Sandra Del Sol Estrada
Expediente 1149/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1149/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Sandra Del Sol Estrada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos sin hacer mayor pronunciamiento el informe previo rendido por la Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos 10, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Titular de la Oficina de Representación de la Comisión de Ayuda a Refugiados, en Tapachula, Chiapas, y Jefe de Departamento de Registro de la citada oficina, con sede en esta ciudad, en virtud que el mismo se recibió en forma extemporánea, dado que la audiencia incidental tuvo verificativo a las nueve horas con veinticinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, y el informe de cuenta fue presentado en oficialía de partes de este órgano jurisdiccional a las nueve horas con treinta y siete minutos del veintiuno de noviembre del año en curso, según sello de recepción. Sin embargo, de conformidad con los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como delegados a las personas que señala y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. En ese mismo contexto, como lo peticiona la oficiante, a fin de que pueda obtener las constancias de manera más ágil e inmediata, se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de las mismas. Da sustento a lo anterior, el criterio emitido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, en la tesis I.13o.T.15K (10a.), publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IIl, agosto de dos mil catorce, página 1560, registro digital 2007298, del rubro siguiente: "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, quien actúa asistida de la Secretaria que autoriza, Lucía Cortés Sierra, quien además certifica que la promoción que dio origen a este acuerdo y el presente proveído se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Incidental
Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio firmado por el Encargado de la Administración Postal, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, por medio del cual, en cumplimiento al auto de trece de noviembre del año en curso (fojas 354 y 355), comunica en esencia, que la pieza postal relativa al oficio 26650/2023, fue entregada el treinta de octubre de este año, a su respectivo destinatario en su similar de "Huixtla, Chiapas", y que en cuanto esté en su poder el acuse de recibo respectivo, lo hará llegar oportunamente, mediante los procesos de entrega ante este juzgado. Al respecto, se toma conocimiento de lo anterior; en la inteligencia de que subsiste el apercibimiento decretado en dicho auto, hasta en tanto se reciba el acuse de recibo respectivo.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a trece de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo en el artículo 3º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa ***, por el que en atención al proveído de treinta de octubre de dos mil veintitrés, se le tiene dando cumplimiento a la prevención ordenada en auto de tres de octubre del presente año. Con relación a lo anterior se tiene por desahogada la prevención de mérito, no obstante que no expresó si señala como acto la deportación, ello en virtud que de manera expresa refiere no señalar como autoridad responsable a la Titular de la Oficina de Representación en Chiapas del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad. ADMISIÓN Consecuentemente, con fundamento en los artículos 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por ***, contra actos de las siguientes autoridades señaladas como responsables: 1. Titular de la Oficina de Representación de la Comisión de Ayuda a Refugiados, con residencia en esta de ciudad; y, 2. Jefe de Departamento de Registro de la Oficina de Representación de la Comisión de Ayuda a Refugiados, en esta localidad. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Previo análisis de la demanda de amparo, se colige que la parte quejosa se duele la dilación en el inicio del trámite para obtener la condición de refugiados, lo cual le impide tener acceso a la obtención de la Clave Única de Refugiado (CUR) y la Clave Única de Registro de Población (CURP). Lo anterior lleva aparejado, que se regularice su situación migratoria, se le otorgue acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector formal, entre otros y goce plenamente del derecho a su identidad y libre desarrollo de la personalidad. Se afirma de esa manera, porque el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma al Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población1, en la cual fueron establecidos nuevos supuestos jurídicos para que los extranjeros puedan adquirir una Clave Única de Registro de Población de carácter temporal2 , con la finalidad de que accedan a estos sistemas integrados de registro e identificación. En este sentido, se ha añadido como supuesto de asignación de la Clave Única de Registro de Población a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y protección complementaria3 bajo las siguientes consideraciones: La CURP se asignará a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y de protección complementaria, que se encuentren en territorio nacional, posterior a la obtención del documento correspondiente expedido por la COMAR, el cual debe contener una CURP por cada persona que se inscriba en dicho documento y debe estar asociada a la CUR (Clave única de refugiado). La CURP asignada tendrá carácter temporal, por un periodo no mayor a los 180 días naturales, hasta en tanto la COMAR resuelva, a través de la expedición del documento correspondiente, que se reconoce la condición de refugiado o protección complementaria. En este caso, se establecerá el carácter permanente de la CURP una vez que