Sandra Daniela Taurino Jiménez y Otros.

Expediente 1467/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1467/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
20/02/2023

Partes del expediente

  • Margarita Aurelia Ortega Martínez
  • Sandra Daniela Taurino Jiménez
  • Sandra Daniela Taurino Jiménez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), se determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Archivo. Del estado de autos se advierte que ya se dictó la interlocutoria en este incidente, asimismo que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en consecuencia, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, al advertirse que se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional, y fue negada la suspensión definitiva, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, y con apoyo además en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina su valoración respectiva en términos del criterio de la Dirección General de Archivo y Documentación "CUADERNO INCIDENTAL. ES DEPURABLE CUANDO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA O LA DEFINITIVA Y PROVISIONAL Y DESTRUIBLE CUANDO SE CONCEDE SÓLO LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL", por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Una vez concluido el plazo de tres años, -a que se refiere el citado Acuerdo General-, dentro de los treinta días siguientes deberá procederse a su destrucción; y c) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Téngase a la Secretaria haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 1467/2022; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Sandra Daniela Taurino Jiménez, Margarita Aurelia Ortega Martínez, Rubén Cruz García, Rosa María Peña López, Juan Carlos García Márquez, María Libia Martínez Moreno y Violeta Naranjo Calvo, mediante escrito depositado en el buzón judicial el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, recibido en esa data por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, y que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca; Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca; Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca; Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca; Comisionado de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca; y Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca. SEGUNDO. Admisión y separación de juicios. Por acuerdo de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, el juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, a quien de inicio correspondió el conocimiento del asunto, admitió a trámite la demanda de amparo, a la que le asignó el número 1490/2022, decretó la separación de autos, ordenándose que el presente juicio se ocupara de la orden de arresto dictada dentro del juicio laboral 66/2015, atribuida a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, como ordenadora y su ejecución por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, comisionado de la Policía Estatal y director jurídico, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, a efecto de que fuera fallado por cuerda separada al diverso juicio 1490/2022, de su índice. TERCERO. Conocimiento del asunto separado y trámite. Por auto veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional aceptó conocer de la demanda promovida por Sandra Daniela Taurino Jiménez, Margarita Aurelia Ortega Martínez, Rubén Cruz García, Rosa María Peña López, Juan Carlos García Márquez, María Libia Martínez Moreno y Violeta Naranjo Calvo, contra actos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca; Comisionado de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca; Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca; y Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que más adelante se precisarán, y que estimó violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En diversos proveídos de dos y cinco de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, en virtud de la razón actuarial de treinta de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo al encargado de la oficina de Correspondencia Común de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, señalando que la denominación correcta del director jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, es director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca; así también, al director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación de dicha Secretaría, informando que la denominación correcta del secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, es secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio, de los Juzgados de Distrito Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Octavo; de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa, en Materias Penal y Administrativa, y en Materias de Trabajo y Administrativa; y de los Tribunales Unitarios Primero y Segundo, todos en el Estado de Oaxaca, así como de las oficinas de correspondencia común que les prestan servicio. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Así del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La orden de arresto dictada en el juicio laboral 66/2015, por la Junta de Arbitraje para los Empelados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca; y Su ejecución TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades señaladas como responsables, presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, la directora jurídica de la Policía Estatal, con sede en Santa María Coyotepec, Oaxaca, en representación del Comisionado de la Policía Estatal, y director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los actos que se les reclama, sin que la parte quejosa haya desvirtuado tal negativa; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Ahora bien, una interpretación correlacionada de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, indica que el contenido negativo de los informes con justificación no es de suyo determinante de la inexistencia de los actos reclamados, toda vez que las partes a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, pueden