Sampedro Dorantes Roberto
Expediente 70/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 70/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 19/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Sampedro Dorantes Roberto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Acapulco, Guerrero diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado de los presentes autos y la certificación de cuenta, se aprecia que mediante auto de veinte de abril del presente año, se declaró cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y trascurrió el término de quince días que tenía la parte quejosa para inconformarse contra esa resolución, según el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho así, en consecuencia, téngasele por conforme con dicha determinación. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto concluido, en el entendido de que el presente juicio es susceptible de ser depurado, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintinueve de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, debiendo conservarse la demanda y sentencia respectiva; además se precisa que este expediente no es considerado de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el último párrafo del punto Vigésimo Primero de Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su carátula. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veinte de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos y tomando en consideración que mediante escrito de cuenta la autorizada de la parte quejosa informa que realizó el cobro del cheque que a su favor emitió la autoridad responsable; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a resolver si con las constancias que obran en autos se encuentra o no cumplida la sentencia de mérito. La parte quejosa solicitó el amparo contra actos del Director de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, con sede en esta ciudad; de quien reclamó la aplicación de los artículos 1, 2 y 4 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, en la parte que regulan el valor catastral de los predios ubicados en el territorio del Estado, el cual servirá de base para la determinación y aplicación del impuesto predial; la aplicación de los artículos 15, fracción I, y 18, fracción III, de la Ley número 408 para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, los cuales establecen los elementos referentes a la base y tasa del impuesto predial. Lo anterior, a través del cobro reflejado en los recibos oficiales de pago con folios números F 455370, F 455371 y F 455372, de veintitrés de enero de dos mi diecisiete. En la sentencia materia de esta resolución, se concedió el amparo para los siguientes efectos: ". para el efecto de que la autoridad responsable de este municipio, le reintegre debidamente actualizada la cantidad total de $8,315.78 (ocho mil trescientos quince pesos 78/100 moneda nacional) que erogó por concepto de impuesto predial e impuestos adicionales en los recibos oficiales F 455370, F 455371 y F 455372." En cumplimiento a esa sentencia, la Delegada de la autoridad responsable del Ayuntamiento Constitucional de esta ciudad, mediante oficio número DJUP-03/1395/2017 remitió el cheque número 0001973 expedido a favor de la quejosa por la cantidad de $8,506.20 (ocho mil quinientos seis pesos 20/100 m.n.), por concepto de impuesto predial y accesorios, de lo cual se dio vista a la quejosa para que manifestara lo que a sus intereses conviniere y se dejó a su disposición el citado cheque, el cual le fue entregado a su autorizado Mariana López Hidalgo mediante comparecencia de siete de abril del año actual, y al haber manifestado dicha autorizada en el escrito de cuenta que realizó el depósito a su cuenta bancaria del citado título de crédito tal como se le requirió en proveído de seis de abril último, se le tuvo por realizado a su entera satisfacción en esos términos el pago que erogó por dicho concepto como se aprecia al inicio de este acuerdo; documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; situación que pone de manifiesto el cumplimiento dado al fallo protector. En esas condiciones, si la autoridad responsable municipal de esta ciudad, devolvió a la quejosa la suma antes indicada que implican la no aplicación de los preceptos legales declarados inconstitucionales, se considera que se le restituyó en el goce del derecho vulnerado, y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida en su totalidad, sin exceso ni defectos. Ahora bien, por cuanto a su segunda petición del escrito de cuenta, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele las copias certificadas que refiere, mismas que puede recoger en cualquier hora y día hábil previa razón de recibido que se deje en autos, en la inteligencia de que es a su costa su reproducción, sin que cause contribución al Estado su certificación. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, devuélvansele los documentos que refiere, previa copia certificada que de los mismos obren en autos y razón de su recibo para constancia legal, los cuales podrá obtener y recoger en cualquier día hábil. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintiocho de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, sin que se hubiere recurrido la sentencia emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, se declara que dicha sentencia que por una parte no ampara, y por la otra ampara y protege a la parte quejosa ha causado ejecutoria. Ahora, tomando en consideración que se otorgó al quejoso Roberto Sampedro Dorantes, el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que: "La autoridad responsable de este municipio le reintegre debidamente actualizada la cantidad total de $8,315.78 (ocho mil trescientos quince pesos 78/100 moneda nacional) que erogó por concepto de impuesto predial e impuestos adicionales en los recibos oficiales F 455370, F 455371 y F 455372". Por lo tanto, con fundamento en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase al Director de Ingresos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, para que dentro del plazo de tres días informe las medidas inmediatas que dictó para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, y tomando en consideración la complejidad y la dificultad de las acciones que deberá realizar para devolver a la parte quejosa debidamente actualizada la cantidad total de $8,315.78 (ocho mil trescientos quince pesos 78/100 moneda nacional), se considera que la sentencia deberá quedar cumplida en el plazo de treinta días, salvo que se justifique la causa de su retraso, lo que deberá informar oportunamente. De igual forma, dado que