el INM emita el documento migratorio que corresponda. El otorgamiento de la Clave Única de Registro de Población (CURP) temporal ha sido destacado por el Estado Mexicano en el Informe Anual del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, como un logro del gobierno en los compromisos adquiridos, ya que, con este documento, "se facilita el acceso a servicios públicos a las personas solicitantes de la condición de refugiado" 4. Sin embargo, el mismo gobierno reconoció que para maximizar el impacto positivo de la Clave Única de Registro de Población (CURP) temporal5, todavía se busca mejorar su expedición a los solicitantes de asilo y extender su cobertura. De esta manera, como parte de los compromisos nacionales del Marco Integral Regional de Protección y Soluciones en el dos mil diecinueve, el Estado mexicano asumió que, el Registro Nacional de Población facilitará la expedición de la Clave Única de Registro de Población temporal a los solicitantes de la condición de refugiado para permitirles el acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector formal, entre otros6 . Argumentos que se sostienen con las consideraciones llevadas a cabo en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, consultable en el Libro 14, junio de 2022, Tomo V, página 4170, registro digital 2024808, cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente: "PERSONAS SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO. DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE MIGRACIÓN DERIVA QUE CUENTAN CON EL ACCESO EFECTIVO A LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA ELLO. Hechos: Personas solicitantes de la condición de refugiado en México promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad de proporcionarles una Clave Única de Registro de Población (CURP). En el proceso alegaron la inconstitucionalidad del artículo 59 de la Ley de Migración, como la norma en la que se sustentó la negativa; el Juez de Distrito del conocimiento negó el amparo solicitado, ante lo cual los quejosos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que para reconocer la validez constitucional del artículo 59 de la Ley de Migración no debe interpretarse como prohibitivo, limitante o excluyente del acceso de las personas solicitantes de la condición de refugiado a la Clave Única de Registro de Población (CURP). Al contrario, las personas solicitantes de la condición de refugiado tienen acceso efectivo a la CURP como manifestación de su derecho a la personalidad jurídica, pues este documento es un elemento que les permite acceder efectivamente a servicios de salud, educación, trabajo, etcétera. Justificación: La CURP se entiende como materialmente exigible para todas las personas solicitantes de la condición de refugiado, de manera que no se agrave su situación de vulnerabilidad. Esta decisión se afianza a partir de una interpretación conforme (desde un ámbito funcional, sistemático y armónico) del artículo 59 de la Ley de Migración con el sistema de protección de derechos humanos que rige en nuestro país, la práctica del Estado Mexicano y los compromisos adquiridos internacionalmente. De esta manera, se busca derribar los obstáculos administrativos que las personas solicitantes de asilo enfrentan en el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, tal y como es el derecho al trabajo o a la salud, entre otros. Al respecto, cabe destacar que el 18 de junio de 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Instructivo Normativo para la asignación de la Clave Única de Registro de Población, en el cual se añadió como supuesto de asignación de la CURP temporal a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y protección complementaria. Dicho acuerdo es consistente con la comprensión de la CURP como una herramienta registral, pero también como un documento llave de acceso a los servicios que otorga la Administración Pública Federal y, en consecuencia, como manifestación de la dimensión formal del derecho a la personalidad jurídica. De ahí que negar el acceso a la CURP o supeditarlo a una calidad migratoria de estancia no es consistente con las obligaciones estatales de protección, garantía y respeto de derechos humanos, sobre todo porque de esa manera se asignarían resultados desiguales sin justificación razonable a grupos con una importante situación de vulnerabilidad, como lo son las personas solicitantes de la condición de refugiado. Lo anterior encuentra fundamento en la jurisprudencia 40/2000, con registro 192097, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tomo XI, abril de 2000, página 32, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Ante la solicitud de la medida cautelar, con fundamento en el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, se ordena tramitar por separado el incidente de suspensión relativo a este juicio; sin que se ordene la formación del duplicado del incidente de suspensión relativo, a que se refiere el citado precepto, en razón a lo dispuesto en el artículo 264, Capítulo Cuarto "De la Formación del duplicado de los incidentes de suspensión", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en vigor a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. TERCERO INTERESADO Por otra parte, no ha lugar a reconocer el carácter de tercero interesado a persona alguna, en virtud de que no se está en ningún supuesto previsto por la fracción III del artículo 5 de la Ley de Amparo. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5o, fracción IV, de la Ley de Amparo, se da la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Atento a lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, éste último precepto, reformado por el punto cuarto del Acuerdo General del citado pleno que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo; se autoriza a ***, con el nombre de usuario *** la consulta de este expediente, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Hom e/Login, debiendo corroborar sus credenciales de acceso, debido a que así lo manifestó expresamente en su solicitud por oficio 51/2022, recibido en acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintidós, y agregado en el cuaderno de varios 2/2022, del índice de este órgano jurisdiccional. Por tanto, se encomienda a la Oficial Judicial "A", que realice la asociación del nombre de usuario proporcionado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y de lo cual deberán tomar nota los Actuarios de éste órgano jurisdiccional encargados de practicar las notificaciones electrónicas. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. No habrá necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tiene la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto las podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.as p con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a) número de registro 2002576]. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Requiérase a las responsables rindan sus informes justificados dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio por el que se les solicita. Con el apercibimiento que de no hacerlo de manera oportuna, las omisas se harán acreedoras a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que arroja la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Con apoyo en lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado remitan copias fotostáticas certificadas de las constancias que integran el expediente del cual se hacen derivar los actos reclamados. Asimismo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de actualizarse la cesación de efectos del acto reclamado, o bien que ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberán informarlo de inmediato, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, que arroja la cantidad de $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos 20/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se autoriza a las autoridades responsables que rindan su informe a través de medios electrónicos atendiendo, en su caso, a los acuerdos de interconexión o a través del correo Institucional 4jdo20cto@correo.cjf.gob.mx. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia especial y propia naturaleza, las documentales que la parte quejosa anexó a su demanda de amparo, sin perjuicio que se haga relación de las mismas, en la audiencia constitucional. Notifíquese; personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, quien actúa asistida de la Secretaria que autoriza, Lucía Cortés Sierra, quien además certifica que la promoción que dio origen a este acuerdo y el presente proveído se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Incidental
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; trece de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y como está ordenado en el cuaderno principal, con copia simple de la demanda de amparo y de los escritos aclaratorios, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1149/2023, promovido por ***, contra actos de las siguientes autoridades señaladas como responsables: 1. Titular de la Oficina de Representación de la Comisión de Ayuda a Refugiados, con residencia en esta de ciudad; y, 2. Jefe de Departamento de Registro de la Oficina de Representación de la Comisión de Ayuda a Refugiados, en esta localidad. Como está ordenado en el cuaderno principal del que deriva el presente incidente de suspensión se ordena la apertura únicamente del cuaderno originalde la presente medida cautelar. SOLICITUD DE INFORME PREVIO Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 125, 128, 129, 138, 139 y 140 de la Ley de Amparo, requiérase mediante oficio su informe previo a las autoridades responsables, el que deberán rendir de la misma forma solicitada, dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, contado a partir de su recibo; o bien, manifiesten el impedimento legal o material que tengan para hacerlo. Se le apercibe de que en caso de que no rinda oportunamente el informe previo requerido, se hará acreedora a una multa equivalente a Cien Unidades de medida y actualización, que arroja la cantidad de $10, 374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción I, en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Por otra parte, se autoriza a la autoridad responsable que rinda su respectivo informe a través de medios electrónicos atendiendo, en su caso a los acuerdos de interconexión o a través del correo institucional 4jdo20cto@correo.cjf.gob.mx AUDIENCIA INCIDENTAL Con fundamento en el artículo 138, fracción II de la Ley de Amparo, se fija para la celebración de la audiencia incidental, las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. No habrá necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia incidental, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, la podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) número de registro 2002576]. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Previo análisis de la demanda de amparo, se colige que la parte quejosa se duele de la dilación en el inicio del trámite para obtener la condición de refugiado, lo cual le impide tener acceso a la obtención de la Clave Única de Refugiado (CUR) y la Clave Única de Registro de Población (CURP). Lo anterior lleva aparejado, que se regularice su situación migratoria, se le otorgue acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector formal, entre otros y gocen plenamente del derecho a su identidad y libre desarrollo de la personalidad. Se afirma de esa manera, porque el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma al Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población1, en la cual fueron establecidos nuevos supuestos jurídicos para que los extranjeros puedan adquirir una Clave Única de Registro de Población de carácter temporal2, con la finalidad de que accedan a estos sistemas integrados de registro e identificación. En este sentido, se ha añadido como supuesto de asignación de la Clave Única de Registro de Población a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y protección complementaria3 bajo las siguientes consideraciones: La CURP se asignará a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y de protección complementaria, que se encuentren en territorio nacional, posterior a la obtención del documento correspondiente expedido por la COMAR, el cual debe contener una CURP por cada persona que se inscriba en dicho documento y debe estar asociada a la CUR (Clave única de refugiado). La CURP asignada tendrá carácter temporal, por un periodo no mayor a los 180 días naturales, hasta en tanto la COMAR resuelva, a través de la expedición del documento correspondiente, que se reconoce la condición de refugiado o protección complementaria. En este caso, se establecerá el carácter permanente de la CURP una vez que el INM emita el documento migratorio que corresponda. El otorgamiento de la Clave Única de Registro de Población (CURP) temporal ha sido destacado por el Estado Mexicano en el Informe Anual del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, como un logro del gobierno en los compromisos adquiridos, ya que, con este documento, "se facilita el acceso a servicios públicos a las personas solicitantes de la condición de refugiado" 4. Sin embargo, el mismo gobierno reconoció que para maximizar el impacto positivo de la Clave Única de Registro de Población (CURP) temporal5 , todavía se busca mejorar su expedición a los solicitantes de asilo y extender su cobertura. De esta manera, como parte de los compromisos nacionales del Marco Integral Regional de Protección y Soluciones en el dos mil diecinueve, el Estado mexicano asumió que, el Registro Nacional de Población facilitará la expedición de la Clave Única de Registro de Población temporal a los solicitantes de la condición de refugiado para permitirles el acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector formal, entre otros6 . Argumentos que se sostienen con las consideraciones llevadas a cabo en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, consultable en el Libro 14, junio de 2022, Tomo V, página 4170, registro digital 2024808, cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente: "PERSONAS SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO. DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE MIGRACIÓN DERIVA QUE CUENTAN CON EL ACCESO EFECTIVO A LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA ELLO. Hechos: Personas solicitantes de la condición de refugiado en México promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad de proporcionarles una Clave Única de Registro de Población (CURP). En el proceso alegaron la inconstitucionalidad del artículo 59 de la Ley de Migración, como la norma en la que se sustentó la negativa; el Juez de Distrito del conocimiento negó el amparo solicitado, ante lo cual los quejosos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que para reconocer la validez constitucional del artículo 59 de la Ley de Migración no debe interpretarse como prohibitivo, limitante o excluyente del acceso de las personas solicitantes de la condición de refugiado a la Clave Única de Registro de Población (CURP). Al contrario, las personas solicitantes de la condición de refugiado tienen acceso efectivo a la CURP como manifestación de su derecho a la personalidad jurídica, pues este documento es un elemento que les permite acceder efectivamente a servicios de salud, educación, trabajo, etcétera. Justificación: La CURP se entiende como materialmente exigible para todas las personas solicitantes de la condición de refugiado, de manera que no se agrave su situación de vulnerabilidad. Esta decisión se afianza a partir de una interpretación conforme (desde un ámbito funcional, sistemático y armónico) del artículo 59 de la Ley de Migración con el sistema de protección de derechos humanos que rige en nuestro país, la práctica del Estado Mexicano y los compromisos adquiridos internacionalmente. De esta manera, se busca derribar los obstáculos administrativos que las personas solicitantes de asilo enfrentan en el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, tal y como es el derecho al trabajo o a la salud, entre otros. Al respecto, cabe destacar que el 18 de junio de 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Instructivo Normativo para la asignación de la Clave Única de Registro de Población, en el cual se añadió como supuesto de asignación de la CURP temporal a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y protección complementaria. Dicho acuerdo es consistente con la comprensión de la CURP como una herramienta registral, pero también como un documento llave de acceso a los servicios que otorga la Administración Pública Federal y, en consecuencia, como manifestación de la dimensión formal del derecho a la personalidad jurídica. De ahí que negar el acceso a la CURP o supeditarlo a una calidad migratoria de estancia no es consistente con las obligaciones estatales de protección, garantía y respeto de derechos humanos, sobre todo porque de esa manera se asignarían resultados desiguales sin justificación razonable a grupos con una importante situación de vulnerabilidad, como lo son las personas solicitantes de la condición de refugiado." Lo anterior encuentra fundamento en la jurisprudencia 40/2000, con registro 192097, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tomo