Sandra Cecilia Zuñiga Cornejo

Expediente 554/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
554/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
18/12/2020

Partes del expediente

  • Sandra Cecilia Zuñiga Cornejo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, como lo solicita la autorizada de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles expídanse a su costa las copias en los términos que solicita, previo recibo que de ello se deje en autos. Hágasele saber que para la entrega de las copias que solicita, deberá realizarlo de acuerdo al esquema de citas, lo cual está definido en el Capítulo II, Artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 19. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de diciembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. JAVIER MORALES GUZMAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2e.60 28/09/21 14:52:34 Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con veinte minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veinte, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 554/2020, sin la comparecencia de las partes. Enseguida se da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que el Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, adjuntó a su informe justificado, consistentes en el original del toca penal 23/2020, así como un disco que contiene los registros de la causa penal 47/2020. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas, aportadas por la autoridad responsable. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el siete de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Sandra Cecilia Zúñiga Conejo, en cuanto defensora particular de los imputados Raúl Galicia Correa, Joel Andrade Paniagua, Manuel Serrano Gálvez y José Luis Ubaldo García, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. La quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito; se registró con el número 554/2020 y se admitió mediante proveído de doce de agosto de dos mil veinte; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; y se señaló fecha para el verificativo de la audiencia constitucional. Posteriormente, en proveído de diez de septiembre de dos mil veinte, se reconoció el carácter de tercera interesada a Angélica María Díaz Almanza y/o Almazán, víctima indirecta dentro de la causa penal de origen, así como al Agente del Ministerio Público adscrito a la sala responsable. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y ahora se procede a resolver al tenor de las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por autoridad que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado por la parte quejosa es: La resolución de diez de julio de dos mil veinte, dictada por el Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en el toca de apelación 23/2020, mediante la cual confirmó el auto de vinculación a proceso dictado por la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Morelia dentro de la causa penal 47/2020. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza de los actos reclamados. El Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe justificado, consistentes en el original del toca penal 23/2020, así como un disco que contiene los registros de la causa penal 47/2020. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, y que permiten tener por acreditados los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben analizarse de oficio, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el presente juicio ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinta. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados por la quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que e fectivamente se hayan hecho valer." Precisado lo anterior, procede ahora entrar al estudio de los motivos de inconformidad que aduce la quejosa, y al respecto se advierte que son -en esencia- una repetición de los agravios que hizo valer ante la alzada; por tal razón, devienen inoperantes. Se afirma lo anterior, pues al respecto, en los tres conceptos de violación que vertió en su demanda constitucional, su argumento toral consiste en sostener que en la causa penal de origen, los imputados no tuvieron una adecuada defensa material, al afirmar: Que el magistrado responsable en forma equívoca analiza y confunde la defensa material con la defensa formal, por lo que realizó una incorrecta interpretación del artículo 20 apartado B, fracción VIII, y 20 apartado A, fracción IX, de la Constitución Federal. Que de acuerdo a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, parte del núcleo esencial del derecho a una defensa adecuada lo constituye que ésta cumpla con su aspecto material, es decir, que el abogado satisfaga un estándar mínimo de diligencia en el cumplimiento de sus deberes, y en observancia al principio de convencionalidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que el nombramiento de un abogado sólo para cumplir con una formalidad procesal, equivale a no contar con defensa técnica. Asimismo, que no resulta aplicable la tesis del rubro "DEFENSA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. LA