la ejecución de una sentencia de amparo es cuestión de orden público, que debe ser cumplida inclusive por aquellas autoridades que deben tener intervención en la misma en razón de sus funciones, con apoyo en el diverso 197 de la Ley de Amparo requiérase al Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, para que, de ser esa la causa por la que la responsable no esté en aptitud de acatar la sentencia de amparo, apruebe el presupuesto para devolver al quejoso la referida suma debidamente actualizada. Asimismo, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, para que en su carácter de superior jerárquico de la autoridad municipal citada en primer término, acredite con el oficio que emita, que ordenó al Titular de dicha dependencia que lleve a cabo las acciones que correspondan para dar cumplimiento a la sentencia, y que exhortó al citado Ayuntamiento para ese mismo efecto, en la inteligencia que de no demostrar que acató lo aquí indicado, incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable, tal y como lo dispone el tercer párrafo del ordinal en cita. Finalmente, indíquese a las autoridades mencionadas con antelación que de no cumplir sin causa justificada con lo indicado en el plazo otorgado, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización vigente en el país, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258 de la Ley de Amparo vigente y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por la licenciada Lorena Morales Saldierna, Secretaria del Juzgado adscrita al propio juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo número 70/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito recibido el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Roberto Sampedro Dorantes, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que enseguida se mencionan. AUTORIDAD RESPONSABLE Director de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, con domicilio en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "La aplicación, a través de la respectiva liquidación y cobro, de artículos declarados inconstitucionales mediante jurisprudencia temática emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber: A) Artículos 1, 2 y 4 de la Ley del Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676. B) Artículo 18, fracción III, de la Ley Número 408 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2017. C) Artículo 15, primer párrafo, fracción I de la Ley Número 408 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2017. SEGUNDO. El quejoso expresó bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado y señaló como derechos vulnerados los contenidos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por acuerdo de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda registrándose en el libro de gobierno respectivo con el número 70/2017; se solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe con justificación, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama la aplicación de una disposición local por parte de una autoridad administrativa que se encuentra en la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda de amparo se precisa que la parte quejosa reclama: a) La aplicación de los artículos 1, 2 y 4 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, en la parte que regulan el valor catastral de los predios ubicados en el territorio del Estado, el cual servirá de base para la determinación y aplicación del impuesto predial, b) La aplicación de los artículos 15, fracción I, y 18, fracción III, de la Ley número 408 para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, los cuales establecen los elementos referentes a la base y tasa del impuesto predial. Lo anterior, a través del cobro reflejado en los recibos oficiales de pago con folios números F 455370, F 455371 y F 455372, de veintitrés de enero de dos mi diecisiete. Sin que pase inadvertido, que el quejoso en sus conceptos de violación, respecto del ordenamiento local precisado en el inciso a), refiere que tal entero es inconstitucional porque tiene su fundamento en una ley que de acuerdo a la jurisprudencia temática de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vulnera el derecho fundamental de la legalidad tributaria, porque no fue debidamente refrendada por el funcionario al que le correspondía; sin embargo, para abordar aquella cuestión primeramente deberá dilucidarse si efectivamente quedó demostrado el acto que se reputa como el de aplicación de los ordinales invocados, para posteriormente verificar si aquel entero tuvo sustento en dichos dispositivos y finalmente, si sobre el particular es aplicable la jurisprudencia temática invocada por la parte quejosa como sustento de su reclamo. Ello, tomando en consideración que la aplicación de la jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un caso concreto, aun cuando se refiera a la inconstitucionalidad de leyes o la interpretación directa de la Constitución, sólo representa una cuestión de legalidad en acatamiento a lo establecido por el artículo 192 de la Ley de Amparo, porque ello no lleva implícito un nuevo estudio constitucional, de ahí que el análisis de la cuestión planteada deba atenderse conforme al método de estudio señalado en líneas precedentes. TERCERO. El Director de Ingresos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación aceptó que la parte quejosa realizó el pago del impuesto predial, el cual se cobró con base en la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero, número 676; lo que se corrobora con los recibos oficiales de pago con números de folios F 455370, F 455371 y F 455372 de veintitrés de enero de dos mi diecisiete. CUARTO. