Sandra Cervantes Pineda

Expediente 838/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 44 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
838/2020
Año
2020
Actuaciones
44
Última actuación
14/04/2023

Partes del expediente

  • Sandra Cervantes Pineda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 44.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio que remite la actuaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio por el que se le remitió el juicio de amparo 838/2020, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia emitida dentro del juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno, e informa su admisión, el cual quedó registrado con el número 115/2023. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.ORF

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de enero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el comunicado con firma electrónica del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con sede en la Ciudad de México, acusando recibo del oficio 23833, mediante el cual se le notificó el proveído de seis de diciembre del año dos mil veintidós, por el que se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión contra la sentencia emitida en autos. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de doce de diciembre de dos mil veintidós, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/6910/2022 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", quien actúa asistida de la licenciada Eugenia América Ayala Díaz de León, secretaria que autoriza y da fe.ORF

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de diciembre de dos mil veintidós.****************************************Vista la cuenta precedente, agréguense los escritos signados por la quejosa ******************** mediante los cuales interpone recurso de revisión contra la sentencia emitida en autos; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las partes con copia del escrito de expresión de agravios.****************************************Asimismo, con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítanse dentro de los tres días siguientes los autos originales al Tribunal Colegiado que corresponda, enviándose al efecto el original y copia de los escritos en mención.****************************************Finalmente, requiérase a las autoridades responsables para el efecto de que se sirvan acusar recibo de los oficios 23833, 23834 y 23835, mediante los cuales se les notifica la presente determinación.****************************************Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables.****************************************Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 838/2020, promovido por Sandra Cervantes Pineda, por su propio derecho; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Uruapan, Michoacán, Sandra Cervantes Pineda, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y de otras autoridades. Actos que estimó violatorios de los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Incompetencia planteada y trámite del juicio. En auto de cuatro de noviembre de dos mil veinte, el Juez Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, Michoacán, declaró carecer de competencia legal por razón de territorio, en atención a que el acto reclamado en la presente instancia tiene ejecución material en el municipio de Tacámbaro, Michoacán, lugar que no se encuentra dentro del territorio sobre el cual dicho juzgado ejerce jurisdicción, por lo que mediante oficio 14054 ordenó remitir la demanda y sus anexos al Juez de Distrito en turno, con residencia en Morelia, Michoacán. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia; órgano que la registró con el número 838/2020; y previo cumplimiento a la prevención realizada, en proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veinte la admitió a trámite en los términos propuestos; asimismo, se ordenó dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal correspondiente; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, el dieciocho de diciembre de dos mil veinte se emitió la Circular CAP/3/2020, a través de la cual se informó que en sesión de la misma fecha, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal"; razón por la cual durante ese periodo -del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno- se ordenó regresar al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que se decretó la suspensión de plazos y términos, con las salvedades de los asuntos que calificaran como urgentes. Atendiendo a esa circunstancia, en auto de doce de enero del año en curso, se levantó la suspensión del procedimiento de este juicio decretada conforme a la circular CAP/3/2020 y se continuó con el trámite respectivo. Luego, seguido el trámite respectivo, el diez de mayo de dos mil veintiuno se dictó sentencia dentro del presente juicio, en la cual se negó la protección constitucional solicitada. Tercero. Recurso de revisión, reposición de procedimiento y ampliación de demanda. Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, quien con fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dentro del amparo en revisión 137/2021,revocó la sentencia recurrida y ordenó reponer el procedimiento para que se notificara personalmente a la quejosa el informe rendido por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como para prevenirla para que si lo estimaba pertinente, ampliara su demanda de amparo contra el Acuerdo 145/2020, o de cualquier otro acto vinculado con lo reclamado. Atento lo anterior, en cumplimiento a la vista otorgada, en auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda respecto de la autoridad y acto reclamado precisado con antelación, por lo que se pidió a la responsable su informe con justificación y se continuó con el trámite correspondiente. Finalmente, se desahogó de la audiencia constitucional, misma que se verificó en los términos del acta que antecede, por lo que ahora se procede a resolver al tenor de las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado tiene consecuencias jurídicas dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda y su ampliación, se advierte que Sandra Cervantes Pineda, señala como autoridades responsables y acto reclamado, los siguientes: El Acuerdo 145/2020, denominado "ACUERDO DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA, POR EL CUAL SE DESIGNAN PERSONAS PARA SER INCORPORADAS A LA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS, DE CONFORMIDAD CON LOS PARÁMETROS QUE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL QUE SE INDICAN", de seis de octubre de dos mil veinte; y, Como consecuencia del citado acuerdo, el bloqueo de la cuenta bancaria número 24218703 de la Institución Bancaria Banco del Bajío S.A., Institución de Banca Múltiple, a nombre de la quejosa. Actos que atribuyó a las siguientes autoridades: Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ambas con residencia en Ciudad de México; y, Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, sucursal Tacámbaro, Michoacán. Tercera. Existencia de los actos reclamados. El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Gerente de Atención a Oficios de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, al momento de rendir sus informes aceptaron la existencia del acto reclamado. Al efecto, la primera de las autoridades señaló que el Acuerdo 145/2020 que contiene la orden de bloqueo reclamada es el resultado del trabajo conjunto de cooperación y coordinación, así como del intercambio de información realizado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de esa Unidad y diversa agencia de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica. En tanto que la segunda autoridad nombrada, refirió que la cuenta 24218703 a nombre de Sandra Cervantes Pineda fue bloqueada el nueve