Samuel López García
Expediente 800/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 800/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Samuel López García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos, únicamente para que obren como correspondan, los oficios signados por el Presidente Municipal Electo de ***; sin que haya lugar a efectuar mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, toda vez que en proveído de ocho de septiembre del año en curso, se tuvo por no presentada la demanda, respecto de los actos reclamados previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, y se desechó respecto de los diversos consistentes en despojo, invasión de tierras ejidales, asamblea de destitución de tierras ejidales y cancelación de certificado agrario. Causa estado. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera interpuesto recurso de queja, contra el auto dictado el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, por el que se tuvo por no presentada la demanda, respecto de los actos reclamados previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, y se desechó respecto de los diversos consistentes en despojo, invasión de tierras ejidales, asamblea de destitución de tierras ejidales y cancelación de certificado agrario. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO LA REFERIDA DETERMINACIÓN. Publicación datos personales. Aunque la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto del derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, dese cumplimiento a lo dispuesto por los numerales 113, 117 y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Archivo. Por tanto, al no existir asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en el artículo 20, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Este asunto es considerado de relevancia documental y se conservará en este Juzgado en su integridad en original, pues se ubica en el supuesto previsto en la fracción X del artículo 15 del Acuerdo General en comento; por lo que una vez por lo que una vez que cumpla tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido será transferido al archivo de concentración. Destino. Luego, del análisis integral de este juicio de amparo, se advierte que en acuerdo de dieciséis de agosto de la presente anualidad, se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa, derivado de los actos reclamados a las autoridades responsables. En tales condiciones, con fundamento en la fracción III del artículo 17, inciso b), del citado Acuerdo, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, y en relación con el resultado de la consulta que en copia simple se agrega a este expediente, se estima que este asunto es CONSERVABLE ÍNTEGRAMENTE, una vez transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dictó el auto de archivo correspondiente. Se hace constar que, como quedó asentado en la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos originales. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Notifíquese por lista electrónica. Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez Víctor Manuel Jaimes Morelos, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido por la licenciada Martha Lourdes Lescas Caballero, secretaria de juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, y como se advierte de la certificación de cuenta, transcurrió el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa, sin que cumpliera con la prevención realizada en proveído de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, a pesar de haber sido legalmente notificada de ese auto, por lista, el veintitrés de agosto siguiente. En consecuencia, como no aclaró la demanda de amparo en el plazo concedido, y ante el incumplimiento del promovente del amparo a la prevención formulada, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia y se tiene por no presentada la demanda, respecto de los actos reclamados que se ubican en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al respecto, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LI, Quinta época, página 208 de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE ACLARACIÓN DE LA". Desechamiento Ahora bien, respecto de los actos reclamados consistentes en despojo, invasión de tierras ejidales, asamblea de destitución de tierras ejidales y cancelación de certificado agrario, respectivamente, es importante destacar que, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia; en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, en el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa [.]" Ello es así, en razón de que en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello, se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anteriormente referido es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio a dicho procedimiento constitucional, ni que se restablezca el orden constitucional afectado, ni se deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales de la parte quejosa. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3, 6 y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto, debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, o en su caso por el defensor público o privado del quejoso, cuando el acto reclamado derive de un proceso penal, en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma autógrafa del promovente o al haberla presentado por medios electrónicos la evidencia criptográfica del sujeto autorizado para enviarla por dicho medio. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede, en razón de que es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En ese orden de ideas, recibida la demanda de amparo en el órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que revele la misma para promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento, voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado, en ciertos casos la impresión de la huella dactilar o, como ya se dijo, la evidencia criptográfica al enviarse por medios electrónicos. En ese sentido, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3° de la Ley de Amparo, dispone que la firma electrónica es el medio que permite a la parte quejosa el ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, en los que quien promueve sea parte. Asimismo, dicho artículo establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Sobre este tema, el artículo 45, 46 y 47 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, señala que para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de aquellos en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo; deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán; así una vez enviada la demanda, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en el que se señalarán los datos de identificación del promovente, el archivo electrónico que contenga su demanda y los archivos anexos, la fecha y hora de envío y recepción, así como un folio electrónico. En la especie, la demanda de amparo, presentada vía electrónica, se recibió a través de juicio en línea, que aparentemente promueve Samuel López García, por propio derecho, sin embargo, carece de la firma electrónica que le corresponde, ya que únicamente se advierte una firma escaneada que al parecer pertenece a Samuel López García; empero que al haberse promovido por el sistema en línea, debió apegarse a la regulación