sandra elizabeth gutierrez zepeda
Expediente 889/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 889/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/11/2022
Partes del expediente
- sandra elizabeth gutierrez zepeda y Otros.
- sandra elizabeth gutierrez zepeda
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a diez de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja en contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que instituye las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis de agosto siguiente, se provee: Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Notifíquese.
- Principal
(Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:" Ciudad de México, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ************, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Agencia Desconcentrada de Investigación en la Coordinación Territorial Venustiano Carranza CV1, adscrito a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 889/2022-I. Genérese el expediente electrónico e impreso. a) Omisión de ordenar la liberación del vehículo ************. b) El oficio, instrucción u orden emitida con la finalidad de que los automóviles asegurados no sean devueltos, hasta en tanto dicha autoridad emita la autorización correspondiente. Cabe precisar que la quejosa, bajo protesta de decir verdad manifestó tener la calidad de víctima del delito que se investiga en la indagatoria de marras. Improcedencia respecto del acto a) De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar los mismos a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio, tal precepto establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". En ese sentido, este juzgador considera que en el caso, con relación con el acto a), se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.).". El análisis del precepto legal transcrito, pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso, antes de la presentación de este medio extraordinario de defensa, no agotó el recurso ordinario establecido en la ley que rige el acto reclamado, mediante el cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. Es decir, el juicio de amparo, por regla general, es procedente en contra de actos definitivos que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario alguno, respetándose de esta forma el principio de definitividad rector del juicio de amparo, esto es, la improcedencia en cita se manifiesta al no haber interpuesto el medio ordinario de defensa contemplado en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra la omisión que se reprocha al Ministerio Público para devolver el vehículo que refiere. El Código Nacional de Procedimientos Penales, reconoce dos recursos como medios de impugnación para subsanar las omisiones, excesos, defectos y en general, cualquier error que se estime cometido durante el procedimiento que regula, a saber, la revocación (recurso horizontal) y la apelación (recurso vertical), y establece algunos supuestos de procedencia así como la forma de sustanciación y resolución de los mismos. De lo anterior, se advierte que la víctima u ofendido podrán -en su caso- impugnar diversas determinaciones y omisiones en la fase de investigación, ante el juez de control facultado para tal efecto, dentro del sistema acusatorio que rige en el territorio nacional, en razón de que fue intención del Constituyente Permanente que dentro del nuevo esquema procesal el órgano jurisdiccional de que se trata tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad y, en su momento, una vez agotado el medio ordinario de impugnación, contra la resolución que se emita, proceda el juicio de amparo. Luego, la inactividad del agente investigador para cumplir con sus atribuciones en favor de los intereses de la víctima u ofendido, constituye una omisión que vulnera los derechos reconocidos en su favor para acceder a la justicia que busca, omisión que debe considerarse impugnable a través de un medio ordinario, porque así lo establece el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, así como el diverso 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este orden de ideas, al interpretar sistemáticamente las citadas normas -de jerarquía constitucional y legal-, y con la finalidad de armonizar el sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, de la víctima u ofendido, se concluye que la "omisión" o "negligencia" del agente del Ministerio Público de cumplir con sus labores, es impugnable en términos de lo previsto en el referido artículo 258 de tal codificación. Por tanto, si en la especie la parte quejosa reclama en esencia la omisión apuntada, resulta inconcuso que sí cuenta con un medio de impugnación que debe agotar, previo a la promoción del juicio de amparo. En consecuencia, se desecha de plano la presente demanda, por notoriamente improcedente, con relación al acto en trato. Sobre el tema es importante acudir a la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad.". Improcedencia respecto del acto b) Por lo que refiere al acto b), se considera actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 103, fracción I, de la Carta Magna, y el diverso 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, dicho acto no cumple con los requisitos para ser considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se advierte que es