de octubre de dos mil veinte, en atención al oficio 110/F/B/7819/2020 de la Unidad de Inteligencia Financiera, recibido a través del oficio 214-4/9745693/2020, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por su parte, la autoridad Comisión Nacional Bancaria y de Valores fue omisa en rendir su informe con justificación, no obstante que le fue requerido a través de la cuenta de correo electrónico contencioso@cnbv.gob.mx, el doce de abril de dos mil veinte. Luego, en atención a lo asentado en la certificación secretarial levantada al respecto en la audiencia de diez de mayo de dos mil veintiuno, el plazo de quince días del que disponía la autoridad en cita para rendir su informe feneció el tres de mayo del propio año, sin que lo hubiere hecho, por lo que en esas condiciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye, consistente en la ejecución de la orden de bloqueo de la cuenta bancaria a nombre de la quejosa. Además, de las constancias que remitió la institución bancaria se advierte el oficio 214-4/9745693/2020, signado por el Director General Adjunto de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través del cual remitió el diverso oficio 110/F/B/7819/2020 emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera, en la cual le comunicó la lista de personas bloqueadas que contiene el acuerdo 145/2020. En esa virtud, procede tener por ciertos los actos reclamados a la totalidad de las autoridades señaladas como responsables en esta instancia constitucional. Lo que además se corrobora con las copias certificadas que acompañó el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera a su informe con justificación, relativas al acuerdo 145/2020 emitido el seis de octubre de dos mil veinte. Documentales que adquieren valor probatorio pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, las partes no hicieron valer causales de improcedencia de la presente acción constitucional, ni este juzgador advierte de oficio la actualización de alguna de ellas, por tanto, lo procedente es analizar los conceptos de violación. Quinta. Constitucionalidad del acto reclamado. La promovente de amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por Contradicción de Tesis 2a./J. 58/2010, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Al respecto, la quejosa aduce en esencia: - En su primer concepto de violación: Que las autoridades responsables violan en su perjuicio los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ya que se ubica en la hipótesis prevista en el numeral 107, fracción III, inciso a) de la Constitución, porque al ordenar el bloqueo de su cuenta se le dejó en total estado de indefensión y sin la oportunidad de presentar pruebas o defenderse adecuadamente en juicio, sin que hasta la fecha haya recibido oficio o notificación de procedimiento administrativo o legal alguno en el que se le dé a conocer los fundamentos y motivos del bloqueo ordenado, así como los medios de defensa a su alcance, privándole del acceso y disposición de los recursos de su propiedad. - Señala que además de no poder disponer de los bienes económicos, presume se le está vinculando con otro tipo de actos derivados supuestamente del oficio emitido por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, por lo que es de concluirse que dicha autoridad no siguió las formalidades mínimas a efecto de salvaguardar sus derechos fundamentales, pues no se le ha hecho del conocimiento el fundamento y motivación del bloqueo reclamado, mismo que tiene efecto de resolución definitiva ya que las consecuencias son incluirla en la lista de personas bloqueadas, lo que es contrario al artículo 8º, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. - En el segundo concepto de violación: Aduce que las autoridades responsables violaron la garantía de legalidad reconocida en los numerales 14 y 16 Constitucionales, pues no existe norma jurídica que les otorgue la facultad para bloquear, congelar, retener o inmovilizar su cuenta bancaria, toda vez que en ningún momento se lo dieron a conocer, sino a través de la institución bancaria responsable, sin precisar qué persona física firma el acto que tiene como asunto: "aviso de bloqueo de cuenta", donde le comunicaron tal determinación. - Que no fue hasta que conoció ese escrito supuestamente emitido por Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple que presume sin conceder que existe un procedimiento que le dio origen a la lista de personas bloqueadas; sin embargo, señala que en términos de la Ley de Instituciones de Crédito los bancos prestan sus servicios mediante un contrato y el embargo, bloqueo, congelamiento, retención e inmovilización de la cuenta bancaria significa stricto sensu, suspender los efectos del contrato de prestación del servicio entre el banco y el cuentahabiente, sin conocer los motivos y fundamentos, lo cual le causa incertidumbre y perjuicio dado que del oficio donde se le avisa el bloqueo se hace alusión a que se le introdujo en una lista de personas bloqueadas, y la naturaleza de los procedimientos que lleva la autoridad responsable pueden derivar de cuestiones graves ante las cuales no puede defenderse por desconocer el procedimiento. - Que por lo anterior, le privan y molestan en su derecho a depositar, a retirar dinero, sin que exista un precepto jurídico que le permita a la autoridad realizar el bloqueo, congelamiento, retención e inmovilización de la cuenta bancaria, sin conocer los antecedentes, fundamentos, motivos y derecho de audiencia y debido proceso. - Y en su tercer concepto de violación: Refiere que las autoridades transgredieron sus derechos humanos de legalidad y seguridad jurídicas previstos en el artículo 16 Constitucional, que constriñe a las autoridades administrativas a realizar única y exclusivamente aquellos actos que la norma expresamente prevea, y en el caso, el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el bloqueo de la cuenta bancaria a su nombre, sin que la autoridad ejecutora tenga atribuciones para realizar esos actos. Luego, en el único concepto de violación esgrimido en su ampliación de demanda, la parte quejosa sustancialmente adujo: - Que el Acuerdo 145/2020 es meramente el resultado del intercambio de información entre la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda y Crédito Público y la DEA (por sus siglas en inglés) en el cual, nunca se solicitó por parte de la autoridad extranjera que se bloqueara o congelara la cuenta de la investigada, siendo así que dicho acto de autoridad es arbitrario y unilateral, al ser emitido por la autoridad nacional quien provisionalmente bloquea o congela las cuentas de la quejosa como medida cautelar, transgrediendo directamente el derecho fundamental de seguridad jurídica establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, al haber sido emitido por aspectos estrictamente nacionales, bajo meras presunciones, derivadas de la colaboración, cooperación e intercambio de información entre la autoridad nacional y la extranjera, vulnerando además el derecho humano de presunción de inocencia pues se le está privando de sus derechos y posesiones sin mandato judicial debidamente fundado y motivado. Al respecto, cita el criterio de rubro: "ACTOS, OPERACIONES O SERVICIOS BANCARIOS. SU BLOQUEO ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE REALIZA PARA CUMPLIR COMPROMISOS INTERNACIONALES (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO)". - Señaló también, que del informe rendido por la Unidad de Inteligencia Financiera, se desprende que junto con la DEA llevaron a cabo trabajos de colaboración e intercambio de información que les permitió identificar objetivos comunes bajo una presunción que pudiera actualizar lavado de activos, de donde no se sigue que la DEA le haya solicitado el bloqueo de la cuenta de la quejosa, sino