Samuel López García

Expediente 161/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
161/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
03/05/2022

Partes del expediente

  • Samuel López García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, tres de mayo de dos mil veintidós. Causa estado. De la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la determinación de seis de abril de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, sin que haya ejercido ese derecho. En consecuencia, con fundamento por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que causó estado la referida determinación. Precisión. Es jurídicamente innecesario pronunciarse respecto al plazo que tienen las demás partes para inconformarse, ya que al haberse sobreseído fuera de audiencia el juicio de amparo, ningún agravio les genera esa decisión. Archivo. Con fundamento en artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo del dos mil veinte Diario Oficial de la Federación, archívese este expediente como concluido...

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a seis de abril de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese el informe justificado que rinde el Coordinador de Actividades en Materia de Vivienda en Veracruz, en el departamento de Vivienda dependiente de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad. Domicilio. Con apoyo en el numeral 28, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase por señalado el domicilio que indica para recibir notificaciones. Medio de comunicación. En términos del artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (reformado en su periodo de vigencia por su similar 20/2021), se tiene a la autoridad responsable proporcionando números telefónicos, como medio de comunicación. Remite constancia. Ahora, del contenido del informe de cuenta, se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado en razón que el cuatro de abril del año en curso mediante oficio I.C.H/1.4.4.0132/2022 de veintiocho de marzo pasado, fue notificado Carlos Gabriel Sánchez Ortiz, en su carácter de apoderado legal de Samuel López García, en el domicilio señalado para ese efecto, la respuesta a la solicitud recibida por la responsable el seis de diciembre de dos mil veintiuno, en relación a los descuentos que se le realizaron con motivo del delito de robo de identidad, en relación al crédito con el número de solicitud de baja 201601884300, por el cobro de la cantidad de $134,000.00 (ciento treinta y cuatro mil pesos moneda nacional cero centavos). Además, por diverso I.C.H./1.4.4.0133/2022 de veintiocho de marzo pasado comunicó al Jefe de Servicios de Promoción Crediticia de la Subdirección de Crédito del Fondo de la Vivienda del Instituto y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la intervención del departamento de Coordinación de Actividades en Materia de Vivienda en Veracruz, con la finalidad que se lleven a cabo las acciones necesarias que le permitan obtener al directo quejoso el reembolso por el importe relativo a los descuentos realizados vía nómina. Para corroborar lo anterior, remitió los acuses correspondientes a las documentales mencionadas. Sobresee fuera de audiencia. Es pertinente mencionar, que por auto de veintitrés de febrero de la presente anualidad, se radicó la demanda de amparo con el número 161/2022/I-A; se previno a Carlos Gabriel Sánchez Ortiz, quién se ostentó como apoderado legal del directo quejoso Samuel López García, para que acreditara su personalidad; por lo que en auto de nueve de marzo pasado se tuvo por exhibida copia certificada de la Escritura Veinte Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres, pasada ante la fe del Titular de la Notaria Pública Número Uno de la Novena Demarcación Notarial, con residencia en Misantla, Veracruz, con la que acreditó dicho carácter y se admitió a trámite la demanda, se requirió el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. Ahora, e el caso, el impetrante del amparo aduce que la autoridad responsable con su actuar omisivo vulneró en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 1° y 8 Constitucionales, en razón que tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, al haber transcurrido más de dos meses y doce días, sin que se le hubiese notificado el acuerdo que le hubiese recaído a su petición de seis de diciembre de dos mil veintiuno. Además, precisó que toda autoridad tiene la obligación de respetar el derecho de petición, en razón que a toda solicitud le debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quién se hubiese dirigido, la cual debe hacer del conocimiento en breve término del peticionario. Sin embargo, del análisis realizado a las constancias que integran el presente juicio se estima que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta en términos del artículo 8° Constitucional a la solicitud presentada ante la responsable el seis de diciembre de dos mil veintiuno, como lo precisó la responsable, el suscrito considera que se actualiza tal la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Porción normativa que establece la abolición de la acción constitucional debido a la cesación