Sandra Alarcón Bustos
Expediente 1058/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1058/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Sandra Alarcón Bustos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo número 1058/2017; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO.- Por escrito recibido el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Sandra Alarcón Bustos, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos Mairani e Irvin de apellidos Román Alarcón, presentó demanda de amparo contra las autoridades y por el acto que enseguida se menciona: AUTORIDAD RESPONSABLE: 1. Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "Reclamo la ilegal sentencia definitiva de fecha 16 de noviembre del 2017, dictada dentro del juicio de divorcio incausado número 1327-II/2017 de su índice ÚNICAMENTE en lo que respecto al análisis de la cláusula propuesta sobre los alimentos hechos por esta parte en mi proyecto de convenio, mismo que enumero como 4. En esa sentencia, dejándose intacto lo demás que no es motivo de acto reclamado. Así como el ilegal acuerdo de fecha 22 de noviembre de dos mil diecisiete, en donde se ordena notificar la sentencia definitiva al demandado Jorge Homero Román Cortez de manera personal en la Ciudad de Tecate Baja California, dictado dentro del juicio de divorcio incausado número 1327-II/2017 del Juzgado Quinto del Ramo Familiar." SEGUNDO.- Por acuerdo de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, se radicó la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 1058/2017 y se formuló una prevención, la cual luego de ser desahogada, por auto de trece de diciembre siguiente se desechó parcialmente la demanda y se admitió a trámite únicamente por lo que ve a la resolución de dieciséis de noviembre pasado; se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se ordenó notificar lo anterior a la parte tercera interesada, se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede, y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama una resolución dictada dentro de un juicio de divorcio incausado que determinó la disolución del vínculo matrimonial, sin decidir totalmente todas las cuestiones inherentes al matrimonio (guarda y custodia, alimentos, etcétera), dejando a salvo los derechos de las partes para que en la vía incidental los hicieran valer, y que se tramita ante una autoridad judicial con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, la cual puede tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda. La quejosa bajo protesta de decir verdad indicó que tuvo conocimiento de la resolución reclamada el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, fecha en que el juez de la causa emitió el proveído en el que se le tuvo por notificada del acto reclamado; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del veintisiete de noviembre al quince de diciembre siguiente, descontándose los días dos, tres, nueve y diez de diciembre anterior por ser inhábiles; de ahí que, si presento su demanda el cuatro de diciembre del año pasado, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que Sandra Alarcón Bustos, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos Mairani e Irvin de apellidos Román Alarcón, como actora en el juicio de divorcio incausado número 1327/2017 reclama la sentencia definitiva de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, únicamente la parte en que no se aprobó la propuesta contenida en el convenio formulado por dicha parte procesal relativa a los alimentos, pues se determinó que la progenitora quedaría a cargo de ministrar los alimentos de los hijos que se encontraban bajo su cuidado, mientras que el demandado haría lo propio respecto de los hijos que estaban bajo el cuidado de aquél. CUARTO. Certeza del acto reclamado. ES CIERTO el acto reclamado al Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, pues así lo reconoció expresamente al rendir su informe con justificación, manifestación que constituye una confesión de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2; y que se robustece con la copia certificada de las diversas constancias procesales que integran el juicio de divorcio incausado 1327/2017 que allegó en apoyo a su informe; documental a la que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 de la indicada legislación adjetiva civil de aplicación supletoria a la ley de la materia. QUINTO. Actualización de una causal de improcedencia. Previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Así, en