Sandra Aguirre López

Expediente 320/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
320/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
18/07/2019

Partes del expediente

  • Sandra Aguirre López

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, dieciocho de julio de dos mil diecinueve. Visto que no fue impugnado en legal término el auto que desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Finalmente, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO DE ESTE EXPEDIENTE. Notifíquese. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario José Martín Narciso Pérez. Jmnp * Mcvp.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, quince de julio de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio firmado por el Juez Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, mediante el cual devuelve, diligenciado, el exhorto 464/2019 número de orden 889/2019, que se envió para notificar a la quejosa Sandra Aguirre López, el auto de veinticuatro de junio del año en curso; por tanto, dese de baja la citada comunicación oficial y hágase la anotación en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario Juan José Bocanegra García. Jjbg * Mcvp.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, nueve de julio de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, téngase a la quejosa Sandra Aguirre López, dando cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de veinticuatro de junio del año en curso y al efecto señala domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Gildardo Magaña número 189, colonia Revolución, de esta ciudad y como autorizados para recibirlas a Luis Antonio Ramírez Sandoval y Esperanza Arianna Vélez González, por así solicitarlo expresamente. Respecto a la solicitud de que se le conceda la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, dígasele que deberá estarse a lo acordado en auto de veinticuatro de junio del presente año, en el que se le desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe la Secretaria Nubia Miranda Ramírez. Nmr * Mcvp.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, este órgano de control constitucional, emite las determinaciones siguientes: 1. RECEPCIÓN Y REGISTRO. Téngase por recibido el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, del que se desprende que el titular de dicho órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Sandra Aguirre López, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia y adjunta el juicio de amparo 678/2019, de su estadística; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 320/2019-C y acúsese recibo. 2. ACEPTACIÓN DE LA COMPETENCIA. De conformidad con los numerales 37 y 107 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito acepta el conocimiento del presente juicio, al compartir las consideraciones expuestas al respecto por el juez declinante. 3. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En el caso, este juzgado advierte la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, lo que impone desecharla de plano, de conformidad con lo establecido en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia Ley. De las disposiciones antes citadas, se observa que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro del juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre el particular, cabe destacar que la quejosa reclama la resolución de seis de junio de dos mil diecinueve, emitida dentro del toca de apelación XIV-1/2019, por el Magistrado de la Séptima Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, que declaró no legales las causas planteadas en la recusación hecha valer en la causa penal 76/2017. Precisado lo anterior, contra el acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario; ambos de la Ley de Amparo, pues el acto que la peticionaria combate no es de imposible reparación. En la especie, el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional, no se actualiza, toda vez que con la determinación reclamada, no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la quejosa, como puede ser la vida, la libertad, propiedades y posesiones, entre otros. Es así, pues como se adelantó, la resolución reclamada que declaró infundada la recusación planteada contra el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral Región de Uruapan, Michoacán, dictada dentro de la causa penal 76/2017, de ninguna manera afecta en forma directa e inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa, porque los efectos jurídicos producidos con la determinación reclamada son meramente intraprocesales, ya que atendiendo al principio de continuidad del procedimiento, tendrá la oportunidad de combatirla a través del amparo que se intente contra las demás violaciones cometidas durante el proceso penal que hubieren dejado sin defensa a la quejosa; por lo que la interlocutoria que declaró infundada la recusación formulada contra el referido juez, al tratarse de una resolución intraprocesal que no causa agravio por sí misma, no debe reclamarse de manera inmediata en la vía indirecta del amparo, sino que puede impugnarse a través del amparo que se intente contra la resolución final con la que culmine el procedimiento penal. Tiene aplicación a lo anterior la tesis de jurisprudencia 1a./J. 108/2006, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, del Tomo XXV, Abril de 2007, Materia Civil Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE NO ADMITIR O NO RESOLVER LA RECUSACIÓN FORMULADA CONTRA EL JUEZ EJECUTOR. Del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se advierte que el sistema de procedencia del juicio de garantías contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, distingue entre: 1) los actos de ejecución de sentencia y 2) los que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución. Respecto de los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce expresa o tácitamente el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento); siendo la razón que originó esta regla de procedencia, el impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva; de ahí que el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin al procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran dejado sin defensa al quejoso. En congruencia con lo anterior, se concluye que la interlocutoria que decide no admitir o no resolver la recusación formulada contra el Juez ejecutor, al tratarse de una resolución intraprocesal que no causa agravio por sí misma, no debe reclamarse de manera inmediata en la vía indirecta del amparo, sino que puede impugnarse a través del amparo que se intente contra la resolución final con la que culmine el procedimiento de ejecución. Así como las diversas tesis aisladas del Pleno y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en las páginas 23 y 228, de los Tomos IX, Mayo de 1999 y VII, Febrero de 1998, Materia Común de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de los siguientes rubros y textos: "RECUSACIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE PUEDE CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN PROCESAL, CUYA IMPUGNACIÓN DEBE HACERSE EN AMPARO DIRECTO. Ese tipo de resoluciones no constituye un acto de imposible reparación, en los términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el único efecto que produce es que el propio Juez recusado continúe conociendo de la controversia jurisdiccional, hipótesis que, además de estar comprendida en el artículo 159, fracción X, de dicha ley, revela una violación procesal reclamable en amparo directo." "RECUSACIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE PUEDE CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN PROCESAL, CUYA IMPUGNACIÓN DEBE HACERSE EN AMPARO DIRECTO. La recusación no es un acto de imposible reparación, pues el único efecto que produce tal resolución es que el propio Juez recusado continúe conociendo de la controversia jurisdiccional, hipótesis que, además de estar comprendida en el artículo 159, fracción X, de la Ley de Amparo, revela una violación procesal; en consecuencia, esa resolución no puede ser combatida en amparo ante el Juez de Distrito, por tratarse de violaciones a las leyes del procedimiento contenidas en el precepto legal invocado y, por ende, conforme a lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, sólo puede reclamarse en la vía de amparo directo al interponerse la demanda contra la sentencia definitiva." Bajo ese contexto, al resultar manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario en relación con el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente, la demanda de garantías que nos ocupa por el acto en estudio. 4. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. De autos se advierte que la parte quejosa señaló como autorizados para oír y recibir notificaciones de la quejosa, así como recibir documentos e imponerse de los autos a Erick Malvaez Rodríguez, Gabriela Vega Gordillo y Víctor Jesús Lázaro Aceves, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente facultados para ejercer la profesión de abogados y domicilio para recibirlas notificaciones el ubicado en Periférico Independencia número 5000, colonia Sentimientos de la Nación, (Área de Litigación de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado), en Morelia, Michoacán; domicilio que se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado. 5. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. Ahora tomando en consideración que la quejosa, tiene domicilio para oír y recibir notificaciones en la capital del Estado, con fundamento en los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al Juez de Distrito en el Estado, en turno, con residencia en Morelia, Michoacán, para que en auxilio de este juzgado ordene a quien corresponda, notifique el presente proveído a la quejosa Sandra Aguirre López, en el domicilio antes citado y en el acto de la diligencia de notificación o en el plazo de tres días, computado legalmente, señalen cada uno, domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, apercibida que, de no hacerlo, se le practicarán por lista las siguientes notificaciones, inclusive las de carácter personal, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Diligenciado que sea el presente, sírvase devolverlo por la misma vía, sin necesidad de acusar el recibo de estilo, toda vez que el propio sistema lo genera. 6. PUBLICIDAD DE LA SENTENCIA Y DEL EXPEDIENTE. Hágase saber a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten; y que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese; personalmente por exhorto a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe la Secretaria Nubia Miranda Ramírez. Nmr * Mcvp.

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