FALTA DE ÉXITO DE LA TEORÍA DEL CASO PLANTEADA POR EL DEFENSOR DEL IMPUTADO, DERIVADA DE SU ACTUACIÓ, NO IMPLICA UNA VULNERACIÓN A ESTE DERECHO FUNDAMENTAL", y "DEFENSOR DEL IMPUTADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. PARA SU REMOCIÓN DEL CARGO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, POR INCAPACIDAD TÉCNICA MANIFIESTA Y SISTEMÁTICA, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE ANALIZAR CUIDADOSAMENTE CADA CASO CONCRETO, A FIN DE DETERMINAR SI EL NÚMERO Y TRASCENDENCIA DE LOS ERRORES COMETIDOS SON DE TAL MAGNITUD, QUE COLOQUEN AL ACUSADO EN RIESTO DE QUE SE PRIVE DEL CONTENIDO MATERIAL SU DERECHO FUNDAMENTAL DE DEFENSA ADECUADA", pues ese criterio hace referencia a la defensa técnica y el debate se centró en una defensa adecuada deficiente desde el punto de vista material. Que existió una violación grave al derecho a la debida defensa material, dado que al revisar el video se desprende que la deficiencia de la información proporcionada por la defensa, fue ocasionado por la deficiente técnica de incorporación y/o presentación, lo que deriva en una defensa deficiente materialmente hablando. Y finalmente, que el derecho a gozar de una defensa adecuada no comprende únicamente que la persona sea defendida por licenciado en derecho, sino además que esa defensa sea material, por lo que el juzgador se encuentra obligado a vigilar y velar que la citada garantía logre su materialización, ello atendiendo a que el derecho humano de todo procesado a contar con una defensa adecuada tutelado en el artículo 20, apartado A, fracción IX, Constitucional, incluye que la defensa del procesado cumpla con su aspecto material y no sólo técnico o formal. Al efecto, como ya se adelantó, los anteriores motivos de disenso deben calificarse como inoperantes pues al respecto ya se pronunció la autoridad responsable una vez analizada la vinculación a proceso combatida, sin que ello sea combatido en este amparo. No obstante la calificativa de conceptos de violación inoperantes, este órgano de control constitucional estima apegada a derecho y a la constitución la determinación reclamada. Es así, pues el Magistrado responsable, en relación a la vulneración al derecho fundamental de adecuada defensa que alegó la defensa, sostuvo que dichas defensas son infundadas, ya que no existió tal vulneración al derecho fundamental a que alude. Estableció, en primer término, que la defensa adecuada del imputado en un proceso penal, se garantiza cuando la proporciona una persona con conocimientos técnicos en derecho, suficientes para actuar diligentemente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evitar que sus derechos se vean lesionados, prerrogativas de corte fundamental estipulada en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución General de la República, interpretado armónicamente con los artículos 8, numeral 2, inciso d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14, numeral 3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 113, fracción IV, y 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de los que se deduce que el derecho de defensa debe analizarse en su contenido formal y material, a la luz de los principios de interdependencia, indivisibilidad y progresividad, inmersos en el canon 1 de la Constitución General de la República. Del anterior marco normativo, -concluyó el tribunal de alzada- surge la obligación de las autoridades de verificar que toda resolución derive de un procedimiento justo, en igualdad de condiciones para el imputado respecto del órgano acusador; y la autoridad de control debe estar al tanto de que el defensor no asuma una actitud pasiva de tal magnitud que sea evidente que prive de contenido material al referido derecho de corte fundamental. Asimismo, expuso que de los estatutos en cita también se deduce que el derecho de defensa consiste en la facultad del inodado de intervenir en el procedimiento penal que se dirige en su contra para poner en evidencia la falta de fundamento de la pretensión punitiva estatal o de cualquier circunstancia que la excluya o atenúe. Así también, el magistrado responsable una vez que revisó el disco DVD que contiene la determinación impugnada, estableció que, opuesto a lo debatido por los defensores, no existe afectación al derecho fundamental de defensa adecuada. Resolvió lo anterior, -dijo- porque Martha Patricia Alcántar León, quien fue designada por los imputados para que los represente, se individualizó en la audiencia inicial y dijo tener cédula profesional de licenciada en derecho, aceptó y protestó el cargo conferido por los inodados; además estuvo presente en la audiencia inicial que se desarrolló los días veintinueve y treinta y uno de enero de dos mil veinte y no tuvo actitud de pasividad cuando se le concedió el uso de la palabra e hizo pronunciamientos privilegiando el principio de contradicción. De igual manera, el magistrado responsable acertadamente explicó que, conforme al numeral 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la reforma del dieciocho de junio de dos mil ocho, la oralidad en el