Samuel Ruíz García
Expediente 802/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 802/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/06/2016
Partes del expediente
- Samuel Ruíz García
Actuaciones
- Principal
Vistos los presentes autos y la certificación de la Secretaria, tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de ocho de junio del año en curso, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los efectos legales. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de junio de dos mil dieciséis. 1 ESTADO PROCESAL Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que a la fecha, el promovente, no dio cumplimiento a la prevención que le fue realizada mediante proveído de diez de mayo de dos mil dieciséis, ni compareció a ratificar el escrito de dieciocho del mismo mes y año, por el cual manifestó desistirse de la demanda de amparo; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se les conminó en el citado auto; esto es, se provee la presente demanda de amparo únicamente respecto de Samuel Ruíz García, por propio derecho. 2 DESECHAMIENTO Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, en razón a que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los artículos 1°, y 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Para el estudio de la causa de improcedencia invocada resulta importante destacar que la legitimación, en general, es la situación en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situación jurídica para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél o de intervenir en ésta. Luego, debe distinguirse la legitimación en el proceso de la legitimación en la causa. La primera es un presupuesto del procedimiento que se refiere a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro; en cambio, la legitimación en la causa consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley, en consecuencia, el actor estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. Prosiguiendo con el estudio del motivo de improcedencia resulta importante mencionar que de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es un medio de control de la constitución que sirve para impugnar actos que violen los derechos humanos reconocidos y los derechos otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, al mismo tiempo, es protector del ámbito competencial entre las autoridades federales y locales, en la medida en que estos violen derechos humanos. De lo anterior se sigue que, la legitimación para acudir al juicio de amparo necesariamente debe estar vinculada con el objeto mismo, es decir, con la protección a las garantías individuales y su consiguiente restitución; sin embargo, tal aspecto también se rige por otras normas y principios íntimamente relacionados con el tema, como son el principio de instancia de parte y el diverso principio de agravio personal y directo. Por lo que hace al principio de instancia de parte, debe señalarse que de acuerdo con lo establecido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos implica que el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, esto es, se promueve por vía de acción. Lo anterior significa que el juicio de amparo sólo puede iniciarse, tramitarse y resolverse, en virtud de que la parte que se dice agraviada por un acto de autoridad, su apoderado o represente legal, lo acciona ante los tribunales competentes. Por lo tanto, sólo los titulares de las derechos humanos que prevé la constitución y en su defecto su apoderado o representante legal, que consideran se ha violado en su perjuicio pueden hacer valer la acción de amparo. En cambio, de acuerdo con el principio de agravio personal y directo no sólo basta que el juicio de amparo se inicie a instancia de parte, sino que ésta tiene que haber resentido un agravio personal y directo; dicho principio se encuentra contenido en el artículo 6 de la Ley de Amparo, conforme al cual el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado. Por consiguiente, es dable sostener que de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, la legitimación para acudir al juicio de amparo está reservada únicamente a quienes resientan un agravio (daño o perjuicio) actual o inminente de forma directa e inmediata, con motivo de un acto de autoridad, en sus derechos legítimamente tutelados por la Ley Fundamental o en su caso a quienes los representen legalmente. Ahora, resulta necesario precisar que la parte promovente acude a la presente instancia constitucional a reclamar: "ACTOS RECLAMADOS El oficio de número RP/OOSLlDJ/0177/04/2016 donde se requiere del pago de la infracción 0007X, oficio signado por el director jurídico y representante legal del organismo operador del servicio de limpia del municipio de puebla. La notificación del requerimiento de pago (oficio RP/OOSLlDJ/0177/04/2016) toda vez que emana de un acto administrativo viciado. La infracción impuesta por el Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, de número 0007X la cual no me fue entregada personalmente ni conforme a los requerimientos legales." Hecho lo anterior, es importante destacar que de las constancias anexadas por el promovente se encuentra la boleta de infracción 0007X emitida por el personal de la Dirección de Operaciones del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, dirigida a "Aldo Conti Italia y/o representante legal", de lo que se advierte que la negociación que defiende el impetrante realmente es una persona moral y, por tanto, únicamente puede ser representada en esta instancia por quien tenga facultades para ello. Entonces, si que el quejoso no adjuntó documento alguno del que se desprenda que la negociación denominada "Aldo Conti Italia", sea representada por él; permite afirmar que carece de legitimación para intentar esta vía, pues en el particular no es titular de la acción para decidir qué actos son los que le ocasionan perjuicio a la indicada moral y de qué forma se lesionan sus derechos, conforme al principio de instancia de parte agraviada. Apoya a lo anterior la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2004501, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En consecuencia, toda vez que la parte promovente carece de legitimación para acudir a la presente instancia constitucional, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías presentada por Samuel Ruíz García. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Administrador de la Oficina de Servicios Directos Poder Judicial Siglo XXI, de esta ciudad, mediante el cual solicita mayor plazo para dar cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis; en consecuencia, se le concede un plazo improrrogable de tres días a partir de la legal notificación del presente auto y de cumplimiento al requerimiento anteriormente referido. Asimismo, se le hace de su conocimiento que en virtud de que las constancias de notificación de los oficios 133-1-S y 133-2-S de ocho de abril de dos mil dieciséis ya obran agregados en autos, se deja sin efectos al apercibimiento decretado en proveído de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis respecto a dichas constancias, subsistiendo aquél que se hizo por cuanto hace a los diversos oficios 1122-II-1-P y 1122-II-2-P de tres de mayo de dos del año en curso. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de mayo de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°, agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, suscrito por la Presidenta de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Estado de Puebla, por medio del cual remite copia certificada de la constancia de notificación del aquí tercero interesado de la resolución de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, sin que sea necesario hacer mayor pronunciamiento respecto a su contendido, en virtud de que por auto de once de mayo de dos mil dieciséis, se tuvo a la autoridad responsable informando el cumplimiento dado al fallo protector. NOTIFÍQUESE.
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