Sandra Hernandez Barrera

Expediente 1466/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1466/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
26/10/2022

Partes del expediente

  • Sandra Hernandez Barrera

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió la determinación dictada el veintiséis de septiembre del año en curso, dentro del término de cinco días que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, la resolución por la que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ***; para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 25/03/2020 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que es destruible. Por tanto, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el escrito de demanda signado por ******************** contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1466/2022-III, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DETERMINACIÓN JUDICIAL Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta1, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. De un análisis de la demanda de amparo en su integridad, se advierte que el acto que reclama la quejosa es la determinación de dividir el desahogo de una prueba testimonial, así como el desechamiento de un interrogatorio en audiencia de veintinueve de agosto del año en curso en el juicio laboral ********************. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista el artículo 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, en relación con el 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, preceptos que, en lo atinente, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Como puede apreciarse, el arábigo transcrito en primer término, señala que el juicio de derechos es improcedente en los demás casos en que la causa de improcedencia resulte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo; argumento que se robustece con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Por su parte, el segundo numeral prevé que para la procedencia del juicio de amparo es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación. En principio, debe señalarse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en sesión de veintidós de mayo de dos mil catorce, por mayoría de votos, sostuvo que la actual Ley de Amparo ofrece precisión acerca de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación. El criterio relativo dio lugar a la jurisprudencia P./J.37/2014 (10a.), cuyos rubro y texto son: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En efecto, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;", por lo cual, con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, porque mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo cual equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los cuales el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los cuales la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así es, en la Ley de Amparo a partir del tres de abril de dos mil trece, no se recogió el concepto jurisprudencial de afectación en grado predominante o superior como un criterio para la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta y, en consecuencia, la diversa hipótesis normativa prevista en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, constituye un caso de excepción de procedencia del juicio constitucional indirecto. Sobre el tema de la interpretación de la ley conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia 2a./J. 176/2010 y puntualizó que la aplicación de ese principio exige del órgano jurisdiccional optar por aquella de la cual derive un resultado acorde al Texto Supremo, en caso de que la norma secundaria sea oscura y admita dos o más entendimientos posibles, por lo cual el juez constitucional, en el despliegue y ejercicio del control judicial de la ley, debe elegir, de ser posible, aquella interpretación mediante la cual sea factible preservar la constitucionalidad de la norma impugnada, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico. Así, en el terreno de la interpretación constitucional, el despliegue y ejercicio del control judicial de la ley, que obliga a utilizar el referido principio tiene como presupuesto la existencia de una norma secundaria que sea oscura y admita dos o más entendimientos posibles. Empero, la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo señala con precisión algunos de los supuestos en que procede el amparo indirecto, a saber: actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De ahí que, no podría atribuirse como interpretación la inclusión en la expresión "actos de imposible reparación", las violaciones formales, adjetivas o procesales, que afecten a las partes en grado predominante o superior; porque, como ya se indicó, esa interpretación es incompatible con la propia sistemática actual del juicio de amparo, puesto que el legislador precisó la connotación de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" y vedó toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión. Sin que sea obstáculo a lo anterior, lo dispuesto en el párrafo cuarto de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo, en el sentido de que cuando durante el juicio de amparo directo surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva, ya que este precepto no está destinado a determinar la procedencia del amparo indirecto y porque la alusión a "violaciones procesales relevantes" no cambia el contenido que tiene el artículo 107 de la Ley de Amparo. En el particular, los actos que se combaten en esta instancia federal se hacen consistir en la determinación de dividir el desahogo de una prueba testimonial, así como el desechamiento de un interrogatorio en audiencia de veintinueve de agosto del año en curso en el juicio laboral ********************. Lo cual, constituye un acto intraprocesal, ya que se trata de actos verificados dentro de un procedimiento, el cual puede repararse a través del dictado de un fallo que le sea favorable, y que por lo mismo no se ha consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate; tampoco se está en el caso que se afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. En efecto, como lo ha venido sosteniendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la