XI, abril de 2000, página 32, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." GENERALIDADES DE LA SUSPENSIÓN Es menester destacar que la suspensión del acto reclamado es la institución jurídica que obliga a las autoridades señaladas como responsables en el libelo de amparo, a detener su actuar, durante el tiempo que está en trámite el juicio de amparo, evitando con ello que se consume el acto con efectos irreparables y que el juicio quede sin materia. En otras palabras, consiste en la paralización, la detención del acto reclamado, de manera que si éste no se ha producido, no nazca, y, si ya inició, no prosiga, no continúe, que se detenga temporalmente, que se paralicen sus consecuencias o resultados, que se evite que éstos se realicen. Ahora, no todos los actos autoritarios permiten, dada su naturaleza, que opere en cuanto a ellos la suspensión. Tales actos pueden ser positivos o negativos. Los primeros se traducen en una actuación, en una conducta activa, en un hacer o en un dar, actos que sí pueden ser suspendidos, en tanto que los segundos constituyen una abstención, una inacción de la autoridad y que por lo tanto no son suspendibles. De igual modo, otra de las características de la medida suspensional es que carece de efectos destructivos o restitutorios, por lo que se limita a conservar la situación existente al producirse el acto reclamado. Sin embargo, cabe insistir en que la suspensión no es destructiva y, por lo mismo, es incapaz de restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de que se produjeran los actos que se reclaman en el juicio constitucional, ni tampoco es constitutiva de derechos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 236958, Séptima Época, visible en Volumen 11, Segunda Parte, página 45, del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente establece: "SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA. Los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado que guardan al decretarla y no en invalidar lo actuado hasta ese momento, pues esto sería darle a la suspensión señalada efectos restitutorios, lo que es materia exclusiva de la sentencia de fondo en el juicio de amparo, cuando se concede la protección constitucional". Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el mencionado artículo 138 de la Ley de Amparo, el suscrito Juzgador Federal procede a pronunciarse sobre la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa respecto de los actos reclamados, ponderando la no afectación del interés social. Para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la nueva Ley de Amparo, los cuales disponen que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que la solicite el quejoso; b) El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico que, para efectos de la suspensión, se denomina interés suspensional7 , y c) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Para el otorgamiento de la citada medida, debe partirse de la premisa de que los actos reclamados sean susceptibles de suspenderse, pues, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo vigente, no existiría materia que suspender. Es así, pues, por regla general, la naturaleza de la medida cautelar de mérito es conservativa, ya que su fin específico es mantener una situación de hecho existente, esto es, preservar la materia del amparo. IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL POR EL ACTO OMISIVO CONSISTENTE EN LA DILACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SOLICITUD DE REFUGIO ANTE LA COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS (COMAR). Este órgano jurisdiccional considera que lo procedente es negar la suspensión provisional por lo que hace al mencionado acto por las consideraciones siguientes. En principio para conceder la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 128, 138 y 139 de la Ley de Amparo, los cuales disponen que para otorgar la suspensión, el Juzgador de amparo debe verificar la actualización de los siguientes requisitos: a) que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; b) que exista solicitud del quejoso (petición de parte e interés suspensional); y, c) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Cubiertos los anteriores requisitos, debe llevarse a cabo: Cabe precisar que la suspensión en el juicio de amparo es una medida cautelar que tiene como objeto mantener un estado de cosas mientras se resuelve el juicio en lo principal y, cuando la naturaleza del acto lo permita, material y jurídicamente, restablecer provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho cuya tutela pretende, con la finalidad de que su posible violación no se consume durante la tramitación del proceso, afectando de manera irreversible la esfera jurídica del particular. En la especie, debe decirse que el primer requisito identificado como a) no está acreditado, ya que las abstenciones u omisiones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad y por tanto, no existe materia para conceder la suspensión. Ilustra al caso la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Junio de 1993, página 312, Octava Época, Materia Común, registro digital: 216236, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE RECLAMA PARA CONCEDER O NEGARLA". De igual forma, el criterio contenido en la tesis aislada XXI.2º.11 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Abril de 1997, página 214, Materia Común, Novena Época, Registro digital: 199059, del rubro: "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. '' Además, de concederse la medida cautelar solicitada, se le estaría dando efectos restitutorios plenos a los actos reclamados que son exclusivos de la sentencia que se dicte en el juicio constitucional de donde emana el presente incidente de suspensión, siendo por tanto que