Sandra López Trejo
Expediente 1195/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1195/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/08/2018
Partes del expediente
- Sandra López Trejo
- Titular Del Área De Servicios Médicos Del Centro Federal De Readaptación Social Femenil CPS Numero Dieciseis Morelos
Actuaciones
- Principal
III Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, se agrega a los autos el oficio de cuenta a través del cual el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, acusa recibo del oficio 21161 del índice de este juzgado; asimismo, comunica la determinación de catorce de los cursantes, por la que ese órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Sandra López Trejo, Iris Orellana Silva, María Elena Ontiveros Mendoza y Mónica Maribel Parra Mendoza. Atento a lo anterior y al estado procesal del presente cuaderno de antecedentes evidencian que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, por lo que, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo, fracción I, párrafo primero y segundo). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Finalmente, toda vez que por auto de catorce de agosto de este año, se reservó notificar a las quejosas el informe de cumplimiento a la suspensión de plano rendido por la Directora del Centro Federal de Readaptación Social 16 "CPS- Femenil Morelos", hasta en tanto informaran si aceptaban o no la competencia; circunstancia que ya aconteció; por tanto, con apoyo en los numerales 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, gírese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado y con independencia de la fecha de recepción, con copia del informe citado y del auto de catorce de agosto de dos mil dieciocho notifique a Sandra López Trejo, Iris Orellana Silva, María Elena Ontiveros Mendoza y Mónica Maribel Parra Mendoza, en el lugar donde se encuentran recluidas, es decir en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil Número "16" en Morelos. De igual forma, se le faculta para que realice las diligencias encomendadas en días y horas inhábiles de conformidad en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente.
- Principal
III Con fundamento en el artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda con el telegrama enviado por la Directora del Centro Federal de Readaptación Social 16 "CPS-Femenil Morelos" a través del cual rinde informe de cumplimiento a la suspensión de oficio, concedida en auto de nueve de agosto de dos mil dieciocho. De conformidad con el numeral 9 de la ley de la materia se tienen como delegados a las personas que refiere la responsable en su telegrama de cuenta. En consecuencia, resérvese acordar lo conducente respecto a la vista del informe de mérito hasta en tanto el Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, informe si acepta o no la competencia planteada por este órgano jurisdiccional.
- Principal
III Radicación. Por recibida la demanda promovida por Sandra López Trejo, Iris Orellana Silva, María Elena Ontiveros Mendoza y Mónica Maribel Parra Mendoza, contra actos del Titular del Área de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Femenil Número "16" en Morelos; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1195/2018-III. Suspensión de plano y oficio. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que el acto reclamado se hace consistir en la falta de atención médica en la especialidad de Ginecología y Traumatología, por dolores intensos en la matriz y espalda (columna vertebral). Con fundamento en el artículo 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano respecto del acto reclamado para el efecto de que se otorgue a las quejosas la atención médica que necesite, lo anterior, acorde al estado clínico que presenten y de acuerdo con sus expedientes médicos, en términos de las leyes y reglamentos que rigen a los Centros Federales de Readaptación Social. En el entendido de que queda a cargo y bajo la responsabilidad de las autoridades responsables la integridad y salud de las quejosas. A la autoridad responsable se hace de su conocimiento que, de no acatar esta medida suspensional, se hará acreedora a las sanciones establecidas en el artículo 262 de la ley de la materia, que establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de veintiuno a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de veintiuno a nueve años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independiente de cualquier otro delito en que incurra. [.]". Lo anterior comuníquese de inmediato por oficio vía fax a la autoridad señalada como responsable para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar, por lo que se comisiona al actuario judicial adscrito para llevar a cabo dicho envío y derivado de ello asiente la razón correspondiente. Se previene a dicha autoridad responsable para que en el término de veinticuatro horas, informe acerca de la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a esta suspensión de oficio y de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho. La suspensión concedida no surtirá efectos respecto de actos posteriores a su concesión o si el acto reclamado procede de autoridad diversa a la señalada como responsable o si el acto reclamado es materia de otro juicio de amparo en el que se haya concedido la suspensión de los actos que ahora impugna. Incompetencia. Es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese orden, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación literal de dicho precepto se advierte que el Juez de Distrito es competente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo, en los siguientes casos: 1. Es Juez competente para conocer del asunto aquel en cuya jurisdicción tenga ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Es competente el juez de distrito que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en sus jurisdicciones. 