procedencia del amparo indirecto contra actos dentro de juicio, sólo debe presentarse cuando éstos afectan de modo directo e inmediato a la persona, cosas o derechos sustantivos del agraviado, es decir, aquellos actos de naturaleza procesal que puedan generar una ejecución de imposible reparación y, que desde luego ameriten su impugnación mediante la acción constitucional del amparo indirecto, sin estar obligados a reclamar dichos actos como una violación procesal, hasta que se reclame el laudo en amparo directo. Así lo establece la Jurisprudencia 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo 56, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, agosto de 1992, página 11, del tenor literal siguiente, en su respectivo orden: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". En ese sentido, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, el juicio constitucional biinstancial es improcedente en contra de los actos que por esta vía se combaten, porque dichos actos se refieren a cuestiones que se encuentran en trámite en un juicio laboral, esto es, particularmente el desahogo de pruebas dentro del expediente ********************, por lo que, el acto que reclama en esta instancia constitucional, no es un acto que tenga una imposible reparación, en virtud de que dicha determinación no causa un perjuicio que viole sus derechos sustantivos. En efecto, ya que dicha resolución tiene como único efecto que la parte demandada comparezca a juicio a hacer valer sus derechos, por lo que es probable que la sentencia que resuelva el juicio de origen ********************, resulte favorable a los intereses del promovente del amparo; no obstante, si le resultare adversa, podrá interponer el recurso que en derecho resulte procedente o podrá promover juicio de amparo directo. Se afirma lo anterior, toda vez que los actos que se reclaman, no afectan de manera irremediable algún derecho fundamental de la agraviada, sino que tan sólo hacen nacer la posibilidad de que la afectación pueda ocurrir hasta el momento de dictarse el laudo, en la medida en que dichas pruebas influyan o no sean tomadas en cuenta para que el resultado del mismo sea adverso a los intereses de la promovente del amparo. Así pues, tales actos reclamados no pueden ser considerados como actos que dentro del juicio tengan una ejecución de imposible reparación, en virtud de que no producen de manera inmediata afectación a algún derecho fundamental, pues a través de los mismos no se justifica la infracción de derechos sustantivos, sino que únicamente produce efectos formales o intraprocesales, que no causan una violación predominante o de grado superior, pues pueden ser retrotraídos, si al dictarse el laudo en el juicio de origen, el mismo es favorable a los intereses de la quejosa, en cuanto al fondo del asunto, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se hubieren causado con ese fallo, o bien, puede acudir al juicio de amparo directo en que se señale la sentencia definitiva como acto reclamado. Lo anterior es, así toda vez que contra el acto reclamado no procede el juicio de amparo indirecto, al no tratarse de un acto de imposible reparación sino que, al constituir una violación a derechos adjetivos, debe reclamarse en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracción V, de la Ley de Amparo; de ahí que los actos que pretende impugnar a través de su demanda de amparo, en todo caso, transgreden derechos adjetivos, los cuales producen únicamente efectos formales o intraprocesales, que por sus características se refieren a aspectos propios de un proceso, y no una violación directa a la Constitución General de la República. Es aplicable, por las razones que contiene, la jurisprudencia número 48/2016, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1086, Libro 30, mayo de 2016, Tomo II, Materia Constitucional, Común, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que reza: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Por tanto, es necesario que el acto de autoridad que por la vía biinstancial se reclame, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, para ser considerado como de imposible reparación, lo que en el caso no ocurre; por ende, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ********************. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda; asimismo, téngase únicamente como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******************** y para oír y recibir notificaciones, a las demás personas autorizadas, al no acreditar contar con registro de cédula profesional ante el Sistema Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento del promovente que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, previa cita, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudacio´n de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, PARA QUE TRANSITEN AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA, o bien, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por lo que, deberán solicitar a este Juzgado de Distrito, la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, lo cual requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma, u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de Apan, Hidalgo, informando el cumplimiento que dio a la ejecutoria de amparo dictada dentro del juicio de garantías en que se actúa, a cuyo efecto anexa las constancias con las que pretende acreditar dicho extremo; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido dese vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifieste lo que a su interés convenga respecto a lo informado, en el entendido que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria en los términos apuntados en el párrafo segundo del precepto legal en cita, con base en los elementos que obren en el expediente y los demás datos aportados por las responsables. Notifíquese PersonalmenteAsí lo proveyó y firma la Maestra Minerva Herlinda Mendoza Cruz, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, ante la licenciada Alejandra Tatiana Carmona Trejo, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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