Samuel Martínez Peñaloza

Expediente 1167/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1167/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • Samuel Martínez Peñaloza

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la demanda de amparo [...]FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 1167/2019/V-A. Al respecto, se acuerda: Obligación legal de prevenir al quejoso para que aclare la demanda. Ahora, este órgano jurisdiccional analizó la demanda conforme a las disposiciones de la Ley de Amparo, y específicamente conforme a lo previsto por los artículos 10, 108 fracción V, 112 y 114, fracciones II y III, que en lo referente establecen: "Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto Reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuando se trate del Ministerio Público o cualquier otra autoridad, se aplicarán las reglas del artículo anterior. "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.) "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 114.- El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: (.) II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y (.) Del citado marco normativo se deriva que cuando el promovente del amparo exprese contar con la representación del directo quejoso, tiene la obligación de acreditar fehacientemente la personalidad con la que se ostenta, así como que es obligación del gobernado expresar bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado; lo anterior, con la finalidad de reunir los requisitos que establece el numeral 108 de la ley de la materia, y cuando el juzgador advierta la omisión de estos requisitos o que los datos aportados por el promovente resultan confusos o que faltan algunos relevantes para proveer conforme a derecho la demanda intentada, deberá prevenir al quejoso para que subsane dichas deficiencias. En el caso, el promovente Samuel Martínez Peñaloza afirma ser representante del menor de edad de identidad reservada con las iniciales S.E.M.Z., aduciendo que tiene reconocida la personalidad en los autos del expediente citado al rubro de su escrito de demanda; sin embargo, en el rubro de su escrito de demanda no se señaló ningún expediente, ni tampoco allegó constancia alguna con la que acredite la personalidad con que se ostenta; por lo que, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, deberá exhibir en copia certificada el documento idóneo para acreditar el carácter que dice tener. Por otro lado, de la referida demanda de amparo se aprecian diversas imprecisiones, en virtud de que el promovente manifestó ".con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 fracción II de la Ley de Amparo, vengo a ampliar la demanda del juicio constitucional, promovida por mí, con la representación que ostento."; de modo que, no se tiene la certeza de que lo que pretende promover es una ampliación de demanda respecto de un diverso juicio de amparo, o en su caso, si lo que pretende es promover una nueva demanda de amparo indirecto. Por otro lado, en su capítulo de antecedentes del acto reclamado, sólo se concreta a manifestar que por acuerdo de ocho de octubre del año en curso, se promovió la apertura del expediente para la imposición de medidas de apremio IVAI-REV/51/2018/II, en contra del Ayuntamiento de Platón de Sánchez, Veracruz, por el incumplimiento a la resolución del recurso de revisión IVAI-REV/51/2018/II; y que posteriormente, el diez de los actuales, dictó resolución en la que se tuvo por cumplida la diversa de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, y ordenó el archivo del asunto como concluido; sin embargo, este órgano no tiene certeza de la pretensión del promovente, es decir, si promueve una ampliación de demanda, o en su caso, si lo que pretende es promover un nuevo juicio de amparo indirecto, por lo que de ser este último supuesto, los datos citados en líneas que anteceden resultan insuficientes para conocer la problemática que plantea y así estar en condiciones de proveer sobre el trámite de la presente demanda. En este contexto, con fundamento en los artículos 108, fracción V y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a Samuel Martínez Peñaloza, para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este acuerdo, realice lo siguiente: 1.- Deberá exhibir ante este órgano jurisdiccional en original o copia certificada el documento idóneo con el cual acredite la personalidad con que se ostenta en este juicio, esto es, que tiene reconocida la calidad de representante del menor de iniciales S.E.M.Z., en términos de lo dispuesto por los artículos 10 y 11 de la Ley de Amparo; lo anterior en el entendido de que deberá acompañar copias del escrito mediante el cual desahogue la prevención y del documento con el cual acredite la personalidad, para cada una de las partes. En apoyo de lo anterior, es de invocar la jurisprudencia 336, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.- Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL y PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER., para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo". De igual forma, tiene aplicación en el caso la jurisprudencia 2a./J.124/2016 (10a.), de rubro siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES." De igual manera, dentro del referido plazo legal, por escrito y con las copias que son necesarias para correr traslado a la autoridad responsable, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y a la parte tercera interesada, bajo protesta de decir verdad, por tratarse de un requisito personalísimo cumpla con lo siguiente: 2.- Toda vez que el promovente manifestó que en términos de lo dispuesto por el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, promueve ampliación de la demanda del juicio constitucional que promoviera por sí y con la representación que aduce ostentar; aclare si lo que pretende promover es una ampliación de demanda respecto de un diverso juicio de amparo y de ser el caso, a qué número de juicio y a qué Juzgado de Distrito pretende dirigir el presente ocurso, o por el contrario, si lo que pretende es promover una nueva demanda de amparo indirecto. 3.- En virtud de que indicó que en auto ocho de octubre del año en curso, se promovió la apertura del expediente para la imposición de medidas de apremio IVAI-REV/51/2018/II, en contra del Ayuntamiento de Platón de Sánchez, Veracruz, por el incumplimiento a la resolución del recurso de revisión IVAI-REV/51/2018/II; luego, refirió que el diez de los actuales, se emitió una resolución en la que se tuvo por cumplida la diversa de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, y ordenó el archivo del asunto como concluido; sin embargo, como se anticipó en el punto que antecede, el ocursante no precisó si lo que pretende es promover una ampliación de demanda, o en su caso, una nueva demanda de amparo indirecto, por lo que de ser el último supuesto, deberá ampliar de manera enunciativa y no limitativa los antecedentes del acto reclamado, a fin que el suscrito juzgador esté en aptitud de conocer con la mayor claridad posible la problemática que se plantea. Lo anterior, resulta trascendental para estar en condiciones de proveer conforme a derecho la demanda que se intenta. APERCIBIMIENTO. Lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir cabalmente con lo ordenado en párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Tomando en consideración que el promovente del amparo aduce que señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en el proemio del escrito que se provee; sin embargo, contrario a lo señalado no indicó ningún domicilio para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquesele la notificación del presente acuerdo, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que se fija en los estrados de este juzgado, hasta en tanto subsane dicha omisión. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con el objeto de no retardar el trámite en el presente asunto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones personales que se ordenen durante la tramitación del presente juicio de amparo, aun en horas y días inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el Secretario en funciones, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, así como que la persona que recepcione la información sea debidamente identificada y previo apersonamiento ante el personal judicial correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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