Samuel Hernández Montaño
Expediente 1236/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1236/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 19/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Samuel Hernández Montaño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86, párrafo primero de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión, contra la sentencia de treinta de diciembre de dos mil veintidós, en que sobreseyó este juicio promovido por la parte quejosa (única parte a quien puede afectar dicha determinación), sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, se declara que ha causado ejecutoria la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente. Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, SE ORDENA EL ARCHIVO DE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
En cumplimiento a los artículos 27, fracción III, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con cuarenta y un minutos del treinta de diciembre de dos mil veintidós, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional del juicio de amparo 1236/2022, ... VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 1236/2022, que promovió ****, por propio derecho; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiuno de octubre de la presente anualidad, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, y turnado el mismo día a este Juzgado, ****, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Mediante auto de veinticuatro de octubre del año en curso, se admitió la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, y se dio el trámite de ley, la intervención que le asiste al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que previo diferimiento, se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 36, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo 23/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se promueve contra actos de naturaleza penal y dentro del ámbito territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama de la Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, el siguiente acto reclamado: "(.) la resolución de los recursos de fecha veintiséis de septiembre y dos de octubre del año dos mil veintidós, que resuelve los recursos de revocación interpuestos." Ahora, es prudente señalar la materia que fue objeto de los recursos analizados por la juez de origen, para mayor entendimiento de la dolencia manifestada por la parte quejosa: -En la resolución de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, dictada por la autoridad señalada como responsable en la causa penal 557/2022, se analizó lo siguiente: *el recurso de revocación interpuesto por el abogado del imputado (aquí quejoso) contra el acuerdo de veinte de agosto del año en curso, en donde se otorgó al Agente del Ministerio Público una prórroga del plazo de investigación complementaria por treinta días más, a los que ya se había otorgado. -En la resolución de dos de octubre de dos mil veintidós, dictada por la autoridad señalada como responsable en la causa penal 557/2022, se analizó lo siguiente: * el recurso de revocación interpuesto por el abogado del imputado (aquí quejoso) contra el acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en que se tuvo al Agente del Ministerio Público comunicando el cierre de la investigación complementaria dentro del legajo de investigación que dio origen a la causa penal, haciendo referencia a que los argumentos vertidos se encaminaron a combatir el acuerdo de veinte de agosto de la presente anualidad, por lo que ya había sido materia de análisis en la resolución de veintisiete de septiembre del actual. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, al emitir su informe justificado señaló que es cierto el acto reclamado; lo que se corrobora con el contenido del disco versátil digital que adjuntó, relativas a la causa penal 557/2022, de su índice. Medios de convicción que merecen pleno valor probatorio al tenor de los ordinales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su normativo 2. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, Materias(s): Común, con registro digital 394182, que es del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, con registro 2004362, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los aspectos de fondo vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, deben analizarse las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ya sea de oficio, o bien, a petición de parte, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. En el caso, una vez que se analizaron las constancias que integran el presente juicio de amparo, se pone de manifiesto que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; el primer numeral, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". La causal de improcedencia prevista en la referida disposición no establece un motivo concreto, pues requiere complementarse con otra norma jurídica o, en su caso, con la jurisprudencia del Pleno, de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito. En ese sentido, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El juicio de amparo procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Dicho precepto lleva a concluir que el juicio de amparo indirecto es procedente cuando el acto reclamado emana de un juicio, siempre que el acto sea de imposible reparación, lo que acontece cuando afecta materialmente derechos sustantivos. Entonces, lo fundamental para establecer la procedencia de este juicio constitucional, es determinar si la resolución reclamada afecta derechos sustantivos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 14/2015, puntualizó lo que debe entenderse por derechos sustantivos; al respecto, el referido órgano constitucional señaló: ". Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de que México sea parte, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva." En el caso, la parte quejosa se duele, en esencia, de dos resoluciones recaídas a los recursos de revocación interpuestos; en se declaró firme el acuerdo en el que se concedió a la agente del Ministerio Público la ampliación del plazo para la investigación complementaria; en tanto que, en la segunda determinación, se indicó que debía estarse a lo resuelto en el recurso de revocación previo, toda vez que nuevamente se reiteran argumentos con los que combate el acuerdo en el que se otorgó la mencionada prórroga. No constituyen actos de imposible reparación. No obstante, dicha actuación no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o Tratados Internacionales de los que el estado mexicano forme parte, ya que únicamente existe un perjuicio procesal que pudiera resentir la parte quejosa en sus derechos adjetivos. En efecto, el acto que se reclama corresponde a la gama de los derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que surgen y se generan durante el trámite del juicio, de tal forma que pueden ser reparados al dictarse una resolución favorable a la parte agraviada en el juicio de origen. Es aplicable, la tesis aislada 2a. XLVIII/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen." Es preciso apuntar lo considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al explicar que los derechos sustantivos son de naturaleza antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, toda vez que la afectación de estos últimos no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al resultado del juicio, momento en el cual sus secuelas podrían consumarse en forma efectiva. Es aplicable, en lo conducente, la tesis aislada XXI.1o.28 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que es del tenor siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formalizarse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado; razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal, el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a la infracción de derechos sustantivos." Sin que en el caso, la sola ampliación, implique la actualización de una hipótesis de irreparabilidad, porque el acto reclamado no constituye una violación a sus derechos sustantivos, ya que los efectos que produce son de naturaleza intraprocesal; por lo tanto, no tiene el carácter de imposible reparación. Además, los actos reclamados son susceptibles de extinguirse si la sentencia que emita la responsable es favorable a las pretensiones del solicitante de amparo. Cesación de efectos. No obstante lo anterior, también se actualiza diversa causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". La improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que alude el artículo 77 de la ley de la materia, es decir, restituir al agraviado en el pleno goce del derecho violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto sea de naturaleza positiva, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Ahora bien, la cesación de efectos se actualiza por dos hipótesis, a saber: a) por revocación, y b) por sustitución. El primer supuesto opera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo, por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el que se encontraba en suspenso, cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo, de modo que aquél sustituye procesalmente el auto o resolución primigenia, por lo que el amparo contra esta última determinación resulta improcedente; toda vez que será la nueva determinación, en todo caso, la que podrá ser materia del juicio constitucional. Respecto al tema, sirve de sustento la jurisprudencia 198, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Novena Época, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección - Improcedencia y Sobreseimiento, Página 216, con registro digital 1002264, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL: De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". También resulta aplicable la jurisprudencia 415, emitida por la mencionada Segunda Sala, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia(s): Común, página 356, con registro digital 917949, de título y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así, pues, para que sea aplicable esta causa de improcedencia del juicio de amparo es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido sean totalmente revocados, derogados o destruidos jurídica y materialmente por parte de la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, por lo que, en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica de las cosas, como si el acto reclamado jamás hubiera existido. Por lo mismo, únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se destruye jurídica y materialmente el acto reclamado por la propia autoridad responsable que lo emite, esto es, surge una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición del acto reclamado, así como de todos sus efectos, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carezca de materia. Así, resulta importante destacar que, de manera esencial, la parte quejosa se inconforma de las resoluciones de los recursos de revocación que interpuso contra la determinación de conceder al agente del Ministerio Público, la ampliación del plazo para la investigación intermedia, por tres meses. No obstante, de las constancias que remitió la autoridad responsable y con las que se dio cuenta en la audiencia constitucional que antecede, se aprecia que el once de octubre de dos mil veintidós, se recibió en el Juzgado de Control el escrito mediante el cual la agente del Ministerio Público