Samuel Jarada Hernandez
Expediente 548/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 548/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Samuel Jarada Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; dieciocho de julio de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en los presentes autos; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; comuníquese lo anterior a las partes. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destruible, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No solicitó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
En la ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las diez horas del veintidós de junio de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión de la licenciada Dulce Lizbeth Gutiérrez Hernández, Secretaria que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, a Secretaria da cuenta al Juez con las constancias existentes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial, así como las constancias de notificación del agente del Ministerio Público del Federación adscrito. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que se trata para los efectos legales correspondientes. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio, consistentes en las pruebas documentales ofrecidas por la autoridad responsable. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno. Con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que ninguna de las partes formularon alegatos de su intención en este asunto. El Juez acuerda: Se tiene por precluido el derecho de las partes a expresarlos. Con lo anterior, se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual, lo conducente, ahora, es dictar el fallo relativo. VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el once de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, Samuel Jarada Hernández, solicitó el amparo protección de la justicia federal contra la autoridad y los actos que a continuación se trascriben: "TERCERO.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- A) ORDENADORA.- Tiene tal carácter el C. PRESIDENTE DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, SECRETARIO DE ACUERDO Y TRAMITE ADSCRITO A LA MESA SAI DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, Ambos con domicilio conocido en Calle Zaragoza entre Avenida Morelos y Avenida Matamoros de la Colonia Centro de la Ciudad de Torreón, Coahuila. CUARTO.- ACTO RECLAMADO.- De dicha autoridad responsable reclamo la omisión de ADMITIR LA PRUEBAS ofrecidas en juicio las cuales fueron ofrecidas en audiencia de fecha 14 de septiembre de 2021, por lo que a la fecha ya han transcurrido más de siete meses cuando en la misma fecha de la diligencia de ofrecimiento de pruebas tendrían que llevar la admisión en el mismo acto. Lo anterior es así, ya que en fecha 08 de Abril del 2022, la suscrita acudí a las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, esto a efecto de saber si ya había determinado auto en cuestión y hasta la fecha la autoridad responsable ha sido omisa en dictar el auto admisorio de pruebas ofrecida por las partes, considerando que ha transcurrido en exceso el término para dar cumplimiento a la solicitud realizada por la suscrita, violando así mis intereses y garantías individuales, toda vez que no observa las formalidades esenciales del procedimiento que establece nuestra Constitución y la Ley de amparo". En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintidós, fue admitida y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 548/2022-IV-A, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado correspondiente; y se ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Torreón, Coahuila de Zaragoza, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 y 55, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII del Acuerdo General 3/2013, con relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta, carecen de ejecución por ser de carácter omisivos y, además, la demanda de amparo fue presentada en el lugar en el cual este Juzgado de Distrito ejerce la jurisdicción referida. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255). Así pues, el detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte quejosa, es el siguiente: i. La omisión de proveer respecto de las pruebas ofrecidas en audiencia de fecha catorce de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia de los actos que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, no obstante que al rendir su informe justificado negaron su existencia, Lo anterior se encuentra corroborada con las constancias del juicio laboral 1183/2020-SAI, que fueron allegadas a este contradictorio federal por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, a las que por tener la calidad de documento público, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, cuyo rubro dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata, por lo cual, lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Improcedencia del juicio constitucional. Cesación de efectos. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos del acto reclamado, al haber sido subsanadas las omisiones de las responsables después de la presentación de la demanda, al grado de haber obtenido una concesión de la protección de la justicia federal. El citado dispositivo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La causal de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, al estar íntimamente ligada con el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo, debe satisfacer dos elementos, a saber: a) que el acto reclamado sea destruido en todas sus consecuencias de hecho y de derecho, al grado que compararse con una declaratoria de inconstitucionalidad o ilegalidad, derivado de una concesión de amparo, y, b) restituir a la parte quejosa, en su derecho fundamental vulnerado, al grado de dejar las cosas como si no se hubiera emitido el acto de molestia, ubicándola antes que aquello ocurriera; por lo cual, para actualizar dicha causal, el juzgador debe atender al análisis de la cuestión efectivamente planteada por la parte quejosa, en relación con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable, posteriores a presentación de la demanda. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa se inconforma sustancialmente de la omisión de proveer respecto de las pruebas ofrecidas en audiencia de fecha catorce de septiembre de dos mil veintiuno. Actuaciones de las responsables para generar la cesación de efectos. i). El Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, emitió un acuerdo en el que se pronunció respecto a las pruebas ofrecidas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral 1183/2020-SAI. Valoración probatoria. Documentales anteriores que tienen valor probatorio pleno al haber sido emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, además que no fueron objetadas ni existe prueba en contrario. Motivos específicos de la cesación de efectos. Atendiendo lo anterior, al realizar un análisis comparativo entre las omisiones reclamadas por la quejosa y las actuaciones efectuadas por las responsables, se desprende: Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, hubo pronunciamiento respecto a las pruebas ofrecidas por la parte quejosa dentro del juicio laboral de origen. Conclusión. En ese contexto, se estiman satisfechos las exigencias contenidas en el artículo 77 de la Ley de Amparo, pues desaparecieron los efectos del acto reclamado, en virtud que las responsables después de la presentación de la demanda, subsanaron las omisiones reclamadas, esto es, se le brindó la atención médica en la especialidad de Endocrinología y Gastroenterología, y se acordó la promoción de fecha veinte de noviembre de dos mil veinte, al grado de compararse como si se le hubiese concedido a la parte quejosa la protección constitucional, de conformidad con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO, ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Sin que pase inadvertido la falta de emplazamiento de la parte tercera interesada; sin embargo, en el presente asunto, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, lo cual, como es lógico, en forma alguna afecta los intereses de la parte tercera interesada; por tanto, resultó innecesario su llamamiento a juicio. Orienta lo expuesto, la tesis P. V/98, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, febrero de 1998, página 45, que señala lo siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado". En tales consideraciones, es improcedente el juicio de amparo, al actualizarse la causal contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la misma ley, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese; y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a tres de junio de dos mil veintidós. Informe. Visto lo de cuenta, se reciben los informes justificados remitidos por las autoridades responsables, agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos los informes que se trata, con los cuales, se da vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional relativa. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable ofreciendo la prueba documental que anexa a su informe justificado; la cual se admite, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila, a veinte de mayo de dos mil veintidós. Escrito. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito singado por el quejoso. Acuerdo. Atento a su contenido, dígasele a la parte quejosa que la sentencia dictada en autos no ha causado ejecutoria, esto es, no se encuentra firme, virtud a que en autos no obra constancia de notificación al tercero interesado Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en Acapulco, Guerrero; sin embargo, se están realizando las gestiones para recabar la constancia de notificación respectiva, por lo que tan pronto se tenga por recibido en este juzgado el acuse de recibo respectivo, se proveerá lo conducente. Requerimiento. Por otra parte, respecto del recurso de queja que pretende interponer, requiérase al quejoso para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, aclare su escrito y manifieste contra que auto o resolución pretende interponer el recurso de queja mencionado en su escrito, lo anterior a fin de que este órgano jurisdiccional esté en condiciones de proveer sobre dicho recurso. Apercibimiento. De incumplir con el requerimiento formulado en el presente acuerdo, dentro del término concedido, se acordará lo que en derecho corresponda. Asimismo, es pertinente hacer del conocimiento del quejoso que esta potestad jurisdiccional tiene la obligación de analizar de oficio el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables y determinar si la sentencia está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, y solo en el caso de determinar que la responsable ha actuado de manera contumaz o parcial de restituir en el pleno goce del derecho violado a la parte quejosa, de manera oficiosa se iniciará el incidente de inejecución de sentencia, que es, en dado caso, el incidente procedente de acuerdo a los lineamientos establecidos en la ley de la materia. Vista al defensor público federal. En tales condiciones, córrase traslado con copia del escrito de cuenta al defensor público federal del quejoso a fin de que manifieste lo que conforme a derecho corresponda. Requerimiento. Asimismo, requiérase al defensor público para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, aclare su escrito y manifieste contra que auto o resolución pretende interponer el recurso de queja mencionado en su escrito, lo anterior a fin de que este órgano jurisdiccional esté en condiciones de proveer sobre dicho recurso. Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese y personalmente al quejoso y a su defensor público federal.
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