la Trifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios referido, por la cantidad de $14,548.00 (catorce mil quinientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.). Y, en atención a lo establecido en el párrafo anterior, giró oficio al Titular de la Unidad de Informática de dicho instituto, a efecto de que procediera a emitir una nueva línea de captura, reaplicando el mismo monto que aparece en la diversa IT6B0293627695882254, pero haciendo el cambio del artículo 90 Quater, fracción I, rango 6, de la Tarifa (referente a bienes muebles, por concepto de inscripción de compraventa), al artículo 90 Ter, fracción I, inciso C, rango 6, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, que comprende a la inscripción de actos jurídicos referentes a bienes inmuebles. De lo anterior se advierte que se encuentra debidamente cumplimentada la sentencia dictada en autos del presente juicio, para los efectos del artículo 196 de la Ley de Amparo, en virtud de que la responsable ha realizado el acto que dentro de sus atribuciones le fue requerido para dar cumplimiento al fallo protector. Ello, pues como bien lo estableció la responsable, se realizó dicho cobro en términos del artículo 90 Ter, fracción I, inciso C, rango 6, del Código Financiero del Estado de México y Municipios Vigente para el ejercicio fiscal 2013, dentro de su Capítulo Segundo de los Derechos, Disposiciones Generales, Sección Primera Bis, de los Derechos por Servicios Prestados por la Consejería Jurídica, Subsección Segunda, de los Derechos por Servicios Prestados por el Instituto de la Función Registral del Estado de México; específicamente en la fecha en que liquidó la quejosa el pago de derechos respectivo, que lo fue el dos de octubre de dos mil trece. No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional, el hecho de que en proveído de veintiuno de julio pasado, se haya establecido que la responsable no había dado cumplimiento correcto; sin embargo, de las copias simples remitidas como anexo al oficio presentado el veintinueve de julio en la oficialía de este órgano jurisdiccional, se advierte que el Decreto número 172 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Financiero del Estado de México y Municipios, fue publicada el dos de diciembre de dos mil trece y entró en vigor hasta el primero de enero de dos mil catorce, por lo que no se encontraba vigente al momento de la autoliquidación realizada por el quejoso. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, es de concluirse que la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, ha quedado cumplimentada en sus términos, habida cuenta que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Finalmente, hágase del conocimiento lo anterior al quejoso, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo vigente, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único.- Ha sido cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.

  3. Principal

    II. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio signado por la Directora Técnico Jurídica del Instituto de la Función Registral del Estado de México, a través del cual, en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informa que la línea de captura número IT6B0293627695882254, fue emitida con fundamento al Código Financiero del Estado de México y Municipios Vigente para el ejercicio fiscal 2013, específicamente en la fecha en que liquidó el quejoso el pago de derechos respectivo que lo fue el dos de octubre de dos mil trece y remite copia simple de la legislación en comento. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con el oficio y anexos referidos para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la autoridad responsable pretende dar cumplimiento total al fallo protector, apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Para sustentar lo anterior, se cita la jurisprudencia publicada con el número 247, que se aprecia en la página 203, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."

