Sandra Ivonne Ramírez Navarro
Expediente 1446/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1446/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Sandra Ivonne Ramírez Navarro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio del Titular de la Delegación Estado de México del Instituto Federal de Defensoría Pública, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado el diecisiete de noviembre del año en curso, comunica que designó a ********************, como representante especial de los menores quejosos de iniciales reservadas ********************y********************de lo cual se toma conocimiento. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la comparecencia de la quejosa Sandra Ivonne Ramírez..., por la que en atención al requerimiento formulado en auto de quince de los actuales, ratifica el contenido y firma de su escrito con número de registro 16734, por el que desahoga la prevención formulada en proveído de nueve de noviembre de dos mil veintitrés y, por tanto, al efecto se acuerda: DESAHOGO DE PREVENCIÓN Glósese el ocurso signado por Sandra Ivonne Ramírez..., por derecho propio, y en representación de los menores de iniciales de identidad reservada M.M.E.R. y C.X.E.R., mediante el cual en atención al requerimiento de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, desahoga la prevención formulada y exhibe seis copias simples de su escrito de desahogo. ADMISIÓN Y ANOTACIONES Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo promovida Sandra Ivonne Ramírez Navarro, por derecho propio, y en representación de los menores de iniciales de identidad reservada M.M.E.R. y C.X.E.R., personalidad que se le reconoce con la copia certificada de las actas de nacimiento que adjuntó. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Tramítese por cuerda separada y en un sólo cuaderno físico el incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Dése intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para lo cual en la actuaría se deja copia simple de la demanda, escrito aclaratorio, así como sus anexos. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de enero de dos mil veinticuatro. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes su derecho a comparecer a la audiencia constitucional a través de videoconferencia, para lo cual es necesario que manifiesten su voluntad de manera previa, por lo menos con tres días de anticipación, a la fecha señalada para tal efecto. REQUERIMIENTO A AUTORIDAD Con apoyo en los artículos 61, 64, 115 y 117 de la ley de la materia, se requiere a la autoridad responsable lo siguiente: 1) Rinda su informe justificado dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio por el que se le solicita, debiendo acompañar copia certificada, legible, completa y ordenada en forma cronológica de las constancias necesarias para apoyarlo. 2) Exprese si se ha promovido algún juicio de amparo contra el mismo acto reclamado que es materia de este asunto o contra cualquier otro que haya derivado del mismo expediente o procedimiento, para lo cual, en caso de ser afirmativa su respuesta, deberá proporcionar el número de expediente, el estado procesal que guarda y el órgano jurisdiccional ante quien se instauró; lo anterior, de conformidad con el precepto 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. 3) En caso de que tenga conocimiento de alguna causa de sobreseimiento deberá informarlo de inmediato y de ser posible acompañar las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento que de ser omisa, se le impondrá una multa de cien y treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 260, fracción II y 251, del ordenamiento invocado. NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, en términos de los artículos 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se le notificará por lista, ya que la facultad de ordenar que se hagan personalmente no comprende a la autoridad responsable. En apoyo se invoca la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." TERCERO INTERESADO Se reserva a proveer respecto a quien le asiste tal carácter, así como lo relativo a su emplazamiento, hasta en tanto se cuente con el informe justificado de la autoridad responsable. PRUEBAS De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa, las consistentes en: -Copia de la continuación de la audiencia principal de doce de octubre de do mil veintitrés, celebrada en el expediente 768/2016 del índice del Juzgado Sexto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás de Romero, Estado de México. - Copia certificada de las actas de nacimiento de los menores de iniciales de identidad reservada M.M.E.R. y C.X.E.R. NOMBRAMIENTO DE ASESOR Por otra parte, toda vez que los quejosos de identidad reservada de iniciales M.M.E.R. y C.X.E.R., son menores de edad e intervienen en un procedimiento en el que están inmersos sus intereses; a fin de no dejarlos en estado de indefensión; con fundamento en los artículos 8° de la Ley de Amparo, 4°, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, requiérase al Titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Delegación Estado de México, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas en ejercicio de sus atribuciones, designe un asesor jurídico para que los represente, quien deberá comparecer a aceptar y protestar el cargo encomendado (pudiendo hacerlo incluso por escrito o por medios electrónicos) HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese, por lista a la parte quejosa, personalmente a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita y por oficio a la autoridad responsable.
