Sandra Cote Portillo
Expediente 679/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 679/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Sandra Cote Portillo
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, como la promovente del amparo Sandra Conde Portillo, no recurrió el proveído de veintiocho de julio del año en curso, mediante el cual se desechó su demanda de amparo; con fundamento en el artículo 98, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para los efectos legales procedentes; archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el considerando Décimo Sexto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese.
- Principal
Vista la razón asentada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, de la que se advierte no fue posible notificar los proveídos de veinte y veintiocho de julio último, a la quejosa Sandra Conde Portillo, por los motivos que expone; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción III y artículo 29, de la Ley de Amparo, se ordena realizar la notificación de dichos proveído, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se hagan a dichas partes, por lista de cuerdos que se fije en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese a la quejosa por lista de acuerdos, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad. ...acuerdo de veinte de julio del año en curso..."Vista la demanda de amparo promovida por Sandra Conde Portillo, contra actos de la Contraloría Jurídica del Ejecutivo del Estado. Fórmese expediente con el número que le corresponda, como lo es el 679/2017, y regístrese en el libro respectivo. Ahora bien, a fin de proveer lo que en derecho proceda, con fundamento en el artículo 114, de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del en que quede legalmente notificada del presente proveído, cumpla con el requisito que exige el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente, esto es, deberá manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad; con apercibimiento que de no cumplir, dentro del término señalado, se tendrá por no presentada, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 114, de la ley de la materia. Tiene aplicación al respecto la Tesis P./J.127/99, visible en la página 32, del Tomo X, Noviembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓJN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADO DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA". Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones en calle Guridi y Alcocer número sesenta y cuatro, colonia centro de esta ciudad, y por autorizadas para tales efectos a las personas que menciona en su ocurso constitucional. Finalmente, se hace saber a las partes que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta en los términos y con las salvedades establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, por lo que de conformidad con los artículos 8° y 61 del citado ordenamiento, tienen el derecho para oponerse de manera expresa, a la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente a la promovente."...y acuerdo de veintiocho de julio del año actual..." En tiempo se tiene a SANDRA CONDE PORTILLO, dando cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de veinte de julio de dos mil diecisiete. Ahora bien, del examen de la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte que el juicio de amparo es improcedente, y por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la nueva Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la interpretación gramatical de esta disposición legal se desprende que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Por su parte, los numerales 61, fracción XXIII, y 107, fracción VIII, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto.". Ahora, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la fracción VIII, del artículo 107, de la Ley de Amparo, determinó que aunque en esa disposición el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, dicha fracción no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza; asimismo, precisó que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicha fracción y precepto, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado; y, que la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas, esto es, cuando la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta, o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto. Criterio el anterior, que se encuentra plasmado en la jurisprudencia siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas". (Época: Décima Época, Registro: 2009721, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 17/2015 (10a.), Página: 5). Bajo esa perspectiva, cabe decir que el acto reclamado en la especie, atendiendo a sus efectos, no encuadra en la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto. Ello, porque el acto aquí reclamado consiste en la resolución de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, emitida por la Contraloría Jurídica del Ejecutivo del Estado, en donde la citada autoridad confirmó el auto de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, en el que se declara incompetente para conocer de la queja administrativa en el expediente número QyD. 59/2017/DJ/DRA, asunto que manifiesta ser competencia del Ayuntamiento Municipal de Tlaxcala. Esto es, la decisión reclamada no constituye una determinación definitiva, dado que está sujeta a que el órgano a favor del cual se declina la competencia, a saber, el Ayuntamiento Municipal de Tlaxcala, la acepte. Lo anterior, tomando en cuenta que la resolución reclamada fue emitida por el Contraloría Jurídica del Ejecutivo del Estado, autoridad que no es superior jerárquico ni ejerce jurisdicción sobre el Ayuntamiento Municipal de Tlaxcala, el cual se trata de un órgano especializado con autonomía y plena jurisdicción En ese orden de ideas, el Ayuntamiento Municipal de Tlaxcala, no se encuentra obligado a acatar el acuerdo reclamado, por no estar sujeta a la competencia del Contraloría Jurídica del Ejecutivo del Estado, por tanto sólo la resolución que aquél emita aceptando la competencia, será en todo caso la que pudiera causar agravio a la quejosa, y que podría ser impugnada a través del medio ordinario que la ley establezca en su caso, o del juicio de amparo que resulte procedente. En consecuencia es evidente, que la resolución reclamada en donde la autoridad responsable confirmó el proveído que declina la competencia al Ayuntamiento Municipal de Tlaxcala para conocer y resolver el asunto no es una determinación definitiva y no le causa agravio al impetrante de garantías, pues tiene como única consecuencia que se remita el expediente de queja administrativa QyD. 59/2017/DJ/DRA al Ayuntamiento Municipal de Tlaxcala quien dictará providencia en la que, en su caso, acepte tal competencia, y es entonces cuando, de ser así, se materializaría jurídicamente alguna transgresión. De ahí que, en el caso, el auto reclamado no puede considerarse una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, por no tratarse de una decisión definitiva. Ello, acorde a que, como se anotó, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, teniendo tal carácter aquéllos en que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta. Es aplicable exactamente al caso, la jurisprudencia siguiente: "INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA. LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA POR LA CUAL LA DETERMINA NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, NI DEFINITIVO PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo establecido por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra actos en el juicio que no tengan una ejecución de imposible reparación; ahora bien, la resolución en la cual una Junta declina la competencia para conocer de un asunto no es definitiva para los efectos del juicio de amparo indirecto, ni puede considerarse que sea de imposible reparación, en virtud de que está supeditada a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad a quien se declinó la competencia, y sería, en todo caso, la que ésta emita la que causaría el agravio y que pudiera ser impugnada a través del amparo indirecto". (Época: Novena Época, Registro: 179888, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, Materia(s): Laboral, Tesis: IX.2o. J/9, Página: 1190). Consecuentemente, en la especie se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el dispositivo 113 transcrito, se desecha la demanda de estudio. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, de su Reglamento, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a la promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que, en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Asimismo, de conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Notifíquese personalmente."...
