Sandra Leonor Rodríguez Arriaga

Expediente 806/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
806/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
29/03/2021

Partes del expediente

  • Sandra Leonor Rodríguez Arriaga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 806/2020-I; promovido por ... R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN Y DATOS DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda, presentado el veintinueve de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan y recibida en esa misma fecha en este Juzgado Federal Sandra Leonor Rodríguez Arriaga y Mariana Gamaliel Hidalgo Mondragón, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla Estado de México por los actos que se describirán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. TRÁMITE. Por auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables sus informes justificados, dio intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado se llevó a cabo dentro del territorio en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. DEFINICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se advierten del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa y, en ese tenor, de la lectura de la demanda constitucional, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que la parte peticionaria de amparo reclama: Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla Estado de México: La omisión de investigar el incidente suscitado la mañana del veintisiete de octubre de dos mil veinte, en el interior del área de mujeres de dicho centro penitenciario. El aislamiento de las quejosas en una celda. TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla Estado de México al rendir su informe con justificación aceptó la existencia del acto reclamado en el sentido de que es su deber cumplir lo estipulado en el precepto 16 de la Ley Nacional de Ejecución Penal que indica que debe asegurar el cumplimiento de las sanciones disciplinarias aplicables a las personas privadas de la libertad que incurran en infracciones, con respeto a sus derechos humanos, por lo que si bien las quejosas estuvieron en aislamiento fue por la conducta que desplegaron al participar en actos de agresión dentro del centro de reclusión. Certeza que se corrobora con las constancias remitidas por y que obran por separado en el tomo de prueba I, las cuales cuentan con pleno valor probatorio, según lo establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, con sustento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos y certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Previo al análisis de las causales de improcedencia resulta necesario realizar una relatoría de los antecedentes del acto combatido conforme a las constancias que fueron remitidas con el informe justificado. 1. el veintisiete de octubre de dos mil veinte, entre otras mujeres, las aquí quejosas Sandra Leonor Rodríguez Arriaga y Mariana Gamaliel Hidalgo Mondragón, estaban agrediéndose entre ellas, por lo que se activó el código naranja, empezando a gritar e incitar a otras reclusas a iniciar desmanes y hacer un motín, por lo que con apoyo de varias custodias se controló el disturbio. 2. Derivado de lo anterior, el veintiocho de octubre de dos mil veinte, el Comité Técnico de Sanción Disciplinaria impuso una sanción a las quejosas de quince días de aislamiento temporal del veintisiete de octubre al diez de noviembre de dos mil veinte, más treinta días de observación del once de noviembre al once de diciembre de dos mil veinte, lo que se les notificó de manera personal a las quejosas en esa misma data, haciéndoseles del conocimiento que contaban con tres días para inconformarse de dicha resolución administrativa con fundamento en el artículo 48 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. QUINTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Con apoyo en lo previsto por el artículo 62 de la Ley de amparo, se analiza la procedencia de este juicio de amparo, por ser una cuestión de estudio oficioso. En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia que deba sobreseerse en este juicio, en términos del numeral 63, fracción V, de mismo ordenamiento, como se expondrá a continuación. De dicho precepto legal, se puede advertir que el juicio de amparo será improcedente cuando se trate de actos emanados de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Lo anterior, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer la parte quejosa, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido; disponiéndose como excepción en cuanto a que no existirá obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Ahora, en el caso concreto se advierte que las quejosas reclaman de la autoridad que señala como responsable el aislamiento temporal en una celda y la omisión de investigar lo sucedido el veintisiete de octubre de dos mil veinte. Bajo ese contexto, las quejosas previo a promover el juicio de amparo, debieron formular controversia contra dichos actos ante el Juez de Proceso o de Ejecución de Sentencia según corresponda. Al respecto, cabe precisar que dentro del régimen de internamiento se encuentra, entre otros: Las medidas de disciplina, acorde al artículo 41 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, son la amonestación en privado o en público; la reubicación temporal a otro dormitorio o dentro de espacios en el mismo Centro; el aislamiento temporal (estrictamente limitada en el tiempo y como último recurso); la restricción temporal del tránsito en el interior del Centro Penitenciario; la prohibición temporal del uso de aparatos electrónicos públicos; la restricción temporal de las horas de visita semanales. Por lo que el acto reclamado consistente en la sanción de aislamiento temporal en celda, y la falta de investigación de lo ocurrido el veintisiete de octubre de dos mil veinte, son condiciones de internamiento, contra los cuales la Ley Nacional de Ejecución Penal contempla recursos ordinarios para impugnar actos como los reclamados. Ahora, los artículos 107, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 130 y 131 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, mismos que se encuentran dentro del Capítulo III, denominado "Procedimiento Administrativo", se advierte que las personas privadas de la libertad, podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en relación con hechos, actos u omisiones (como lo que reclaman las quejosas). Bajo ese contexto, tratándose de peticiones urgentes se podrá acudir de manera directa ante el Juez de proceso para plantearla, quien oficiosamente suspenderá de inmediato el hecho o acto de que se trate, junto con sus efectos, hasta en tanto se resuelva en definitiva la problemática planteada. También se contempla que, si se trata de omisiones, el Juez de Ejecución o de proceso será la autoridad legitimada para conocer de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas como lo estipula la fracción I artículo 116 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para lo cual determinará las acciones a realizar por parte de la autoridad penitenciaria; destacándose que en aquellos casos donde los Jueces de Ejecución o de proceso reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, imponiéndose al director la obligación de resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Y para el supuesto de que la petición fuera resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución o de proceso dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución; mientras que si la petición no hubiera sido resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez que corresponda a demandar esa omisión, hipótesis en la que resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. De igual forma, que las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas por la ley, tendrán acción judicial ante el Juez de Ejecución o de proceso, según corresponda, con el objeto de resolver, entre otras cuestiones, las controversias sobre las condiciones de internamiento, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa. Aunado a ello, en la legislación federal que se viene aludiendo, se