sistema penal acusatorio constituye un instrumento de relevancia primordial porque marca una estructura general del procedimiento que estrictamente se refiere a una forma de comunicación -referencia verbal- y da consecución a los principios que constitucional y legalmente se prevén como rectores del novedoso sistema penal, en el caso, de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Así, en forma correcta la autoridad responsable puntualizó que, atendiendo a la naturaleza de la audiencia inicial, en la que deben regir los principios que caracterizan el sistema de corte acusatorio y oral, la defensa debe exponer verbalmente que aporta como medios de prueba determinados documentos, dar a conocer su contenido, la fuente de los mismos y su pertinencia; posterior a ello, el Ministerio Público debe solicitar la vinculación a proceso con base en los antecedentes de investigación que evoca, enseguida la potestad común debe resolver lo conducente. Además -precisó-, que en la causa penal a estudio se constató que en la audiencia inicial la defensa tuvo oportunidad de pronunciarse oralmente sobre la aportación de diversos documentos, es decir, expuso verbalmente la naturaleza y descripción de éstos y que en su concepto acreditaban su teoría, sin que fuera menester su incorporación conforme a las reglas del juicio oral, dado que en la etapa inicial tanto la fiscalía, asesor victimal, imputado y defensor, únicamente evocan y describen de forma oral los antecedentes de investigación y documentos con los que cuentan para sustentar sus respectivas teorías. De igual manera, la autoridad responsable estableció que, la juez de control emitió su construcción argumentativa de valoración con respecto a los soportes de la defensa; y en ello subyace que sí fueron tomados en cuenta, aunque su resultado haya sido negativo. Por lo anterior, sostuvo que no asiste razón a la defensa al alegar que la juzgadora al momento de resolver, acepta y reconoce que se había tenido una defensa deficiente, porque al reproducir el DVD que contiene la grabación de la audiencia inicial, se detecta que en la hora 04:54:11, la juez de origen argumentó que ".la información que produjo la defensa desde mi consideración fue deficiente, no puedo considerar una hipótesis diferente como lo sugiere la defensa"; vocablos en los que -aclaró- subyace que la a quo lo que determinó fue que la deficiencia imperaba en la información que proporcionó la defensa, sin que haya hecho pronunciamiento expreso en el sentido de que "la defensa resultó deficiente". En otras palabras -puntualizó-, respecto a los soportes consistentes en planos, constancias de ubicación de distintos inmuebles, diversas calles, asistencia de personal, armamento, bitácoras y permisos, fueron descritos por la defensa con el propósito de acreditar que los imputados no pudieron estar presentes en el lugar que se cometió el hecho con apariencia de delito porque permanecieron en otro sitio; pero al respecto la juez de control consideró que la información proporcionada por esos documentos era deficiente, esto es, no prosperó la pretensión de la abogada privada. No obstante, -como en forma correcta lo señaló el magistrado responsable- el hecho de que la profesionista no haya tenido éxito en la comprobación de su teoría, no implica vulneración al derecho de defensa adecuada, ya que no puede llegarse al extremo de imponer al juzgado la carga de evaluar los métodos que la defensa emplea para lograr su cometido, toda vez que el examen sobre si el abogado llevará a cabo la estrategia más afín a los intereses del imputado, escapa a la función jurisdiccional, pues ello rompería con el principio de libertad probatoria. Asimismo, -determinó el tribunal de alzada- que el hecho de que la abogada privada no refutara los datos relativos a la identificación por fotografía, tampoco demuestra desconocimiento en aquélla en el nuevo sistema de justicia penal; sino que es una postura que debe respetarse. De modo que, el magistrado responsable no advirtió uno o más errores por parte de la defensa que hubieren trascendido colocando a los imputados en riesgo de que se les privara del derecho fundamental de defensa adecuada, impidiéndoles hacer frente a la imputación formulada en su contra, y por ello, estimó correcto que la juez de origen no procediera a la remoción de la abogada del cargo que le fue conferido por los imputados. Por las anteriores razones, y toda vez que en la audiencia inicial tanto la fiscalía como la defensa hicieron mención de los antecedentes de investigación y los medios de prueba, respectivamente, el magistrado responsable atinadamente determinó que no se afectó el derecho fundamental de defensa adecuada, sino que la misma se salvaguardó conforme a los estatutos 20 apartado B, fracción VIII de la Constitución Federal, 8, numeral 2, incisos d) y e) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14, numeral 3, apartado b) y d) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 113, fracción IV, y 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que no procede ordenar la reposición de ese acto. En las relatadas condiciones, contrario a lo que afirma la quejosa, al considerarse acertados los razonamientos que expuso la autoridad responsable, resultan aplicables los criterios en los que dicho tribunal de alzada apoyó su decisión. En otro orden, es preciso señalar que después de dar respuesta a las alegaciones de la defensa, el magistrado responsable llevó a cabo el estudio -de oficio- de la vinculación a proceso, con el fin de salvaguardar a favor de los imputados la tutela judicial efectiva en su vertiente de recurso efectivo, y una vez reseñados los antecedentes de investigación, determinó que resultaron racionales las construcciones argumentativas de la juez de control para establecer la existencia del hecho delictivo con apariencia del ilícito de homicidio calificado en agravio de Rigoberto Estrada Martínez, conforme a los estatutos legales 117, 122, 135, fracción I, incisos b) y c), 19, fracción I, 20 apartado I, y 24, fragmento III, del ordenamiento punitivo estatal. De modo que, en convergencia con lo resuelto por la juez de control, sostuvo que los antecedentes que obran en la causa penal -teniendo presente el estándar mínimo que se requiere para emitir vinculación a proceso- resultan aptos, idóneos y suficientes para establecer de forma probable que entre los autores del hecho se encuentran los tres sujetos que ingresaron al domicilio armados y golpearon a la víctima, mientras que otros permanecieron en el exterior de la vivienda. Con base en lo anterior, concluyó el magistrado responsable que es correcto que la juez de control determinara que es factible establecer, a través de la información descrita por la fiscalía, que Manuel Serrano Gálvez conducía la primer patrulla, Tomás Salazar González iba de copiloto, Raúl Galicia Correa y Marcos Reyes Martínez, se encontraban en la parte posterior de la primer patrulla, los cuales ayudaron a aquellos tres sujetos a subir a la víctima a una camioneta color gris, tipo Honda, escoltándolos, al igual que una segunda patrulla en la cual viajaban José Luis Ubaldo García quien la conducía, Joel Andrade Paniagua iba de copiloto y Hugo Alanís Aguilar quien iba en la parte posterior, pero los cuales al sacar a la víctima del domicilio estaban realizando labores de vigilancia y luego, escoltaron aquella camioneta Honda gris, al igual que la primer patrulla. En relación con lo anterior, destacó el magistrado responsable que los soportes que la defensa describió en la audiencia inicial, no tienen el alcance jurídico de invalidar los antecedentes de investigación aportados por la fiscalía, porque atendiendo al debate suscitado en la referida actuación, se obtiene que algunos de los documentos son copias simples, los sellos están alterados, su redacción fue a mano; luego, la abogada privada no comprobó que sus defendidos se encontraban en distinto lugar a aquel en el que comenzó a desarrollarse el hecho delictivo. Luego, atinadamente el magistrado responsable determinó que a partir de la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por la representación social, así como la contra-argumentación o refutación del defensor, respaldadas las primeras con antecedentes incorporados a la carpeta de investigación, es probable que Marcos Reyes Martínez, Raúl Galicia Correa, Joel Andrade Paniagua, Manuel Serrano Gálvez y José Luis Ubaldo García, intervinieron en el hecho con apariencia del delito de homicidio calificado, del que resultó víctima Rigoberto Estrada Martínez, comprobándose así su probable responsabilidad. En tales condiciones, al considerarse inoperantes los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, y no advertirse deficiencia que deba suplirse de oficio, lo procedente es negar la protección constitucional que solicita. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Raúl Galicia Correa, Joel Andrade Paniagua, Manuel Serrano Gálvez y José Luis Ubaldo García, por conducto de su defensora particular Sandra Cecilia Zúñiga Conejo, contra el acto reclamado al Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, por las razones expresadas en la consideración quinta de la presente resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista, y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, ténganse por recibido el escrito de la parte quejosa, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en autos, manifiesta que el domicilio donde puede ser emplazada la tercera interesada Angélica María Díaz Almanza y/o Almazán madre del (finado) Rigoberto Estrada Martínez, a través de su asesor jurídico Heber Darío García Villaseñor, es en la oficina de éste, la cual se ubica en la calle General Mariano Arista número 300, colonia Chapultepec Oriente en esta ciudad, con número de teléfono 44 33 14 19 57. En ese sentido, se comisiona al actuario de la adscripción a efecto de que se constituya en el domicilio en cita y con las formalidades establecidas en proveído de diez de septiembre de dos mil veinte, emplace a juicio a la referida tercera interesada. Notifíquese por lista y cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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