- Principal
Tlaxcala, Tlaxcala, veintiocho de julio de dos mil diecisiete. En tiempo se tiene a SANDRA CONDE PORTILLO, dando cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de veinte de julio de dos mil diecisiete. Ahora bien, del examen de la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte que el juicio de amparo es improcedente, y por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la nueva Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la interpretación gramatical de esta disposición legal se desprende que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Por su parte, los numerales 61, fracción XXIII, y 107, fracción VIII, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto.". Ahora, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la fracción VIII, del artículo 107, de la Ley de Amparo, determinó que aunque en esa disposición el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, dicha fracción no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza; asimismo, precisó que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicha fracción y precepto, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado; y, que la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas, esto es, cuando la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta, o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto. Criterio el anterior, que se encuentra plasmado en la jurisprudencia siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas". (Época: Décima Época, Registro: 2009721, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 17/2015 (10a.), Página: 5). Bajo esa perspectiva, cabe decir que el acto reclamado en la especie, atendiendo a sus efectos, no encuadra en la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto. Ello, porque el acto aquí reclamado consiste en la resolución de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, emitida por la Contraloría Jurídica del Ejecutivo del Estado, en donde la citada autoridad confirmó el auto de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, en el que se declara incompetente para conocer de la queja administrativa en el expediente número QyD. 59/2017/DJ/DRA, asunto que manifiesta ser competencia del Ayuntamiento Municipal de Tlaxcala. Esto es, la decisión reclamada no constituye una determinación definitiva, dado que está sujeta a que el órgano a favor del cual se declina la competencia, a saber, el Ayuntamiento Municipal de Tlaxcala, la acepte. Lo anterior, tomando en cuenta que la resolución reclamada fue emitida por el Contraloría Jurídica del Ejecutivo del Estado, autoridad que no es superior jerárquico ni ejerce jurisdicción sobre el Ayuntamiento Municipal de Tlaxcala, el cual se trata de un órgano especializado con autonomía y plena jurisdicción En ese orden de ideas, el Ayuntamiento Municipal de Tlaxcala, no se encuentra obligado a acatar el acuerdo reclamado, por no estar sujeta a la competencia del Contraloría Jurídica del Ejecutivo del Estado, por tanto sólo la resolución que aquél emita aceptando la competencia, será en todo caso la que pudiera causar agravio a la quejosa, y que podría ser impugnada a través del medio ordinario que la ley establezca en su caso, o del juicio de amparo que resulte procedente. En consecuencia es evidente, que la resolución reclamada en donde la autoridad responsable confirmó el proveído que declina la competencia al Ayuntamiento Municipal de Tlaxcala para conocer y resolver el asunto no es una determinación definitiva y no le causa agravio al impetrante de garantías, pues tiene como única consecuencia que se remita el expediente de queja administrativa QyD. 59/2017/DJ/DRA al Ayuntamiento Municipal de Tlaxcala quien dictará providencia en la que, en su caso, acepte tal competencia, y es entonces cuando, de ser así, se materializaría jurídicamente alguna transgresión. De ahí que, en el caso, el auto reclamado no puede considerarse una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, por no tratarse de una decisión definitiva. Ello, acorde a que, como se anotó, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, teniendo tal carácter aquéllos en que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta. Es aplicable exactamente al caso, la jurisprudencia siguiente: "INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA. LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA POR LA CUAL LA DETERMINA NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, NI DEFINITIVO PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo establecido por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra actos en el juicio que no tengan una ejecución de imposible reparación; ahora bien, la resolución en la cual una Junta declina la competencia para conocer de un asunto no es definitiva para los efectos del juicio de amparo indirecto, ni puede considerarse que sea de imposible reparación, en virtud de que está supeditada a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad a quien se declinó la competencia, y sería, en todo caso, la que ésta emita la que causaría el agravio y que pudiera ser impugnada a través del amparo indirecto". (Época: Novena Época, Registro: 179888, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, Materia(s): Laboral, Tesis: IX.2o. J/9, Página: 1190). Consecuentemente, en la especie se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el dispositivo 113 transcrito, se desecha la demanda de estudio. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, de su Reglamento, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a la promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que, en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Asimismo, de conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el licenciado Ignacio Manuel Cal y Mayor García, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante la secretaria judicial, licenciada María de Lourdes Morales García, que autoriza y da fe.MLMG/gma
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 8,910 expedientes
- Sandra Alicia Godínez Contreras416/2019
- Sandra Ánimas Portillo1104/2022
- Sandra Ánimas Portillo1325/2022
- Sandra Arana Aguilar y Otros.1356/2022
- Sandra Argelia Hernández Ahuatzi272/2023
- Sandra Conde Portillo443/2017
- Sandra Cruz José549/2017
- Sandra Erika Sarmiento Medina912/2023
- Sandra Espinoza Pluma933/2023
- Sandra Espinoza Pluma1025/2021
- Sandra Espinoza Pluma796/2019
- Sandra Espinoza Pluma1440/2023