que dicha acción constituye una determinación motu proprio del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, es decir, tiene un origen nacional. - Que el bloqueo de la cuenta bancaria de la quejosa no obedece al cumplimiento de una resolución o determinación adoptada por un organismo internacional o por una agrupación gubernamental que sea reconocida con esas atribuciones por nuestro país a la luz de algún tratado internacional por lo que al incluirla en la lista del acuerdo 145/2020 se está atentando contra los principios de inocencia, debido proceso y seguridad jurídica que resguardan los numerales 1º, 14 y 16 de la Carta Magna, por no haber sido notificada del procedimiento para ser incluida en la lista de personas bloqueadas ni haber recibido notificación por autoridad competente del acto arbitrario que vulnera derechos humanos. - Que al omitir correrle notificación del procedimiento e incluirla en el Acuerdo 145/2020 de lista de personas bloqueadas, va más allá de un acto de molestia, toda vez que las consecuencias y repercusiones han trascendido en el tiempo sin que le sea posible acceder a sus recursos económicos y se le restringe la posibilidad de aperturar otra cuenta en distinta institución bancaria, por lo que refiere este juzgador debe realizar un test de proporcionalidad para advertir la violación a sus derechos humanos pues a la fecha no se le ha notificado documento alguno por la Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y a la presentación de ampliación de demanda no ha cesado o ha sido levantada la medida provisional o cautelar consistente en el bloqueo de su cuenta bancaria 24218703, limitando el ejercicio y goce de sus posesiones y derechos, ya que en el Acuerdo 145/2020 no se observa que se determine plazo alguno en el que se deba mantener vigente cualquier medida provisional o cautelar. Una vez analizados los conceptos de violación aducidos, resultan infundados, por las razones que se exponen a continuación. Primeramente, respecto del Acuerdo 145/2020, que la quejosa señaló como acto reclamado en su ampliación de demanda, es necesario establecer que como se advierte del contenido de esa determinación, su emisión es el resultado del trabajo conjunto de cooperación y coordinación, así como del intercambio de información realizados entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y la agencia de inteligencia de los Estados Unidos DEA (por sus siglas en inglés). Al efecto, se estableció en el acuerdo reclamado que desde el año dos mil, México es miembro del Grupo de Acción Financiera, organismo intergubernamental que dicta los estándares internacionales relacionados con la prevención del combate al lavado de dinero, el financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción en Masa, por lo que se encuentra comprometido a implementar de manera efectiva las recomendaciones de dicho organismo, a través de los medios legales que se dispongan para ello, como son las atribuciones de la unidad administrativa (Unidad de Inteligencia Financiera), a fin de prevenir y combatir a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de donde se desprende el lavado de dinero, así como el financiamiento al terrorismo y por ende, la forma en que este puede ser operado. En este punto es necesario precisar que las Recomendaciones del GAFI/FATF son los estándares internacionales más reconocidos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT). Las mismas incluyen una serie de medidas financieras, legales y de conducta que los países deben llevar adelante, en su mayoría basadas en instrumentos legales internacionales (convenciones de la ONU y de organismos supervisores). Además, se incluyen medidas de cumplimiento para el sector público y privado. Estas Recomendaciones, aumentan la transparencia y habilitan a los países a tomar acciones contra el uso ilícito del sistema financiero. En ese sentido, se estableció también en el Acuerdo reclamado que el Grupo de Acción Financiera Internacional, señala en su Recomendación 29, Unidades de Inteligencia Financiera, lo siguiente: "Los países deben establecer una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que sirva como un centro nacional para la recepción y análisis de: (a) reportes de transacciones sospechosas; y (b) otra información relevante al lavado de activos, delitos determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo, y para la comunicación de los resultados de ese análisis. La UIF debe ser capaz de obtener información adicional de los sujetos obligados, y debe tener acceso oportuno a la información financiera, administrativa y del orden público que requiera para desempeñar sus funciones apropiadamente." Que por su parte, el Grupo de Acción Financiera internacional establece en su Recomendación denominada 4. Decomiso y medidas provisionales, que los países deben: "Los países deben adoptar medidas similares a las establecidas en la Convención de Viena, la Convención de Palermo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, incluyendo medidas legislativas, que permitan a sus autoridades competentes congelar o incautar y decomisar lo siguiente, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe: (a) bienes lavados, (b) producto de, o instrumentos utilizados en, o destinados al uso en, delitos de lavado de activos o delitos determinantes , (c) bienes que son el producto de, o fueron utilizados en, o que se pretendía utilizar o asignar para ser utilizados en el financiamiento del terrorismo, actos terroristas u organizaciones terroristas, o (d) bienes de valor equivalente. [.]" Asimismo, se estableció que la Convención de Mérida señala en su artículo 31 numeral 2, el Embargo preventivo, incautación y decomiso, la disposición con relación al embargo preventivo o la incautación de activos en los mismos términos que la Convención de Palermo. En atención a lo anterior, señaló la responsable que la emisión del acuerdo 145/2020 deriva, en un primer momento, de la facultad que se le otorga para prevenir la consumación o continuación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto como delito en el Código Penal Federal, aunado a que tal objetivo se relaciona con la obligación que tiene el Estado Mexicano de dar cumplimiento a los tratados internacionales. Expuesto el anterior panorama, es de concluirse que, si la emisión del Acuerdo 145/2020 aquí reclamado, fue el resultado del trabajo conjunto de cooperación y coordinación, así como el intercambio de información realizados por la autoridad responsable y la agencia de inteligencia de los Estados Unidos DEA, la cual, ya que como así se indicó en el citado Acuerdo, mediante oficio MX-20-0268 de fecha dos de octubre de dos mil veinte, el Director Regional Adjunto de la Administración para el Control de Drogas (DEA -United Drug Enforcement Administration-) solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, su asistencia sobre una investigación internacional de lavado de activos, esto es, para investigar las irregularidades identificadas en las cuentas bancarias y los posibles vínculos con actividades criminales de todos los sujetos incluidos en el Acuerdo en cita, con la finalidad de identificar posibles redes de lavado de dinero sobre un grupo de personas que opera principalmente en la Ciudad de México. De esa manera, también se destacó en el Acuerdo que se analiza que la referida solicitud de cooperación internacional fue realizada por el Director Regional de la DEA, Adjunto a la Embajada de Estados Unidos ubicada en Ciudad de México, esto es, por un integrante de una agencia perteneciente al Departamento de Justicia del Gobierno de los Estados Unidos de América, que coopera con nuestro país para coordinar operaciones contra el narcotráfico y lavado de dinero, proveniente de actividades de narcotráfico de gran escala