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, la autoridad municipal responsable sostuvo que en el caso se actualizan las causales de improcedencia previstas en las fracciones XIII y XXIII, del artículo 61; esta última relacionada con el diverso ordinal 108, fracciones VI y VIII, ambos de la Ley de Amparo. Así las cosas, se estima que tales hipótesis de improcedencia no son de obvia y objetiva constatación y por ende se estiman infundadas, máxime que no es factible sostener la actualización de la primera de ellas, tomando en consideración que el pago liso y llano de una contribución no implica el consentimiento expreso de la ley que la establece, ya que dada la naturaleza de las normas fiscales, su cumplimiento se impone como imperativo y conlleva la advertencia cierta de una coacción, aunado que la promoción del presente juicio refleja la inconformidad del quejoso con el contenido de la ley. En relación con la segunda de las causales de improcedencia en estudio, resulta infundada ya que por lo que hace a la ilegalidad que atribuye a la aplicación de los numerales aquí reclamados, no se advierte que la parte quejosa hubiere dejado de observar tal requisito en su demanda de amparo, habida cuenta que sobre el particular se observa cuál es el precepto constitucional que contiene el derecho sustantivo que se estima violentado (artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna), así como la causa en la que se sustenta lo pedido, esto es, por qué estima inconstitucional la aplicación que de dichos numerales reclama en esta instancia constitucional, como se expondrá en el considerando siguiente en el que se precisen los conceptos de violación que hace valer. Asimismo, la responsable hace alusión a que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la ley de la materia, sin embargo, con independencia de que dicha fracción no alude a una causa de improcedencia, sino a la de sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado resulta inoperante, pues no se trata de una causa de improcedencia que sea de obvia y objetiva constatación por lo que debe desestimarse. También refiere que los recibos exhibidos no constituyen el primer acto de aplicación como se demuestra con el historial de pago que en copia certificada anexó, de lo que se obtiene que invoca la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sin embargo, tal hipótesis de improcedencia se estima infundada, ya que no es factible sostener su actualización, tomando en consideración que la litis en esta instancia no versa sobre la constitucionalidad de una norma general, sino exclusivamente respecto del acto de aplicación ulterior de dicha norma, de modo que los efectos de la sentencia únicamente se ciñen a este último, contenido en el pago reflejado en los recibos exhibidos, respecto del cual la interposición de la demanda de amparo fue oportuna, porque se enteró de la aplicación de las disposiciones reclamadas cuando realizó tal entero el veintitrés de enero de dos mil diecisiete. Lo anterior revela entonces que aun y cuando se acredita el entero previo que adujo la autoridad responsable, por concepto de impuesto predial, ello no impide al solicitante del amparo obtener la protección de la justicia federal, porque sus efectos se circunscribirán exclusivamente al acto concreto que no constituye el primero en la aplicación de la norma, y en el caso, la causa de improcedencia invocada está relacionada con la procedencia del juicio de amparo en tratándose de normas generales; de ahí que por ejemplo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la procedencia del amparo sin que obste que se trate del segundo o ulteriores actos de aplicación de la ley, cuando el acto ulterior de aplicación se funda en una norma declarada inconstitucional, pues ya no se analizará la constitucionalidad de la ley sino la del acto de aplicación. Finalmente, también alega que en el caso se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por no afectarse el interés jurídico de la parte quejosa, puesto que no se le aplicó la Ley de Catastro Municipal número 676. Lo anterior es infundado, porque, en los recibos exhibidos por la parte quejosa, se precisó que fueron expedidos de acuerdo entre otros, con los artículos "1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 31 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero", de ahí que se estime acreditada la aplicación al quejoso de la Ley de Catastro Municipal número 676. QUINTO. Al no existir otras causas de improcedencia propuestas por las partes, ni alguna otra que deba estudiarse de oficio, se procede al estudio de los actos reclamados al tenor de los conceptos de violación que se proponen. En ese sentido la parte quejosa sostiene que los artículos 15, fracción I y 18, fracción III, de la Ley número 408 de Ingresos para el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, transgreden en su perjuicio la garantía de legalidad tributaria consagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esencialmente porque si bien dichos preceptos establecen que los predios que hayan sido valuados en los términos de la Ley de Catastro y las Tablas de Valores unitarios vigentes, del análisis de la citada legislación no se advierte que se hubiese agregado como anexo de publicación las referidas tablas que se usan en el cálculo de la base para el cobro del impuesto predial para el dos mil diecisiete, lo cual se estima infundado en atención a lo siguiente. Para ello, es necesario tener presente el contenido del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dispone lo siguiente: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: (.) IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes." Del artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprenden los cuatro principios de justicia fiscal que configuran el sistema impositivo mexicano, los cuales son: legalidad, proporcionalidad, equidad tributaria y destino al gasto público. Estos principios nutren de contenido a los ordenamientos fiscales, pero también delimitan el margen de actuación del legislador para crear, modificar o derogar las normas que componen cada régimen tributario particular que integra dicho sistema. Así, en lo que aquí interesa el principio de legalidad tributaria implica la exigencia constitucional al legislador ordinario de establecer los elementos constitutivos de las contribuciones de manera razonable, con el objeto de que los contribuyentes tengan certeza sobre la manera en que habrán de cumplir sus obligaciones fiscales, sin que ello lo vincule a definir cada vocablo o locución utilizado en las normas, sino por el contrario, se reconoce la necesidad de que existan métodos de interpretación jurídica que definan su sentido y alcance, con motivo de las imprecisiones y oscuridad legales. Así que el alcance de dicha garantía de legalidad tributaria se basa en que el legislador no debe prever fórmulas que representen prácticamente la indefinición de un concepto relevante para el cálculo del tributo, ya que con ello se dejaría abierta la posibilidad de que sean las autoridades administrativas quienes generen la configuración de los tributos, o bien, que el contribuyente promedio no tenga la certeza de la forma en que debe contribuir al gasto público. En esa virtud, el principio de legalidad tributaria no llega al extremo de impedir el empleo de un método de interpretación jurídica para arribar al verdadero significado de cada uno de los elementos esenciales de la norma que crea el impuesto de que se trata, pues el objeto de dicha garantía tiene que ver con la prohibición de que sea la autoridad