Samuel Ameztica Sumosa

Expediente 954/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
954/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
11/10/2023

Partes del expediente

  • Samuel Ameztica Sumosa

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a once de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, se obtiene que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 31-33), en la que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto. En tal virtud comuníquese lo anterior a las partes, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara como concluido y se ordena su archivo en los términos siguientes: En cumplimiento al artículo 20, fracción II1 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se indica que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en un plazo de tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto totalmente concluido, pues se trata de un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda se garantías; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General, tampoco fue motivo de información reservada de alguna solicitud de acceso a la información. 2. Háganse las anotaciones correspondientes en la en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I2, y 93 del Acuerdo General invocado, y previo cercioramiento de que todas las constancias que integran el juicio de amparo estén digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, una vez que transcurra el plazo de tres años a que se refiere el párrafo anterior, deberán seguirse los lineamientos establecidos en los numerales 21, 22 y 234, del acuerdo multicitado. 3. Se ordena estampar el sello de DESTRUIBLE en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 345 del acuerdo en comento. Háganse las anotaciones en el libro de control electrónico correspondiente, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). 2 Artículo 8. Criterios del resguardo de expedientes. Para efectos del resguardo documental, el archivo judicial tiene la siguiente clasificación: I. Expedientes en el Archivo de Trámite: Son aquellos expedientes judiciales bajo resguardo del órgano jurisdiccional desde su generación y hasta por tres años posteriores a que se ordene su archivo como asunto total y definitivamente concluido; 3 Artículo 9. Resguardo de Archivo de Trámite. Los archivos de trámite serán resguardados en el órgano jurisdiccional. Cumplida la temporalidad de tres años contados a partir de haberse acordado su archivo como asunto concluido, los expedientes que sean objeto de transferencia serán remitidos a los depósitos documentales dependientes del Área coordinadora de archivos. 4 Artículo 21. Documentos necesarios para formalizar la baja documental de expedientes. Para la destrucción de los expedientes se deberán generar los documentos siguientes: I. Acta en formato digital suscrita con firma electrónica de la persona titular del órgano jurisdiccional y la o el servidor público designado para dar fe de la desintegración material. Excepcionalmente, podrá generarse en formato impreso con firma autógrafa de ambas personas servidoras públicas. El acta de destrucción deberá incluir el acuerdo de desincorporación; y II. Listado en formato digital y, de manera excepcional, en formato impreso, de los expedientes o constancias que se destruyen, suscrito con firma digital o autógrafa, según corresponda, por la persona titular del órgano jurisdiccional y la o el servidor público designado para dar fe de la desintegración material. Artículo 22. Acta y listado de destrucción. Las personas titulares de los órganos jurisdiccionales remitirán un ejemplar en formato electrónico o impreso del acta de baja documental y de los listados de los expedientes destruidos a la Dirección General de Archivo y Documentación. Adicionalmente, realizaran las anotaciones en los sistemas o libros de control correspondientes. Artículo 23. Destrucción de expedientes por órganos jurisdiccionales. Los órganos jurisdiccionales serán los encargados de destruir los expedientes a que se refieren los artículos 19 y 20 de este Acuerdo, en los términos señalados en éste. Para la realización de este proceso los órganos jurisdiccionales contarán con el apoyo de las Administraciones Regionales, Delegaciones Administrativas o de las Administraciones de los Edificios del Consejo, según corresponda. Estas unidades administrativas se encargarán de hacer las gestiones correspondientes para la realización de las actividades relacionadas con la desintegración material de dichos expedientes, de conformidad con la normatividad aplicable. 5 Artículo 34. Orden de archivo. Todos los expedientes judiciales en los que se acordó su archivo como asunto concluido deberán indicar la valoración que corresponda, incluyendo alguna de las siguientes leyendas: Relevancia documental, Conservable o Destruible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida del Secretario que autoriza, José Alberto Joo Moreno, quien certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que el término de cinco días concedido a la parte quejosa, en acuerdo de cinco de septiembre del año en curso (fojas 11-18), para que desahogara las prevenciones ahí formuladas, sin que lo hubiera realizado, en virtud de que fue notificado de dicho auto el seis de septiembre del actual (foja 24). En esas circunstancias, al no haber desahogado las prevenciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la ley de la materia, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo, promovida por *****, en favor de *****. Toda vez que el criterio aislado no se contrapone a la Ley de Amparo vigente, pues se refiere a que el incumplimiento de la prevención formulada tiene una consecuencia legal, es aplicable al caso que nos ocupa. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en su Capítulo Cuarto "Sentencias y Tesis", numerales 191 y 192, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación el presente acuerdo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. SE LEVANTA RESERVA Tomando en consideración que en acuerdo de cinco de septiembre del presente año (fojas 11-18), este juzgado se reservó a proveer respecto a tener como acreditado el carácter de *****, como defensor del citado peticionario hasta en tanto, el directo quejoso desahogara las prevenciones formuladas, circunstancia que no aconteció, por lo que resulta innecesario asistirle tal personalidad. Háganse las anotaciones en el libro de control electrónico correspondiente, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y, personalmente al quejoso.