prevé la procedencia del recurso de revocación en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en la propia ley, medio de impugnación que tendrá por objeto que el Juez de ejecución o de proceso que emitió la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la que corresponda, la cual a su vez, podrá ser impugnada a través del recurso de apelación, que se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugne y tendrá por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución objetada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. De todo lo anterior se colige que, el trámite hasta aquí señalado constituye la existencia de todo un sistema de impugnación de los actos, hechos u omisiones que se generen durante el tiempo de internamiento; esto porque tal procedimiento que inicia con una petición, constituye un verdadero medio de impugnación; pues cumple con la condición de constituir un instrumento previsto o contemplado dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, cuyo objetivo es modificar, revocar o nulificar el acto, hecho u omisión relacionado con las condiciones de internamiento y de la pena; y por tanto, genera la obligación para el promovente, de agotarlo previamente al juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.6o.P.133 P (10a.) de rubro y contenido siguiente: "SISTEMA DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL PARA SENTENCIADOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD O PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA. DEBE AGOTARSE PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMAN HECHOS, ACTOS U OMISIONES RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. La Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el 17 de junio de 2016, tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, en cuyos artículos 107 a 135, regula un procedimiento de impugnación, mediante "peticiones administrativas" a la autoridad penitenciaria, contra los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento; petición administrativa que deberá resolverse en un plazo de cinco días a partir de su admisión y, en caso de que la respuesta sea contraria a los intereses del promovente, podrá formular "controversia ante el Juez de Ejecución", quien además conocerá, entre otras hipótesis, de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento, el plan de actividades de la persona privada de su libertad, y aquellas relacionadas que impliquen violación a los derechos fundamentales; y la resolución que emita el Juez de Ejecución, en la que dirima las cuestiones debatidas, podrá impugnarse mediante el recurso de revocación o el de apelación, según corresponda. Es así que la ley mencionada prevé un sistema de impugnación idóneo para combatir los actos y omisiones penitenciarios relacionados con las condiciones de internamiento, lo que es acorde con el penúltimo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que al ser interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.), de rubro: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011.", determinó que el tema de ejecución de las penas, al haberse judicializado en la materia penal, conlleva que los eventos acaecidos durante el cumplimiento de las sentencias condenatorias, como lo son: los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la aplicación de penas alternativas, o los traslados de internos, entre otros, deben ser del conocimiento supervisión de las autoridades jurisdiccionales especializadas en esta materia, esto es, de los Jueces de Ejecución de sentencias. En estas condiciones, se concluye que el medio de impugnación previsto en la ley referida, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, en acatamiento al principio de definitividad que rige a este medio de control constitucional pues, de no agotarse, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo." Así, es factible establecer que si en la Ley Nacional de Ejecución Penal, se contempla la posibilidad de que las personas privadas de la libertad o aquellas legitimadas puedan plantear peticiones ante el Juez de Ejecución o de proceso, cuando se trate de hechos, actos u omisiones de carácter urgente, relacionados con el internamiento de las personas privadas de su libertad, los cuales ameriten atención inmediata, caso en el cual la autoridad de ejecución, procederá a suspender oficiosamente y de inmediato el hecho o acto origen de esa petición o bien, en su caso, si se trata de omisiones, determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria. Lo anterior pone de manifiesto que será obligación de la persona sujeta a internamiento agotar dicho procedimiento; porque además, con la interposición de tal medio de impugnación se prevé la suspensión del acto combatido, sin prever mayores requisitos que los que establece la Ley de Amparo para la suspensión de los actos reclamados; al contemplarse que tal medida cautelar opera de oficio y de inmediato; lo que evidencia que en estos supuestos de asuntos de urgencia, tampoco opera dicha excepción al principio de definitividad. En efecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal, contempla expresamente en su artículo 115 que los internos pueden acudir directamente ante el Juez de Ejecución o proceso para plantear su petición y en este caso, dicho Juez, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva o si se trata de omisiones, determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria; es evidente que en este caso NO OPERA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Por tanto, al no haberse hecho valer dicho medio de impugnación en contra de los actos aquí reclamados, es inconcuso que no se satisfizo por el solicitante de amparo el principio de definitividad que regula el juicio de amparo, consistente en que antes de acudir a esta instancia constitucional se deben agotar los recursos o medios de defensa previstos en la ley, mediante los cuales pudo ser modificada, revocada o nulificada. En consecuencia, resulta incontrovertible que las quejosas quienes se encuentran privadas de la libertad en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social en Tlalnepantla, Estado de México, son destinatarias de la aludida legislación nacional de ejecución penal y, consecuentemente, dispone del procedimiento de peticiones en ella previsto para combatir todo acto u omisión que incida en sus condiciones de internamiento. Sirve de apoyo a lo anterior, como referencia al mecanismo y los medios de impugnación previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que tiene a su alcance el quejoso, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 07 de diciembre de 2018, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad. Como puede advertirse, aun tratándose de supuestos como el que nos ocupa, al igual que el juicio de amparo, la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé también un recurso eficaz y sencillo ante el Juez de Ejecución o de proceso, según corresponda, cuando se trate de hechos, actos u omisiones de carácter urgente, y establece que en esos casos también procede la suspensión inmediata del hecho o acto que motive la petición. Por tanto, se reitera, aún en el supuesto que manifiestan las quejosas, previa petición puede acudir ante el Juez de ejecución o de proceso al que se encuentra sujeto, para que éste de oficio suspenda de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva o, si se trata de omisiones, determine las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria; lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por lo anteriormente expuesto, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, en términos de lo señalado por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, del mismo ordenamiento. No pasa desapercibido para este juzgador que el Comité Técnico de Sanción Disciplinaria, fue el que emitió la resolución de sanción; sin embargo, es innecesario llamarlo a la presente contienda constitucional, toda vez que el juicio seguiría siendo improcedente trayendo consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por ... Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión...