establecida, y en consecuencia, haberse firmado por quien promueve la demanda, siendo que en el caso, únicamente consta una firma electrónica a nombre de Rocío Arianna Torres Reséndiz, es decir, una persona distinta a aquella que se dice ejercer el derecho de acción. Circunstancia que se corrobora con la impresión digital fidedigna obtenida del Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes (S.I.S.E.), de la demanda de amparo. Así, dado que el juicio de amparo "en línea" que se pretende tramitar no contiene la firma electrónica del supuesto quejoso y el asunto no se encuentra en los casos de excepción en los que aquélla sería innecesaria; tal circunstancia implica la ausencia de la voluntad de la promovente para acudir a esta instancia constitucional, en razón de que con dicha firma, se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Además, debido a que la demanda no se presentó físicamente, sino a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en cuyo caso, como se precisó, es necesaria la firma electrónica de la promovente, con la que se acredite su voluntad para ejercer la acción de amparo, pues la FIREL es equiparable a un documento de identidad en asuntos presentados vía electrónica, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. Sin que sea óbice a lo anterior que la demanda cuente con una aparente firma física que supuestamente pertenece al solicitante del amparo; sin embargo, como se dijo, la demanda fue presentada vía electrónica, por lo cual debía contener la firma electrónica del solicitante a fin de tener por acreditada su voluntad para instar el juicio; aunado a que es evidente que la demanda se trata de un documento escaneado, pues la firma que obra en el documento se trata de un escaneo y no una firma autógrafa. Por tanto, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, ante lo notorio y manifiesto de su improcedencia. Al caso es aplicable la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Materia(s): Común, página 79, con registro digital 2019715, de título y contenido siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa, tal como se ordenó en proveído de veintidós de agosto del año en curso.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ----, mediante el cual, pretende cumplir con la prevención realizada en auto de veintidós de agosto del año en curso; sin embargo, no precisa de manera clara, concreta y específica, cuál es el acto o actos que reclama en este juicio y a qué autoridad o autoridades los atribuye; puesto que de nueva cuenta señalada los actos reclamados de forma genérica, asimismo, no indica la acción, omisión y/o grado de intervención por parte de cada una de las autoridades responsables en cada acto que les atribuye. En el entendido que solo serán aquellos actos ubicados en las hipótesis del numeral 15 de la Ley de Amparo. Por tanto, no se tiene por cumplida la prevención formulada en el auto de referencia, por lo cual subsiste el apercibimiento decretado en dicho proveído. Al no encontrarse cumplida la prevención, se hace saber a la parte quejosa que el término de cinco días otorgado para cumplir con la misma, se suspendió con la presentación de su escrito presentado en el Buzón Judicial, el treinta y uno de agosto del año en curso, el cual se reiniciará al día siguiente en que quede notificado de este auto; asimismo, se precisa que subsiste el apercibimiento con el que fue conminado en auto de veintidós de agosto del año en curso. A manera de ilustración se cita la tesis aislada número III.2º.A.38K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 1323, del tomo XXI, del Semanario Judicial de la Federación, Abril de 2005, Novena Época, con el rubro siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA." Autorizaciones procesales Por otra parte, téngase al quejoso revocando el usuario electrónico para acceder al expediente electrónico, así como a los profesionistas que autorizó en términos amplios y restringidos de la Ley de Amparo, en el escrito inicial de su demanda de amparo; y atento a su manifestación expresa se provee: Acceso a expediente electrónico En términos del artículo 57, párrafo cuarto del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al quejoso la consulta de expediente electrónico del presente juicio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario "********************", a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente. En consecuencia, se instruye al Oficial Judicial "A", para que proceda a realizar los trámites respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en párrafos precedentes. Autorizados Se tienen por autorizados en términos amplios del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a********************, ********************, ******************** y ********************, porque a pesar de carecer de registro de sus cédulas profesionales ante los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial de la Federación, en la demanda de cuenta, se advierte que tienen emitidas a su favor las cédulas profesionales********************, ********************, ********************, ********************, expedidas por la Dirección General de Profesionales de la Secretaría de Educación Pública, y consultado que fue en la página electrónica oficial de esa dependencia (como se advierte de la certificación de cuenta), lo cual constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo conforme su dispositivo 2°, es válido tenerles por acreditada la calidad de licenciados en derecho. En consecuencia, si el quejoso otorga la autorización en términos amplios del citado numeral, además de precisar los números de cédulas profesionales que tienen a su favor los profesionistas en cita; ello es suficiente para que se les tenga reconocido tal carácter ante este órgano de control constitucional. Como fundamento a lo anterior, se cita la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), con número de registro 2021840, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V , de rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO." Y por autorizados en términos del artículo 24, segundo párrafo de la Ley de Amparo, a las personas restantes por así haberse solicitado expresamente. Finalmente, respecto al correo electrónico y número telefónico autorizados, ténganse habilitados únicamente como medios alternos para entablar comunicación no procesal, pues la Ley de Amparo no prevé tales formas de notificación. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Informe relativo a la suspensión de plano Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio signado por el Presidente del Comisariado Ejidal de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, con el cual rinde su informe relativo a la suspensión de plano decretada en este juicio. Vista Finalmente, con el informe de cuenta, dese vista a la parte quejosa para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,117 expedientes
- Samuel Escobar Alcantara1081/2021
- Samuel Escobar Alcantara919/2021
- Samuel Gaistardo Santiago706/2018
- Samuel Hernández Del Toro1019/2021
- Samuel Hernández Montaño646/2022
- Samuel Hernández Montaño1236/2022
- Samuel Nicolás Alonso Martínez136/2014
- Samuel Pérez Rojas741/2019
- Samuel Pérez Rojas1112/2018
- Samuel Ramírez Salazar788/2015
- Samuel Rosendo Nolasco46/2023
- Samuel Zabdiel Martínez Sandoval21/2015