junto con sus organizaciones. También se destacó que dentro de las atribuciones de dicha agencia está la de prevenir y combatir el uso, compra y venta de sustancias controladas de los Estados Unidos, así como para realizar la incautación y decomiso de activos derivados, rastreables o destinados a ser utilizados para el tráfico ilícito de drogas, así como recursos lavados derivados principalmente de esos delitos. Igualmente, se hizo énfasis que dicha investigación está directamente vinculada con el operativo realizado por la responsable y la diversa de los Estados Unidos denominado "Operación Zócalo", entonces resulta evidente que contrario a lo que aduce la quejosa, no se trata de un acto unilateral emitido por propia iniciativa de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino derivado de la petición realizada mediante oficio MX-20-0268 de fecha dos de octubre de dos mil veinte, suscrito por el Director Regional Adjunto de la Administración para el Control de Drogas (DEA -United Drug Enforcement Administration-), a través del cual solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, su asistencia para investigar las irregularidades identificadas en las cuentas bancarias y los posibles vínculos con actividades criminales de todos los sujetos incluidos en el Acuerdo en cita. Es decir, de las constancias que remitió la responsable se advierte que la emisión de la lista de personas bloqueadas en el sistema financiero contenida en el Acuerdo 145/2020, tiene un origen derivado de la solicitud de cooperación internacional que se llevó a cabo entre la Unidad de Inteligencia Financiera [UIF] y la DEA [DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION, Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés], formalizada mediante oficio MX-20-0268 de dos de octubre de dos mil veinte, firmada por el Director Regional adjunto de dicha agencia. En esas condiciones, y no obstante que la quejosa aduce que del Acuerdo reclamado no se advierte -expresamente- que se hubiere solicitado por parte de la autoridad extranjera el bloqueo de su cuenta bancaria 24218703, lo cierto es que sí se solicitó asistencia sobre la investigación internacional llevada a cabo en forma conjunta por la responsable y la autoridad extranjera, derivado de que se logró la identificación de objetivos comunes que se presume han llevado a cabo acciones que pudieran actualizar la figura de "lavado de activos", y en esa virtud, la medida decretada por la responsable y su ejecución, sí proviene del cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por nuestro país, a través de la obligación compartida de implementar este tipo de medidas ante solicitudes de autoridades extranjeras. En ese contexto, la medida cautelar decretada por la autoridad, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito -precepto legal que es conforme con el principio constitucional de seguridad jurídica, en términos de la interpretación efectuada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- es de considerarse legal debido a que, se reitera, el motivo que generó la emisión de la lista de personas bloqueadas al sistema financiero, entre las que se encuentra la aquí quejosa tiene origen internacional y proviene del procedimiento de investigación formulado por la DEA (por sus siglas en inglés), vinculado con el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por nuestro país, a través de la obligación compartida de implementar este tipo de medidas ante solicitudes de autoridades extranjeras. Orienta lo anterior, la tesis I.4o.A.128 A (10a.), visible a fojas 2391, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, Décima Época, Materia Administrativa, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, registro digital 2017999, del rubro y texto: "LAVADO O BLANQUEO DE CAPITALES. ALCANCES DE LAS MEDIDAS QUE SE ADOPTEN AL RESPECTO (RECOMENDACIÓN 4 DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL -GAFI-). Las actividades ilícitas -principales, accesorias o complementarias- que se vinculan con el lavado de capitales y el uso inadecuado del sistema financiero, son de carácter complejo, innovativas en cuanto al despliegue de modalidades en su comisión, con participación plural de agentes que se encadenan con propósitos coincidentes que, vistas en aislado, pueden disfrazar o ser confusas respecto al objetivo final pretendido. Así, las directrices y convenciones internacionales, así como las medidas legislativas implementadas por los diversos países, hacen acopio de sanciones de diversa naturaleza, penal y administrativa, así como de medidas cautelares y de aseguramiento para prevenir, mitigar, disuadir, reprimir y evitar la consumación de esas prácticas o perpetración de los resultados u objetivos pretendidos. En este sentido, la Recomendación 4 del Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI- señala, en esencia, que los países deben adoptar medidas similares a las establecidas en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas -Convención de Viena-, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada -Convención de Palermo- y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, así como acciones legislativas que permitan a sus autoridades competentes congelar o incautar y decomisar lo siguiente: (a) bienes lavados; (b) producto de, o instrumentos utilizados o destinados al uso en delitos de lavado de activos u otros relacionados; (c) bienes que son el producto, fueron utilizados o que se pretendía disponer o asignar para ser utilizados en el financiamiento del terrorismo, actos terroristas u organizaciones terroristas; o, (d) bienes de valor o efecto equivalente -sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe-. Además, estas medidas deben incluir la autoridad para: (a) identificar, rastrear y evaluar bienes que están sujetos a decomiso; (b) ejecutar medidas provisionales, como congelamiento y embargo, para prevenir manejos, transferencias o disposición de dichos bienes; (c) adoptar medidas que impidan o anulen acciones que perjudiquen la capacidad del Estado para congelar o embargar o recuperar los bienes sujetos a decomiso; y, (d) tomar las medidas de investigación apropiadas." Por lo que ve al diverso argumento vertido en la ampliación de demanda, este juzgador estima que contrario a lo señalado por la quejosa, no se viola en su perjuicio el principio de presunción de inocencia, pues el hecho de que se le haya incluido en el "listado de personas bloqueadas" de manera alguna implica que se le considere "culpable", sino que tiene como finalidad prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 quáter y 400 bis del Código Penal Federal, esto es, tiene como finalidad investigar pero de manera alguna implica que se le esté tratando como persona culpable pues con el acto reclamado no supone la anticipación de la pena. Es aplicable la tesis 1a./J. 24/2014 (10a.), emitida porla Primea Sala de la Suprema Corte de Justicia de laNación, publicada en la página 497 de la Gaceta delSemanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014,Tomo I, Décima Época, Materias Constitucional-Penal,registro digital 2006092, de rubro y texto siguientes: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DETRATO PROCESAL. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como "regla de trato procesal" o "regla de tratamiento" del imputado, en la medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena". En segundo lugar, se procede al análisis de los conceptos de violación vertidos en el escrito inicial de demanda y al respecto, resulta infundado el argumento de la quejosa relativo a que el acto reclamado carece de fundamentación y que no existe precepto legal alguno que faculte a la autoridad responsable para ordenar el bloqueo de su cuenta bancaria. Lo anterior porque, -en oposición a lo que argumenta la quejosa-, el Acuerdo 145/2020 que ordenó el bloqueo de cuenta bancaria 24218703, tiene como sustento el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, respecto del cual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió el tema de Constitucionalidad y en ese sentido, es innecesario que este juzgador realice el test de proporcionalidad que solicita la quejosa para advertir violación a sus derechos humanos con motivo del Acuerdo reclamado. En efecto, al resolver los amparos en revisión 806/2017, 1150/2017, 1181/2017, 1231/2017, 124/2018 y 46/2018, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que si bien el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en parte, puede vulnerar el principio de seguridad jurídica cuando el bloqueo de cuentas se realiza para aspectos estrictamente nacionales, no implica que sea inconstitucional, ya que es posible realizar una interpretación conforme de dicho precepto. La Sala adujo también, que la facultad de incluir a un particular en la lista de personas bloqueadas se trata de una medida administrativa para la protección del sistema financiero; que las medidas cautelares son actos de carácter provisional, accesorios y sumarios, cuyo efecto puede ser, entre otros, garantizar el interés público, debido a que con su imposición se busca restablecer el orden jurídico trastocado, hasta en tanto se resuelve el procedimiento administrativo o jurisdiccional del que deriven. Asimismo sostuvo que, de conformidad con el artículo 15, fracción I, inciso a), del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera, para establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Luego, estableció que, en términos de las fracciones X y XIII del citado artículo reglamentario, la autoridad está facultada para: a) recibir y recopilar pruebas, constancias, reportes, avisos, documentación, datos, imágenes e informes sobre las conductas que pudieran actualizar los delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, integrando los expedientes respectivos; y, b) denunciar ante el Ministerio Público de la Federación dichas conductas. Por tanto -señaló la Segunda Sala- el ejercicio de la facultad consistente en el bloqueo de cuentas bancarias tiene como origen la actualización de las atribuciones propias de la autoridad administrativa, situación que, si se dan los supuestos jurídicos necesarios, da inicio a la actividad del Ministerio Público, que retomará la información originalmente obtenida y será utilizada en el propio ejercicio de sus funciones de carácter penal solamente hasta ese momento. Precisó además, que si bien el artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no contiene un listado de supuestos en los cuales procede el bloqueo de cuentas, lo cierto es que la fracción I del propio precepto, al establecer que el objeto del bloqueo es prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones, la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, remite al diverso 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que, a su vez, realiza una remisión a disposiciones del Código Penal Federal; sin embargo, no significa que la naturaleza de tal atribución sea penal, sino estrictamente administrativa. De igual manera, determinó que el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito sí representa una problemática de validez constitucional, porque si bien contiene una medida cautelar, lo cierto es que no define a qué procedimiento responde el bloqueo en cuestión; por tanto, para que la medida cautelar resulte válida en términos constitucionales, de su regulación se habrá de advertir respecto de qué tipo de procedimiento se implementa. Por ello, realizó una distinción del artículo reclamado, a partir del motivo que genera el bloqueo de cuentas. Por una parte, indicó que existen tratados internacionales de los que México es parte y que establecen la obligación de asegurar determinados bienes, entre los que se encuentran las cuentas bancarias, para prevenir el blanqueo de dinero, las operaciones con recursos de procedencia ilícita a través de actos realizados dentro del sistema financiero. A manera de ejemplo, mencionó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación al Terrorismo. Asimismo, determinó que el Estado Mexicano asumió el compromiso internacional de adoptar medidas de acción rápida y eficiente, como son, resoluciones de organismos internacionales o agrupaciones intergubernamentales, cuyo efecto es identificar y congelar bienes relativos al lavado de activos, al financiamiento del terrorismo y de proliferación de armas de destrucción masiva. Con base en dichos razonamientos, concluyó que, en el supuesto de que el bloqueo de cuentas tenga como origen cumplir una resolución o pronunciamiento de un organismo internacional, o bien, una obligación bilateral o multilateral, no existe transgresión al principio de seguridad jurídica, porque efectivamente opera como medida cautelar, en tanto que se trata de una resolución provisional, derivada de un procedimiento específico. Asimismo que, si el bloqueo se realiza para aspectos estrictamente nacionales, entonces sí vulnera dicho principio constitucional, debido a que la medida cautelar no se impone con motivo de un procedimiento específico y determinado. Aclaró que lo anterior no implica que el precepto reclamado sea inconstitucional, pues resolvió que es posible realizar una interpretación conforme de la siguiente manera: 1) La atribución de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consistente en el bloqueo de cuentas de los clientes y usuarios de servicios financieros, únicamente se puede emplear como medida cautelar relacionada con los procedimientos relativos al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano, lo cual se actualiza ante dos hipótesis: a) Por el cumplimiento de una obligación de carácter bilateral o multilateral asumida por México. b) Por el cumplimiento de una resolución o determinación adoptada por un organismo internacional o por una agrupación intergubernamental, que sea reconocida con tales atribuciones por el Estado Mexicano a la luz de algún tratado internacional. 2) La citada atribución no se puede emplear cuando el motivo que genere el bloqueo tenga un origen estrictamente nacional. Las anteriores consideraciones se encuentran contenidas en la jurisprudencia 2a./J. 46 /2018 (10a.), publicada en la página 1270 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, Materias Constitucional-Administrativa, Décima Época, registro digital 2016903, del epígrafe y texto: "ACTOS, OPERACIONES O SERVICIOS BANCARIOS. SU BLOQUEO ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE REALIZA PARA CUMPLIR COMPROMISOS INTERNACIONALES (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO). El precepto referido al prever que las instituciones de crédito deberán suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas, contiene una medida cautelar de índole administrativa, la cual, para ser válida en relación con el principio constitucional de seguridad jurídica, de su regulación habrá de advertirse respecto de qué tipo de procedimiento jurisdiccional o administrativo se implementa. En consecuencia, debe realizarse una interpretación conforme del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito a efecto de que sea acorde con el principio constitucional mencionado, de la siguiente manera: a) La atribución únicamente puede emplearse como medida cautelar relacionada con los procedimientos relativos al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por nuestro país, lo cual se actualiza ante dos escenarios: i) Por el cumplimiento de una obligación de carácter bilateral o multilateral asumida por México, en la cual se establezca de manera expresa la obligación compartida de implementar este tipo de medidas