- Incidental
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. APERTURA DEL INCIDENTE Visto lo de cuenta, como está ordenado en el cuaderno principal, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1446/2023-VII, promovido por Sandra Ivonne Ramírez..., por derecho propio, y en representación de los menores de iniciales de identidad reservada M.M.E.R. y C.X.E.R. INFORME PREVIO Requiérase a la autoridad responsable su informe previo, que deberá rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que quede debidamente notificada del presente proveído. Informe en el que se concretará a expresar si es o no cierto el acto que se le atribuye; asimismo, podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión del acto reclamado, para lo cual se le remite copia simple de la demanda, escrito aclaratorio y anexos. En la inteligencia que, para dar celeridad a la integración de este asunto la información puede ser enviada al correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx; confirmando en el número telefónico 55 53 87 05 00, extensión 1231. AUDIENCIA INCIDENTAL Se fijan las once horas del seis de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental. Sin que con el señalamiento de la fecha de la audiencia incidental se incumpla con la temporalidad prevista en el numeral 138, fracción III, de la Ley de Amparo, dado que se trata de autoridades que radican fuera de la ciudad en la que tiene su residencia oficial este Juzgado de Distrito; por tanto, se da la oportunidad de que sea notificada del presente proveído y desahogue el requerimiento ahí contenido. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 137/2017 (10a.), registro 2015318, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo II, Materia(s): Común, página 879, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU DIFERIMIENTO TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES LOCALES O FORÁNEAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 78/2001 (*), sostuvo que la audiencia incidental se rige por los principios de indivisibilidad, continuidad y celeridad procesal; sin embargo, los artículos 141 de la Ley de Amparo vigente y 133 de la abrogada prevén una excepción, a partir de la cual puede diferirse la audiencia incidental en los casos en que, por causas no imputables a la autoridad responsable que reside fuera de la jurisdicción del órgano de amparo, no estuvo en posibilidad de rendir su informe previo. Así, de la interpretación sistemática de esos numerales, en relación, respectivamente, con los diversos 138 a 140, 142, 143 y 155 de la Ley de Amparo vigente, así como 130, 132 y 139 a 142 de la abrogada, se obtiene que es posible diferir la audiencia incidental respecto de las autoridades locales o foráneas, cuando por causas no imputables a ellas no pudieron rendir oportunamente su informe previo." ACTO RECLAMADO El acto reclamado por la quejosa consiste en: La resolución de doce de octubre de dos mil veintitrés, dictada con motivo del recurso de revocación interpuesto de forma oral, mediante continuación de audiencia principal, en el expediente 786/2016, que confirma la modificación de la medida provisional de guarda y custodia de una de las menores de iniciales de identidad reservada M.M.E.R., en favor de su progenitor Humberto Estrada Olivas. SUSPENSIÓN PROVISIONAL En la especie, se niega la suspensión provisional solicitada, toda vez que al citado acto es de los de carácter de declarativos, respecto de los cuales es improcedente conceder la medida cautelar pues equivaldría a darle efectos restitutorios propios de la sentencia que se dicte en el fondo del asunto. Ahora, para la procedencia de la suspensión del acto reclamado, entre otros requisitos, se debe analizar la naturaleza del acto combatido y si en el caso se presenta apariencia del buen derecho en la petición del incidentista, para dilucidar si es susceptible o no de ser suspendido. En ese sentido, al reclamarse dicha resolución de doce de octubre de dos mil veintitrés, no resulta procedente conceder la suspensión provisional, pues en el caso, no puede obligarse a la autoridad a que haga o reconozca aquello que le fue pedido, porque de concederse, la medida cautelar daría efectos constitutivos de derechos que son propios de análisis del fondo del asunto, es decir, cuando se resuelva el juicio de amparo en lo principal. En ese tenor, como se