el caso se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Por principio, en sesión de veintidós de agosto de dos mil doce, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la contradicción de tesis 63/2011, en donde abordó como tema "la posibilidad de impugnar o no, las resoluciones o determinaciones dictadas en el curso del procedimiento del divorcio sin expresión de causa, concretamente, las que se emiten antes de que éste se decrete", estudio que realizó con base en la legislación del Distrito Federal, pero que por su semejanza con la del Estado de Guerrero, en lo esencial se cita como sigue: "Así, en concordancia con lo anterior, en el Título Décimo Segundo, Capítulo I, denominado "De las revocaciones y apelaciones" del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se adicionó el artículo 685 Bis, el cual establece: Artículo 685 Bis. Únicamente podrán recurrirse las resoluciones que recaigan en vía incidental respecto del o los convenios presentados; la que declare la disolución del vínculo matrimonial es inapelable. De lo dispuesto en dicho precepto y atendiendo a la finalidad perseguida por el legislador a través de la introducción del juicio de divorcio sin expresión de causa, se puede afirmar que el artículo reproducido constituye una norma especialmente diseñada en materia de impugnación para el procedimiento de divorcio mencionado, por lo que atendiendo al principio de especialización de la norma, ésta resulta determinante a fin de establecer si las resoluciones emitidas por el juzgador en el juicio de divorcio, concretamente las que se dictan antes de que éste se decrete, son o no susceptibles de recurrirse. Así, aunque en términos de la disposición que se comenta, el auto definitivo o la sentencia que declara la disolución del vínculo matrimonial es inapelable, de la redacción de ese precepto no se advierte si las determinaciones o resoluciones recaídas en el juicio de divorcio sin expresión de causa, concretamente las que se emiten antes de que este se decrete, son o no susceptibles de impugnarse; no obstante, si se atiende a las razones y a la finalidad de la reforma por virtud de la cual se introdujo el divorcio sin expresión de causa, se puede concluir que a pesar de que en dicho numeral no se estableció expresamente la procedencia de algún recurso, ello por sí solo, no implica que tales determinaciones no sean susceptibles de impugnación. Se estima de esa manera, porque de la exposición de motivos antes reproducida, se advierte que si bien la finalidad de la reforma que introdujo el divorcio sin expresión de causa en el Distrito Federal, fue privilegiar la voluntad del cónyuge que lo solicita, a fin de evitar que el enfrentamiento continuo entre los consortes erosione mayormente el núcleo familiar, también lo es que atendiendo a esa finalidad, al hacer referencia de los posibles medios de impugnación, el legislador únicamente consideró que el recurso de apelación era improcedente en contra de la resolución que declara el divorcio, lo que resulta lógico y congruente con el motivo de la reforma; sin embargo, en la misma exposición de motivos no se advierte que exista alguna imposibilidad o impedimento para recurrir la resolución que niega esa determinación o cualquiera que se emita antes de decretarse el divorcio; de ahí que sea el caso de acudir a lo previsto en el artículo 691 último párrafo del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que dispone que los asuntos de cuantía indeterminada (como es el caso del divorcio) siempre serán apelables, consolidado esto con el contenido del artículo 685 Bis del mismo ordenamiento legal que no establece alguna limitante para que esas resoluciones sean impugnables; por ello, tanto la determinación que niega la pretensión del divorcio, como aquellas resoluciones que se emitan antes que éste se decrete podrán ser impugnadas a través de los recursos ordinarios procedentes. En efecto, no se advierte que haya sido la intención del legislador que tales determinaciones sean irrecurribles; por el contrario, en la exposición de motivos expresamente se consideró como recurribles, aquellas relacionadas con la distribución de los bienes comunes, de pago indemnizatorio, alimentos, guarda y custodia, convivencias, daño moral, etcétera. En ese orden de ideas, si el legislador expresamente consideró la posibilidad de impugnar esas determinaciones, válidamente se puede concluir que las resoluciones o determinaciones emitidas en el juicio de divorcio sin expresión