Samuel Farca Sultán
Expediente 200/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 200/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 12/04/2021
Partes del expediente
- Samuel Farca Sultán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, doce de abril de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Destino archivístico. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. I. Colegiado admite recurso. Agréguese, a los autos el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, del que se advierte que admitió a trámite el recurso de inconformidad interpuesto en autos, mismo que se registró bajo el número ..., de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SIENDO LA PRIMER HORA HABIL SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MILL VEINTIUNO, QUE A LA LETRA DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. I. Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ..., mediante el cual desahoga la prevención formulada en autos y al efecto precisa que es su deseo señalar únicamente como acto reclamado: La resolución emitida por los Magistrados integrantes de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, mediante la cual, determinaron modificar el auto dictado el once de agosto de dos mil veinte, dictado en el juicio ordinario civil sobre divorcio necesario y pensión alimenticia ..., por el Juez Tercero de lo Familiar del distrito Judicial de Querétaro, para quedar de la siguiente manera: "(.) Se le tiene por presente al promovente solicitando se hagan efectivos los apercibimientos a la parte actora, respecto del auto de fecha 19 de junio de 2020, (fija 41 reversa) y tomando en consideración que ...no impulsó, dentro del periodo probatorio, (foja 168), el desahogo de la prueba de informes a cargo de ...ni tampoco realizó los actos procesales necesarios para lograr su ejecución, pues uno de sus autorizados recibió tales oficios, (fojas 193 y 195), es por lo que, conforme al artículo 130 de la ley procesal civil del Estado, se tiene por perdido su derecho no ejercitado en tiempo y forma y por ello se tienen por no desahogadas tales probanzas. No obstante lo anterior, debe precisarse que a la fecha, aún se encuentra pendiente de desahogo la prueba de INFORMES a cargo de .... como administradora de ..., ya que esta autoridad ordenó la entrega del oficio mediante el cual se solicitaba el informe a través del C. Actuario Adscrito a este juzgado, sin que se aprecie de autos que se haya entregado el citado oficio por parte del fedatario, por ende, no es posible dar por concluida la fase probatoria y aperturar el presente en su etapa de alegatos, hasta en tanto exista un pronunciamiento respecto de la citada prueba, por lo que, únicamente se ordena agregar en autos el escrito que exhibe la actora en el que formula alegatos. Por ende, a fin de brindar tutela judicial efectiva de los derechos debatidos en el presente y en mi carácter de rectora del procedimiento, en Auto por separado, la Suscrita habrá de proceder, de manera inmediata, y bajo la más estricta responsabilidad, a dictar las medidas que estime eficaces para culminar el legal desahogo del informe. (.)" II. Consideraciones sobre el examen de la demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiere causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su actualización, la demanda no debía ser desechada, pues se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debía admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. La citada tesis, es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.". III. Desechamiento de demanda. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, este juzgado federal advierte en la especie una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda, por lo que se impone necesario desechar la misma, como se explica enseguida. En ese orden, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura del ocurso. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Causal de improcedencia. En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que en lo que interesa disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley. (.)" De tales preceptos, se advierte que el amparo indirecto es improcedente cuando se reclaman actos emitidos dentro de un juicio cuyos efectos no son de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquéllos que afecten materialmente los derechos sustantivos del quejoso, tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre la definición de los actos de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estableció que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece dos precisiones para comprender el alcance de la expresión "actos de imposible reparación"; la primera de ellas se encuentra ubicada en la fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; la segunda, se observa en su fracción V, cuyo fin es normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales. Indicó que con base en esas disposiciones, los "actos de imposible reparación" necesariamente deben producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, pero no que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Precisó que el significado de actos de imposible reparación previsto en la Ley de Amparo, establece que aquéllos deben recaer sobre derechos, es decir, rebasa lo puramente procesal o procedimental -según se trate-, por lo que es necesario que se lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga de las leyes adjetivas aplicables. Concluyó en la existencia de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, dictados en juicio o en procedimiento seguido como tal, a saber: 1) Se afecten materialmente derechos: lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. 