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Continúese con la tramitación del presente asunto conforme al Acuerdo General 21/2020, atendiendo a que por Circular SECNO/10/2021 se levantó la suspensión decretada por su similar CAP/2/2020 relativa a la "Propuesta de medidas en relación con los contagios de la enfermedad Covid-19 en los órganos jurisdiccionales del Segundo Circuito", misma que fue extendida por las diversas SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/ 6/2021 y SECNO/8/2021, SECNO/9/2021. Por tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos y en su lugar se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Se hace del conocimiento de las partes su derecho a comparecer a dicha audiencia por medio de videoconferencia, caso en el cual, deberán manifestar su voluntad de hacerlo a más tardar tres días hábiles previos a la fecha antes señalada.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de diciembre de dos mil veinte. Agréguese la promoción recibida vía electrónica procedente del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con sede en esta ciudad, a la cual adjunta el informe justificado rendido por la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla de Baz, Estado de México; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes por un término continúo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de ésta, las documentales que adjunta a su informe, sin perjuicio de hacer relación de estas al celebrar la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que el Director de Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, ha sido omiso en rendir su informe justificado a pesar de estar debidamente notificado del requerimiento respectivo; en consecuencia, requiérase a la autoridad en cita, para que en el término de tres días contados a partir del siguiente al en que reciba la notificación del presente proveído, remita copias debidamente certificadas legibles y completas, de las constancias que le sirvieron de base para dictar el acto que en esta vía se le reclama. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, dentro del término otorgado, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y actualización de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las once horas con diez minutos del veintidós de diciembre de dos mil veinte.

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