titular de la Fiscalía con Detenidos adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, formuló acusación en contra del aquí quejoso, por su plena responsabilidad penal en la comisión del hecho que la ley señala como delito de ABORTO FORZADO, LESIONES Y DAÑOS CULPOSOS, el primero de ellos en agravio de Maritza Maite Espinoza Martínez; el segundo, en agravio de Maritza Maite Espinoza Martínez y María José Ramírez Espinoza; y, el tercero de los ilícitos, en perjuicio patrimonial de Valente Wilfrido Cruz Gutiérrez (fojas 85 vuelta a 94). Razón por la cual, mediante acuerdo de doce de octubre del año en curso, se tuvo a la representación social, formulando acusación en contra del hoy quejoso; y, entre otras determinaciones, se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia intermedia en la causa penal 557/2022. Además, mediante oficio PJEO/CJ/TAT/12177/2022-J, recibido en este Juzgado el doce de diciembre del año en curso, la responsable informó que por diverso acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veintidós, se suspendió la causa penal por el plazo de treinta días, ordenándose la cancelación de la audiencia intermedia, ello ante la solicitud de las partes de culminar la causa penal a través de un acuerdo reparatorio (foja 75). En ese sentido, debe decirse que la nueva determinación de la jueza de control, en la que se tuvo a la agente del Ministerio Público anunciando el cierre de la investigación complementaria y formulando acusación en contra del quejoso; sustituyó procesalmente al acuerdo primigenio que dio origen a los actos reclamados por esta vía de control constitucional, motivo por el que cesaron en sus efectos, puesto que al ser reemplazados sus efectos por una nueva determinación, dicha resolución ya no puede ser materia de estudio en el presente juicio de amparo. Ante tal situación, se sostiene que, en el caso analizado, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo (cesación de efectos del acto reclamado). Entonces, por las razones sostenidas en esta sentencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en la fracción V, del numeral 63 de la Ley de Amparo. La conclusión alcanzada trae como consecuencia la imposibilidad jurídica de analizar los conceptos de violación hechos valer. Al caso es aplicable la jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 335, con registro 394465, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". QUINTO. Ley de transparencia. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dese cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo expuesto y fundado legalmente y con apoyo además, en los artículos 1, fracción I, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, por propio derecho, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando quinto de este fallo. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se advierte que para el día de hoy se encuentra prevista la celebración de la audiencia constitucional; asimismo, que en proveído de ocho del presente mes y año, se tuvo a la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Tanivet, Oaxaca, informando entre otras cosas, que el doce de octubre del año en curso, dictado en los autos de la causa penal ********************, de su índice, que se instruye en contra de ********************(aquí quejoso), tuvo a la representación social formulando acusación contra el imputado, sin que al efecto hubiera remitido el escrito de acusación ni el auto en que lo acordó. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75, de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición del artículo 2° de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Tanivet, Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente de su legal notificación, remita a este Juzgado: -copia certificada del escrito por el que la Agente del Ministerio Público formuló acusación contra el imputado********************en la causa penal ********************, de su estadística, y del auto del acuerdo de doce de octubre del año en curso, por el que recepcionó esa acusación. Lo anterior, toda vez que se estima necesario para resolver el presente asunto. Al respecto, sirve de fundamento a lo anterior, de acuerdo al artículo 6° transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO". Se apercibe a la autoridad responsable que, de no cumplir con el requerimiento ordenado, se le impondrá una multa de NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 00/100 M.N., que equivale a CIEN unidades de medida de actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se agendan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese por lista electrónica y mediante oficio a la autoridad requerida.
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido por la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en San Francisco Tanivet, Oaxaca, autoridad responsable en el presente asunto, por conducto del cual, informa que se canceló la celebración de la audiencia intermedia, a celebrar dentro de la causa penal ********************, que había informado en auto de ocho del actual mes y año, en atención a que las partes manifestaron su voluntad de culminar el proceso penal a través de un acuerdo reparatorio, por lo que, fueron canalizadas con el Facilitador Judicial adscrito al Centro de Justicia Alternativa del Módulo del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, y consecuentemente, determinó la suspensión de la causa penal por treinta días. Al respecto, téngase por comunicado lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y considérese para el momento del dictado de la sentencia que en derecho corresponda. Notifíquese por lista electrónica."
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