Sandra Leticia Chavarria Salazar
Expediente 241/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 241/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Sandra Leticia Chavarria Salazar
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio 3766 signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta Ciudad; deducido del recurso de queja 48/2021, mediante el cual devuelve los autos del juicio de amparo 241/2021-7 promovido por Sandra Leticia Chavarria Salazar, contra actos que reclaman del Presidente e integrantes de la Junta de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo; asimismo, envía copia certificada de ejecutoria dictada en sesión de siete de mayo del año en curso, la cual en sus resolutivos establece: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por Sandra Leticia Chavarría Salazar, en contra de la resolución de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el juicio biinstancial 241/2021-7, por la Jueza Tercera de Distrito en el Estado de Hidalgo. Notifíquese." Acúsese el recibo correspondiente. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso interpuesto. En tal virtud, queda firme el proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintiunio, por tanto, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 196 y en el diverso 214 de la Ley de Amparo, procede archivar este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 25/03/2020 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que es destruible. Por tanto, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes el oficio 1688 signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, mediante el cual se le tiene acusando recibo del oficio 12714/2021 del índice de este Juzgado Federal e informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la quejosa *** quedando registrado bajo el número 48/2021, circunstancia de lo cual queda enterado este juzgado. Notifíquese.
- Principal
Téngase por recibido el escrito signado por la parte quejosa ***, por el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de dieciséis de marzo del año en curso, además, anexa escrito de agravios. Por tanto, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del auto de referencia, dictado en los autos del juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento al Tribunal Colegiado en Turno del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta Ciudad, que es cierto el acto reclamado. Finalmente, remítanse el escrito y copia de agravios, así como copia certificada de todo lo actuado dentro del presente juicio, para resolver dicho recurso de queja. Notifíquese.
- Principal
Visto el escrito de demanda signado por ***, contra actos del Presidente e integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 241/2021-7, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E- DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, es: El auto de dos de diciembre de dos mil veinte, emitido en el juicio laboral 1792/2020 del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo, por el que se declara incompetente debido a que el artículo 123 Constitucional, apartado B, fracción XII, dispone que los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del arábigo 61 con el diverso 107, fracción VIII, aplicada a contrario sensu, de la propia ley de la materia, cuyos textos son: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el juez de distrito: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y [.]" Al respecto, es conveniente hacer hincapié que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta, porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa en el conjunto de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto contra la resolución definitiva que resuelve un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.29/2015 (10ª) Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 22 septiembre de 2015, Tomo I, página 22, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO." Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó el supuesto de procedencia que nos ocupa en el caso particular, a saber, la fracción VIII, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en el que claramente se aprecia la condición que deben satisfacer los actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto y que se combatan mediante el juicio de amparo indirecto, a saber, que éstos sean definitivos. Dicho criterio jurisprudencial está publicado y puede ser consultado en la página cinco, del Tomo I, Agosto de 2015, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, siendo su rubro y contenido, el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Como se ve, el Máximo Tribunal del País, concluyó que la fracción VIII, del artículo 107 de la Ley de Amparo, no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la citada jurisprudencia, concluyó que de la interpretación del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. Continúa diciendo que de esa manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. En ese sentido, si en el caso en particular, la Junta de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, mediante resolución de dos de diciembre de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral 1792/2020, de su índice, se declaró incompetente para conocer del mismo, ordenando remitir los autos al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo, es inconcuso que la demanda que se analiza, como ya se anunció, deviene improcedente, pues a la fecha de la presentación de la misma, dicha autoridad no ha aceptado la misma. Ello es así, dado que a la luz del criterio jurisprudencial en estudio, no se trata de una resolución definitiva que produzca una afectación personal y directa a la esfera de derechos del ahora promovente del amparo en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como sí la ocasionaría la resolución por medio de la cual, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo, aceptara la competencia que declinó a su favor la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, lo que en el caso se analiza, dado que es hasta ese momento y no antes cuando la afectación se origina y se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, el acto que combate el promovente del amparo en la demanda que se provee, no se trata de una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo. En razón de lo expuesto y con apoyo en el artículo 113, en relación con el diverso 107, fracción VIII, este último, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE DERECHOS por ser notoria e indudable su improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta, y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de Amparo, a los profesionistas que señala en el mismo, al acreditar contar con el registro de cédula correspondiente en el sistema que se lleva para tal efecto en los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos a las demás personas que indica, por así haberlo solicitado expresamente. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese.
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