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a once de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio firmado por el Secretario de Estudio y Cuenta interino en funciones de Secretario General de Acuerdos, por ministerio de ley del Tribunal de Alzada, Región Zona 02, con sede en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de cinco de septiembre de este año ***, e informa que ***, ostenta la calidad de defensor particular del quejoso **** en el toca penal oral ****. En consecuencia, resérvese el tener por acreditado el carácter de ***, como defensor del citado peticionario hasta en tanto, el directo quejoso desahogue las prevenciones formuladas. Finalmente, déjese sin efectos el apercibimiento decretado en el referido auto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida del Secretario que autoriza, José Alberto Joo Moreno, quien certifica que la promoción y el presente proveído se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********, en representación de *****, contra actos del Tribunal de Alzada, Región 02 Tapachula, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad. ANOTACIONES. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de control electrónico de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 954/2023-9-B. PREVENCIÓN En principio, conviene traer a colación el contenido del artículo 108 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." Por su parte, el artículo 114 del mismo ordenamiento, dice: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. (.)." Atendiendo a lo anterior, en primer término, previo a determinar sobre la admisibilidad de la demanda de cuenta, debe precisarse que existen irregularidades en la misma, porque en principio la parte quejosa aduce que el Juez de Primera Instancia negó la libertad de su representado en resolución definitiva; y en otra parte, menciona que dicho Juez condenó a su representado; promovió recurso de apelación y que dicho recurso aún no se ha resuelto; lo cual genera incertidumbre en cuanto a si existe sentencia definitiva dictada por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región 02, con sede en Huixtla, Chiapas, en la causa penal **********, o si la resolución que reclama es relativa a una negativa de la libertad, como puede ser una relacionada a medida cautelar de prisión preventiva. En consecuencia, ante la falta de antecendentes claros del acto reclamado, con fundamento en el artículo 108 fracción II y V y 114 fracción II de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que, dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de este acuerdo, por escrito, y bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: PRIMERO. Narre cronológicamente las actuaciones y precise el estado procesal de la causa penal de origen. SEGUNDO. Especifique si en la causa penal ********* del índice del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región 02, con sede en Huixtla, Chiapas, se dictó sentencia definitiva. TERCERO. Indique si la apelación interpuesta, fue promovida en contra de alguna medida cautelar privativa de la libertad, o bien contra una sentencia definitiva en la causa penal de origen. CUARTO. Especifique si la apelación de origen ya fue resuelta y es la determinación que reclama, o bien, si el acto reclamado es un auto emitido en el trámite de la apelación pendiente de resolución. QUINTO. Manifieste si es su deseo señalar a *******, como su Defensor Particular. Lo anterior de conformidad con el artículo 141 de la Ley de Amparo, dado a que la demanda de amparo fue promovida en representación del directo quejoso, y, en caso de no realizar manifestación alguna, este órgano jurisdiccional le designará defensor de oficio. Tiene aplicación el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número P./J.23/2009, visible en la página 7, Tomo XXIX, Abril de 2009 Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 167431, del rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." Así como la diversa tesis de jurisprudencia P./J.43/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 48, Tomo IV, julio de 1996, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 200084, del rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte quejosa que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Asimismo, se apercibe a la parte quejosa, representantes, abogados y/o autorizados, que si con posterioridad en este juicio de amparo, de las constancias allegadas se advierte que en el escrito de demanda y/o aclaración, afirmaron hechos falsos u omitieron los que les constaban con relación al acto reclamado, y sus antecedentes, se procederá contra quien resulte responsable en la comisión del delito federal de falsedad, previsto en el artículo 261 de la Ley de Amparo. En el entendido de que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar la parte quejosa, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales la parte quejosa deba manifestar "bajo protesta de decir verdad". Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 50/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en la página 210, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2007285, del rubro y texto siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD Requiérase al Tribunal de Alzada, Región 02 Tapachula, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, informe si *******, tiene el carácter de Defensor Particular de *****, en el toca penal **** de su índice. Con el apercibimiento que de no hacerlo, o no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá como medida de apremio multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, que arroja la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. DOMICILIO Y AUTORIZADOS De conformidad con lo señalado en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 26 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. Se tiene únicamente para oír y recibir notificaciones a ********, por así haberlo solicitado expresamente. NOTIFICACIONES POR LISTA Se indica a las partes que la lista de notificaciones no personales se podrá consultar a diario en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en la siguiente dirección: www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramit es.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm EXHORTO A LAS PARTES A TRANSITAR A LA TRAMITACIÓN AL JUICIO EN LÍNEA, Y USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Con apoyo en los artículos 52 Duodecies2 y 263,3 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, entrado en vigor a partir del siete de noviembre del dos mil veintidós, se exhorta a las partes a que transiten hacia la actuación del portal de Servicios en Línea, el cual cuenta con la apertura total de "juicio en línea", a todas las materias e instancias en los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales del consejo, para efecto de continuar (previa solicitud) la tramitación del presente expediente por los medios electrónicos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán con supresión de datos, y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en los arábigos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, este último precepto, reformado por el punto cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida del Secretario que autoriza, José Alberto Joo Moreno, quien certifica que la demanda que generó este acuerdo y el proveído mismo, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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