de los efectos del acto reclamado, dinámica que significa que la autoridad dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva del comportamiento de la autoridad (acción o inacción), sino también la desaparición total de los efectos en que se traduce el comportamiento que asumió, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esta manera, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Así, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61 fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Lo anterior es así, ya que como se dijo se solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal y reclamó de la autoridad responsable la omisión de dar respuesta en términos del artículo 8° Constitucional a la solicitud presentada ante la responsable el seis de diciembre de dos mil veintiuno. Sin embargo, de las constancias adjuntas al informe justificado se observa que el cuatro de abril del año en curso mediante oficio I.C.H/1.4.4.0132/2022 de veintiocho de marzo pasado fue notificado Carlos Gabriel Sánchez Ortiz, en su carácter de apoderado legal de Samuel López García, en el domicilio señalado para ese efecto, la respuesta a la solicitud recibida por la responsable el seis de diciembre de dos mil veintiuno, en relación a los descuentos que se le realizaron con motivo del delito de robo de identidad, en relación al crédito con el número de solicitud de baja 201601884300, por el cobro de la cantidad de $134,000.00 (ciento treinta y cuatro mil pesos moneda nacional cero centavos). Además, por diverso I.C.H./1.4.4.0133/2022 de veintiocho de marzo pasado, comunicó al Jefe de Servicios de Promoción Crediticia de la Subdirección de Crédito del Fondo de la Vivienda del Instituto y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la intervención del departamento de Coordinación de Actividades en Materia de Vivienda en Veracruz, con la finalidad que se lleven a cabo las acciones necesarias que le permitan obtener al directo quejoso el reembolso por el importe relativo a los descuentos realizados vía nómina. Lo anterior, tiene como consecuencia que la omisión reclamada dejó de surtir efectos, pues ya no existe materia de estudio en el presente asunto. .... Ante tales consideraciones, se concluye, que han cesado los efectos del acto combatido por la parte quejosa. ... Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que la materia del acto reclamado en esta vía, ya no puede seguir surtiendo efecto legal alguno, toda vez que ya dejó de existir, por lo que se actualiza la causal de improcedencia invocada. En consecuencia, lo que procede en la especie, es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Sin efectos audiencia constitucional. En virtud de lo antes expuesto, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las diez horas con once minutos del veinte de abril de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y comuníquese esta determinación a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades correspondientes.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE SEIS DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, a seis de abril de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese el informe justificado que rinde el Coordinador de Actividades en Materia de Vivienda en Veracruz, en el departamento de Vivienda dependiente de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad. Domicilio. Con apoyo en el numeral 28, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase por señalado el domicilio que indica para recibir notificaciones. Medio de comunicación. En términos del artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (reformado en su periodo de vigencia por su similar 20/2021), se tiene a la autoridad responsable proporcionando números telefónicos, como medio de comunicación. Remite constancia. Ahora, del contenido del informe de cuenta, se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado en razón que el cuatro de abril del año en curso mediante oficio I.C.H/1.4.4.0132/2022 de veintiocho de marzo pasado, fue notificado Carlos Gabriel Sánchez Ortiz, en su carácter de apoderado legal de Samuel López García, en el domicilio señalado para ese efecto, la respuesta a la solicitud recibida por la responsable el seis de diciembre de dos mil veintiuno, en relación a los descuentos que se le realizaron con motivo del delito de robo de identidad, en relación al crédito con el número de solicitud de baja 201601884300, por el cobro de la cantidad de . Además, por diverso I.C.H./1.4.4.0133/2022 de veintiocho de marzo pasado comunicó al Jefe de Servicios de Promoción Crediticia de la Subdirección de Crédito del Fondo de la Vivienda del Instituto y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la intervención del departamento de Coordinación de Actividades en Materia de Vivienda en Veracruz, con la finalidad que se lleven a cabo las acciones necesarias que le permitan obtener al directo quejoso el reembolso por el importe relativo a los descuentos realizados vía nómina. Para corroborar lo anterior, remitió los acuses correspondientes a las documentales mencionadas. Sobresee fuera de audiencia. Es pertinente