Sandalia Jiménez Martínez

Expediente 698/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
698/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
21/08/2018

Partes del expediente

  • Sandalia Jiménez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de dieciséis de julio de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos diversos documentos originales por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  2. Principal

    PREVIO AVISO A LA PARTE QUEJOSA.------San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de julio de dos mil dieciocho. Vista la demanda que suscribe Sandalia Jiménez Martínez, contra el acto reclamado a la Jefa del Departamento de Operaciones y Pagos de los Servicios de Salud en el Estado de Oaxaca; anótese su ingreso con el número de expediente 698/2018, atento su contenido, se provee: Debe desecharse la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Del análisis integral de la demanda de garantías, se advierte, el acto reclamado que se atribuye a la autoridad que señala como responsable, se constriñe en la omisión de acordar su petición recibida el trece de junio del presente año, por el que solicita como trabajadora de esa dependencia del sector salud, se le informe con respecto a las aportaciones y cuotas que durante los diez años debió haber entregado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y que tengan vinculación con sus aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro, y el Fondo de Vivienda. Este órgano jurisdiccional estima que en la especie, se concreta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" (.) "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." (.) Ahora, las notas que distinguen a una autoridad, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Así, lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en la página 39, tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 2001, Novena Época, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". En el caso, no se está en presencia de actos de autoridad, ya que entre la aquí promovente y la Jefa del Departamento de Operaciones y Pagos de los Servicios de Salud en el Estado de Oaxaca, existe una relación de coordinación y no de supra a subordinación, por lo que no es procedente el juicio de garantías. No le reviste el carácter de responsable, pues el acto que se controvierte refiere a cuestiones inherentes como trabajadora del sector salud; luego, se está en un plano de igualdad, y el acto de la responsable no debe estimarse de autoridad para efectos del juicio de amparo, en virtud de la existencia de una relación de coordinación y no de supra a subordinación; así, se está ante un derecho laboral reclamable ante los tribunales de arbitraje que corresponda. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 651, de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 529, Tomo V, materia de trabajo, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 1917- 2000, que dice: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ANTES DE OCURRIR AL AMPARO, DEBEN HACERLO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE. Cuando los trabajadores del Estado se vean afectados por actos de los titulares de las dependencias en que presten sus servicios, si desean reclamar tales actos deben ocurrir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a proponer sus correspondientes quejas, antes de promover el juicio de garantías pues si en lugar de agotar dicho medio de defensa legal ocurren directamente al juicio de amparo, éste debe sobreseerse." Así como la diversa Jurisprudencia de observancia obligatoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo, P./J. 42/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede consultar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, Materia Común, página 126, que dice: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular" Lo expuesto permite establecer que la señalada como responsable, no resulta ser autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues el acto reclamado se suscita entre particulares en materia de derecho laboral, de ahí la existencia de una relación de coordinación y no de supra a subordinación. Anterior criterio, sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa de este Decimotercer Circuito con residencia en esta localidad, al resolver el recurso de queja laboral 122/2018, de fecha doce de junio de dos mil dieciocho. En ese contexto, que se actualiza de manera manifiesta e indudable la citada causa de improcedencia del juicio, que impone desechar la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el mencionado numeral 113, de la ley de la materia. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de garantías, y únicamente por autorizados para ese efecto a las personas que se indica, sin las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, para que en su caso, el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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