posible sostener la improcedencia por alguna causal diversa a las previstas en las primeras XXII fracciones de dicho precepto; es decir, cuando ésta resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia ley de la materia; caso en cual, deberán expresarse los fundamentos y motivos conforme a los cuales se sostiene la improcedencia del amparo en los términos precisados. Ahora bien, el juicio de amparo constituye un medio de control constitucional que se inicia mediante la acción de una persona por sí o en representación de otra, contra leyes, actos u omisiones de autoridad, ante la posible transgresión de sus derechos fundamentales. De tal forma que, los actos de autoridad crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado. Ahora bien, como se señaló, el acto que atribuye al Fiscal de Investigación Territorial en Venustiano Carranza, consiste en un oficio, instrucción u orden emitida con la finalidad de que los automóviles asegurados no sean devueltos, hasta en tanto dicha autoridad emita la autorización correspondiente. En ese tenor, se estima que el actuar que atribuye al Fiscal responsable no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que solamente se trata de una comunicación entre autoridades, la cual no crea, extingue o modifica alguna situación jurídica en relación con el vehículo de la justiciable, dado que la situación que guarda su automotor con relación a la indagatoria, atañe únicamente al Agente del Ministerio Público Investigador que conoce de la carpeta de investigación, por lo que se infiere que su intención es la de hacer extensivo un acto al Fiscal responsable en virtud de su cargo, que deriva de aquello que puede ser sometido al medio de impugnación previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin que de la narrativa de la demanda no se desprenda mayor argumento en relación con dicho acto, que permita considerar una postura diversa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados a las personas que mencionan en su escrito inicial de demanda que cuenten con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultados para ejercer dicha profesión. Asimismo, se tienen por autorizados exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que se señalan en la demanda de amparo. (Artículo 24, párrafo segundo, de la ley de la materia). Uso de medios electrónicos y obtención de copias Se autoriza el uso de medios electrónicos, obtención de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Tramitación de juicio en línea Asimismo, se invita a las partes para que de conformidad con el artículo 28 del referido "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTIGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; de ser posible, transiten y continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, soliciten expresamente el acceso al expediente electrónico y notificaciones por esa vía. Teléfono y correo electrónico Finalmente, proporciona a este juzgado un teléfono y correo electrónico con el único efecto de establecer comunicación, en su caso. Notifíquese personalmente. ".
- Principal
Ciudad de México, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ************, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Agencia Desconcentrada de Investigación en la Coordinación Territorial Venustiano Carranza CV1, adscrito a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 889/2022-I. Genérese el expediente electrónico e impreso. a) Omisión de ordenar la liberación del vehículo ************. b) El oficio, instrucción u orden emitida con la finalidad de que los automóviles asegurados no sean devueltos, hasta en tanto dicha autoridad emita la autorización correspondiente. Cabe precisar que la quejosa, bajo protesta de decir verdad manifestó tener la calidad de víctima del delito que se investiga en la indagatoria de marras. Improcedencia respecto del acto a) De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar los mismos a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio, tal precepto establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". En ese sentido, este juzgador considera que en el caso, con relación con el acto a), se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.).". El análisis del precepto legal transcrito, pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso, antes de la presentación de este medio extraordinario de defensa, no agotó el recurso ordinario establecido en la ley que rige el acto reclamado, mediante el cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. Es decir, el juicio de amparo, por regla general, es procedente en contra de actos definitivos que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario alguno, respetándose de esta forma el principio de definitividad rector del juicio de amparo, esto es, la improcedencia en cita se manifiesta al no haber interpuesto el medio ordinario de defensa contemplado en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra la omisión que se reprocha al Ministerio Público para devolver el vehículo que refiere. El Código Nacional de Procedimientos Penales, reconoce dos recursos como medios de impugnación para subsanar las omisiones, excesos, defectos y en general, cualquier error que se estime cometido durante el procedimiento que regula, a saber, la revocación (recurso horizontal) y la apelación (recurso vertical), y establece algunos supuestos de procedencia así como la forma de sustanciación y resolución de los mismos. De lo anterior, se advierte que la víctima u ofendido podrán -en su caso- impugnar diversas determinaciones y omisiones en la fase de investigación, ante el juez de control facultado para tal efecto, dentro del sistema acusatorio que rige en el territorio nacional, en razón de que fue intención del Constituyente Permanente que dentro del nuevo esquema procesal el órgano jurisdiccional de que se trata tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad y, en su momento, una vez agotado el medio ordinario de impugnación, contra la resolución que se emita, proceda el juicio de amparo. Luego, la inactividad del agente investigador para cumplir con sus atribuciones en favor de los intereses de la víctima u ofendido, constituye una omisión que vulnera los derechos reconocidos en su favor para acceder a la justicia que busca, omisión que debe considerarse impugnable a través de un medio ordinario, porque así lo establece el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, así como el diverso 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este orden de ideas, al interpretar sistemáticamente las citadas normas -de jerarquía constitucional y legal-, y con la finalidad de armonizar el sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, de la víctima u ofendido, se concluye que la "omisión" o "negligencia" del agente del Ministerio Público de cumplir con sus labores, es impugnable en términos de lo previsto en el referido artículo 258 de tal codificación. Por tanto, si en la especie la parte quejosa reclama en esencia la omisión apuntada, resulta inconcuso que sí cuenta con un medio de impugnación que debe agotar, previo a la promoción del juicio de amparo. En consecuencia, se desecha de plano la presente demanda, por notoriamente improcedente, con relación al acto en trato. Sobre el tema es importante acudir a la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad.". Improcedencia respecto del acto b) Por lo que refiere al acto b), se considera actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 103, fracción I, de la Carta Magna, y el diverso 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, dicho acto no cumple con los requisitos para ser considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se advierte que es posible sostener la improcedencia por alguna causal diversa a las previstas en las primeras XXII fracciones de dicho precepto; es decir, cuando ésta resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia ley de la materia; caso en cual, deberán expresarse los fundamentos y motivos conforme a los cuales se sostiene la improcedencia del amparo en los términos precisados. Ahora bien, el juicio de amparo constituye un medio de control constitucional que se inicia mediante la acción de una persona por sí o en representación de otra, contra leyes, actos u omisiones de autoridad, ante la posible transgresión de sus derechos fundamentales. De tal forma que, los actos de autoridad crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado. Ahora bien, como se señaló, el acto que atribuye al Fiscal de Investigación Territorial en Venustiano Carranza, consiste en un oficio, instrucción u orden emitida con la finalidad de que los automóviles asegurados no sean devueltos, hasta en tanto dicha autoridad emita la autorización correspondiente. En ese tenor, se estima que el actuar que atribuye al Fiscal responsable no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que solamente se trata de una comunicación entre autoridades, la cual no crea, extingue o modifica alguna situación jurídica en relación con el vehículo de la justiciable, dado que la situación que guarda su automotor con relación a la indagatoria, atañe únicamente al Agente del Ministerio Público Investigador que conoce de la carpeta de investigación, por lo que se infiere que su intención es la de hacer extensivo un acto al Fiscal responsable en virtud de su cargo, que deriva de aquello que puede ser sometido al medio de impugnación previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin que de la narrativa de la demanda no se desprenda mayor argumento en relación con dicho acto, que permita considerar una postura diversa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados a las personas que mencionan en su escrito inicial de demanda que cuenten con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultados para ejercer dicha profesión. Asimismo, se tienen por autorizados exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que se señalan en la demanda de amparo. (Artículo 24, párrafo segundo, de la ley de la materia). Uso de medios electrónicos y obtención de copias Se autoriza el uso de medios electrónicos, obtención de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Tramitación de juicio en línea Asimismo, se invita a las partes para que de conformidad con el artículo 28 del referido "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTIGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; de ser posible, transiten y continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, soliciten expresamente el acceso al expediente electrónico y notificaciones por esa vía. 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