Sandra Elizabeth Cervantes Ledesma
Expediente 826/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 826/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/11/2023
Partes del expediente
- Sandra Elizabeth Cervantes Ledesma
- Ministerio Público María Eloisa Díaz Jimenez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja en contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ LA DEMANDA. Ahora, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de ser DESTRUIDO, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción. Asimismo, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que no obra algún medio de defensa legal por resolverse ni diligencias pendientes de practicar; por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se provee: Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Ahora bien, se advierte que se CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA; por lo que el ORIGINAL del incidente de suspensión es CONSERVABLE, en términos de lo dispuesto por el artículo 17, fracción III, inciso b), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con lo dispuesto en el referido artículo 17, del Acuerdo General de marras, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito. Por otro lado, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General aludido, se considera que el DUPLICADO del incidente de suspensión, debe ser DESTRUIDO; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de seis meses en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción. Asimismo, previo a la trasferencia correspondiente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Ministerio Público María Eloísa Díaz Jiménez y otras. Fijación de Litis De la lectura integral de la demanda, se advierte que los actos reclamados que se combaten en esta vía consisten en: La falta de notificación y debido emplazamiento de la acusación realizada por el Ministerio Público Vadim Mixcoatl Huerta Cervantes dentro de la carpeta judicial ********************así como de la fecha para acudir a la audiencia intermedia. La omisión de efectuar actos de investigación solicitados en tiempo y forma durante la etapa de investigación complementaria en la carpeta de investigación ********************. La judicialización de la carpeta de investigación ********************. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 826/2023-II. Genérese el expediente electrónico e impreso. Consideración previa Previo a realizar el análisis de la procedencia del juicio conviene destacar que la quejosa en el escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad expresó que en la audiencia intermedia celebrada el veintinueve de agosto último, la Juez responsable concedió una prórroga a la defensa pública a efecto de que se imponga de la carpeta de investigación por lo que la continuación de la diligencia se fijó para el veintisiete de los actuales; lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Improcedencia De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito de demanda, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio; tal precepto legal establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Improcedencia respecto del acto a). Una vez analizada procedencia de la demanda, se concluye que por lo que hace al acto reclamado identificado con el inciso a), en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.).". De lo transcrito se colige que el amparo indirecto procede, entre otros casos, contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos. A contrario sensu, el juicio biinstancial será improcedente contra actos intraprocesales que no revistan una ejecución de naturaleza irreparable. Al efecto, debe partirse que en el primer párrafo del artículo 1o. de la Carta Magna, el Constituyente incorporó como materia de protección por parte del Estado, los derechos humanos ahí reconocidos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, entendiéndose por éstas todos los mecanismos, medios y procedimientos establecidos para lograr la efectiva salvaguarda de los derechos en cuestión. Asimismo, pone de relieve que los derechos y sus garantías no son lo mismo, y que éstas se otorgan para proteger los derechos humanos. Así, las garantías sólo existen en función de los derechos que protegen, los cuales pueden existir sin éstas pero no a la inversa; entonces, las citadas categorías (derechos humanos y sus garantías) engloban lo que el legislador ha identificado en la Ley de Amparo como derechos sustantivos. En el entendido que los derechos sustantivos a que se hace alusión en el artículo 107, fracción V, de la citada ley son aquellos derechos humanos previstos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como sus garantías, siendo un requisito indispensable para estimarlos así que éstos puedan tener una infracción directa a través del acto de autoridad posiblemente transgresor del sistema protector de derechos fundamentales. En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), determinó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". Estableció que la primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, inciso a), dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; y, la segunda, está prevista en su fracción V, cuya intención es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. De esta forma, estableció que podía afirmarse que el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica, en cuanto a la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, además que deberían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación, según fue explicando nuestro Alto Tribunal, el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera exigencia consiste en que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo cual equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos". Tal expresión es opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos? sino que dependen de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De modo que, en los juicios de amparo iniciados conforme a la actual Ley de Amparo, uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen. La causal de improcedencia citada, interpretada en sentido contrario, establece que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclama, conforme a lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, considerando al efecto, que el perjuicio es la afectación o lesión de un derecho legítimamente tutelado, provocada por la actuación de la autoridad, y que otorga al interesado que sufre de manera directa el perjuicio efectivo, la facultad de acudir ante el órgano jurisdiccional competente, a efecto de que dicho derecho protegido por la ley no le sea violado o para que le sea reparado, perjuicio que, en todo caso, se