administrativa la que determine alguno de esos elementos esenciales, de modo que se abra la posibilidad de cometer arbitrariedades en contra del ciudadano que desconoce los lineamientos o formulas a utilizar para calcularlos, dejando a voluntad de la autoridad exactora y no del legislador, el cálculo de tal aspecto. Ahora bien, ya que se ha establecido el marco constitucional que regula el principio de legalidad tributaria, puede observarse que, contrario a lo alegado por el quejoso, no se observa que el legislador hubiera incurrido en la omisión alegada a virtud de lo cual quedara inaudito para estar en aptitud de calcular la base de la obligación tributaria. En efecto, lo anterior se estima así, partiendo del hecho de que no existe obligación legal alguna que imponga al legislador acompañar como anexo, junto con la ley de ingresos de que se trata, la tabla de valores unitarios sobre la cual se calculará la base del impuesto predial, aunado a que mediante Decreto número 415 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero el veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, se expidieron las tablas de valores unitarios de uso de suelo y de construcción que servirán de base al Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete. Por tanto, la pretendida omisión alegada por la parte quejosa carece de sentido, pues basta acudir a dicho decreto para advertir que la obligación tributaria encuentra sustento en una disposición legal de conformidad con el principio constitucional tributario destacado, a partir de lo cual el sujeto obligado está en aptitud de verificar cuál es el valor de la base de la contribución en cuestión, y no mediante un cálculo arbitrario o caprichoso a cargo de las autoridades exactoras. Lo anterior guarda congruencia con lo dispuesto por los artículos 29, 30, 31, 32 y 33 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, en tanto que de la interpretación sistemática de tales disposiciones se obtiene que a partir de la previa aprobación de los valores unitarios por el Congreso del Estado, corresponde a la autoridad municipal, por conducto del personal especializado para ello, aplicar dichos parámetros para determinar el valor catastral de los predios en lo individual; dicho de otro modo, a la autoridad administrativa sólo le corresponde determinar en qué supuesto establecido previamente en la ley, se ubica determinado inmueble a partir de lo cual, conforme al procedimiento establecido en la legislación relativa, se determine su valor catastral, lo que es acorde al principio de legalidad tributaria expuesto con antelación. Consecuentemente, ante lo infundado del concepto de violación propuesto lo que procede es negar la protección de la justicia federal solicitada en relación con los artículos 15, fracción I, y 18, fracción III, de la Ley número 408 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete. SEXTO. A continuación se procede a examinar el diverso motivo de disenso plantado en relación con los artículos 1, 2 y 4 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676. Es fundado y suficiente para otorgar la protección de la justicia federal que se solicita; el argumento consistente en que el Decreto por el que se publica en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, de tres de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, no fue refrendado por el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, lo que transgrede el artículo 76 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, vigente en aquella época y, por consiguiente, los derechos fundamentales de legalidad de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, por haberse emitido dicha ley en contravención al proceso legislativo aplicable, en tanto que sólo fue refrendada por el Secretario General de Gobierno, no obstante que el referido numeral 76 expresamente obligaba el refrendo de todas las leyes y decretos también del funcionario del ramo que correspondiera como requisito de validez. En ese sentido, como ya se precisó, el quejoso reclama la aplicación de los artículos 1, 2 y 4 de la Ley de Catastro Municipal número 676, en la parte que regulan el valor catastral de los predios ubicados en el territorio del Estado, el cual servirá de base para la determinación y aplicación del impuesto predial, a través del cobro reflejado en los recibos oficiales con números de folios F 455370, F 455371 y F 455372, relativos al pago del impuesto predial por el periodo "12017 AL 62017" de veintitrés de enero de dos mil diecisiete. Para explicarlo en principio conviene precisar que acorde a lo descrito en el Diccionario para Juristas, de Juan Palomar de Miguel, Editorial Porrúa, primera edición, 2000, página 1341, refrendar significa: "autorizar un documento por medio de la firma de persona hábil para hacerlo." Sentado lo anterior, para estar en aptitud de dirimir el punto jurídico propuesto por el quejoso, se estima pertinente transcribir el artículo 76, de la Constitución Política del Estado de Guerrero, vigente al momento en que se emitió el decreto a través del cual se expidió la Ley de Hacienda Municipal número 677, el cual establecía: "Artículo 76. Las Leyes, Decretos, Reglamentos y demás disposiciones de carácter general que el Gobernador promulgue, expida o autorice, deberán para su validez y observancia, ser refrendados por el Secretario General de Gobierno y por el Titular del Ramo a que el asunto corresponda. Cuando ésta sea de la competencia de dos o más dependencias, deberán igualmente ser refrendados por los titulares de las mismas." Del transcrito artículo 76 se derivaba que las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones que el Gobernador promulgaba, debían ser refrendados para su validez y observancia tanto por el Secretario General de Gobierno como por el secretario del ramo a que el asunto correspondiera; lo cual se advierte también del artículo 6 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero número 433, vigente en aquélla época, que a la letra decía: "Artículo 6. El Titular del Poder Ejecutivo promulgará, expedirá o autorizará, según el caso, las leyes, decretos, reglamentos interiores, acuerdos, circulares y otras disposiciones que regulen el funcionamiento de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y, una vez refrendados, serán de carácter obligatorio y de observancia general. Cuando el asunto sea de la competencia de dos o más dependencias deberán ser igualmente refrendados por los titulares de las mismas." En relación con el tópico jurídico que nos ocupa, se transcribe a continuación las partes conducentes del decreto afecto a la reclamación