no se satisface el requisito previsto en el artículo 127, fracción II, de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión solicitada. Es aplicable, por analogía, la tesis8 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro señala: "SUSPENSIÓN. CARECE DE EFECTOS CONSTITUTIVOS DE DERECHOS". Ahora, si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es omisivo, es importante puntualizar que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de las autoridades responsables mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante la omisión reclamada. De ahí que, como se dijo no se satisfaga el requisito legal a que se refiere la fracción II del artículo 127 de la Ley de Amparo, pues para otorgar la providencia cautelar solicitada, se debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, ya que de lo contrario, por más que se surtan los demás presupuestos exigidos por el artículo 128 de la citada legislación, como es que la solicite la parte agraviada, y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, no es dable otorgar de favorable la suspensión al no existir materia que suspender. Sin que pase desapercibido el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 1ª./J.70/20199, de rubro: SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA", emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que contempló la posibilidad de conceder la suspensión de los actos reclamados, cuando estos sean de naturaleza omisiva, siempre y cuando los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la medida cautelar no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. En efecto, se considera que en la especie no es aplicable el criterio en cita, dada la naturaleza de los actos mencionados. Bajo ese contexto, no se puede conceder la suspensión para el efecto de que las autoridades responsables emitan o ejecuten las acciones de referencia, pues implicaría dejar sin materia el juicio en lo principal. Por lo expuesto anteriormente, se niega la suspensión provisional del citado acto reclamado. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL RESPECTO A LAS CONSECUENCIAS DE LA DILACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SOLICITUD DE REFUGIO ANTE LA COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS (COMAR), COMO ES LA OMISIÓN DE EXPEDIR O ENTREGAR A FAVOR DE LA PARTE QUEJOSA LA CLAVE ÚNICA DE REFUGIADO (CUR); ASÍ COMO LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP). Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el citado precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2021263, Libro 73, diciembre de 2019, Tomo I, página 286, cuyo rubro y texto son: SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior". En ese sentido, la suspensión de los actos reclamados que se pide, debe concederse para el efecto de que se expida a favor de la parte quejosa la Constancia de Trámite de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, así como de la Clave Única de Registro de Población (CURP). Es de resaltar primero que la Constancia de Trámite de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, es el documento que la Comisión Nacional para Ayuda de los Refugiados, otorga a las personas extranjeras que se encuentran fuera de su país de origen por temor a la persecución, al conflicto, la violencia generalizada, u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público y, en consecuencia, requieren protección para ser reconocidas como refugiados por el gobierno mexicano. Por otra parte, la Clave Única de Registro de Población (CURP), es el documento que tiene como finalidad acreditar la identidad de una persona dentro de un país, y en ese sentido las dependencias gubernamentales están obligadas a utilizar ese documento cuando integren algún registro de personas. En ese sentido, conforme al Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población, de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, añadió como supuesto de asignación a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado, la posibilidad de adquirir de manera provisional este documento con la finalidad de que también puedan acceder a estos sistemas de integración de registro e identificación mencionados, y evitar vulnerar su personalidad jurídica. Así, la Clave Única de Registro de Población (CURP) facilita el acceso a servicios públicos a las personas solicitantes de la condición de refugiados, tales como servicios de salud, educación, seguridad social, entre otros, por lo que dicha constancia es esencial para que las personas migrantes gocen plenamente del derecho a su identidad y libre desarrollo de la personalidad. Tomando en consideración que las personas migrantes se encuentran en clara desventaja social, ya que son considerados como un grupo vulnerable, y atento a lo resuelto por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en los recursos de queja 23/2023, 24/2023, 26/2023 y 46/2023, con fundamento en los artículos 128, 129, 131, 136 y 138 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 59 párrafo tercero de la Ley de Migración, se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación de la Comisión de Ayuda a Refugiados (COMAR), con residencia en esta de ciudad, en el ejercicio de su facultad potestativa de conformidad con el artículo 26 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en caso de que la aquí quejosa reúna las condiciones y requisitos establecidos en la ley de la materia; dentro del término de diez días hábiles, le expidan la Constancia de Trámite de Reconocimiento de la Condición de Refugiado; hecho lo anterior, una vez que cuente con dicha constancia, se le otorgue la Clave Única de Registro de Población (CURP), de carácter temporal, con la finalidad de que no se le deje en estado de indefensión a la