Samuel Granados Regis

Expediente 1026/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1026/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
15/11/2019

Partes del expediente

  • Samuel Granados Regis

Actuaciones

  1. Principal

    ... se declara que ha causado estado el auto de referencia... archívese este asunto como concluido. ... se decreta que este expediente carece de relevancia documental... este expediente es susceptible de destrucción....

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con residencia en Cerro de León, Municipio de Villa Aldama, al que anexa el escrito de demanda que dice promover Samuel Granados Regís, contra actos del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Villa Aldama, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 1026/2019/I-B. ACTO RECLAMADO. El acto reclamado en el presente asunto se hace consistir en: La ilegal orden de aprehensión, tortura, malos tratos e incomunicación. DESECHAMIENTO. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a dicho precepto se analiza el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional; además, que ésta sea manifiesta, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En efecto, la suscrita considera en este asunto se configura el supuesto reconocido en el artículo 6º, interpretado a contrario sensu, en relación con la fracción XXIII, del diverso 61, artículos 3 y 15 de la Ley de Amparo, ya que conforme al artículo 107 constitucional, fracción I, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada; y en los términos del artículo 6º de la Ley de Amparo, y únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que reclama, pudiendo hacerlo por sí o por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente y sólo podrá seguirse por el agraviado y por su representante legal o por su defensor. Cabe precisar que el segundo de los preceptos invocados, en la fracción citada, establece que el juicio de amparo es improcedente, además de las hipótesis previstas en ese artículo, cuando la causa de improcedencia provenga de alguna otra disposición de la ley. Para mayor claridad del asunto, conviene transcribir los preceptos invocados: Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. "Articulo. 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo. 14..No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. "Artículo. 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.." En ese contexto, de conformidad con los artículos 3º, 6° y 108, párrafo primero, de la Ley de la materia, la demanda de amparo indirecto, debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, o en su caso por el defensor público o privado del quejoso, cuando el acto reclamado derive de un proceso penal, en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma autógrafa del promovente o al haberla presentado por medios electrónicos la evidencia criptográfica del sujeto autorizado para enviarla por dicho medio. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; en razón de que es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En ese orden de ideas, recibida la demanda de amparo en el órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que revele la misma para promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado, o como ya se dijo la evidencia criptográfica al enviarse por medios electrónicos. En ese sentido, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3° de la Ley de Amparo dispone que la firma electrónica es el medio que permite al quejoso el ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, en los que quien promueve sea parte. Asimismo, dicho artículo establece que los escritos enviados en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal, firma que se podrá prescindir cuando se promueva el amparo en términos del artículo 15 de la Ley de amparo, situación que no acontece en el caso concreto, puesto que se trata de una demanda en materia penal en donde se reclama una orden de aprehensión librada supuestamente en contra del quejoso. Sin embargo, como ya se dijo, este órgano jurisdiccional estima que no se cumple con el requisito esencial que establece el artículo 6° de la Ley de Amparo, pues se advierte que el promovente Samuel Granados Regís, no firmó el ocurso de demanda que se provee y, por tanto, no existe plena certeza de que se haya plasmado en tal escrito su voluntad para instar la acción constitucional de que se trata, ya que la firma del promovente, no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento; de donde resulta indispensable que en la demanda o promoción que se formula conste la firma de quien promueve, ya que sólo así se acredita la voluntad del que suscribe, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca del juicio de amparo, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en el que no se incorpora la voluntad del impetrante de garantías de presentarlo, además de que tampoco cuenta con la referida firma electrónica. Sobre este tema, el artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, prevé que al presentar demanda de amparo indirecto de forma electrónica, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción y que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica que corresponderá a la firma electrónica, en la que se mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, siempre que el certificado sea reconocido por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y esté vigente; a excepción de cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Lo que en el caso no sucede, ya que la demanda de amparo presentada vía electrónica presuntamente por Samuel Granados Regís, carece de firma electrónica, pues no contiene la evidencia de seguridad criptográfica a que se refiere el citado precepto 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince. Circunstancia que se corrobora con la impresión digital fidedigna de la demanda que se provee obtenida del Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes (SISE 2.0), que obra en el expediente que se actúa. Así, no se advierte la manifestación de voluntad del promovente de acudir a la presente instancia constitucional, siendo que, tratándose del juicio el amparo en línea que se pretende promover, con la firma electrónica (evidencia criptográfica) las partes expresan la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, en razón de que con ésta se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Sin que se esté en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo del artículo 3° de la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo sin el requisito de la Firma Electrónica (evidencia criptográfica), toda vez que de la lectura integra de ésta, no se advierte que se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, puesto que el quejoso se duele esencialmente de la ilegal orden de aprehensión que ordenaron las autoridades responsables judiciales en su contra que planea ejecutar la Policía responsable, dado que se presentaron en su domicilio diversas personas vestidas de policía quienes tocaron el timbre y preguntaron por él, pero se hizo pasar por otra persona diciéndoles que no estaba y que no iban a entrar a su casa sin una orden de cateo de un juez federal. Máxime que la tortura, malos tratos e incomunicación que dice pretenden ejecutar en su persona son actos futuros e inciertos, pues los hace derivar del cumplimiento que se dé a la orden de aprehensión reclamada. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis VI.1o.151K, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 303, Tomo XV-II, Febrero de 1995, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con Registro: 208341, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. Sin que haya lugar a requerir al peticionario de amparo para que subsane la omisión aludida, porque el artículo 114 de la Ley de Amparo, sólo faculta a este tribunal federal, a prevenir al promovente para que llene algún requisito formal, haga las aclaraciones que correspondan o exhiba las copias necesarias para correr traslado a las partes, más no para tal omisión. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis aislada del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, Enero de 1991, Octava Época, página 213, Registro: 223817, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA DEL PROMOVENTE. LA FALTA DE REQUERIMIENTO DEL JUZGADOR PARA SUBSANAR TAL OMISIÓN, NO CONTRAVIENE DISPOSICIÓN LEGAL. Así como la diversa tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 115-120, sexta parte, Séptima Época, página 72, Registro: 252200, cuyo rubro dice: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO SIN. ES CORRECTO SU DESECHAMIENTO. Según tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un escrito sin firmar, de cualquier naturaleza, a nadie obliga, pues para que tenga validez debe estar firmado o autorizado por alguien que aparezca como responsable de su contenido. De acuerdo con lo anterior, es lícito desechar una demanda de amparo que carece de la firma del solicitante, sin que sea óbice el que haya firmado un ocurso por el que exhibió la demanda, porque es precisamente en ésta en la que debe constar la firma del quejoso puesto que en la demanda es en la que se solicita la protección constitucional y en la que se expresan los elementos necesarios para que la solicitud sea eficaz." En esas condiciones, la demanda de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 3° y 6°, todos de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de voz y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Finalmente, toda vez que no se tiene la veracidad del contenido del escrito que se provee, ni la certeza de la voluntad de quien dice promover, en consecuencia; notifíquese el presente auto por lista de acuerdos. Notifíquese al promovente por lista de acuerdos... SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE PROMOVENTE POR ASÍ ESTAR ORDENADO...

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