ante solicitudes de autoridades extranjeras; o ii) Por el cumplimiento de una resolución o determinación adoptada por un organismo internacional o por una agrupación intergubernamental, que sea reconocida con esas atribuciones por nuestro país a la luz de algún tratado internacional. b) Sin embargo, la atribución citada no puede emplearse válidamente cuando el motivo que genere el bloqueo de las cuentas tenga un origen estrictamente nacional, pues al no encontrarse relacionada con algún procedimiento administrativo o jurisdiccional específico, resultaría contraria al principio de seguridad jurídica". En esas condiciones, existe criterio obligatorio y vinculante para este juzgado de Distrito, en el sentido de que el precepto legal 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, sustento del acuerdo 145/2020 aquí reclamado no es inconstitucional, ya que debe ser interpretado conforme a la Constitución en los términos y bajo los supuestos expuestos. Ello, porque la medida decretada por la responsable y su ejecución, proviene del cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por nuestro país, a través de la obligación compartida de implementar este tipo de medidas ante solicitudes de autoridades extranjeras, y no de aspectos estrictamente nacionales, como adujo la quejosa. De modo que, la medida cautelar decretada por la autoridad responsable, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito -precepto legal que es conforme con el principio constitucional de seguridad jurídica, en términos de la interpretación efectuada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, es de considerarse legal debido a que, se reitera, el motivo que generó la emisión de la lista de personas bloqueadas al sistema financiero, entre las que se encuentra la quejosa tiene origen internacional y proviene del procedimiento de investigación formulado por la DEA (por sus siglas en inglés), vinculado con el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por nuestro país, a través de la obligación compartida de implementar este tipo de medidas ante solicitudes de autoridades extranjeras. En segundo lugar, devienen infundados los motivos de inconformidad en los que la quejosa aduce que se transgredieron sus derechos tutelados por los numerales 14 y 16 Constitucionales porque al no darle a conocer los motivos y fundamentos de la orden de bloqueo de su cuenta bancaria, no se le dio derecho de audiencia ni oportunidad de ser oída y vencida en juicio. Para explicar lo anterior, es necesario traer a glosa lo que en relación con el derecho fundamental de audiencia ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien ha estimado que la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia. Los primeros (actos privativos) son los que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado y se autorizan solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14 constitucional, como la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, los actos de molestia que, pese a constituir afectación en la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, se autorizan siempre y cuando preceda mandamiento escrito emitido por autoridad competente debidamente fundado y motivado. Por tanto, para poder distinguir entre los actos de molestia y los privativos, debe advertirse la finalidad que se persigue con la emisión del acto de autoridad, es decir, si sólo se restringe de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, se está ante un acto de molestia, cuya legalidad está supeditada principalmente a su debida fundamentación y motivación, así como los restantes requisitos previstos en el primer párrafo, del artículo 16 constitucional. Mientras que los actos privativos son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, el cual se autoriza únicamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14 de la Ley Fundamental. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 40/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Julio de 1996, Novena Época, registro 200080, de rubro y texto: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." Así como también, se cita al respecto la tesis emitida por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, visible en la página 15, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 81, Tercera Parte, Séptima Época, registro 238355, de rubro y texto: "AUDIENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA, GARANTÍAS DE. ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA DE BIENES O DERECHOS. DISTINCIÓN. ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES. En los términos del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, la audiencia previa a la emisión del acto de autoridad y el debido proceso legal, como garantías del gobernado, son de observancia obligatoria únicamente tratándose de actos privativos, sea de la vida, de la libertad, de propiedades, posesiones o derechos de los particulares, mas no así cuando se trata de actos de molestia que no tengan la finalidad de privar al afectado de alguno de sus bienes o derechos, pues tales actos se rigen solamente por la garantía de seguridad jurídica (fundamentación y motivación) que establece el artículo 16 constitucional." Siguiendo con la teoría constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es necesario señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4028/2013, sostuvo que el acto de privación regido por lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, es aquel que constituye un fin por sí mismo con existencia independiente y no el que únicamente es un medio para la consecución de otro acto. Señaló, que en el primero de ellos, el fin perseguido por el acto radica en privar al sujeto de sus bienes, propiedades, posesiones o derechos con carácter definitivo; en cambio en el segundo, la privación no constituye la intención teleológica del acto, sino una medida de tipo provisional y accesoria para el logro de un objetivo diverso. Así, determinó la Segunda Sala que, aunque en ambos casos el acto produce o puede generar una privación, sólo aquel cuyo sentido es definitivo se encuentra regido por la norma constitucional de referencia pues, atendiendo a su naturaleza, se garantiza al gobernado que no debe llevarse a cabo sin que se le brinde la oportunidad de ser oído en defensa de sus intereses, con la debida amplitud, por la evidente gravedad que el acto reviste. Por el contrario, señaló que cuando el acto privativo es provisional, esto es, cuando la privación no es la razón de ser del acto, resulta innecesario otorgar, previamente, al afectado la oportunidad de defensa en virtud de la accesoriedad de la medida. Por tanto, si esa afectación tiene como propósito privar al gobernado de sus bienes, entonces se actualiza el supuesto previsto en la norma constitucional y se genera su consecuencia, a saber: la obligación de la autoridad de otorgar al sujeto y en forma previa al acto, la garantía de audiencia; mientras que cuando el fin del acto no estriba en esa privación definitiva, sino que constituye una medida accesoria o preventiva, se estará entonces frente a una privación provisional, es decir, frente a un acto de molestia respecto del cual no es indispensable que, previamente a él, se brinde al sujeto la referida garantía. También señaló la Sala, que la distinción entre actos de privación y actos de molestia deriva, precisamente, de lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, que erigen los derechos de audiencia y de legalidad, respectivamente, en contra de los actos de la autoridad; y esa diferenciación deriva de la naturaleza del acto, de su razón teleológica y no en primer término de los efectos que produce. Estimó que esto último se pone de manifiesto si se considera que tanto los actos a que se refiere el artículo 14 