Samuel Alarcón Quezadas
Expediente 647/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 647/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 29/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Samuel Alarcón Quezadas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el auto de cinco de septiembre de la presente anualidad, en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, interpusiera recurso de revisión contra éste, sin que lo haya hecho. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado para todos los efectos legales procedentes, por lo que se ordena el archivo de las actuaciones al tratarse de un asunto concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y captúrense los datos necesarios en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso b), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y con base en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, resulta procedente decretar que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto después del VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO y pasados treinta días de la citada fecha. Asimismo, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y con base en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, resulta procedente decretar que el original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse declarado sin materia la suspensión de los actos reclamados al resolverse sobre la suspensión definitiva; asimismo, una vez cumplidos tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá destruirse con posterioridad al VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO y pasados treinta días de la citada fecha. Asimismo, en cumplimiento al artículo 20, fracción II, inciso a), y su penúltimo párrafo, del citado Acuerdo General, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, y pasados treinta días de dicho plazo; por tanto, agréguese copia certificada de este proveído a los cuadernos incidentales. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Finalmente, por cuanto al tomo de prueba consistente en copia certificada de la causa penal 800/2011, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Ciudad Judicial en Naolinco, Veracruz, devuélvase a la citada responsable, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establecen los artículos 237, fracción I, y 259 ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a cinco de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de quince días previsto por el artículo 17 en relación con el ordinal 11, ambos de la Ley de Amparo, concedido al quejoso Samuel Alarcón Quezadas, por auto de cinco de agosto de dos mil veintidós, para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, sin que lo haya hecho. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminado el nombrado quejoso; por lo que, continúese con la secuela procesal únicamente por cuanto hace al acto y a las autoridades señaladas en el escrito inicial de demanda. Luego, del informe justificado rendido por el Secretario de Acuerdos encargado del despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, y de las constancias que adjuntó al mismo, las cuales merecen valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 de la Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se aprecia que: 1.- La autoridad responsable aceptó el acto que se le reclama, precisando que por auto de veintiocho de septiembre de dos mil quince, el entonces titular del extinto Juzgado Primero de Primera Instancia de Jalacingo, Veracruz, giró en la causa penal 78/2014, ahora 800/2011 de la estadística de la autoridad aquí responsable, orden de reaprehensión contra Samuel Alarcón Quezada, como probable responsable del delito de violación. 2.- La citada orden de reaprehensión, fue girada por así haberlo ordenado los Magistrados de la entonces Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en los autos del toca penal 1520/2015-A, mediante la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil quince, al revocar el auto de libertad por falta de elementos para procesar, y en su lugar, dictar auto de formal prisión contra el referido procesado por el delito antes descrito. Asimismo, puntualizó que el acto aquí reclamado ya fue motivo de estudio dentro del juicio de amparo 1836/2015 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. Así, del escrito inicial de demanda y del informe justificado que rindió la autoridad responsable, se advierte que el acto reclamado en este controvertido constitucional, se trata de: La orden de reaprehensión dictada en su contra, en la causa penal 800/2011 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Pacho Viejo, Veracruz (antes 78/2014 radicada en el extinto Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del antiguo sistema penal, con sede en Jalacingo, Veracruz); y su ejecución. Tal precisión se hace de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, conforme lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo, toda vez que la solicitante de amparo, tanto en su escrito de demanda como en su escrito aclaratorio, expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA." Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta también se advierte que en el incidente de suspensión derivado del juicio en el que se actúa, obran las constancias que, a solicitud de este juzgado envió el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. Así, de la consulta realizada a las constancias mencionadas en el párrafo anterior y del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se observa que en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, situado en esta ciudad, está radicado el juicio de amparo 1836/2015 promovido por Samuel Alarcón Quezada contra la orden de reaprehensión girada en la causa penal 78/2014-IV del índice del Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del antiguo sistema penal, con sede en Jalacingo, Veracruz, y el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, se dictó sentencia en el citado juicio, cuyo sentido fue el sobreseimiento; luego, por auto de quince de marzo de esa misma anualidad, causó ejecutoria dicha resolución. Cabe mencionar que el incidente de suspensión 647/2022-3-A, de este índice y el juicio de amparo1836/2015 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, constituyen un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, los cuales pueden invocarse válidamente para fundar la presente determinación sin necesidad de que se obtenga copia certificada de los mismos. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia en materia común P./J. 16/2018 (10a.), emitida por el Pleno del Tribunal Supremo del País, registro 2017123, cuyo rubro es: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." De lo expuesto, resulta evidente que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.) Para una mejor comprensión del precepto legal antes transcrito se cita la fracción X del invocado numeral 61 de la Ley de Amparo, el cual en lo conducente dispone: "X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" Como se puede observar, las disposiciones legales invocadas prevén que el juicio de amparo es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Es importante destacar, que en el artículo mencionado se utiliza la "expresión materia de ejecutoria", término que refiere a las resoluciones concluidas, con el fin de preservar la "cosa juzgada", a fin de evitar que en una segunda ocasión se realice el análisis de cuestiones litigiosas que ya fueron motivo de una primera decisión de amparo. Lo anterior, para evitar que en los diversos juicios de amparo que se tramitan ante los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se emitan sentencias contradictorias, pues implicaría desconocer la decisión adoptada, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos examinados, en contravención al principio de cosa juzgada. Ahora, del enlace entre el informe justificado rendido por la autoridad responsable con las constancias remitidas por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz y aquellas consultadas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, fue posible constatar que el juicio de amparo 1836/2015 del índice del Juzgado Segundo de Distrito de esta Entidad Federativa, situado en esta ciudad, fue promovido por Samuel Alarcón Quezada, contra las siguientes autoridades responsables: Juez Primero Penal de Primera Instancia, del antiguo Sistema Penal, con residencia en Jalacingo, Veracruz, Agentes Judiciales de la Policía Ministerial de Jalacingo, Veracruz y Séptima Sala Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz. Autoridades de quienes reclamó: La posible orden de reaprehensión derivada de la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil quince, dictada en el toca 1520/2015-A del índice de la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, en la que revocó el auto de libertad dictado en la causa penal 78/2014-IV del índice del Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del antiguo Sistema Penal, con sede en Jalacingo, Veracruz, que se instruyó a Samuel Alarcón Quezada por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación cometido en agravio de Rosalba Méndez Bello. Esto es, el aquí quejoso fue quien promovió la demanda de amparo que correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, quien la radicó bajo el juicio de amparo 1836/2015; que en dicho juicio el accionante también reclamó la orden de captura consistente en la reaprehensión girada en su contra, y que en aquél juicio señaló como autoridades responsables al extinto Juez Primero Penal de Primera Instancia, del antiguo Sistema Penal, con residencia en Jalacingo, Veracruz y a los Agentes Judiciales de la Policía Ministerial de Jalacingo, Veracruz, además de la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz. Asimismo, el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, se dictó sentencia en el precitado juicio de amparo, en la que el Juez Segundo de Distrito en el Estado, determinó sobreseer en el juicio debido a que la demanda promovida por el quejoso resultó extemporánea, ya que conoció de la citada orden de captura desde el dieciocho de septiembre de dos mil quince. Posteriormente, el quince de marzo de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la referida sentencia, al no haber sido recurrida por las partes. En esas condiciones, es incuestionable que en el caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que el acto aquí reclamado consistente en la orden de reaprehensión dictada en su contra, en la causa penal 800/2011 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Pacho Viejo, Veracruz (antes 78/2014 radicada en el extinto Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del antiguo sistema penal, con sede en Jalacingo, Veracruz); y su ejecución, ya fue materia de estudio del diverso juicio de amparo 1836/2015 radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, en el cual ya se dictó sentencia el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, que