Sandra Astorga García
Expediente 537/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 537/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 15/04/2019
Partes del expediente
- Sandra Astorga García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por sentencia de catorce de febrero de dos mil diecinueve (fojas 144 a 178), se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que: "En las relatadas condiciones, lo procedente es conceder el ampro y protección de la Justicia Federal solicitada para el efecto de que el Director General para la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores Público de la Fiscalía General del Estado, deje insubsistente el oficio DGADRSP/762/2016 de veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis y, en su lugar, dicte otro en el que de manera fundada y motivada, se pronuncie respecto a lo peticionado por la impetrante mediante escrito de uno de diciembre de dos mil quince". Asimismo, mediante oficio recibido el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que adjuntó copia certificada de la resolución de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, en la que dejo insubsistente el oficio DGADRSP/762/2016 de veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis y dictó otra en el que se pronunció respecto a la petición de la impetrante mediante escrito de uno de diciembre de dos mil dieciséis, siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo (fojas 218 a 234). Por auto de uno de abril de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa con tales documentos, mismo que se le notificó el dos del mes y año en cita. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Del examen de las documentales exhibidas por el Director General para la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores Público de la Fiscalía General del Estado, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que tal como se le requirió, remitió copia certificada de la resolución de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, en la que dejo insubsistente el oficio DGADRSP/762/2016 de veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis y dictó otra en el que se pronunció respecto a la petición de la impetrante mediante escrito de uno de diciembre de dos mil dieciséis, siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de depuración en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales" Asimismo, se hace saber a las partes que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en el apoyo en la fracción III del Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, pues es en el caso se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva. De conformidad con lo dispuesto en la fracción III del punto Vigésimo del Acuerdo referido, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto Vigésimo cuarto del Acuerdo normativo. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, glósese copia autorizada del presente acuerdo al cuaderno incidental para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos, en representación del Fiscal de Investigación Metropolitana, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por medio del cual en cumplimiento al auto de trece de marzo de dos mil diecinueve, informa que solicitó la colaboración al Titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción en el Estado, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo, lo que toma conocimiento este juzgado para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de marzo de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta que antecede, en atención a que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia que ampara y protege ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Director General para la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores Público de la Fiscalía General del Estado (José F. Espinosa Nolasco) para que realice los actos precisados en la sentencia de amparo de catorce de febrero de dos mil diecinueve, dentro del término de diez días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, consistentes en: "En las relatadas condiciones, lo procedente es conceder el ampro y protección de la Justicia Federal solicitada para el efecto de que el Director General para la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores Público de la Fiscalía General del Estado, deje insubsistente el oficio DGADRSP/762/2016 de veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis y, en su lugar, dicte otro en el que de manera fundada y motivada, se pronuncie respecto a lo peticionado por la impetrante mediante escrito de uno de diciembre de dos mil quince". Asimismo, en términos del tercer párrafo del citado 192 de la ley de la materia, se requiere a Gilberto Higuera Bernal Fiscal de Investigación Metropolitana encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia del Estado, como superior jerárquico, para que obligue a su subordinado a cumplir con la sentencia en los términos establecidos. Se apercibe a las mencionadas autoridades responsables, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se harán acreedoras a una multa de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el propio diario el diez de enero de dos mil diecinueve; y se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se les hace del conocimiento tanto a la responsable como al superior jerárquico que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no las exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se les informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se les comunica que en caso de que llegaran a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero, y 269 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio del Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, al que adjunta el juicio de amparo 537/2017 y un disco compacto; acúsese recibo. Notifíquese la resolución emitida y continúese con los trámites respectivos hasta el archivo definitivo del presente asunto. Asimismo, intégrese a los autos el expedientillo formado y háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno e ingrésense los datos pertinentes al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese, y personalmente a las partes.
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