constitucional, como aquellos a que se contrae el numeral16 de la Constitución, pueden producir, en mayor o menor medida, directa o indirectamente, una "privación" en la esfera jurídica del gobernado causándole una afectación, sea por la indisponibilidad de sus bienes, por la disminución de su patrimonio, por la imposición de una carga u obligación que de no existir el acto no tendría que soportar o cumplir, etcétera; de tal manera que si se atendiera solamente a los efectos del acto, resultaría carente de sentido la distinción entre actos de privación y actos de molestia, puesto que ambos pueden generar esa "privación" y, en esa medida, todo acto de autoridad que afectara la esfera jurídica de un gobernado no podría realizarse sin la previa garantía de audiencia. Por tal motivo, estimó nuestro más Alto tribunal, que la distinción establecida en los numerales 14 y 16 de la Constitución, deriva de la naturaleza del acto y no en primera instancia de los efectos a que puede dar lugar. Continuó mencionando, que los perjuicios -en sentido amplio- al gobernado, que se pueden producir tanto por un acto regido por el numeral 14 de la Constitución o por uno de aquellos a los que se refiere el artículo 16 de ese ordenamiento, constituyen el efecto del acto; y no puede ser la base para distinguir entre actos privativos o de molestia, pues ese efecto puede presentarse en ambos, ni tampoco puede constituirla su mayor o menor reparabilidad, dado que esta condición también puede actualizarse en los dos casos y depende de circunstancias de hecho o jurídicas. Señaló que el análisis de la reparabilidad de los efectos de los actos reclamados tiene como punto de partida la naturaleza del acto; y la posibilidad de exigir esa reparación se actualiza una vez que se ha determinado sobre la no juridicidad del mismo, lo que supone que previamente se analice si éstos se encuentran sujetos o no a respetar al gobernado la garantía de audiencia. Por ello, precisó que lógicamente, primero debe apreciarse la finalidad perseguida por el acto de autoridad y luego la entidad de los efectos, dentro de los que se encuentra la causación de perjuicios y su reparabilidad, para determinar si un acto se encuentra o no regido por el numeral 14 de la Constitución; y es por esa razón que la referida causación de perjuicios, no es el criterio determinante para sujetar un acto al cumplimiento de la garantía de previa audiencia, pues esos efectos también pueden presentarse en un acto regido por el artículo 16 constitucional. Por tanto, concluyó que para verificar si un acto queda regido por lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, debe atenderse a su finalidad. Expuesto lo anterior, debe precisarse que el bloqueo de la cuenta bancaria de la quejosa derivó de lo ordenado en el acuerdo 145/2020 denominado "ACUERDO DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA POR EL QUE SE DESIGNAN PERSONAS PARA SER INCORPORADAS A LA LISTA DEPERSONAS BLOQUEADAS, DE CONFORMIDAD CON LOS PARÁMETROS QUE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL QUE SE INDICAN", de cuyo contenido se advierte, en la parte que interesa, lo siguiente: "El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; 91 de la Ley de Fondos de Inversión; 46 Bis y 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 87-D, 95 y 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; 129 de la Ley de Uniones de Crédito, 212 de la Ley del Mercado de Valores, 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 2, 5, 6, fracciones III y VIII, 13 y 14 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 12, fracción X, y 15, fracción XXXII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; así como las 70ª y 71ª, fracción V de las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; [...] CONSIDERANDO. Las entidades financieras deberán suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante la Lista de Personas Bloqueadas, tal y como lo establecen las leyes homólogas del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito [...] [lo transcribe]: La Lista de Personas Bloqueadas a que se refiere el artículo citado en el párrafo anterior, tiene la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 Quáter y 400 Bis del Código Penal Federal. [...] En ese sentido, las legislaciones financieras aplicables señalan que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establecerá en las Disposiciones de Carácter General, los parámetros para la determinación de incorporación de personas en la Lista de Personas Bloqueadas de conformidad con el párrafo decimoprimero del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes homólogas. [...] Corresponde a las Disposiciones de Carácter General antes referidas el establecimiento de un procedimiento administrativo concreto a favor de las personas que fueron incluidas en dicha lista, tal y como lo señala la Disposición 73ª a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito [...]" De ahí que el presente acuerdo constituye un acto de molestia, dada su naturaleza provisional, que adquiere definitividad una vez que se ha agotado el procedimiento en el que se brinda la garantía de audiencia y se hace efectivo el derecho de defensa de las personas bloqueadas. [...] Por lo tanto, el presente acuerdo signado por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, deriva de un primer momento de la facultad que le otorga para prevenir la consumación o continuación de operaciones con recursos de procedencia ilícita previsto como delito en el Código Penal Federal, aunado a que tal objetivo se relaciona con la obligación que tiene el Estado Mexicano de dar cumplimiento a los tratados internacionales, los cuales adquieren obligatoriedad para las autoridades mexicanas de los tres órdenes de gobierno, dentro del ámbito de su competencia, de conformidad con el artículo 133 constitucional, todos ellos instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano, el cual constituye un requisito indispensable para adquirir el estatus de obligatoriedad tal y como lo mandata la Convención de Viena. [...] ACUERDO: PRIMERO. Se incluyen en la Lista de Personas Bloqueadas, conforme a lo motivado en el cuerpo del presente acuerdo, por el tiempo estrictamente necesario para el ejercicio de las facultades de esta Unidad de Inteligencia Financiera, a las siguientes personas: [...] DENTRO DE CUYA LISTA SE ADVIERTE EL NOMBRE DE "CERVANTES PINEDA SANDRA" [QUEJOSA DENTRO DEL PRESENTE JUICIO] [...] SEGUNDO. Se pone a disposición de las entidades financieras, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el nombre de las personas introducidas en la Lista de Personas Bloqueadas a que se refiere el primero de este acuerdo. Lo anterior, a efecto de que las entidades financieras procedan a suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios citados, imposibilitar tanto abrir nuevas cuentas como la cancelación de las vigentes, así como impedir la disposición de los recursos que estas últimas contengan, incluyendo los casos en que las personas designadas en la presente lista aparezcan como titulares, cotitulares, firmantes y/o autorizados, fideicomitentes, representantes legales y/o apoderados; además de los casos en los que aparezca como beneficiario y/o fideicomisario, surtirá efectos el bloqueo en aquellos casos en que los sujetos designados se presentes para ejercer los beneficios, debiendo remitir un reporte de operación inusual, dentro de las 24 horas contadas a partir de que conozcan dicha información, de conformidad con lo dispuesto en la Disposiciones de Carácter General referidas en el Presente Acuerdo. Los efectos de la inclusión a la lista de personas bloqueadas subsistirán hasta en tanto sean ejercidas las facultades que la ley confiere a la Unidad de Inteligencia Financiera. TERCERO. Las instituciones de