3. Es Juez competente aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo, siempre y cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material. Como se aprecia, la competencia por territorio en materia de amparo se fija en atención a la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio, se debe calificar ésta, a fin de determinar si posee ejecución material o si se trata de actos que carezcan de principio de ejecución. Además, el artículo 37 de la Ley de Amparo en cita, al establecer que es competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, se refiere a actos positivos en el lugar donde se deban ejecutar. La intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un distrito y se siga ejecutando en otro, pues, sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, para detener la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, en el cual se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Apoya las consideraciones expuestas, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 2a./J.13/95, registro 200781, en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Ahora, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que Sandra López Trejo, Iris Orellana Silva, María Elena Ontiveros Mendoza y Mónica Maribel Parra Mendoza, reclaman la falta de atención médica en la especialidad de Ginecología y Traumatología, por dolores intensos en la matriz y espalda (columna vertebral), lo que evidencia que dicho acto trata de ejecutarse, y por tanto tiene sus consecuencias jurídicas en diversa localidad a la en que se ejerce jurisdicción este Juzgado. En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que carece de competencia por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, toda vez que el acto reclamado trata de ejecutarse en forma material en la circunscripción territorial en que ejerce jurisdicción el Juez de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, en turno. Con lo cual, se atiende al propósito del legislador fue facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que el afectado disponga de mejores posibilidades de defensa; por lo que estableció las referidas reglas de competencia para que el particular esté en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Además, los actos reclamados tienen efectos positivos materiales, pues las quejosas se encuentran detenidas en un centro carcelario en el Estado de Morelos, por ende, las consecuencias de dichos actos repercuten en esa localidad. Al respecto se invoca la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1755 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXV, del registro 316826, del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NATURALEZA DEL (ACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS). Debe tenerse presente que no es lo mismo el carácter o naturaleza que el sentido del acto reclamado. Por que el acto es de naturaleza o de carácter negativo cuando consiste en una conducta omisiva, esto es, en una abstención, en dejar de hacer lo que la ley ordena; en tanto que es de naturaleza o de carácter positivo cuando consiste en una conducta comisiva, esto es, en una acción, en hacer lo que la ley ordena. por su parte, el sentido de los actos de naturaleza negativa o positiva puede ser igualmente negativo o positivo. La abstención de la autoridad puede redundar en una prohibición, o en no dictar un mandamiento imperativo, y, así, la omisión tendrá sentido positivo o negativo en la afectación del interés jurídico del quejoso, El acto comisivo de la autoridad, asimismo, puede redundar en conceder o negar lo que se pide, lo cual le dará su sentido positivo o negativo; pero basta que el acto sea resolutorio o decisivo para que no pueda calificarse como omisivo, es decir, de naturaleza o de carácter negativo." En las relatadas condiciones, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, declina la competencia para conocer del presente asunto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, y con apoyo además en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límite territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, a favor del Juez de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, en turno, ya que dentro de su jurisdicción se ejecuta el acto reclamado por la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase la demanda al Juez de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde produce sus efectos el acto reclamado. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar inmediatamente a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente vía SISE. Con motivo de lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Domicilio. Toda vez que las quejosas se encuentran recluidas en Centro Federal de Readaptación Social Femenil Número "16" en Morelos, con apoyo en los numerales 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, gírese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado y con independencia de la fecha de recepción, con copia del presente proveído, ordene a quien corresponda notifique la presente notificación a Sandra López Trejo, Iris Orellana Silva, María Elena Ontiveros Mendoza y Mónica Maribel Parra Mendoza, en el lugar donde se encuentran recluidas, es decir en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil Número "16" en Morelos. De igual forma, se le faculta para que realice las diligencias encomendadas en días y horas inhábiles de conformidad en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente.
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