impetrante de amparo; y no se afecte de manera irreparable los servicios de salud, seguridad jurídica, educación, identidad, empleo y cualquier otro servicio que otorgue el Estado, que atente contra los derechos fundamentales y ante la ausencia de ello, no se agrave su situación de vulnerabilidad. En efecto, tanto la constancia de trámite de reconocimiento de la condición de refugiada y la Clave Única de Registro de Población (CURP), son esenciales para que las personas migrantes gocen plenamente del derecho de identidad y libre desarrollo de la personalidad; sin que ello implique que los mencionados documentos tengan el carácter de definitivos y dejen sin materia el trámite pretendido, y el juicio principal de donde emana este incidente, dada la naturaleza de vigencia temporal de la Clave Única de Registro de Población. Es de señalarse además, que los términos en que se decreta esta medida suspensiva, sólo es de manera provisional conforme a la temporalidad y condiciones previstas en el artículo Cuarto, punto 3 párrafo segundo del Instrumento Normativo para la asignación de la Clave Única de Registro de Población, los documentos de identificación cuya expedición se ordena expedir conforme a las facultades y atribuciones de las autoridades responsables (es decir, que se cumplan con los requisitos previstos en la Ley de la Materia), tendrán vigencia que no podrá exceder de ciento ochenta días naturales, pudiendo darse de baja la clave, en las hipótesis que en dicho instrumento se describen. Aunado a que la suspensión otorgada no es de carácter definitivo ni deja sin materia de estudio el amparo, puesto que para pronunciarse respecto a la concesión de la suspensión del acto reclamado, no se examina el fondo del asunto. Lo anterior, se reitera obedece a la necesidad de evitar indefensión y que los derechos humanos de la quejosa migrante, no se vean afectados de manera irreparable. Se estima aplicable la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "PERSONAS SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO. DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE MIGRACIÓN DERIVA QUE CUENTAN CON EL ACCESO EFECTIVO A LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA ELLO.", cuyo texto y datos de localización fueron citados con antelación. La concesión de la medida suspensiva otorgada, atiende como ya se indicó, a la naturaleza y características que involucran la esfera jurídica de la parte quejosa, pues en el caso en particular resulta jurídica y materialmente factible restablecer de manera provisional la prerrogativa en que se ve afectada, dada su situación de vulnerabilidad, en términos del artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; similar a si se tratara de una sentencia provisional, con independencia de que para ello deban ser preservantes, restitutorios, conservativos o, incluso, anticipatorios, pues ello dependerá de lo necesario para la protección del derecho humano o garantía y de la apariencia del buen derecho, en relación con el cual será proporcional la suspensión. Toda vez que, como se señaló, se trata de una tutela provisional de derechos que son inherentes a las personas y condición expresadas sobre su vulnerabilidad por ser migrantes, mismos que se encuentran en condiciones de marginación públicamente sabida por el ámbito internacional. Lo anterior, hasta en tanto se emita la resolución correspondiente a la suspensión definitiva. Debe decirse que los criterios que se citan, y que interpretan la Ley de Amparo abrogada se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en tales criterios de manera alguna contraviene disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente, con respecto al tema que tratan, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales que la parte quejosa anexó a su demanda. Las cuales se admiten y desahogan dada su especial y propia naturaleza, sin perjuicio que se haga relación de las mismas, en la audiencia incidental. DOMICILIO De conformidad con lo señalado en el artículo 27 de la Ley de la Materia, así como lo dispuesto en los diversos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa en el escrito inicial de demanda. AUTORIZADOS Así también, se tiene como autorizados de la parte quejosa únicamente para oír y recibir notificaciones, conforme a lo previsto en el artículo 24, párrafo segundo de la ley de la materia, a ***, por no autorizarlos de manera expresa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. CORREO ELECTRÓNICO PROPORCIONADO. De igual manera, respecto al correo electrónico proporcionado por la parte quejosa, tómense en consideración para efectos de comunicaciones no procesales, de conformidad con el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo10, se toma conocimiento del mismo, para el caso de considerar necesaria tal comunicación. NOTIFICACIONES POR LISTA Se indica a las partes que la lista de notificaciones no personales se podrá consultar a diario en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en la siguiente dirección: www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramit es.ht m?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm EXHORTO A LAS PARTES A TRANSITAR A LA TRAMITACIÓN AL JUICIO EN LÍNEA, Y USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS ***. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán con supresión de datos, y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en los arábigos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, este último precepto, reformado por el punto cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de la Secretaria que autoriza, Lucía Cortés Sierra, quien certifica que el presente proveído se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy fe.
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