mencionar, que por auto de veintitrés de febrero de la presente anualidad, se radicó la demanda de amparo con el número 161/2022/I-A; se previno a Carlos Gabriel Sánchez Ortiz, quién se ostentó como apoderado legal del directo quejoso Samuel López García, para que acreditara su personalidad; por lo que en auto de nueve de marzo pasado se tuvo por exhibida copia certificada de la Escritura Veinte Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres, pasada ante la fe del Titular de la Notaria Pública Número Uno de la Novena Demarcación Notarial, con residencia en Misantla, Veracruz, con la que acreditó dicho carácter y se admitió a trámite la demanda, se requirió el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. Ahora, e el caso, el impetrante del amparo aduce que la autoridad responsable con su actuar omisivo vulneró en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 1° y 8 Constitucionales1, en razón que tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, al haber transcurrido más de dos meses y doce días, sin que se le hubiese notificado el acuerdo que le hubiese recaído a su petición de seis de diciembre de dos mil veintiuno. Además, precisó que toda autoridad tiene la obligación de respetar el derecho de petición, en razón que a toda solicitud le debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quién se hubiese dirigido, la cual debe hacer del conocimiento en breve término del peticionario. Sin embargo, del análisis realizado a las constancias que integran el presente juicio se estima que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta en términos del artículo 8° Constitucional a la solicitud presentada ante la responsable el seis de diciembre de dos mil veintiuno, como lo precisó la responsable, el suscrito considera que se actualiza tal la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo2. Porción normativa que establece la abolición de la acción constitucional debido a la cesación de los efectos del acto reclamado, dinámica que significa que la autoridad dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva del comportamiento de la autoridad (acción o inacción), sino también la desaparición total de los efectos en que se traduce el comportamiento que asumió, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esta manera, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Así, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61 fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Lo anterior es así, ya que como se dijo se solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal y reclamó de la autoridad responsable la omisión de dar respuesta en términos del artículo 8° Constitucional a la solicitud presentada ante la responsable el seis de diciembre de dos mil veintiuno. Sin embargo, de las constancias adjuntas al informe justificado se observa que el cuatro de abril del año en curso mediante oficio I.C.H/1.4.4.0132/2022 de veintiocho de marzo pasado fue notificado Carlos Gabriel Sánchez Ortiz, en su carácter de apoderado legal de Samuel López García, en el domicilio señalado para ese efecto, la respuesta a la solicitud recibida por la responsable el seis de diciembre de dos mil veintiuno, en relación a los descuentos que se le realizaron con motivo del delito de robo de identidad, en relación al crédito con el número de solicitud de baja 201601884300, por el cobro de la cantidad de . Además, por diverso I.C.H./1.4.4.0133/2022 de veintiocho de marzo pasado, comunicó al Jefe de Servicios de Promoción Crediticia de la Subdirección de Crédito del Fondo de la Vivienda del Instituto y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la intervención del departamento de Coordinación de Actividades en Materia de Vivienda en Veracruz, con la finalidad que se lleven a cabo las acciones necesarias que le permitan obtener al directo quejoso el reembolso por el importe relativo a los descuentos realizados vía nómina. Lo anterior, tiene como consecuencia que la omisión reclamada dejó de surtir efectos, pues ya no existe materia de estudio en el presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª/J 59/1999, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. . Ante tales consideraciones, se concluye, que han cesado los efectos del acto combatido por la parte quejosa. Es aplicable al caso la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito5, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que la materia del acto reclamado en esta vía, ya no puede seguir surtiendo efecto legal alguno, toda vez que ya dejó de existir, por lo que se actualiza la causal de improcedencia invocada. En consecuencia, lo que procede en la especie, es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Sin efectos audiencia constitucional. En virtud de lo antes expuesto, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las diez horas con once minutos del veinte de abril de dos mil veintidós..

  4. Principal

    .... la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, se difiere para las diez horas con once minutos del veinte de abril de dos mil veintidós, para su desahogo.

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