2) Los derechos afectados materialmente tengan la categoría de "sustantivos": expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en estos últimos la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender el resultado del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Estableció que dada la connotación que el legislador aportó respecto a lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", no puede aplicarse la jurisprudencia que determinó la procedencia del juicio de amparo indirecto contra aspectos formales que producen una afectación en grado predominante o superior, porque esta concepción resulta incompatible con la actual Ley de Amparo. Caso concreto. En el caso, la resolución reclamada fue emitida en una apelación familiar e impacta en el juicio ordinario civil sobre divorcio necesario y pensión alimenticia 157/2019; sin embargo, tales actos por el momento no tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, puesto que no afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa. Es así, porque en esencia, en la resolución reclamada se determinó que no podía ordenarse la apertura de la etapa de alegatos en el juicio ordinario civil sobre divorcio necesario y pensión alimenticia ..., hasta en tanto existiera un pronunciamiento con relación al desahogo la prueba de informes a cargo de ..., por los motivos ahí expuestos; sin embargo, nada se decidió sobre el fondo de la controversia, tampoco se determinó sobre algún derecho de la parte quejosa, ni se le afectó en forma actual y presente. En efecto, si se dictara sentencia a favor de los intereses de la parte quejosa, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas, y la parte quejosa tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse el juicio, y si la resolución le fuera desfavorable podría reclamarla vía amparo directo. Es decir, las consecuencias de la resolución reclamada producen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, pues con el dictado de la sentencia respectiva pueden desaparecer las violaciones reclamadas de ser favorable la resolución a la parte quejosa; en caso de no ser así, podrá impugnarla eventualmente, en amparo directo, en el cual podrá controvertir las violaciones procesales que trasciendan al fallo del asunto. En suma, la resolución reclamada, en los que en esencia, en la resolución reclamada se determinó que no podía ordenarse la apertura de la etapa de alegatos en el juicio ordinario civil sobre divorcio necesario y pensión alimenticia ..., hasta en tanto existiera un pronunciamiento con relación al desahogo la prueba de informes a cargo de ...; no constituyen una violación del procedimiento que afecte las defensas de la parte quejosa, ya que no la deja en estado de indefensión, pues queda intacta su capacidad de defensa. Es decir, en su caso, sólo implica la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales (en todo caso y sin conceder, conlleva el desahogo de la "prueba de informes a cargo de ...k", en forma contraria a la ley; como lo refiere la promovente), los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable a los intereses de la parte demandada (quejosa), y en caso contrario, serán reclamables en amparo directo. Resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 6/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 13, Núm. 76, Abril de 1994, octava época, registro 205484, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; procede DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. Asimismo, la causa de improcedencia por la que se desecha la demanda, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1 de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos ochenta y siete, Libro 3, febrero de dos mil catorce, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." IV. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; y, personalmente.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. I. Recepción de escrito aclaratorio. Agregues a los autos el escrito de cuenta y anexos, signado por el quejoso.., mediante el cual prende dar cumplimiento a la prevención formulada en auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno. II. Subsiste prevención. Sin embargo, es omiso en precisar la fecha en que le fueron notificados los autos que reclama del juez señalado como responsable. En mérito de lo anterior, subsiste el requerimiento formulado en auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno; en el entendido que deberá subsanar la irregularidad precisada dentro del plazo integro otorgado (cinco días), en virtud de que, como se advierte de la certificación de cuenta, dicho término no ha comenzado a transcurrir, por lo que comenzará a computarse a partir de que le sea notificado el presente proveído, pues el mismo se ha visto interrumpido por causa de la presentación del escrito aclaratorio. Resulta aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1079, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, décima época, registro 2005636, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado. En el entendido de que la prevención decretada sólo podrá cumplirla la parte quejosa y no los autorizados de éste ni siquiera en términos amplios, debido a que aquélla entraña expresiones manifestaciones bajo protesta de decir verdad, inherentes a la litis del juicio de amparo, que sólo puede cumplir el quejoso. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 50/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Tomo I, Agosto de 2014, Décima Época, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Así como la diversa Jurisprudencia 2a./J. 88/2006, de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, visible en la página 348, tomo XXIV, julio de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del rubro siguiente. "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA". Asimismo, hágasele notar a la parte quejosa que el escrito aclaratorio está bajo los efectos de la protesta de decir verdad que ya vertió y que la Ley de Amparo prevé consecuencias penales para quien se conduzca con falsedad, en términos del numeral 261 de la Ley de Amparo, que estipula que se impondrá sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario, al quejoso en un juicio de amparo que al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo. Asimismo, se precisa al quejoso que deberá exhibir copias suficientes del escrito con el que dé cumplimiento a la prevención, ello en términos del artículo 110 de la ley de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, titulada "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA." III. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que, de no cumplir con lo solicitado, se hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno, esto es, únicamente se tendrá como acto reclamado, la resolución dictada por la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro de los autos del toca .y se proveerá lo que proceda respecto del citado acto, lo anterior, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo. De igual forma resultan aplicables las Jurisprudencias 1ª/J. 39/20121 y 2a./J. 106/20032, sustentadas por la Primera y Segunda Sala respectivamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros siguientes: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO."; y, "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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