Samuel Zavala Flores y Otros.
Expediente 1073/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1073/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 20/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Samuel Zavala Flores y Otros.
- Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República en Guanajuato
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, mediante el cual remite testimonio de la resolución pronunciada en el conflicto de competencia 1/2017, suscitado entre el suscrito y el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, cuyo punto resolutivo es el siguiente: "ÚNICO. No existe conflicto de competencia, en virtud de que la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, aceptó la competencia para conocer de la demanda promovida por **********, **********, **********, ********** y **********, admitiéndola a trámite, sin haber hecho la separación de juicios por la vía incidental." En ese sentido, acúsese recibo a la Superioridad y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la destrucción del presente cuaderno de antecedentes en el plazo a que alude dicho acuerdo.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el conflicto competencia suscitado entre el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato y este Tribunal, respecto de la demanda de amparo promovida por **********, **********, **********, ********** y **********.
- Principal
Agréguese el oficio signado por la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, mediante el cual informa que no aceptó la competencia planteada por este tribunal para conocer de la demanda de amparo promovida por Samuel Zavala Flores, Leticia García García, Samuel Rangel Calixto, Pablo Valtierra Diosdado y Francisco Manuel Chávez Montenegro, respecto del acto reclamado consistente en la privación de la libertad, por lo que remite copia certificada de los autos del juicio de amparo 1073/2016-V del índice de este Juzgado; en ese sentido, acúsese recibo. Ahora bien, con el objeto de tener un panorama claro de la determinación que el suscrito adoptará en relación con lo manifestado por la autoridad oficiante, debe traerse a contexto, en principio, las consideraciónes que se expusieron en proveído de diecisiete de noviembre del año en curso, por las que el titular de este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del presente asunto, a saber: Que el aseguramiento de los aparatos de habilidad y entretenimiento operados a través de monedas, que arguyen son de su propiedad, tuvo ejecución en el inmueble ubicado en calle Rosario Castellanos número 125, local, colonia San Isidro de la ciudad de Salamanca, Guanajuato; y, Que la orden para que se les prive de su libertad, se estima que tendrá ejecución en la localidad de Salamanca, Guanajuato, debido a que los quejosos manifestaron que tienen su domicilio en dicha ciudad. Que la parte inconforme señaló como autoridades responsables al Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República en el Estado de Guanajuato, Agente del Ministerio de la Federación Supervisor de la Unidad de Atención Inmediata, con residencia en Salamanca, Guanajuato, Jefe de la Policía Federal Ministerial y los Policías Federales Ministeriales en turno, de la Delegación en Hidalgo de la Procuraduría General de la República. Con base en tales argumentos, se consideró que la competencia debía fincarse a favor del Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato en turno, con sede en la ciudad de Irapuato, toda vez que los acto reclamados, atinentes al aseguramiento tuvieron ejecución en Salamanca y el diverso acto referente a la orden de privarlos de su libertad tendrá ejecución en la misma ciudad de Salamanca, por lo que se estimó carecer de competencia legal para conocer del presente asunto. Ahora, corresponde invocar los razonamientos que plasmó el Juez Federal oficiante en el auto de dieciséis de agosto de esta anualidad, por el que determinó no aceptar la competencia declinada a su favor, que medularmente se hace consistir en: Que no acepta la competencia planteada por este Tribunal, respecto de las autoridades ejecutoras y del acto reclamado consistente en la privación de la libertad, avocándose solamente respecto del acto reclamado consistente en el aseguramiento, desposesión y/o confiscación de los bienes que defiende. Lo anterior es así, ya que el citado juzgador consideró que como los quejosos no desahogaron la prevención que se les hizo en proveído de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, en el sentido de que precisaran el lugar de residencia de las autoridades responsables que señalaron como ejecutoras en su demanda, en auto de quince de los actuales, la tuvo por no presentada únicamente respecto de las autoridades ejecutoras. Motivo por el cual consideró que no era competente para conocer del acto reclamado consistente en la privación de la libertad que reclaman, debido a que el sólo domicilio de los quejosos ubicado en Salamanca, Guanajuato, es insuficiente para estimar que dicho órgano jurisdiccional es competente para conocer de tal acto, pues al margen de que se previno a la parte quejosa para que designara autoridad en esa ciudad no lo hicieron. Bajo ese contexto, con fundamento en el artículo 37, primer párrafo de la ley de la materia, el suscrito considera que de la demanda en estudio corresponde conocer a un Juez Federal con sede en Irapuato, Guanajuato, pues como se dijo anteriormente, el acto reclamado consistente en la privación la libertad que reclaman, tendrá ejecución en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, pues con independencia de que en el caso no existan autoridades ejecutoras con residencia en el lugar en el que la parte quejosa tiene su domicilio, por no haberlas señalado pese a habérseles requerido, el lugar probable en el que se ejecutará dicho acto es en el que viven, ya que no se advierte de la demanda algún otro lugar de ejecución. Ahora bien, la oficiante determinó no aceptar la competencia respecto del acto reclamado consistente en la privación de la liberad de los quejosos, bajo el argumento de que el sólo domicilio estos, -ubicado en Salamanca, Guanajuato- es insuficiente para estimar que es competente para conocer de ese acto, y basó su decisión en la jurisprudencia del siguiente rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." No obstante, se estima que los supuestos que aborda el referido criterio se encuentran colmados y, con base en él es posible sostener que la competencia para conocer del asunto no corresponde a este tribunal; ello, puesto que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que lo que en esa jurisprudencia se quiso significar, era que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional pueden apreciarse de determinada manera al momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados. Por ende, ya que en el presente caso se cuenta con un panorama distinto en relación con el momento en el que se presentó la demanda de amparo, puesto que debido a que no se cumplió la prevención efectuada por la Jueza Federal, no se cuenta con autoridades ejecutoras; se considera que debe proveerse de acuerdo con los datos con los que se cuentan hasta el momento, esto es, que el acto reclamado tendrá ejecución en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, por ser el lugar en el que radican los peticionarios del amparo. Máxime si se toma en cuenta el principio de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal, dado que, de existir el acto reclamado de que se trata, sería más fácil para los quejosos ofrecer y para el órgano jurisdiccional recabar y desahogar, alguna prueba pertinente para el desarrollo del juicio de amparo, dada la cercanía que existe entre el domicilio de aquellos y el lugar de residencia de éste. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 48 de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 05/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, remítanse los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, a efecto de que resuelva el conflicto competencial surgido en este asunto. .
- Principal
Visto el estado de autos, de los que se advierte que en esta data se notificó al quejoso el auto de veinticinco de noviembre pasado, dictado por la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato; por tanto, remítasele la constancia de notificación a la homóloga federal para lo que a bien tenga ordenar.
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