requiere para la procedencia del juicio de derechos, que de no acreditarse, la acción constitucional resulta improcedente, es decir, para que sea procedente la demanda presentada por el justiciable, es necesario que hubiere sufrido de manera directa un agravio, lesión, afectación o perjuicio a los derechos o intereses de los cuales fuere titular. Sobre esa base válidamente puede sostenerse que el acto reclamado en comento (a) consistente en la falta de notificación y debido emplazamiento de la acusación realizada por el Ministerio Público Vadim Mixcoatl Huerta Cervantes dentro de la carpeta judicial ********************así como de la fecha para acudir a la audiencia intermedia; no generan una afectación a los derechos sustantivos de la justiciable. Lo anterior es así, toda vez que sus efectos -atendiendo al estado de la causa-, solamente están vinculados con cuestiones procesales, pues como se apuntó con antelación, la quejosa en el escrito de demanda, refirió que en la audiencia intermedia celebrada el veintinueve de agosto último, se concedió una prórroga a la defensa pública a efecto de que se imponga de la carpeta de investigación, por lo que la continuación de la diligencia se fijó para el veintisiete de los actuales, lo que implica que las formalidades procesales que refiere la quejosa no se observaron, no necesariamente trascenderán al resultado del fallo que se emita en ese proceso. No se inadvierte que la norma secundaria prevé expresamente la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta en contra de actos de autoridad cuyos efectos sean de imposible reparación, se itera, en el caso no sucede, en los términos explicados en párrafos precedentes. En ese orden, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha por manifiesta e improcedencia la presente demanda, por lo que hace al acto en comento a). Improcedencia respecto de los actos b) y c). En otro orden, en relación con los actos reclamados b) y c) se actualiza la causal la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; sin embargo, la exposición de las razones que sostienen esa hipótesis, se expondrán el apartado correspondiente, dada la distinta naturaleza de éstos Respecto del acto b) Como se asentó con antelación, la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de llevar a cabo actos de investigación en la carpeta de investigación ********************; esto es, se duele de la forma en que fue llevada a cabo la integración de la indagatoria. En ese sentido, cabe precisar que la integración de la carpeta de investigación consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento al imperativo previsto en el artículo 21 constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional. En ese sentido, la indagatoria en sí misma, no es un acto que vulnere la esfera de derechos del indiciado, ni lesiona sus derechos subjetivos tutelados por alguna disposición jurídica, ya que, aun en el caso que sea la propia parte quejosa, la persona a quien se dirige la investigación de los hechos denunciados, tal actuación de la autoridad no le afecta directamente, por ser la investigación de los delitos de orden público conforme al citado precepto Constitucional, al estar interesadas las autoridades en que prevalezca el estado de derecho y se investiguen los hechos denunciados ante la representación social por los individuos. Por ello, que atendiendo a la naturaleza del acto que reclama, así como a la etapa procedimental en la que se ubica el proceso (investigación complementaria), la integración de la indagatoria está sujeta a control judicial, por lo que en todo caso aquello que pueda ocasionarle una afectación, sería lo que determiné la autoridad jurisdiccional, se itera, ello considerando que combate la omisión en la que refiere incurrió la autoridad responsable para desahogar actos de investigación. Es aplicable la tesis transcrita a continuación: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad.". Respecto acto reclamado c) La causal de improcedencia citada, interpretada a contrario sensu, establece que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclama, conforme a lo dispuesto por la fracción I del artículo 5 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Considerando al efecto, que el perjuicio es la afectación o lesión de un derecho legítimamente tutelado, provocada por la actuación de la autoridad, y que otorga al interesado que sufre de manera directa el perjuicio efectivo, la facultad de acudir ante el órgano jurisdiccional competente, a efecto de que dicho derecho protegido por la ley no le sea violado o para que le sea reparado, perjuicio que, en todo caso, se requiere para la procedencia del juicio de derechos, que de no acreditarse, la acción constitucional resulta improcedente; es decir, para que sea procedente la demanda presentada por la quejosa, es necesario que hubiere sufrido de manera directa un agravio, lesión, afectación o perjuicio a los derechos o intereses de los cuales fuere titular. De esta forma, en relación con el acto c) se actualiza la causal de improcedencia, toda vez que la parte quejosa alude como acto reclamado la judicialización de la carpeta de investigación ********************, sin embargo, como se ha referido en párrafos precedentes, la quejosa mencionó que a la fecha el proceso se encuentra en la etapa intermedia, pues adujo que la continuación de la audiencia respectiva, se encuentra prevista para celebrarse el veintisiete de los actuales. Por ello, es evidente que la judicialización de la carpeta de investigación no le irroga perjuicio alguno, toda vez que su situación jurídica se encuentra determinada por el auto de vinculación dictado en el proceso de origen. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en lo que respecta a los actos reclamados b) y c), se desecha de plano la demanda de amparo, por su manifesta e indudable improcedencia. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados a las personas que mencionan en su escrito inicial de demanda que cuenten con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultados para ejercer dicha profesión. Asimismo, se tienen por autorizados exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que se señalan en la demanda de amparo. (Artículo 24, párrafo segundo, de la ley de la materia). Datos de contacto Se toma conocimiento de los datos de contacto proporcionados, con la finalidad de que sean utilizados por el personal de este órgano jurisdiccional únicamente para tales efectos, en caso de ser necesario Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo, así como los del incidente suspensión. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese personalmente.
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