apuntó, con fundamento en los artículos 128 y 131 segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional que solicita la parte quejosa. Sin que en el caso, se advierta apariencia de un buen derecho a favor de la parte quejosa, pues de un análisis de la demanda de amparo y documentales que exhibe, no es posible anticipar la inconstitucionalidad del acto reclamado que haga suponer la concesión del amparo. No se desatiende que la medida cautelar pueda llegar a ordenar la anulación de una conducta de autoridad, positiva o negativa, mientras se resuelve la controversia constitucional, pero de hacerlo en el caso, como se dijo sus efectos llegarían a coincidir con los propios de la sentencia, por lo cual se insiste no es procedente la suspensión solicitada. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), registro 2021263, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, difundida en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." Lo anterior, pues deben tomarse en consideración los requisitos contenidos en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, para la concesión de la suspensión: 1) Solicitarlo el agraviado; 2) No se siga perjuicio al interés social; 3) No se contravengan disposiciones de orden público; y, 4) Se pondere la apariencia del buen derecho. El primer requisito está acreditado, ya que de las constancias se advierte que el incidente fue abierto a petición de parte; además de demostrar en forma indiciaria el interés jurídico en la suspensión, pues adjunta a su escrito de demanda copia certificada de las actas de nacimiento que acredita a las impúberes como personas menor de edad e hijas de la promovente del amparo; constancias, a las que se les concede valor probatorio, conforme a los artículos 93, fracción III, 133, 197, 203 y 204 del digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la tesis XXI.2°.11K, con registro 222334, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero- 1988, foja 714, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA OBTENERLA ES NECESARIO ACREDITAR EN FORMA INDICIARIA EL DERECHO CUYA TITULARIDAD SE INVOCA." En cuanto al segundo y tercer requisito, en el presente caso, no se cumple el segundo requisito que para su concesión exige la fracción II, del citado numeral, que establece: "ARTÍCULO 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En relación con esto último, conviene tener presente el contenido del diverso artículo 129 de dicha legislación, que dispone: "ARTÍCULO 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." De los numerales transcritos se advierte que la intención del legislador Federal es que a través de la suspensión no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, destacándose que la disposición en comento hace referencia al principio según el cual el interés colectivo está por encima del particular. Aunado a que, en torno al tema, conviene señalar que la Ley de Amparo, y en particular, el transcrito artículo 129 no define los conceptos de orden público e interés social, sino que únicamente contiene en forma enunciativa, más no limitativa un catálogo de supuestos, en los cuales indefectiblemente se considera que se contravienen tales conceptos, como se aprecia de aquel texto normativo al incluir el legislador la frase "se considera, entre otros casos". Al respecto, el orden público y el interés social han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera ejemplificativa y, en ese matiz ha sostenido que se afectan esas instituciones cuando, con la suspensión, se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. En ese tenor, corresponde al juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto, atendiendo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración, y desde luego al contenido de los actos que se reclaman; ello teniendo presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución. En lo atinente al presente caso, se destaca que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el interés superior del menor debe entenderse bajo tres dimensiones: i) como derecho sustantivo, en cuanto a que el interés referido sea consideración primordial y se tenga en cuenta al sopesar distintos intereses respecto a una cuestión debatida; ii) como principio jurídico interpretativo fundamental, en el sentido de que si una norma jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de