constitucional. El Decreto que contiene la Ley del Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, el tres de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, en la parte que interesa establece: "EL CIUDADANO LICENCIADO ALEJANDRO CERVANTES DELGADO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, A LOS HABITANTES DEL MISMO HACE SABER, Que por la Secretaría del H. Congreso Local, se me ha comunicado lo siguiente: EL HONORABLE QUINCUAGESIMO CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: LEY DEL CATASTRO MUNICIPAL DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 676 CAPITULO I Objeto y Definiciones Artículo 1o. Catastro, es el inventario de los bienes inmuebles ubicados en el territorio del Estado, sus acciones son de utilidad pública e interés social y tienen por objeto: I. Registrar, controlar y mantener actualizadas las características cualitativas y cuantitativas de la propiedad raíz comprendida en la jurisdicción territorial de los municipios del Estado, para fines fiscales, estadísticos, socioeconómicos, jurídicos e históricos, y para dar el apoyo fundamental en la formulación y adecuación de planes municipales de desarrollo urbano, y planes de ordenación de zonas conurbadas. (.) Artículo 2o. Para los efectos de esta ley se entiende por: I. Predio: a) El terreno edificado o sin construcciones cuyos linderos forman un perímetro sin solución de continuidad. b) Cada lote en que se fraccione un terreno con linderos que forman un nuevo perímetro. c) La fracción de un condominio legalmente constituído y su correspondiente parte proporcional de las áreas comunes. II. Predio urbano: el que está localizado dentro de la zona urbana, delimitada, por las autoridades conforme a los establecimientos legales correspondientes. III. Predio rústico: el que está localizado fuera de la zona urbana. IV. Predio edificado: el que tenga construcciones utilizables. V. Predio no edificado: el que carece de construcciones utilizables. (.) XIX. Valor catastral: el obtenido mediante la aplicación de los valores unitarios de terreno y construcción, a las partes correspondientes e integrantes del inmueble. (.). Artículo 4o. El valor catastral de los predios será el obtenido por los procesos establecidos en esta ley y su reglamento el cual a su vez servirá de base para la fijación del impuesto predial. (.) Dado en el Salón de Sesiones del H. Poder Legislativo a los treinta días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y tres. DIPUTADO PRESIDENTE. PROFRA. ALICIA BUITRON BRUGADA. DIPUTADO SECRETARIO. MATEO AGUIRRE LOPEZ. DIPUTADO SECRETARIO. TEODORO CALIXTO DIAZ. (.) TRANSITORIO ARTICULO PRIMERO. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación. ARTICULO SEGUNDO. Se abroga la Ley del Impuesto Predial número 41 y se deroga la Ley número 421 de Catastro del Estado de Guerrero. Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo a los treinta y un días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y tres. EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Profr. y Lic. ALEJANDRO CERVANTES DELGADO. EL SECRETARIO DE GOBIERNO. LIC. HUMBERTO SALGADO GOMEZ." Así como el diverso Decreto 111, por virtud del cual se reformaron, diversos artículos de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, publicada en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guerrero, el veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve. "EL CIUDADANO LICENCIADO ALEJANDRO CERVANTES DELGADO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, A LOS HABITANTES DEL MISMO HACE SABER, Que por la Secretaría del H. Congreso Local, se me ha comunicado lo siguiente: EL HONORABLE QUINCUAGÉSIMO CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: LEY DEL CATASTRO MUNICIPAL DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 676 CAPITULO I Objeto y Definiciones (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 1989) Artículo 1o. Catastro, es el inventario de los bienes inmuebles ubicados en el territorio del Estado, sus acciones son de orden público e interés social y tiene por objeto: I. Registrar, controlar y mantener actualizadas las características cualitativas y cuantitativas de la propiedad raíz comprendida en la jurisdicción territorial de los municipios del Estado, para fines fiscales, estadísticos, socioeconómicos, jurídicos e históricos, y para dar el apoyo fundamental en la formulación y adecuación de planes municipales de desarrollo urbano, y planes de ordenación de zonas conurbadas. (.) Dado en el Salón de Sesiones del H. Poder Legislativo a los treinta días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y tres. DIPUTADO PRESIDENTE. PROFRA. ALICIA BUITRON BRUGADA. DIPUTADO SECRETARIO. MATEO AGUIRRE LOPEZ. DIPUTADO SECRETARIO. TEODORO CALIXTO DIAZ. Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo a los treinta y un días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y tres. EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Profr. y Lic. ALEJANDRO CERVANTES DELGADO. EL SECRETARIO DE GOBIERNO. LIC. HUMBERTO SALGADO GÓMEZ." También el Decreto 106. Alcance III, por virtud del cual se reformó la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, el veintinueve de diciembre de dos mil, en los artículos que a continuación se transcriben: "EL CIUDADANO LICENCIADO ALEJANDRO CERVANTES DELGADO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, A LOS HABITANTES DEL MISMO HACE SABER, Que por la Secretaría del H. Congreso Local, se me ha comunicado lo siguiente: EL HONORABLE QUINCUAGÉSIMO CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: LEY DEL CATASTRO MUNICIPAL DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 676 (.) Artículo 4o. El valor catastral de los predios será el obtenido por los procesos establecidos en esta Ley, en el Reglamento de Catastro Municipal y en el Manual de Valuación Catastral de los Municipios, el cual a su vez servirá de base para la fijación del impuesto predial. (.) Dado en el Salón de Sesiones del H. Poder Legislativo a los treinta días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y tres. DIPUTADO PRESIDENTE. PROFRA. ALICIA BUITRON BRUGADA. DIPUTADO SECRETARIO. MATEO AGUIRRE LOPEZ. DIPUTADO SECRETARIO. TEODORO CALIXTO DIAZ. ARTICULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día primero de enero del año 2001. Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo a los treinta y un días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y tres. EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Profr. y Lic. ALEJANDRO CERVANTES DELGADO. EL SECRETARIO DE GOBIERNO. LIC. HUMBERTO SALGADO GOMEZ." De las anteriores transcripciones, se advierte que los Decretos de que se habla, sólo fueron refrendados por el Secretario General de Gobierno, no obstante que el artículo 76 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, como requisito de validez, expresamente obligaba al refrendo de todas las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones de carácter general que el Gobernador promulgaba, expidiera o autorizara, además del realizado por el Secretario General de Gobierno, al hecho por el Secretario del ramo que correspondiera. Por ende, atendiendo a la naturaleza de los aludidos decretos, es claro que correspondía refrendarlos al Secretario de Finanzas y Administración del Estado, conforme al artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero, que es del tenor siguiente: "Artículo 22. La Secretaría de Finanzas y Administración es el órgano encargado de la Administración de la Hacienda Pública del Estado y de prestar el apoyo administrativo que requieran las dependencias del Poder Ejecutivo, correspondiéndole el despacho de los asuntos siguientes: I. Elaborar y proponer al Ejecutivo, los proyectos de leyes, reglamentos, presupuestos y demás disposiciones de carácter general que se requieran para el manejo de los asuntos financieros, tributarios y de recursos humanos y materiales del Estado; (REFORMADA, P.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2000) II. Proyectar y calcular los ingresos del Gobierno del Estado considerando las necesidades del gasto público estatal, así como definir y operar los mecanismos de financiamiento de la administración pública estatal; III. Recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que correspondan al Estado; IV. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter fiscal aplicables en la Entidad; V. Ejercer las atribuciones derivadas de los convenios fiscales que celebre el Gobierno del Estado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal y con los Municipios del Estado; VI. Presentar al Ejecutivo el Proyecto de Ley de Ingresos y el Proyecto de Decreto del Presupuesto Anual de Egresos en sus presentaciones global y sectorial para cumplir las prioridades definidas en el Plan Estatal de Desarrollo, y la Cuenta Pública del Gobierno del Estado; (ADICIONADA, P.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2000) VI bis. Proponer, para la aprobación y autorización del Ejecutivo, el presupuesto global, regional y sectorial del Gobierno del Estado, orientado a cumplir las prioridades marcadas en el Plan Estatal de Desarrollo; VII. Vigilar la actualización permanente del Padrón Fiscal de Contribuyentes; VIII. Controlar las actividades de las oficinas recaudadoras; IX. Proponer al Gobernador del Estado la cancelación de tasas incobrables, así como el otorgamiento de subsidios fiscales en los casos procedentes; X. Proporcionar la asesoría en materia de interpretación y aplicación de las Leyes Tributarias del Estado que le sea solicitada por los Ayuntamientos y los particulares; XI. Participar en el establecimiento de criterios y montos de los estímulos fiscales, en coordinación con las dependencias Estatales y Federales a quienes corresponda el fomento de actividades productivas; XII. Administrar el catastro de la Entidad, de conformidad con lo establecido en las Leyes respectivas; XIII. Resolver los recursos administrativos previstos en el Código Fiscal; XIV. Intervenir en los juicios de carácter fiscal que se ventilen ante cualquier tribunal, cuando tenga interés la hacienda pública del Estado; XV. Ejercer la facultad económico coactiva conforme a las leyes relativas, por incumplimiento de obligaciones fiscales; XVI. Ordenar y practicar las visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, revisiones y verificaciones a los contribuyentes, aplicando en su caso, las sanciones correspondientes, en los términos que señalen las Leyes; XVII. Establecer y llevar el Sistema de Contabilidad Gubernamental de la Administración Pública Estatal; XVIII. Llevar el control del ejercicio del gasto, conforme al presupuesto y ministración de los recursos aprobados; XIX. Formular mensualmente los estados financieros de la Hacienda Pública, presentando anualmente al Ejecutivo el informe pormenorizado del ejercicio fiscal anterior en la primera quincena del mes de marzo, excepto el último año de gobierno, que será presentado a más tardar en la primera semana de enero; XX. Efectuar la glosa preventiva de los ingresos y egresos, así como solventar las observaciones que sobre la materia finque la Legislatura Local; (REFORMADA, P.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2000) XXI. Concentrar, integrar y elaborar la Cuenta Pública Anual y el Presupuesto de Egresos, considerando las propuestas formuladas en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado y la Contraloría General del Estado; (ADICIONADA, P.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2000) XXI bis. Autorizar el ejercicio del presupuesto de inversión y emitir las órdenes de pago correspondientes, así como las transferencias de los recursos financieros programados para las entidades paraestatales, con base en los techos financieros establecidos. También estará facultada para analizar, dictaminar y autorizar las modificaciones programáticas y presupuestales extraordinarias del presupuesto de inversiones, contando con la aprobación del Gobernador del Estado; XXII. Efectuar los pagos conforme a los programas y presupuestos aprobados, así como formular mensualmente el estado de origen y aplicación de los recursos financieros del Gobierno del Estado, informando de ello al Titular del Ejecutivo; XXIII. Concentrar y custodiar los fondos y valores del Gobierno Estatal, así como los ajenos que estén al cuidado del mismo; XXIV. Dirigir la negociación y llevar el registro y control de la deuda pública del Estado, informando al Gobernador mensualmente sobre el estado de amortización de capital y del pago de intereses; XXV. Registrar y normar los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones para el Gobierno del Estado; XXVI. Dictar, en coordinación con la Contraloría General, las medidas administrativas sobre responsabilidades que afecten la hacienda pública del Estado en el ejercicio del gasto; XXVII. Cuidar que los empleados, con autorización para ejercer los fondos del Estado, otorguen fianza suficiente para garantizar su manejo, en los términos de Ley; XXVIII. Intervenir en todas las operaciones en las cuales las entidades paraestatales hagan uso del crédito público; XXIX. Llevar el registro de las cuentas corrientes de depósito de dinero u otro tipo de operaciones financieras del Gobierno del