de causa, concretamente las que se dictan antes de que éste se decrete, sí pueden ser recurridas, pues como ya se ha dicho en líneas anteriores, aun cuando el artículo 685 Bis del ordenamiento legal citado, señala que "únicamente" podrán recurrirse las resoluciones que recaigan en la vía incidental respecto del o los convenios presentados, no debe perderse de vista que el numeral 79 del propio ordenamiento les atribuye el carácter de resolución a los autos, decretos y sentencia; por tanto, como el primero de los preceptos citados no distingue entre el tipo de resoluciones que pueden impugnarse, y tampoco prohíbe la impugnación de actos emitidos durante el procedimiento sino más bien lo permite al expresar que las resoluciones que recaigan en la vía incidental respecto de los convenios presentados son recurribles, debe concluirse que las diversas resoluciones que se emitan en el procedimiento son susceptibles de impugnación, además de que, el recurso para impugnar esas resoluciones dependerá del tipo de decisión que se pretenda combatir. Conclusión que se robustece, si se tiene en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Civil para el Distrito Federal, durante el desarrollo del juicio de divorcio sin expresión de causa se pueden dictar medidas provisionales "relacionadas con las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial", como son entre otras, las relativas a: Salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados; Señalar y asegurar las cantidades que a título de alimentos debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos; Asegurar que los cónyuges no se puedan causar perjuicios en sus respectivos bienes ni en los de la sociedad conyugal; Ordenar la anotación preventiva de la demanda en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal y de aquellos lugares en que se conozca que tienen bienes; Revocar o suspender los mandatos que entre los cónyuges se hubieran otorgado; Decidir cuál de los cónyuges continuará en el uso de la vivienda familiar; Determinar que bienes deben permanecer en la vivienda familiar y cuáles los que se deberá llevar el otro cónyuge; y La guarda y custodia provisional de los hijos, y las modalidades del derecho de visita o convivencia de los hijos con sus padres. Ello es así, pues si se tiene en cuenta que dicho precepto expresamente dispone que "las medidas subsistirán hasta en tanto se dicte sentencia interlocutoria en el incidente que resuelva la situación jurídica de hijos o bienes, según corresponda" (que según lo analizado no es otra que la sentencia definitiva dictada después de que se decreta el divorcio sobre los aspectos en que no hubo acuerdo), se llega a la conclusión de que tales medidas y cualquier decisión tomada con relación a ellas, aun cuando no sean propiamente una medida provisional, pueden ser susceptibles de impugnación, pues como ya se analizó, no hay prohibición al respecto; además, de no permitirse la impugnación quedarían sin resolverse algunas determinaciones que si bien son accesorias al divorcio, por su materia resultan de suma importancia, ya que atañen a cuestiones relacionadas con menores, que pueden emitirse antes y después del divorcio, como son las relativas a la guarda y custodia y los alimentos, por lo que no se justificaría que quedaran sin análisis. Atendiendo a lo anterior, si tanto las medidas provisionales como cualquier otra determinación relacionada o no con ellas, deben subsistir hasta que se dicte la sentencia definitiva, entonces es dable concluir que sí pueden ser impugnadas durante la tramitación del juicio, porque si bien no pasa inadvertido que la reforma que introdujo el divorcio sin causa, busca hacer más rápido, dinámico y laxo el procedimiento relativo, esa celeridad, no debe interpretarse como una limitación al derecho que tienen las partes de impugnar las determinaciones que estimen contrarias a sus intereses, pues ese derecho sólo se puede limitar cuando la propia ley determina que son inimpugnables, lo que en el caso no acontece. Ello es así, pues la expresión 'únicamente' utilizada en el artículo 685 Bis del CPCDF, debe interpretarse en su contexto, ya que sólo va dirigida a enfatizar o exaltar la inapelabilidad de la resolución que declara el divorcio." Lo transcrito permite concluir que las demás resoluciones, diferentes al auto definitivo o sentencia que declara la disolución del vínculo matrimonial, son impugnables mediante el recurso ordinario que la ley señale al efecto. Ahora, se procede a precisar