  4. Principal

    II. La certificación de cuenta evidencia que la quejosa no desahogó la vista otorgada en proveído de siete de julio del año en curso (foja 152); por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de mérito y procédase a realizar el estudio de las del presente juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector concedido a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, con número de registro 192174, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243 del, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para determinar si en el caso la autoridad responsable dio o no cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: La parte quejosa señaló como actos reclamados: De la Legislatura y del Gobernador del Estado de México, la aprobación y promulgación del Decreto que dio vigencia al artículo 90 quater, fracción 1, inciso C, rango 6 de la Tarifa, previsto en el Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en el ejercicio fiscal del año dos mil trece. Así del Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México, el cobro de las cantidades pagadas por concepto de derechos para inscribir ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México, la compraventa contenida en la escritura que otorgamos para adquirir un inmueble, mismo cobro que se realizó con base en el artículo 90 quater, fracción 1, inciso C, rango 6 de la Tarifa, previsto en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal del año dos mil trece. Mediante sentencia dictada por este Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis (fojas 116 a la 127), se resolvió: "UNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Sandra Luz Alonso Nieto, contra el acto atribuido a las autoridades precisadas en el considerando segundo, para los efectos expuestos en el último considerando de esta sentencia." En esa tesitura, la concesión del Amparo fue para los siguientes efectos: a) En lo sucesivo, no se aplicara a la quejosa el artículo 90 Quater, en su fracción I, rango 6 de la Tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en el dos mil trece. b) Dicha protección constitucional se hizo extensiva al acto de aplicación consistente en el cobro y liquidación del derecho combatido que le fue efectuado a la agraviada, para el sólo efecto de que la autoridad lo dejara sin efecto y se abstuviera de aplicar el numeral declarado inconstitucional, sin perjuicio de que pudiera ejercer sus facultades para efectuar el cobro conforme al numeral que rige para bienes inmuebles. c) En la inteligencia de que el efecto del amparo no tenía el alcance de liberar en su totalidad a la gobernada del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral, pues, ello implicaría un despropósito; ni de que se devolviera lo pagado, sino que la protección constitucional tiende a desincorporar de la esfera de la quejosa la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deba pagar por el servicio, lo que, en todo caso, debería hacer, si así lo determinaba la autoridad, con base en el precepto que resultara aplicable a inmuebles. Así las cosas, la Directora Técnico Jurídica del Instituto de la Función Registral del Estado de México, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante oficio presentado el seis de julio del año en curso en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, remitió copia certificada de la determinación emitida el veintiocho de junio anterior y de la línea de captura número IT6B0293627695882254. Ante tal situación, por auto de siete de julio de dos mil dieciséis (foja 152), se dio vista a la parte quejosa sin que haya realizado manifestación alguna; por lo que después de realizar un análisis minucioso de la forma en que la autoridad pretende dar cumplimiento a la sentencia de amparo, este juzgado considera que con el actuar de la autoridad responsable no se obtiene el cumplimiento total del fallo protector. Lo anterior, pues de las constancias remitidas por la responsable se advierte que dejó de aplicar a la quejosa el artículo 90 Quater (referente a bienes muebles), fracción I, rango 6 de la Tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal dos mil trece y dejó sin efectos dicho numeral, así como la liquidación contenida en la línea de captura número IT6B0293627695882254. De la misma manera, estableció que el trámite número 362242, es referente a bienes muebles, por lo que debería constar la autoliquidación del entero de derechos, bajo el artículo 90 Ter, fracción I, inciso c), rango 6 de la Trifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios referido, por la cantidad de $14,548.00 (catorce mil quinientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.). Y, en atención a lo establecido en el párrafo anterior, giró oficio al Titular de la Unidad de Informática de dicho instituto, a efecto de que procediera a emitir una nueva línea de captura, reaplicando el mismo monto que aparece en la diversa IT6B0293627695882254, pero haciendo el cambio del artículo 90 Quater, fracción I, rango 6, de la Tarifa (referente a bienes muebles, por concepto de inscripción de compraventa), al artículo 90 Ter, fracción I, inciso C, rango 6, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, que comprende a la inscripción de actos jurídicos referentes a bienes inmuebles. En esa tesitura, es evidente que la autoridad responsable no dio correcto cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ello, pues el artículo artículo 90 Ter, fracción I, inciso C, rango 6, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, que aplicó en lugar del señalado como acto reclamado en el presente asunto, pertenece a la Sección Décima, relativa a "De Los Derechos Por Servicios Prestados Por La Secretaria Del Medio Ambiente", la cual se divide en: 1. Subsección Primera. De los Derechos por Servicios Prestados por la Dirección de Legalización y del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno"; y 2. Subsección Segunda. De los Derechos por Servicios Prestados por el Instituto de la Función Registral del Estado de México. En ese contexto, es evidente que el artículo aplicado no corresponde a los que rige la prestación de los servicios a su cargo, sino los diversos contenidos en el Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente para el ejercicio fiscal 2013, Sección Décima, Subsección Segunda, relativa a los Derechos por Servicios Prestados por el Instituto de la Función Registral del Estado de México. Circunstancias que hacen evidente e indudable que la autoridad responsable no ejerció sus facultades para efectuar el cobro conforme al numeral que rige la inscripción de bienes inmuebles ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México. En esa tesitura, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente y por última ocasión al Director General del Instituto de la Función Registral en el Estado de México, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cumplimiento al fallo protector, en los términos que le fueron establecidos en el considerando respectivo Con el apercibimiento que de no demostrar que dio cumplimiento a la sentencia de amparo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, así como que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no lo exime de responsabilidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 195 de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), con número de registro 2007918, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, Materia Común, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." De la misma manera, se invoca la diversa jurisprudencia I.9o.A. J/3 (10a.), con número de registro 2005830, sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1380, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Materia Común, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito."

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