Estado; XXX. Autorizar, conjuntamente con la Secretaría General de Gobierno, la reestructuración de las tarifas de los servicios públicos, particularmente, de transporte sujeto a permisos y autorizaciones; (REFORMADA, P.O. 8 DE FEBRERO DE 2011) XXXI. Establecer y operar un Sistema de Administración, Capacitación y Desarrollo de Personal de la Administración Pública Estatal con perspectiva de género, incluido lo relativo a las relaciones laborales; XXXII. Fijar las normas y lineamientos para la formulación del programa anual de adquisición de bienes y servicios, así como coordinar la elaboración y ejecución del mismo; XXXIII. Llevar a cabo las adquisiciones de bienes y contratación de servicios que requiera el Poder Ejecutivo para su adecuado funcionamiento; XXXIV. Normar, coordinar y supervisar el sistema de inventarios y almacenes, así como el de control patrimonial y vigilar la afectación, baja y destino final, en los términos establecidos por la ley vigente; XXXV. Normar y proporcionar los servicios generales que requieran las diferentes dependencias del Ejecutivo Estatal, con criterios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal; XXXVI. Representar al Gobierno del Estado en operaciones de adquisición y/o enajenación de bienes muebles e inmuebles en los términos de Ley; XXXVII. Administrar el Archivo del Personal del Gobierno del Estado; XXXVIII. Prestar servicios de informática y proporcionar apoyos en materia de computación electrónica a las dependencias de la Administración Pública; XXXIX. Administrar y representar el interés del Patrimonio Inmobiliario, en todos los asuntos del orden legal en que se vea involucrado; XL. Establecer y operar un sistema de seguimiento de los programas federales relacionados con los asuntos de su competencia, conforme a lo que las leyes y acuerdos de coordinación establezcan, en congruencia con el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado; y XLI. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado." Del contenido del numeral anterior que si bien se observa ha sufrido diversas reformas y adiciones desde su emisión, se pone de manifiesto que las funciones del Secretario de Finanzas y Administración se encuentran relacionadas con la planeación, programación, presupuestación y valuación de la actividad económica, financiera, fiscal y tributaria del Estado, en cuanto a su elaboración y propuesta al Ejecutivo, entre otros, de los proyectos de ley; consecuentemente, y de acuerdo con lo precedentemente expuesto, se arriba a la conclusión de que los decretos impugnados a través de los cuales se expidió, reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, debieron ser refrendados no sólo por el Secretario General de Gobierno, sino también por el Secretario de Finanzas y Administración, ambos de esta entidad federativa. Lo anterior es así, en atención a que como se señaló con antelación, los decretos mediante los cuales el gobernador del Estado de Guerrero dispone la publicación de leyes o decretos expedidos por la legislatura de esta entidad federativa, constituyen actos de los comprendidos en el artículo 76 de la Constitución Política Estatal, pues es incuestionable que su texto literal y analizado además en forma sistemática con el cuerpo de normas a que pertenece, obliga tanto al secretario de Gobierno, como al secretario del ramo relativo al asunto o materia del decreto respectivo, a refrendar las leyes y decretos que promulgue el Ejecutivo. Consecuentemente, es evidente que en el decreto por el que se emitió la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, así como de los diversos números 111 y 106, respectivamente, a través de los cuales se reformaron algunas de sus disposiciones, no se satisfizo uno de los requisitos para la formación válida del acto legislativo, como lo es el refrendo del Secretario de Finanzas y Administración del Estado, de conformidad con el anterior artículo 76 de la Constitución Local y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, lo que se traduce en una violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas por el artículo 16 Constitucional. Esto se estima así, porque no obstante la Ley número 408 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, en su artículo 15, establece que el impuesto predial causará y se pagará de conformidad con el objeto, sujeto, bases, tasas o tarifas, épocas de pago, cuando se trate de predios que hayan sido valuados en términos de la Ley de Catastro; y en el diverso 18, se define qué se entiende por cada uno de esos elementos -"I. OBJETO. La propiedad de predios urbanos y suburbanos y las construcciones adheridas a ellas, así como la propiedad en condominios y del régimen de tiempo compartido y multipropiedad. II. SUJETO. Los propietarios o poseedores de predios urbanos y suburbanos baldíos; rústicos baldíos; urbanos y suburbanos edificados; rústicos edificados; construcciones ubicadas en predios ejidales y comunales, así como la propiedad en condominios y del régimen de tiempo compartido y multipropiedad. III. BASE. "El valor catastral del predio" y de las construcciones, apartamento o local en condominio, los del régimen de tiempo compartido y multipropiedad; conforme a las disposiciones establecidas en esta Ley, y en la Ley de Catastro Municipal y su Reglamento. IV. TASA. Porcentaje que habrá de aplicarse a una base a fin de determinar una cantidad a pagar. V. TARIFA O CUOTA. Cantidad liquida a pagar por una unidad de grabación. VI. PERIODO DE PAGO. Lapso en el cual el particular tiene la obligación de hacer el pago, contando con un plazo determinado para acudir a hacer sus enteros al erario" -; de ahí que el cobro por concepto de impuesto predial con fundamento en tales preceptos deviene inconstitucional, porque su cálculo se apoyó en una legislación que presenta dicho vicio formal porque uno de sus elementos esenciales (base), sólo se define en la legislación reclamada, por lo que el tributo de que se trata no puede válidamente vincularlo al cumplimiento de la obligación tributaria. Lo anterior, aun cuando podría considerarse que el vicio alegado respecto de los numerales reclamados de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, quedara subsanado al establecer el artículo 18 de la Ley de Ingresos, los elementos esenciales del impuesto predial; pues la definición del elemento "base" indefectiblemente se remite a la Ley de Catastro Municipal y su Reglamento para calcularse, en los siguientes términos: El artículo 2, fracción XIX: "Para los efectos de esta ley se entiende por: (.) XIX. Valor catastral: el obtenido mediante la aplicación de los valores unitarios de terreno y construcción, a las partes correspondientes integrantes del inmueble." Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que la disposición reclamada sea de carácter municipal, debido a que los referidos artículos 76 de la Constitución Política Estatal vigente hasta antes de la reforma de veintinueve de abril de dos mil catorce y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de esta entidad federativa, no establecen distinción alguna respecto a la esfera de aplicación de la norma, para que de ello dependa el que sea refrendada por una autoridad del Estado o del Municipio; dado que la facultad de refrendar es un acto administrativo en el que no intervienen distintos órdenes de gobierno, como son el estatal y el municipal, sino que es del ámbito del primero. Máxime que si bien el artículo 115, fracción IV, de la Constitución General de la República concede autonomía a los Municipios para administrar libremente su hacienda, también lo es que dispone que esta última se formará con las contribuciones que señalen las Legislaturas Locales; en vía de consecuencia, se tiene que los Municipios no pueden, a su arbitrio, establecer los impuestos que sean suficientes para cubrir el presupuesto del Estado y fijar las leyes correspondientes a éstos para esos efectos, en virtud de que acorde con el invocado precepto 115 Constitucional, corresponde a las Legislaturas Locales, puesto que lo que confiere a los Municipios es la administración de su hacienda, aspecto diferente al de establecer las contribuciones, aun cuando se recauden por su conducto. Aunado a que el multicitado artículo 76 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, no hace distingo cuando el Gobernador promulgue leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones, (precepto 74 Constitucional); sea, (uno) en su función meramente administrativa, en uso de sus facultades reglamentarias, materialmente legislativas, o bien, (dos) cuando su función es un mero auxilio del legislativo en el proceso de creación de la norma pues en este supuesto es quien la ordena. Por otra parte, no pasa desapercibido que mediante decreto publicado el veintinueve de abril de dos mil catorce en el Periódico Oficial del Estado, se reformó el invocado artículo 76 de la Constitución Política del Estado de Guerrero y que el precepto 90 de la legislación citada en su texto vigente a partir de aquélla data precisa que la promulgación de las leyes emitidas por el Gobernador requieren para su validez únicamente del refrendo del Secretario General de Gobierno; mientras que para los decretos además se requiere la firma del Secretario de Despacho respectivo. Sin embargo, no es factible aplicar las reglas vigentes de validez de las leyes de manera retroactiva a la fecha en que se emitieron los decretos por los que se expidió y reformó la Ley del Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676; ya que, como se señaló con antelación, los decretos mediante los cuales el Gobernador del Estado de Guerrero dispone la publicación de leyes o decretos expedidos por la legislatura de esta entidad federativa, constituyen actos de los comprendidos en el artículo 76 de la Constitución Política Estatal vigente hasta el veintinueve de abril de dos mil catorce, pues es incuestionable que su texto literal y analizado además en forma sistemática con el cuerpo de normas a que pertenece, obligaba tanto al secretario de Gobierno, como al secretario del ramo relativo al asunto o materia del decreto respectivo, a refrendar las leyes y decretos que promulgara el Ejecutivo. De ahí que no sea aplicable al caso concreto la jurisprudencia IX.1o. J/3 (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible a página 2731, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo epígrafe es: "REFRENDO DE LOS DECRETOS PROMULGATORIOS DE LAS LEYES APROBADAS POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO"; porque su sentido parte de la interpretación de los ordinales de la Constitución de esa Entidad Federativa, que sí hace diferencia sobre la validez de la norma en tratándose de los emitidos por el Gobernador, en cuyo caso deben ser refrendadas por el Gobernador y Secretario del ramo; y las emanadas de las legislaturas su refrendo únicamente corresponde al funcionario a que se refiere el rubro del criterio en cita. En tal virtud, como la citada legislación presenta vicios de carácter formal, ello impide que los elementos esenciales del tributo de que se trata puedan válidamente vincularlo al cumplimiento de esa obligación tributaria relativa al pago que por concepto de impuesto predial erogó la parte quejosa a través de los recibos oficiales F 455370, F 455371 y F 455372, por el periodo "12017 AL 62017" de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, por las cantidades de $367.80 (trescientos sesenta y siete pesos 80/100 moneda nacional), $337.81 (trescientos treinta y siete pesos 81/100 moneda nacional) y $5,691.15 (cinco mil seiscientos noventa y un pesos 15/100 moneda nacional) respectivamente. Consecuentemente, si queda insubsistente el pago del impuesto predial, no puede sostenerse la legalidad del pago de los impuestos adicionales reflejados en los citados recibos oficiales exhibidos, consistentes en el quince por ciento de proeducación y asistencia social y el quince por ciento de proturismo, en razón de que se calculan tomando como referencia el pago del impuesto predial como se advierte del contenido de los artículos 36, inciso a), y 40, inciso a), de la Ley número 408 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, procede conceder al quejoso Roberto Sampedro Dorantes, el amparo y protección que de la Justicia Federal solicitó, para el efecto de que la autoridad responsable de este municipio, le reintegre debidamente actualizada la cantidad total de $8,315.78 (ocho mil trescientos quince pesos 78/100 moneda nacional) que erogó por concepto de impuesto predial e impuestos adicionales en los recibos oficiales F 455370, F 455371 y F 455372. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto a pie de página no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, 217, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Roberto Sampedro Dorantes, contra la aplicación de los artículos 15, fracción I y 18, fracción III, de la Ley número 408 de Ingresos para el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Roberto Sampedro Dorantes, contra la aplicación de los artículos 1, 2 y 4 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de la licenciada Lorena Morales Saldierna, Secretaria del propio Juzgado que autoriza. Doy fe.-
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