cuáles son las sentencias a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Divorcio del Estado de Guerrero, como las que disuelven el vínculo matrimonial, cuya redacción es la siguiente: "Articulo 51. Impugnación de las sentencias. La sentencia que declara la disolución del vínculo matrimonial es inapelable, únicamente podrán recurrirse la resolución interlocutoria que recaiga en vía incidental respecto del o los convenios presentados." La sentencia se considera como acto jurídico y como documento, sin embargo la declaración, modificación o extinción de un estado de derecho se hace en la sentencia como acto jurídico, por ende, lo que el artículo 51 refiere como inapelable es propiamente la sentencia como objeto jurídico (y no como documento) que exclusivamente declara disuelto el vínculo matrimonial, porque la finalidad de la norma es que no pueda discutirse en apelación la prestación natural de ese tipo de juicios, en razón de que la procedencia del divorcio depende únicamente de la voluntad unilateral de uno de los contrayentes. Sin embargo, suele ocurrir que al momento de declararse la disolución del vínculo matrimonial en la sentencia como documento, el juez natural emite otros pronunciamientos definitivos o provisionales, sobre cuestiones que si bien tienen relación con el divorcio no son causa o consecuencia directa de ésta, tales como alimentos de los hijos, guarda y custodia, régimen de convivencia con los hijos, del mismo modo también puede emitir pronunciamiento en relación con los alimentos entre cónyuges o con la liquidación de la sociedad conyugal, definitivos o provisionales; lo que evidencia, que en un mismo documento se contengan actos jurídicos que pueden ser estudiados de forma autónoma en relación con el divorcio decretado, porque precisamente son acciones que tienen elementos propios y su procedencia no se hace depender de la disolución del vínculo matrimonial, de manera que a ese tipo de resoluciones como objeto jurídico no les es aplicable la restricción del artículo 51 de la Ley de Divorcio del Estado de Guerrero y, por tanto, pueden ser recurridas mediante el juicio ordinario que señale la ley. De ahí que cuando se trata de resoluciones que deciden dos o más acciones o cuestiones jurídicas que no dependen necesariamente una de la otra, no existe inconveniente para que cada una de ellas se combata de forma destacada y autónoma en los términos y por la vía que marque la ley, de manera que si una es impugnable ordinariamente, el afectado tendrá que agotar el recurso previsto por la ley, en tanto que si la otra es inimpugnable en la vía ordinaria, el gobernado afectado podrá atacarla en la vía de amparo, sin que con ello se estime dividida la continencia de la causa, en la medida en que, por tratarse de acciones o cuestiones jurídicas que no dependen entre sí, por no tener el mismo origen, esto es, al tratarse de causas diversas expresadas en el mismo documento, no se está en el supuesto de que se dicten sentencias contradictorias. En otras palabras, los Jueces de lo familiar en Guerrero al decretar el divorcio suelen emitir pronunciamientos en forma provisional, sobre temas relacionados con la disolución del matrimonio, tales como alimentos, guarda y custodia, posesión de bienes, entre otros, cuyas decisiones no son, por un lado, definitivas y, por otro, no están pronunciados en el trámite incidental; en ese orden, si no es una sentencia definitiva, porque no resuelven el fondo de esas medidas, ni le pone fin al juicio, entonces son impugnables en amparo indirecto; y para la procedencia de ese medio extraordinario de impugnación debe atenderse al principio de definitividad. Por tanto, si en la sentencia reclamada la responsable realizó pronunciamientos independientes, como son la disolución del vínculo matrimonial, la patria potestad, la guarda y custodia, la convivencia familiar con los menores y los alimentos, y la quejosa únicamente reclama lo concerniente a esto último cuando se analizó la aprobación o no del convenio propuesto, por considerar que no se tomó en consideración lo que señaló en la diligencia de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete sobre su actividad a las labores del hogar y en cambio, determinó que los alimentos de los hijos que tenía bajo su cuidado correspondería a dicha progenitora; entonces no puede afirmarse que esa resolución contenga propiamente la disolución de vínculo matrimonial o que haya constituido un elemento esencial para su procedencia, de manera que