Sandra Conde Portillo
Expediente 443/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 443/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 09/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Sandra Conde Portillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio número CE-102017/DJ-2467, suscrito por el Contador Público María Escobar Sánchez, Contralor Ejecutivo, visto su contenido, infórmesele a la autoridad oficiante que mediante oficio número 21762/2017, de siete de junio del año en curso, le fue devuelta la copia certificada del nombramiento de fecha dos de enero del presente año, por el que acreditó su personalidad en el presente juicio de amparo; además de que, obra en autos el acuse de recibo del oficio en cita recibido el ocho de junio del actual. No obstante lo anterior, se ordena reenviar el aludido oficio número 21762/2017, de siete de junio del año en curso, de los del índice de este juzgado, por el que se devolvió la copia certificada del nombramiento de fecha dos de enero del presente año, por el que acreditó su personalidad en el presente juicio de amparo; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto el recurso de revisión en contra del auto dictado el veintisiete de junio de dos mil diecisiete; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archívese este expediente como asunto concluido. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en el considerando Décimo Sexto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese.
- Principal
Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio número CE-072017/DJ-1554, suscrito por el Contralor del Ejecutivo, en razón de que por proveído veintisiete de junio del año en curso, se sobreseyó el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
***** Visto el estado que guardan los presentes autos, y advirtiéndose de los mismos que la parte quejosa señalo como acto reclamado el auto de fecha veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente de queja administrativa QyD 59/2017/DJDRA, por la cual se declaró incompetente para conocer de la queja formulada por la hoy quejosa en contra del servidor público Javier Rivera Lima. Ahora bien, tomando en consideración que la autoridad responsable Contraloría Jurídica del Ejecutivo del Estado, al rendir su informe justificado manifestó que se declaró incompetente para conocer de la queja administrativa presentada por la parte quejosa en contra del servidor público Javier Rivera Lima, resulta evidente que el presente juicio de amparo es improcedente. En efecto, este juzgado advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que deriva de relacionar los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción VIII, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto.". Ahora, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al intepretar la fracción VIII, del artículo 107, de la Ley de Amparo, determinó que aunque en esa disposición el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, dicha fracción no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza; asimismo, precisó que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicha fracción y precepto, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado; y, que la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas, esto es, cuando la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta, o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto. Criterio el anterior, que se encuentra plasmado en la jurisprudencia siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas". (Época: Décima Época, Registro: 2009721, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 17/2015 (10a.), Página: 5). Bajo esa perspectiva, cabe decir que el acto reclamado en la especie, atendiendo a sus efectos, no encuadra en la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto. Ello, porque el acto aquí reclamado consiste en el auto de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete dictado por la Contraloría del Ejecutivo Dirección Jurídica, en donde la citada autoridad se declara incompetente para conocer de la queja administrativa en el expediente de queja administrativa número QyD. 59/2017/DJ/DRA, asunto que manifiesta ser competencia del Ayuntamiento Municipal de Tlaxcala, del cual hace conocimiento mediante oficio al Síndico Municipal del Ayuntamiento de Tlaxcala, a efecto de que, en su calidad de Representante Legal pusiera del conocimiento de dicho Ayuntamiento. Esto es, la decisión reclamada no constituye una determinación definitiva, dado que está sujeta a que el órgano jurisdiccional a favor del cual se declina la competencia, a saber, el Ayuntamiento Municipal de Tlaxcala, la acepte. Lo anterior, tomando en cuenta que la resolución reclamada fue emitida por el Contraloría Jurídica del Ejecutivo del Estado, autoridad que no es superior jerárquico ni ejerce jurisdicción sobre el Ayuntamiento Municipal de Tlaxcala, el cual se trata de un órgano especializado con autonomía y plena jurisdicción En ese orden de ideas, el Ayuntamiento Municipal de Tlaxcala, no se encuentra obligado a acatar el acuerdo reclamado, por no estar sujeta a la competencia del Contraloría Jurídica del Ejecutivo del Estado, por tanto sólo la resolución que aquél emita aceptando la competencia, será en todo caso la que pudiera causar agravio a la quejosa, y que podría ser impugnada a través del medio ordinario que la ley establezca en su caso, o del juicio de amparo que resulte procedente. En consecuencia es evidente, que el auto reclamado en donde la autoridad responsable declina la competencia al Ayuntamiento Municipal de Tlaxcala para conocer y resolver el asunto no es una determinación definitiva y no le causa agravio al impetrante de garantías, pues tiene como única consecuencia que se remita el expediente de queja administrativa QyD. 59/2017/DJ/DRA al Ayuntamiento Municipal de Tlaxcala quien dictará providencia en la que, en su caso, acepte tal competencia, y es entonces cuando, de ser así, se materializaría jurídicamente alguna transgresión. De ahí que, en el caso, el auto reclamado no puede considerarse una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, por no tratarse de una decisión definitiva. Ello, acorde a que, como se anotó, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, teniendo tal carácter aquéllos en que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta. Es aplicable exactamente al caso, la jurisprudencia siguiente: "INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA. LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA POR LA CUAL LA DETERMINA NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, NI DEFINITIVO PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo establecido por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra actos en el juicio que no tengan una ejecución de imposible reparación; ahora bien, la resolución en la cual una Junta declina la competencia para conocer de un asunto no es definitiva para los efectos del juicio de amparo indirecto, ni puede considerarse que sea de imposible reparación, en virtud de que está supeditada a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad a quien se declinó la competencia, y sería, en todo caso, la que ésta emita la que causaría el agravio y que pudiera ser impugnada a través del amparo indirecto". (Época: Novena Época, Registro: 179888, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, Materia(s): Laboral, Tesis: IX.2o. J/9, Página: 1190). Luego, al existir una causal de improcedencia que es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo vigente. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, cuyo texto es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto legal alguno la fecha señalada para que tuviera verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio. Finalmente, es de establecerse que al hacerse pública la presente resolución de conformidad con los artículos 8 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el diverso del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no deberán suprimirse los datos personales de las partes, ya que omitieron manifestar su oposición expresa para la publicación de los mismos; debiéndose suprimir únicamente los indicados en la Circular CTAIPPDT 1/2011, emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales. Notifíquese personalmente.
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