Sandra Alejandra Baeza Cozayatl y Otros.

Expediente 610/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
610/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
23/06/2017

Partes del expediente

  • Sandra Alejandra Baeza Cozayatl y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de trece de junio de dos mil diecisiete, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Vista la razón de entrega de documentos que antecede, de la que se advierte que el dieciséis de los actuales, **********, autorizado de la parte quejosa, compareció ante este órgano jurisdiccional a recoger las documentales que anexó la parte quejosa al presente juicio, así como las copias de traslado, tal como se ordenó en proveído de dieciséis de los corrientes; en ese sentido, hágase lo anterior del conocimiento del Analista Jurídico para que haga las anotaciones correspondientes.

  3. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por **********, con el carácter que tiene reconocido en autos; en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvansele los documentos que alude, previa copia certificada que en su lugar se deje y se autoriza para recibirlos a la persona que menciona.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por **********, ********** y **********, por su propio derecho y en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero de la persona moral **********, contra actos del Presidente Municipal de Uriangato, Guanajuato, y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el expediente 610/2017-I. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "." "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: "I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." (.) "El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley" Como se puede advertir de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al Poder Público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. Por ello, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. Ahora, en la especie el quejoso señaló como acto reclamado: ".La intención inminente de desposeernos de las estructuras metálicas (Tejabanes) donde desarrollamos el comercio legalmente, y en consecuencia de ello, de desalojarnos, de la Avenida y/o Boulevard, **********, ubicado dentro del Municipio de Uriangato, Guanajuato; lo anterior sin que previamente esta autoridad nos haya emplazado, o sin que nos haya requerido para que nos defendamos en el juicio correspondiente." Asimismo, del capítulo atinente a los antecedentes del acto reclamado, se advierte que los peticionarios del amparo narraron bajo protesta de decir verdad lo siguiente: ".nos hemos enterado, que la autoridad señalada como responsable, nos pretende desposeer de nuestras estructuras metálicas fijas, que se encuentran empotradas y adheridas al suelo de la **********, lugar de donde comemos y desarrollamos nuestro trabajo para luego, desalojarlos. Lo anterior, lo ha hecho sin habernos notificado, y sin darnos la oportunidad de defendernos a través de los tribunales previamente establecidos, de conformidad con los procedimientos previamente establecidos. Estos es inminente en cuanto a su realización, siendo que las autoridades responsables, lo han exteriorizado a través de diferentes medios de comunicación, tanto escrita de imprenta y digital, pero sin que haya existido una notificación formal, a quienes a hora suscribimos." ".nos enteramos que nos ivan (sic) a quitar de la banqueta así como también iban a tirar nuestro toldos y estructuras que los detienen la cual es de cada uno de nosotros que la compramos y la pusimos con el fin ya aludido. Tenemos miedo y el temor fundado, de que la semana que entra es decir el 15 del mes de junio iban a empezar con la obre, lo cual han difundido a través de diversos medios..." De esto último, se desprende que la posible remoción de las estructuras comerciales que reclaman los quejosos es un acto futuro e incierto, contra el cual es improcedente el juicio de amparo intentado. Lo anterior es así, pues como lo manifestaron los impetrantes, promueven el presente juicio de amparo en contra de la pretensión de desposeerlos de los comercios que aducen son de su propiedad, bajo el temor de que se le remuevan las estructuras metálicas de los comercios; de ahí que se considere dicho acto reclamado como acto futuro de realización eventual, pues no existe dato alguno revelador que genere la certeza clara y fundada de que el acto impugnado exista o pueda llegar a existir. En otras palabras, dados los antecedentes narrados por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad no se advierte la ineludible e indubitable emisión de dicho mandato reclamado; es más ni siquiera hace alusión que personal alguno adscrito a alguna dependencia gubernamental les haya informado oficialmente dicha determinación para removerlos de los comercios. Y es que no debe perderse de vista que la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce su derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Debe decirse que este Juzgador no soslaya la jurisprudencia 1ª./J.25/2003, de la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO E INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRAMITE."; sin embargo, la misma no es aplicable en la especie. Esto se afirma, en virtud que en el presente caso este Juzgador se encuentra en condiciones de determinar racionalmente que las responsables no han ordenado la realización del acto reclamado o que están a punto de hacerlo, puesto que para llegar a dicha conclusión se sopesó que los propios quejosos manifestaron en el capítulo atinente a antecedentes del acto reclamado que acude a esta instancia constitucional reclamando bajo protestad de decir verdad ".nos hemos enterado, que la autoridad señalada como responsable, nos pretende desposeer de nuestras estructuras metálicas fijas, que se encuentran empotradas y adheridas al suelo de la **********, lugar de donde comemos y desarrollamos nuestro trabajo para luego, desalojarlos. Lo anterior, lo ha hecho sin habernos notificado, y sin darnos la oportunidad de defendernos a través de los tribunales previamente establecidos, de conformidad con los procedimientos previamente establecidos. Estos es inminente en cuanto a su realización, siendo que las autoridades responsables, lo han exteriorizado a través de diferentes medios de comunicación, tanto escrita de imprenta y digital, pero sin que haya existido una notificación formal, a quienes a hora suscribimos."; manifestación a la que se le otorga valor pleno de CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).". Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 1°, fracción I, de la ley de la materia, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA. Por otro lado, como lo solicita los promoventes, con fundamento en los numerales 27, fracción III, inciso a), en relación con el 29 de la ley de la materia, la presente determinación, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, practíquenseles mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. Asimismo, se le tiene autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del numeral 12 de la Ley de Amparo a las personas que indican, en virtud de que no obran sus cédulas registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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