debe combatirse mediante el recurso ordinario que en su caso proceda, previo a acudir al juicio de amparo. Para ilustración de lo anterior y en razón de que aborda el tema tratado, se cita el contenido de la tesis número II.1o.32 C (10a.), del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 1723, Libro 20, de julio de 2015, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DIVORCIO INCAUSADO. AL DECRETARSE SE EMITEN PRONUNCIAMIENTOS PROVISIONALMENTE COMO SON LOS ALIMENTOS, CUYAS DECISIONES NO CONSTITUYEN UNA SENTENCIA DEFINITIVA, AL SER IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, Y PARA SU PROCEDENCIA DEBE ATENDERSE AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Si se considera a la sentencia, como acto jurídico y como documento, y que los principios de indivisibilidad e inmutabilidad que la rigen, se aplican únicamente a la sentencia como acto jurídico y no al documento que la representa, no existe inconveniente alguno para que cada una de ellas se combata de forma destacada en los términos y por la vía que marque la ley, máxime cuando se trata de resoluciones que deciden dos o más acciones o cuestiones jurídicas que no dependen necesariamente una de la otra, de manera que si una es impugnable ordinariamente, el afectado tendrá que agotar el recurso previsto por la ley, en tanto que si la otra es impugnable en la vía ordinaria, el gobernado afectado podrá atacarla en la vía de amparo, sin que con ello se estime dividida la continencia de la causa, en la medida en que, por tratarse de acciones o cuestiones jurídicas que no dependen entre sí, por no tener el mismo origen, esto es, al tratarse de dos causas diversas expresadas en el mismo documento, no se está en el supuesto de que se dicten dos sentencias contradictorias. De ahí que, si bien la declaración de divorcio resuelve en forma definitiva ese aspecto de la litis natural, que al ser irrecurrible en términos del artículo 2.379 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, debe ser impugnada en amparo directo; lo cierto es que al decretar el divorcio suelen emitirse pronunciamientos provisionalmente, sobre temas relacionados con la disolución del matrimonio, como alimentos provisionales, entre otros, cuyas decisiones no constituyen una sentencia definitiva, porque no resuelven el fondo de esas medidas, ni le ponen fin al juicio, entonces son impugnables en amparo indirecto; y para la procedencia de ese medio extraordinario de impugnación, debe atenderse al principio de definitividad." Asimismo, sustenta lo anterior la tesis I.9o.C.186 C del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página 1319, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 161320, que reza: "DIVORCIO INCAUSADO. LAS DECISIONES ADICIONALES DICTADAS EN LA SENTENCIA QUE LO DECRETA SON IMPUGNABLES MEDIANTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN, Y POR TANTO, DEBE AGOTARSE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Por regla general, cuando los cónyuges no concilian sus intereses mediante los convenios propuestos, de conformidad con el artículo 287 del Código Civil para el Distrito Federal, el Juez decretará el divorcio y dejará a salvo los derechos de los contendientes para que los diriman en la vía incidental; la declaración de divorcio resuelve en forma definitiva ese aspecto de la litis natural, que al ser irrecurrible en términos del artículo 685 bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, debe ser impugnada en amparo directo, acorde con la tesis de jurisprudencia por contradicción número 1a./J. 137/2009, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, abril de dos mil diez, página ciento setenta y cinco, de rubro: "DIVORCIO POR DECLARACIÓN UNILATERAL DE VOLUNTAD. ANTE LA FALTA DE ACUERDO DE LAS PARTES RESPECTO DEL CONVENIO PARA REGULAR LAS OBLIGACIONES QUE PERSISTEN DESPUÉS DE DISUELTO EL MATRIMONIO, EL JUEZ DE LO FAMILIAR DEBE DECRETAR AQUÉL Y RESERVAR PARA LA VÍA INCIDENTAL LA RESOLUCIÓN DE TODAS LAS DEMÁS CUESTIONES (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE A PARTIR DEL 4 DE OCTUBRE DE 2008)."; sin embargo en la práctica, los Jueces de lo familiar en el Distrito Federal al decretar el divorcio suelen emitir pronunciamientos en forma provisional, sobre temas relacionados con la disolución del matrimonio, tales como alimentos, guarda y custodia, posesión de bienes, entre otros, cuyas decisiones no son, por un lado, definitivas y, por otro, no están pronunciados en el trámite incidental a que se refiere el