Samul Samir Lozano Montoya

Expediente 243/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 20 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
243/2018
Año
2018
Actuaciones
20
Última actuación
14/05/2021

Partes del expediente

  • Samul Samir Lozano Montoya

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a catorce de mayo de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguese a sus antecedentes el oficio signado por el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en la Laguna, con residencia en esta ciudad, en atención a su contenido, mediante oficio con transcripción del presente proveído, remítase copia certificada de las constancias que solicita. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que se encuentran agregadas en el juicio de amparo en que se actúa. De lo anterior se desprende que a fin de determinar si en el caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, este juzgado estima que en el caso se cumplió con la ejecutoria de amparo, toda vez que se advierte que las autoridades responsables, dejó sin efecto legal alguno el emplazamiento decretado por auto de cuatro de febrero de dos mil quince, la diligencia de emplazamiento por edictos, sentencia definitiva de dieciocho de mayo de dos mil quince y demás actuaciones judiciales derivadas del juicio de origen 71/215, así como las anotaciones registrales. En tal virtud, la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que este juzgado advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó, sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena el ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Finalmente, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; hágase del conocimiento de las partes, que el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, de acuerdo a sus particularidades es susceptible de depuración, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en el se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa; mediante oficio a las autoridades responsables y tercero interesado.

  3. Principal

    Se notifica por lista al quejoso. Visto el estado de autos, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que se encuentran agregadas en el juicio de amparo en que se actúa. De lo anterior se desprende que a fin de determinar si en el caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, este juzgado estima que en el caso se cumplió con la ejecutoria de amparo, toda vez que se advierte que las autoridades responsables, dejó sin efecto legal alguno el emplazamiento decretado por auto de cuatro de febrero de dos mil quince, la diligencia de emplazamiento por edictos, sentencia definitiva de dieciocho de mayo de dos mil quince y demás actuaciones judiciales derivadas del juicio de origen 71/215, así como las anotaciones registrales. En tal virtud, la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que este juzgado advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó, sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena el ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Finalmente, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; hágase del conocimiento de las partes, que el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, de acuerdo a sus particularidades es susceptible de depuración, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en el se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica.

  4. Principal

    Se notifica por lista al quejoso. Agréguese a los presentes autos para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por el Director Registrador del Registro Público en Torreón, Coahuila y secretario de oficina, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio; al efecto, con el oficio precisado, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga, apercibido que en caso de no hacerlo, este juzgado, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, proveerá lo correspondiente en torno al cumplimiento de la sentencia constitucional, atendiendo al contenido de las constancias de autos y al oficio de cumplimiento a que se refiere el presente proveído.

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