demostrar lo contrario, o incluso, su existencia puede ser advertida, directamente, de las constancias de autos, por el juzgador. En ese sentido, la carga de la prueba corresponde a la parte quejosa, a más de que, el que promueve una demanda de amparo está obligado a acreditar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional. Sirve de sustento a la anterior consideración, la jurisprudencia 553, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 368, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394509, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Luego, con el propósito de verificar la certeza o inexistencia del acto atribuido a las autoridades responsables, se atiende al contenido del sumario, de su detallada revisión se advierte que, no obra en él, medio de convicción alguno del que se evidencie la existencia de los actos que se reclaman. En consecuencia, dado que la negativa informada por las responsables no fue desvirtuada por la parte quejosa, ni demostrado en el expediente de amparo, con evidencia alguna, la existencia de los actos reclamados antes indicados, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Apéndice 2000, Sexta Época, con número de registro 917818, cuyo rubro y texto establecen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Por su parte, el director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no rindió su informe justificado, no obstante que su notificación se desprende de la constancia respectiva; sin embargo, tomando en consideración que las autoridades ordenadoras negaron la existencia del acto reclamado, no es el caso de presumir cierto el acto que se le reclama, en virtud de que dicha autoridad fue señalada como ejecutora, por lo que materialmente no puede tener ejecución una orden inexistente. Es aplicable al caso, por analogía la jurisprudencia número 90, visible en la página setenta y uno, Tomo IV, Materia Común, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, FALTA DE INFORME DE LAS.- Si las autoridades ejecutoras no rinden informe, pero aquellas a quienes se atribuye haber ordenado el acto lo niegan, es incuestionable que la autoridad ejecutora no puede ejecutar una orden inexistente, y por lo mismo, la falta de informe no trae la presunción que establece el artículo 149 de la Ley de Amparo". En las anteriores condiciones, lo que procede también es sobreseer en el presente juicio de garantías, por lo que respecta a esas autoridades responsables no informantes". En tales condiciones, toda vez que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no procede el análisis de los conceptos de violación, pues esto impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 115, Tomo IX, Enero de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 220705, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Los criterios invocados, a pesar de haber sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, resultan aplicables al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se opone a ésta. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1467/2022 promovido por Sandra Daniela Taurino Jiménez, Margarita Aurelia Ortega Martínez, Rubén Cruz García, Rosa María Peña López, Juan Carlos García Márquez, María Libia Martínez Moreno y Violeta Naranjo Calvo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Difiere audiencia Visto el estado que guardan los autos, y advirtiéndose que por acuerdo de once de enero del año en curso, se agregó el informe justificado rendido por la presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca; es claro que aún no transcurre el plazo concedido en el citado auto, a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes conozcan su contenido; en consecuencia, no es factible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se difiere, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Nueva integración del expediente físico y electrónico. Con motivo de la publicación del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, artículos 252, 253 y 263; así como con fundamento en el precepto 3º, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, y 3º del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; hágase del conocimiento de las partes que se implementan las siguientes medidas: 1. Se adopta como eje rector la actuación a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por lo cual se autorizarán las actuaciones mediante la firma electrónica Firel. 2. Únicamente formaran el expediente físico las promociones físicas exhibidas por las partes y las actuaciones relevantes, como son, el auto inicial, la resolución final, y las demás que este órgano jurisdiccional así lo considere. 3. Las demás actuaciones y promociones electrónicas sólo deberán integrarse al expediente electrónico, a efecto de que puedan ser consultadas por las partes. 4. Los actuarios judiciales deberán integrar las constancias de notificación dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al en que se hayan efectuado. Por lo tanto, se instruye a la secretaría de este juzgado, al actuario judicial, al oficial judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en este asunto, así como la digitalización de los documentos y constancias en los términos de los artículos indicados. Consulta del expediente electrónico. Las partes autorizadas podrán consultar el expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y para el caso de acudir físicamente a consultar el mismo, podrán hacerlo mediante el uso del equipo de cómputo que se encuentra instalado a la entrada de acceso a este juzgado, en términos del artículo 261 del Acuerdo General del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Para lo cual, se instruye al Coordinador Técnico adscrito a este juzgado, preste el auxilio necesario a las partes para ese efecto. Asimismo, se hace saber a las partes que en el área de atención al público de este juzgado, se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los secretarios adscritos, a efecto de que pueden entablar contacto y solicitar la atención correspondiente. NOTIFÍQUESE.

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