numeral citado en primer término; en ese orden, si no es una sentencia definitiva, porque no resuelven el fondo de esas medidas, ni le pone fin al juicio, entonces son impugnables en amparo indirecto; y para la procedencia de ese medio extraordinario de impugnación debe atenderse al principio de definitividad, consistente en haber agotado el recurso de revocación a que se refiere el artículo 685, segundo párrafo, del código procesal en cita, porque procede en contra de todo tipo de resoluciones sin hacer distinción alguna, cuando la sentencia no sea apelable, por lo que es evidente que comprende todo tipo de determinación, aun cuando se dicten en la sentencia que decretó el divorcio, si se trata de actos jurídicos distintos o independientes a la disolución del vínculo matrimonial, siempre que sean decisiones de carácter provisional, como alimentos, guarda y custodia, preservación de bienes, ocupación del domicilio, etc. No es obstáculo a lo anterior, que en la misma sentencia el Juez haya resuelto lo relativo a la disolución del vínculo matrimonial, pues si bien la sentencia como acto jurídico es indivisible, no lo es como documento, dado que éste representa la solución que el juzgador da a determinado problema jurídico, y puede contener diversos pronunciamientos independientes, y no existe inconveniente para que cada uno de ellos sea combatido de manera destacada en la vía y términos procedentes, acorde con la tesis de jurisprudencia por contradicción número 1a./J. 17/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, mayo de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, página ciento cuarenta y tres, de rubro: "GASTOS Y COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE CONTRA LA LIQUIDACIÓN DE, AUN CUANDO LA SENTENCIA RELATIVA COMPRENDA LA LIQUIDACIÓN DE INTERESES."; pues aun cuando ésta se refiera a las condenas en gastos y costas en materia mercantil y de liquidación de intereses, decretadas en una sola sentencia, lo cierto es que se partió de la base de que la resolución, en sentido amplio, es divisible como documento mas no como acto jurídico, y aquél representa la solución que el juzgador dé a determinado problema jurídico, sin hacer distinción en cuanto a que se trate de una sentencia definitiva, de un auto o de una interlocutoria. De ahí que si en la sentencia reclamada el Juez realizó dos pronunciamientos independientes, como fueron la disolución del vínculo matrimonial y la fijación de medidas provisionales, y si el quejoso únicamente se duele en contra de esas medidas, entonces, deben combatirse mediante el recurso de revocación, previamente al juicio de amparo indirecto. Lo anterior no significa que exista división de la continencia de la causa, ya que la disolución del vínculo matrimonial y cualquier medida provisional son dos actos jurídicos diversos expresados en un mismo documento." Ahora, como previamente quedó precisado, la quejosa demando la protección constitucional en contra de la sentencia definitiva de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, únicamente por lo que hace a la no aprobación del convenio en torno al tema de los alimentos, porque -como se dijo- impuso a dicha parte procesal la carga de ministrarlos respecto de los hijos que tiene bajo su cuidado. De manera que, si la resolución reclamada -entendida como objeto jurídico- no disolvió el vínculo matrimonial, entonces debe recurrirse mediante el recurso de apelación que la ley procesal civil establece, previo a acudir al presente juicio de amparo. En efecto, la procedencia del recurso de apelación para impugnar las resoluciones diferentes a la disolución del vínculo matrimonial, que se contienen en la resolución reclamada, se obtiene de la lectura de los artículos 264, 262 A y 405 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero y 33 de la Ley de Divorcio del Estado de Guerrero, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 264. Apelación de la resolución. La resolución que dicte el juzgador en la audiencia previa y de conciliación, será apelable en el efecto devolutivo." "Artículo 262 A. Audiencia previa y de conciliación en el divorcio incausado. En el caso de que existan diferencias en los convenios propuestos, el juez dentro de los cinco días siguientes a la contestación de la solicitud, citará a los cónyuges a la audiencia previa y de conciliación para promover el acuerdo entre las pretensiones expuestas en los citados convenios. Si los cónyuges llegan a un acuerdo respecto al convenio, el juez