causó ejecutoria el quince de marzo del mismo año. Entonces, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, para la suscrita es un hecho notorio que el juicio de amparo 1836/2015 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, de esta ciudad, se encuentra totalmente concluido al haber causado ejecutoria la sentencia emitida, tal como se advierte del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De lo anterior se concluye que el presente juicio de amparo y el diverso 1836/2015, fueron promovidos por el quejoso Samuel Alarcón Quezadas contra los mismos actos reclamados a las mismas autoridades, pretendiendo defender en ambos juicios la orden de reaprehensión girada en la causa penal 800/2011 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Pacho Viejo, Veracruz (antes 78/2014 radicada en el extinto Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del antiguo sistema penal, con sede en Jalacingo, Veracruz, por así haberla girado los Magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia al revocar el auto de libertad dictado por el juez de origen. Además, en el juicio de amparo 1836/2015, ya se dictó sentencia, misma que adquirió firmeza por auto de quince de marzo de dos mil dieciséis. En ese sentido, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, toda vez que quien esto resuelve, se encuentra legalmente impedido para resolver el presente controvertido, pues de hacerlo implicaría desconocer la decisión adoptada en el diverso juicio de amparo 1836/2015, en contravención al principio de cosa juzgada, pues en éste ya resolvió sobre los mismos actos reclamados en el presente juicio, como lo es la citada orden de reaprehensión. Es ilustrativa la tesis aislada I.7o.A.132 K, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AUN CUANDO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR, PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS, SE HAYA SOBRESEÍDO. El artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías. Ahora bien, si el quejoso promueve un juicio de amparo que se sobresee y, con posterioridad, inicia otro contra las mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados, procede también sobreseer en éste, a pesar de que en el primero no se analizó el fondo del asunto planteado, si no se demuestra fehacientemente que los hechos y circunstancias que llevaron a tomar nuevamente dicha determinación fueron distintos a los inicialmente estudiados o que a la presentación de la nueva demanda imperan nuevas situaciones de hecho que modifican lo antes analizado. En consecuencia, lo resuelto en el primer juicio adquiere firmeza, por identidad de los alcances del concepto de ejecutoria, por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, pues lo contrario implicaría desconocer la decisión previa adoptada, y más aún, avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados." Asimismo, es orientadora la tesis I.2o.P.183 P, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de contenido siguiente: "EJECUTORIA. ALCANCE DE SU CONNOTACIÓN CONFORME A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La connotación ejecutoria tiene el referente procesal que lo identifica con la institución de la cosa juzgada, misma que atañe a la decisión judicial que en jurisdicción definida tiene los atributos de firmeza e inamovilidad; rige en forma directa a propósito de los aspectos sustantivos de la litis, aunque también, por excepción, impera en torno a situaciones adjetivas que impiden ejercer nuevamente la acción previamente rechazada. Ambos supuestos se actualizan en el caso de la acción de amparo, de tal manera que, con referencia al tema procesal, la fracción IV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Preceptos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina la improcedencia del juicio de garantías cuando se promueve contra "actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior", remisión normativa en vía de antecedente por la que se exige que en forma previa se haya promovido la acción de amparo por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado; de tal manera que si en el trámite del juicio de amparo directo un Tribunal Colegiado de Circuito determina la improcedencia de la acción por calificar que el quejoso realizó una manifestación de voluntad que entrañó su consentimiento con respecto al acto controvertido, en tal supuesto, es indefectible que ante la firmeza procesal de esa decisión que impidió el curso de la acción, aplica por identidad los alcances del concepto ejecutoria, en virtud de que por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, no cabe la posibilidad que posterior a esa resolución diverso Tribunal Colegiado esté en aptitud de efectuar nuevo pronunciamiento sobre si existió o no dicho consentimiento, pues admitir tal facultad implicaría reconocer la relatividad de la decisión previa adoptada y, más aún, avalar la coexistencia válida de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda interpretación se concluyera en sentido contrario al originalmente resuelto." De igual forma, cobra aplicación la tesis 1a. CCLXXVIII/2012 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." En relatadas circunstancias, los actos aquí reclamados por el quejoso, no pueden ser analizados en un amparo posterior, porque impera el principio de cosa juzgada, lo que impide analizar nuevamente dicho acto, máxime que concurrieron en el caso, se itera, los requisitos esenciales que establece la causal de