forma más efectiva sus derechos y libertades, a la luz del interés superior del menor; y, iii) como norma de procedimiento, conforme a la cual, siempre que se tome una decisión que afecte los intereses de uno o más menores de edad, deberá incluirse en el proceso de decisión, una estimación de las posibles repercusiones en ellos. En consecuencia, se estima que en la especie, con la resolución que tomó el juez de origen, no se desprende que existan indicios de los que se advierta que se encuentre en riesgo la integridad de los impúberes, y que atendiendo a ello, amerite el otorgamiento restitutorio a través de la suspensión del acto reclamado; pues por el contrario, en atención al interés superior del menor, se debe procurar la estabilidad que genera el hecho de encontrarse definida judicialmente su situación. Es patente que, de las manifestaciones que vierte la promovente en la demanda, así como de los datos con los que se cuenta y narró en el escrito inicial en, no obran indicios que revelen, la existencia de algún riesgo real para la integridad de los menores, pues de haberlo, procedería suspender a través de la medida cautelar, la ejecución del acto hasta que se resuelva el amparo. Máxime que se presupone que el juez responsable tuvo mayores elementos que los que se tienen hasta este momento para modificar así, lo peticionado; lo anterior, pues conforme a lo que narra bajo protesta de decir verdad en el escrito de demanda, se desprende que inicialmente le fue decretada en su favor la guarda y custodia de la menor de iniciales reservadas M.M.E.R.; que durante el año que estuvo recluida con motivo de la indagatoria de abuso sexual, las menores permanecieron bajo el cuidado de su progenitor y, que una vez que obtuvo su libertad, las impúberes se escaparon del domicilio del progenitor para irse con la mamá; asimismo, que después de la convivencia que tuvo el progenitor con la menor de iniciales reservadas M.M.E.R. el diez de septiembre de este año, no la reintegró con la mamá -aquí quejosa- y, que ante el requerimiento de la juez de origen mediante proveído de veintiséis de septiembre posterior, el padre exhibió copia simple de la diversa indagatoria por el delito de violencia familiar en agravio de él y de dicha impúber, iniciada contra Sandra Ivonne Ramírez Navarro; sin embargo, a esta data se aprecia que quien detenta la guarda y custodia de las infantes es el progenitor. No se soslaya que en dicho escrito aduce que cuando el progenitor Humberto Estrada Olivas, acudía al domicilio donde vivía con las impúberes recibía golpes, dado que el domicilio en que actualmente habita es propiedad de él y, que en el domicilio donde el progenitor tiene a las menores no las cuida él sino su pareja; sin embargo tales manifestaciones no revelan de manera fehaciente un riesgo real para la integridad de las infantes que hagan estimar a este juzgador adoptar diverso sentido con respecto a la guarda y custodia de los menores a favor de su progenitor. Orienta a lo anterior en sentido contrario, la jurisprudencia PC.I.C. J/9 C (10a.), registro 2008042, sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo II, página 1816, Décima Época, Materias(s): Común, Civil "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE NEGARLA CONTRA LA ORDEN DIRIGIDA AL PROGENITOR QUE RETUVO AL MENOR DE EDAD, PARA QUE LO RESTITUYA AL QUE LEGALMENTE TIENE LA GUARDA Y CUSTODIA, SALVO QUE EXISTAN INDICIOS DE QUE ESTÉ EN RIESGO LA INTEGRIDAD DEL MENOR. Si se solicita la suspensión contra la orden derivada de la vía de apremio para el cumplimiento de un convenio aprobado previamente por la autoridad judicial y elevado a la categoría de cosa juzgada, por el que se otorgó a uno de los progenitores la guarda y custodia de un menor de edad, y dicha orden consiste en que el que no la tiene y retuvo al menor, lo restituya al primero, aquélla debe negarse al ponderar el carácter de sentencia ejecutoria que le reviste al convenio judicial, cuyo cumplimiento es de interés social, y en atención al interés superior del menor, al procurarle la estabilidad que genera el hecho de encontrarse definida judicialmente su situación, salvo que del análisis realizado por el juzgador de amparo, en forma valorada-concreta, al acto reclamado, incluyendo las manifestaciones formuladas por las partes y los elementos de convicción aportados por éstas al incidente de suspensión, o bien, aquellos que el juzgador recabe de oficio si lo estima necesario, revelen al menos de manera indiciaria, la existencia de algún riesgo real para la integridad del menor en caso de ejecutarse el acto reclamado, pues de haberlo, procede suspender la ejecución del acto hasta que se resuelva el amparo." De igual forma, en sentido contrario, la tesis aislada I.4o.C.238 C, registro 165510, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Enero de 2010, Tomo XXXI, página 2149, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "MENORES DE EDAD. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS RELACIONES DE CONVIVENCIA. LA AFECTACIÓN A SU INTERÉS SÓLO SE JUSTIFICA EN ARAS DE TUTELAR SU INTEGRIDAD Y CORRECTA FORMACIÓN. Las disposiciones y acciones dirigidas a tutelar un valor sustantivo, se deben formular, interpretar y llevarse a cabo de tal manera, que tengan como resultado la satisfacción de la finalidad perseguida y no efectos opuestos a ella. Al aplicar esa consideración con base en la protección de los intereses de los menores de edad, considerados uniformemente como valores superiores dentro del sistema jurídico y de la organización social, conduce a determinar que ese interés no debe verse limitado en modo alguno sino cuando la limitación resulte la única medida posible para asegurar la integridad física y psicológica de los sujetos protegidos o evitar la distorsión de su formación integral. La convivencia entre padres e hijos se considera un elemento de gran importancia para la formación integral de los niños en su proyección hacia la edad adulta y sus posibles compromisos familiares y sociales, motivo por el cual, las medidas que se asuman al respecto deben buscar invariablemente su prevalencia, de modo que sólo podrá ser objeto de suspensión temporal, en los casos en que las condiciones prevalecientes pongan de manifiesto que a través de la convivencia se pone en riesgo insuperable la vida, la integridad personal o psicológica, o la formación de los menores, y no se vea posibilidad alguna de evitar esos peligros sin suprimir la convivencia. Esto es, la suspensión de esas relaciones únicamente debe imponerse en los casos de extrema gravedad, en que la autoridad judicial, como garante de los derechos de los menores, considere que existe una afectación al interés superior, precisando la situación de hecho y el grado de afectación que produce, con la finalidad de que el familiar que se vea afectado por la decisión judicial, conozca las causas que justificaron el menoscabo a su derecho de convivencia." Máxime que como se dijo, en el caso en particular no se advierte apariencia del buen derecho que por excepción dé lugar a resolver en sentido contrario; por lo que no es posible anticipar la inconstitucionalidad del acto reclamado que haga suponer la concesión del amparo. Por tanto, como se adelantó, se niega la medida cautelar que solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 128, 131 y 132 de la Ley de Amparo. Notifíquese. .
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado presuntivamente por Sandra Ivonne..., por derecho propio, y quien se ostenta como representante de las menores de iniciales de identidad reservada M.M.E.R. y C.X.E.R., y, advirtiendo la falta de identidad entre la firma que aparece en dicho escrito y la plasmada en la demanda de amparo, se requiere a la ocursante para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído comparezca ante este juzgado con identificación oficial vigente a ratificar tanto la firma, como el contenido del ocurso de cuenta; apercibiéndole, que en caso de no hacerlo, se tendrá por no presentado con las consecuencias legales que ello implica. Lo anterior, sin perjuicio que, si al ratificar la firma del escrito de mérito, se advierta una diferencia notoria entre ésta y la plasmada en la demanda de amparo, este órgano podrá ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de corroborar su autenticidad y con ello, la procedencia del juicio de amparo. Determinación que guarda sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/2017 (10a.), de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal en el País, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes 09 de junio de 2017 10:15 h, de rubro siguiente: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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