crédito, las sociedades operadoras de fondos de inversión, las distribuidoras de acciones de fondos de inversión, las sociedades financieras populares, las sociedades financieras comunitarias con niveles de operación I a IV y los organismos de integración financiera rural, con la finalidad de hacer del conocimiento de sus clientes o usuarios a los que se les hayan suspendido los actos, operaciones de servicios, deberán notificar por escrito y de manera inmediata que se encuentran dentro de la Lista de Personas Bloqueadas, de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo de la 72ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; segundo párrafo de la 65ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 91 de la Ley de Fondos de Inversión y el segundo párrafo de la 75ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, [...]" De lo transcrito, se advierte que en el acuerdo 145/2020 se determinó lo siguiente: Incluir a la quejosa, en la Lista de Personas Bloqueadas por el tiempo estrictamente necesario para el ejercicio de las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera. Que se pusiera a disposición de las entidades financieras, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la lista de personas bloqueadas, para que suspendieran de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios citados, imposibilitar tanto de abrir nuevas cuentas como la cancelación de las vigentes, así como impedir la disposición de los recursos que estas últimas contengan, incluyendo los casos en que la persona designada en la lista apareciera como titular, cotitular, firmante y/o autorizado, fideicomitente, representante legal y/o apoderado; además de los casos en los que aparezca como beneficiario y/o fideicomisario, surtiendo efectos el bloqueo en aquellos casos en que el sujeto designado se presente para ejercer los beneficios. También se aclaró que los efectos de la inclusión a la lista de personas bloqueadas subsistirían hasta en tanto fueran ejercidas las facultades que la ley confiere a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se precisó que las instituciones financieras con la finalidad de hacer del conocimiento de sus clientes o usuarios a los que se les hayan suspendido los actos, operaciones o servicios, debían notificar por escrito y de manera inmediata, que se encuentran en la lista de personas bloqueadas, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de la 72ª de las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, entre otras disposiciones. Esto es, la restricción a las operaciones de la quejosa con las instituciones financieras es preventiva, toda vez que ésta permanecerá mientras la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ejerza sus facultades y la gobernada aclare la procedencia de sus recursos económicos a través de la garantía de audiencia que otorga la 73ª de las disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito que regulan el procedimiento de la lista de personas bloqueadas. En ese sentido, el acuerdo 145/2020 denominado "ACUERDO DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA POR EL QUE SE DESIGNAN PERSONAS PARA SER INCORPORADAS A LA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS, DE CONFORMIDAD CON LOS PARÁMETROS QUE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL QUE SE INDICAN" no vulneró el derecho de audiencia previa que la quejosa alega, porque la restricción de sus operaciones bancarias es preventiva, ya que durará mientras aclara la procedencia de sus recursos económicos a través de la garantía de audiencia que otorga la 73ª de las disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito que regulan el procedimiento de la lista de personas bloqueadas. Entonces, en erróneo lo señalado por la parte quejosa en el sentido de que el omitir notificarle el procedimiento para ser incluida en la lista de personas bloqueadas, va "más allá" de un acto de molestia porque sus consecuencias han trascendido en el tiempo, dado que como se dijo con antelación, los efectos de la inclusión a la lista de personas bloqueadas subsistirán hasta en tanto sean ejercidas las facultades que la ley confiere a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por tanto, el bloqueo ordenado no se traduce en un acto privativo, sino uno de molestia, por lo que no rige el derecho de audiencia; luego, no es viable considerar que se vulnera en perjuicio de la quejosa el artículo 14 constitucional; de ahí lo infundado de sus conceptos de violación. Por tanto, no resulta aplicable el criterio que invoca la quejosa en su segundo concepto de violación, el cual impone la obligación de otorgar garantía de audiencia a los particulares aunque la ley no prevea un procedimiento, pues ello será siempre que el reclamado sea un acto preventivo y no uno de molestia como en el caso acontece. Más aún, a pesar de lo anterior, de conformidad con el segundo párrafo de la 72ª de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, segundo párrafo de la 65ª de las disposiciones de carácter general de la Ley de Fondos de Inversión y el segundo párrafo de la 75ª de las disposiciones de carácter general previstas en el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la institución bancaria le notificó a la quejosa -como ella misma lo refirió en su escrito inicial de demanda- para que manifieste ante la Unidad de Inteligencia Financiera lo que a su interés convenga, aporte elementos de prueba o formule alegatos; luego, la referida Unidad, dentro de los diez días hábiles siguientes a que se presente el interesado emitirá resolución por la cual funde y motive su inclusión en la lista de personas bloqueadas y si procede o no su eliminación de la misma, debiendo notificar por oficio al interesado dentro de un plazo de quince días hábiles seguidos al de su emisión. Como se ve, a pesar de ser un acto de molestia la ley sí prevé un procedimiento, pero este es posterior al bloqueo o inclusión en la lista de personas bloqueadas. Finalmente, también debe calificarse de infundado el argumento que expone la quejosa en su tercer concepto de violación, donde refiere que de conformidad con lo que establece el artículo 4º, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dicha autoridad ejecutora carece de atribuciones para realizar bloqueos de cuentas bancarias, toda vez que como se expuso en párrafos precedentes, la orden de bloqueo de la cuenta a nombre de la quejosa fue ordenada por la Unidad de Inteligencia Financiera en términos del numeral 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y las disposiciones complementarias de carácter general, no así con fundamento en la citada Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Más aún, dicha Comisión únicamente transmitió a la institución bancaria Banco del Bajío, S.A., el oficio emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera el cual contiene la multicitada orden de bloqueo contenida en el Acuerdo 145/2020; de ahí lo infundado del motivo de inconformidad que se analiza. El criterio anterior así fue definido ya por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el amparo en revisión 110/2021, interpuesto contra la sentencia dictada dentro del juicio de amparo 785/2020, del índice de este propio Juzgado de Distrito. En las condiciones apuntadas, al no prosperar los conceptos de violación aducidos, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por la quejosa. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Sandra Cervantes Pineda, por su propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en la consideración quinta de esta sentencia. Segundo. Publíquese este fallo en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy diez de noviembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

Quedan 40 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano