Sandra Anguiano SàNches
Expediente 568/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 568/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 17/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Sandra Anguiano SàNches
- Director del Hospital General de Apatzingán, Perteneciente A la Secretaría de Salud de Michoacán de Ocampo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Cuenta. En diecisiete de enero de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez con un escrito presentado electrónicamente, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, registrado bajo el folio 759, dentro del juicio de amparo 568/2022. Conste.****************************************Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de enero de dos mil veintitrés.********************SE RECIBE ESCRITO.********************Agréguese al sumario el escrito de Ana Luisa Gómez Ibarra, autorizada de la parte quejosa, mediante el cual vierte manifestaciones en relación al actuar de las autoridades responsables con motivo del cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en su atención, dígasele a la promovente que no ha lugar a proveer de conformidad a su petición, esto es, requerir a las autoridades responsables el acatamiento al fallo protector, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, como se advierte del proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo y se ordenó su archivo definitivo; no obstante, quedan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que corresponda.********************Finalmente, como está ordenado en autos, devuélvase el sumario en que se actúa al archivo definitivo, para su depósito y custodia. ********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Alejandro Luna de los Santos, quien da fe.
- Principal
". Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, este órgano jurisdiccional, emite las determinaciones siguientes: 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que se concedió a Sandra Anguiano Sánches, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: "La autoridad responsable Secretaria de Salud y Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud Michoacán del Estado de Michoacán de Ocampo: ? En el ámbito de sus atribuciones, deberá dictar un acuerdo administrativo en el que ordene a quien corresponda, ejercer las medidas necesarias a efecto que a la quejosa, le sea proporcionado el tratamiento médico; en específico, establezca de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud de la solicitante de amparo, enfocada al tratamiento de insuficiencia renal crónica que padece, para lo cual debe proporcionarle la atención médica y medicamentos que requeridos; además, en forma destacada, debe atenderse a su necesidad de sustitución de la función renal, a través de la atención médica, tratamiento y la prestación de las sesiones de hemodiálisis que tiene prescritas médicamente, debiendo, para ello, tomar en cuenta: a) En la opción que se elija, por las autoridades responsables, se considere el lugar de residencia de la quejosa, a efecto que sea la más cercana a su domicilio; b) Se ordenen que se haga la valoración médica correspondiente a la quejosa, las veces que sean necesarias, para que el médico especialista correspondiente determine si el número de hemodiálisis semanales es el correcto o si debe aumentar, según el caso, ordenando que de ser esto último, se proceda a garantizarle su derecho a la atención competente de su salud, otorgándole el número de hemodiálisis que requiera. c) Además, si de acuerdo con sus protocolos de actuación, es necesario que se abra expediente médico a la quejosa, la autoridad responsable proceda a abrir el expediente que sea necesario para lograr cumplir con los efectos de esta sentencia. d) Para efecto de los dos incisos anteriores, será obligación de la parte quejosa para continuar gozando de la protección de amparo concedida, acudir ante la autoridad responsable Hospital General, para que sea abierto su expediente y valorada medicamente, cuando lo requiera el hospital y le cite al efecto. Respecto al Hospital General, con sede en Apatzingán, Michoacán de Ocampo": ? Ejerza todas las acciones médicas y administrativas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud de la quejosa, verificando que se aplique el tratamiento médico correspondiente al solicitante de amparo, de manera particular las sesiones de hemodiálisis requeridas, incluyendo, entre otras cosas, los medicamentos y materiales para dicho tratamiento, de manera gratuita." 2. Causa ejecutoria. Una vez que dicha sentencia de amparo causó ejecutoria, se requirió su cumplimiento. 3. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. Las autoridades responsables acreditaron que brindaron a la promovente del amparo la atención médica gratuita y adecuada para contrarrestar sus padecimientos. Ello es así, ya que exhibieron el acuerdo administrativo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, suscrito por el Subdirector Jurídico de los Servicios de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, mediante el cual, solicitó al Director del Hospital General de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, "Dr. Ramón Ponce Álvarez", proporcione a la quejosa, de manera gratuita, la atención médica y tratamiento correspondiente, así como los medicamentos necesarios derivado de la insuficiencia renal crónica que padece; asimismo, para que instruya al personal médico y administrativo de ese hospital para que otorguen a la quejosa la atención médica de manera integral, a fin de garantizar el acceso al derecho de salud. Asimismo, determinaron subrogar de forma permanente el servicio de hemodiálisis en favor de la quejosa, en la clínica particular denominada Calidad en Hemodiálisis, con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, dos veces por semana, en la que se le aplicará como parte del tratamiento dialítico los medicamentos denominados hierro y eritroproyectina. De lo anterior, se observa que las responsables brindaron a la peticionaria del amparo la atención médica, respecto del padecimiento que le aquejaba, y además, determinaron subrogar de forma permanente el servicio de hemodiálisis que requiere la paciente. Sin embargo, ello no exime a las autoridades en lo subsecuente, de salvaguardar en favor de la quejosa, el derecho que tiene para recibir el tratamiento dialítico y los medicamentos necesarios para combatir sus enfermedades, de acuerdo a la valoración que realice el especialista que lo trate. Ello es así, ya que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que las autoridades del Estado que se encuentren directamente obligadas a garantizar el derecho humano a la salud, deben brindar asistencia médica y tratamiento a sus pacientes usuarios de forma oportuna, permanente y constante; este último, además, debe ser entregado tomando en cuenta su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y clínicos . En ese sentido, quedan obligadas a continuar proporcionando a la quejosa el aludido tratamiento; esto, como parte del estándar de protección del derecho humano a la salud, reconocido en el artículo 4o, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . Además, la peticionaria del amparo tiene derecho de solicitar en todo momento la prestación de salud oportuna, a fin de que sea valorada y se le proporcione el medicamento correspondiente de forma gratuita. 4. Manifestaciones. Toda vez que se dio vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días computado legalmente, manifestara lo que a su interés conviniera, sin que lo haya hecho; atento a ello se hace efectivo el apercibimiento realizado en autos, y, sin ello, se realiza el pronunciamiento relativo al cumplimiento del fallo protector. 5. Conclusión. En ese contexto, se concluye que se han restituido los derechos fundamentales de la quejosa, por cuya infracción se concedió el amparo; en tal virtud, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA, ya que en ello no existe exceso ni defecto. 6. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 7. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b) , del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 8. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, virtud a que no se tramitó incidente de suspensión. Notifíquese personalmente.
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Cuenta. En catorce de noviembre de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez, con un oficio y anexos, registrados con el folio 14829, en los autos del juicio de amparo 568/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de noviembre de dos mil veintidós.********************Recepción de oficio: Visto lo de cuenta, incorpórese al sumario el oficio, signado por ******************** y ********************, respectivamente, actuando en carácter de apoderados jurídicos, de la SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE MICHOACÁN y del ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, este por sí y en cuanto a inferior jerárquico y por ende representante legal del DIRECTOR DEL HOSPITALGENERAL DE DE APATZINGÁN,"DR. RAMÓN PONCE ÁLVAREZ", dependiente de los Servicios de Salud de Michoacán y de la Secretaría de Salud de Michoacán", mediante el cual, informan el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. ********************Con lo anterior, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, este juzgado calificará el cumplimiento realizado a la ejecutoria de mérito, con base a los elementos que obran en el expediente.********************Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y publíquese también en la Página del Poder Judicial de la Federación.********************Así lo acordó y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con los artículos del 52 Octies al 52 Duodecies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, quien da fe.
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Cuenta. En diez de noviembre de dos mil veintidós, La Secretaria, certifica: que el término legal de que disponían las partes, a fin de recurrir la sentencia definitiva, transcurrió del veinticuatro de octubre al nueve de noviembre, ambos del año en curso, sin que ninguna de las partes se inconformara con la misma; con la anterior certificación y con el estado procesal, se da cuenta al Juez, dentro de los autos del juicio de amparo 568/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diez de noviembre de dos mil veintidós. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, transcurrió el término legal de que disponían las partes, a fin de recurrir la sentencia definitiva, sin que lo hubieran hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Requerimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, a efecto de que: La autoridad responsable Secretaria de Salud y Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud Michoacán del Estado de Michoacán de Ocampo: En el ámbito de sus atribuciones, deberá dictar un acuerdo administrativo en el que ordene a quien corresponda, ejercer las medidas necesarias a efecto que a la quejosa, le sea proporcionado el tratamiento médico; en específico, establezca de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud de la solicitante de amparo, enfocada al tratamiento de insuficiencia renal crónica que padece, para lo cual debe proporcionarle la atención médica y medicamentos que requeridos; además, en forma destacada, debe atenderse a su necesidad de sustitución de la función renal, a través de la atención médica, tratamiento y la prestación de las sesiones de hemodiálisis que tiene prescritas médicamente, debiendo, para ello, tomar en cuenta: a) En la opción que se elija, por las autoridades responsables, se considere el lugar de residencia de la quejosa, a efecto que sea la más cercana a su domicilio; b) Se ordenen que se haga la valoración médica correspondiente a la quejosa, las veces que sean necesarias, para que el médico especialista correspondiente determine si el número de hemodiálisis semanales es el correcto o si debe aumentar, según el caso, ordenando que de ser esto último, se proceda a garantizarle su derecho a la atención competente de su salud, otorgándole el número de hemodiálisis que requiera. c) Además, si de acuerdo con sus protocolos de actuación, es necesario que se abra expediente médico a la quejosa, la autoridad responsable proceda a abrir el expediente que sea necesario para lograr cumplir con los efectos de esta sentencia. d) Para efecto de los dos incisos anteriores, será obligación de la parte quejosa para continuar gozando de la protección de amparo concedida, acudir ante la autoridad responsable Hospital General, para que sea abierto su expediente y valorada medicamente, cuando lo requiera el hospital y le cite al efecto. Respecto al Hospital General, con sede en Apatzingán, Michoacán de Ocampo": Ejerza todas las acciones médicas y administrativas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud de la quejosa, verificando que se aplique el tratamiento médico correspondiente al solicitante de amparo, de manera particular las sesiones de hemodiálisis requeridas, incluyendo, entre otras cosas, los medicamentos y materiales para dicho tratamiento, de manera gratuita. Cobra puntual aplicación, la tesis 1a.CCCXLIII/2015(10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DERECHO A LA SALUD. ALGUNAS FORMAS EN QUE LAS AUTORIDADES DEBEN REPARAR SU VIOLACIÓN. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que, en efecto, buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes. Así, la protección del derecho a la salud supone la regulación de los servicios de salud en el ámbito interno, así como la implementación de una serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha regulación. Algunas de las reparaciones que se pudieran dar en estos supuestos, de conformidad con el parámetro de regularidad constitucional, son: i) establecer un marco normativo adecuado que regule la prestación de servicios de salud, estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal en dichas prestaciones; ii) las autoridades deben prever mecanismos de supervisión y fiscalización estatal de las instituciones de salud, así como procedimientos de tutela administrativa y judicial para la presunta víctima, cuya efectividad dependerá, en definitiva, de la puesta en práctica que la administración competente realice al respecto; iii) cuando hay una lesión clara a la integridad de la persona, como es la mala práctica médica, las autoridades políticas, administrativas y especialmente judiciales, deben asegurar e implementar la expedición razonable y prontitud en la resolución del caso; iv) tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud; v) otorgar servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes." Apercibidas que en caso de no hacerlo, se les impondrá, una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $19,244.00 (diecinueve mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237 fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Además, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de que sea omisa en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, podría configurarse el tipo penal especial señalado en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, para lo cual, en caso de no cumplir con los presentes efectos se dará vista al Agente del Ministerio Público para los efectos legales correspondientes. Notifíquese; y publíquese en Portal del Poder Judicial de la Federación.
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