improcedencia analizada, esto es, la identidad del quejoso, la autoridad responsable y el acto reclamado. No obsta a lo anterior, el hecho de que el quejoso precise en su demanda de amparo, que su nombre correcto es Samuel Alarcón Quezadas y no Samuel Alarcón Quezada, en contra de quien se giró la orden de captura de la que se duele, por lo que considera que se trata de una persona diversa; sin embargo, de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, específicamente de las relativas a la declaración preparatoria del indiciado, se aprecia que éste manifestó que su nombre correcto era Samuel Alarcón Quezadas, originario del municipio de Atzálan, Veracruz, nacido el veinticinco de abril de mil novecientos setenta y siete, datos que con coincidentes con los que obran en las documentales que al efecto exhibió como pruebas de su parte, esto es, en el acto de nacimiento y la credencial de elector que anexó a su demanda de amparo, de lo que es factible deducir que la persona que fue sujetada al proceso penal de origen y quien promueve este juicio de amparo, son la misma persona, por lo que resulta procedente considerar que en el juicio 1836/2015 del índice del Juzgado Segundo de Distrito, con sede en esta ciudad, ya se dictó sentencia en la que se resolvió sobre el acto aquí reclamado, atribuido a las mismas autoridades y combatido por el mismo quejoso que promovió este juicio de amparo 647/2022. En este orden de ideas, con fundamento en el artículo 61, fracción XI, en relación con la fracción X y el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, la suscrita determina sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional que estaba señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del doce de septiembre de dos mil veintidós. Apoya a la anterior determinación, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Lo subrayado es propio). Cabe mencionar que el hecho de que en el juicio de amparo en que se actúa no se haya señalado a la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, no es impedimento para sobreseer en el presente juicio de amparo, ya que en aquél juicio de amparo se resolvió en relación a dicha sala, que fue quien ordenó girar la orden de reaprehensión que reclama el aquí quejoso; es decir, la orden de captura que se analiza en este controvertido, girada por el extinto Juez Primero Penal de Primera Instancia, del antiguo Sistema Penal, con residencia en Jalacingo, Veracruz, reiterada por la Jueza Primero de Primera Instancia, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, quien ahora conoce de la causa penal en la que fue librada dicha orden de captura, deriva del toca penal 1520/2015-A, en la que la sala de referencia ordenó al juez de la causa que librara la correspondiente orden de reaprehensión, al revocar el auto de libertad por falta de elementos para procesar que se había dictado al aquí quejoso, y en el juicio de amparo 1836/2015 del índice del Juzgado Segundo de Distrito, con sede en esta ciudad, se analizó el acto reclamado a esa sala. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, en su oportunidad, archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Notifíquese por lista de acuerdos al quejoso y por oficio a las autoridades responsables y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el sobre devuelto por el Servicio Postal Mexicano, mismo que contiene el oficio 15273/2022 en el que se requirió informe justificado a la autoridad responsable Agentes Judiciales de la Policía Ministerial de Jalacingo, Veracruz, sobre que tiene la estampada la siguiente leyenda: "informan que autoridad que cita aquí no existe". Con lo anterior dese vista a la parte quejosa para que, dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses legales convenga, apercibida que, en caso de no hacer manifestación alguna, se tendrá por inexistente a la autoridad de referencia y como consecuencia, se suspenderá toda comunicación con ella. Notifíquese personalmente al quejoso y por lista de acuerdos a las demás partes.Así lo proveyó y firma el licenciado Uriel Curti Espinosa, Secretario en funciones de Juez del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, de acuerdo en la autorización contenida en el oficio CCJ/ST/2363/2022, de trece de junio de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido del licenciado Luis Alberto Vázquez del Orbe, Secretario que autoriza y da fe. Ildefonso
- Incidental
Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta de agosto de dos mil veintidós. Agréguese sin mayor proveer el sobre devuelto por el Servicio Postal Mexicano, mismo que contiene el oficio 15280/2022 en el que se requirió informe previo a la autoridad responsable Agentes Judiciales de la Policía Ministerial de Jalacingo, Veracruz, sobre que tiene la estampada la siguiente leyenda: "informan que autoridad que cita aquí no existe", toda vez que ya se celebró la resolución interlocutoria de cinco de agosto de dos mil veintidós, por cuanto hace a la autoridad aludida, lo anterior para los efectos legales a los que haya lugar. Cúmplase.Así lo proveyó y firma el licenciado Uriel Curti Espinosa, Secretario en funciones de Juez del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, de acuerdo en la autorización contenida en el oficio CCJ/ST/2363/2022, de trece de junio de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido del licenciado Luis Alberto Vázquez del Orbe, Secretario que autoriza y da fe. Ildefonso
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