decretará la disolución del vínculo matrimonial y la aprobación del convenio, mediante sentencia. De no llegar a un acuerdo se procederá en los términos del artículo 33 de la Ley de Divorcio del Estado y 405 de este ordenamiento." "Artículo 405. Principio de la tramitación incidental. Toda cuestión accesoria que surja con ocasión de un proceso principal, no teniendo señalado en la ley un procedimiento propio, deberá tramitarse en la forma prevista en las disposiciones de este capítulo." "Articulo 33. En caso de que los cónyuges lleguen a un acuerdo respecto al convenio señalado en el artículo 28 de esta Ley, y éste, no contravenga ninguna disposición legal, el Juez lo aprobará de plano decretando el divorcio mediante sentencia. Caso contrario, el Juez en su sentencia que decrete el divorcio, dejará a salvo el derecho de los cónyuges para que lo hagan valer en la vía incidental, exclusivamente por lo que concierne al convenio, aplicándose las disposiciones que establece el Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para el Procedimiento Incidental." De lo anterior se obtiene que la resolución que se dicta cuando los cónyuges no llegan a un acuerdo respecto al convenio, y consecuentemente el juez decreta el divorcio, aprueba el convenio en lo que las partes hayan consentido y, deja a salvo sus derechos en lo no conciliado para que lo hagan valer en la vía incidental, exclusivamente por lo que concierne al convenio, forma parte de la audiencia previa y de conciliación, contra la cual procede el recurso de apelación únicamente respecto de los temas distintos a la disolución del vínculo matrimonial. Igual criterio se estableció al resolverse el amparo indirecto número 1275/2014 y su acumulado 710/2015 del índice de este órgano jurisdiccional, el cual fue confirmado por el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región en Acapulco, Guerrero, en auxilio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión civil 146/2015 (expediente auxiliado 161/2015), lo que se invoca como un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Por consiguiente, la resolución relativa a los alimentos derivado de la no aprobación de lo propuesto en el convenio que formuló la parte actora, que está contenida en la sentencia definitiva de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, debió recurrirse mediante el recurso de apelación previsto en el artículo 264 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, previo a acudir al juicio de amparo; por lo que al no haberse hecho así, de conformidad con el artículo 63, fracción V, en relación con el arábigo 61, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio 725/2017, promovido por Sandra Alarcón Bustos, por sí y en representación de sus menores hijos Mairani e Irvin de apellidos Román Alarcón, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
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Acapulco, Guerrero; dos de febrero de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto número 1644/2017, que le fue enviado para que en auxilio de las labores de este juzgado federal, notificara personalmente el inicio del presente juicio al tercero interesado Jorge Homero Román Cortez; glósese a los autos sin proveer sobre el particular, en virtud de que por acuerdo de uno de febrero del año en curso, se le tuvo por apersonándose al presente asunto; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y como lo solicita acúsese el recibo vía electrónica. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; uno de febrero de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Juez Tercero de Distrito en Materia Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, a través del cual acusa recibo del Exhorto 1644/2017, que le fue enviado, a fin de lograr la localización del tercero interesado Jorge Homero Román Cortez, asimismo, informa que se procedió a su diligenciación. Así mismo, agréguese a los autos el escrito signado por Jorge Homero Román Cortez, en atención a su contenido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5°, fracción lll, de la Ley de Amparo, téngasele por apersonándose al presente juicio y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Barrio de la Lima número 506, Colonia Centro, en esta ciudad; y como sus autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Rogelio Hernández Alcaraz y María Hilda Gudiño Rojas en razón de que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese.
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