Samuel Farca Sultán
Expediente 465/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 465/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/04/2019
Partes del expediente
- Samuel Farca Sultán
- Juzgado Tercero de Primera Intancia Familiar de Querétaro
Actuaciones
- Principal
...Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo;..., se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ...archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción I, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula...
- Principal
...RECEPCIÓN Y DEMANDA: Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *** , por propio derecho, contra actos de la Juez Tercero de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial del Estado de Querétaro y otra autoridad. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 465/2019-VI, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. DESECHAMIENTO. Ahora, como se advierte del análisis integral de la demanda que nos ocupa, la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual, literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por un medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, que establece: ACTO RECLAMADO. De una la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama: El proveído de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, dictado por la Juez Tercero de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial del Estado de Querétaro, dentro del expediente *** , en el que decretó como medida cautelar en materia familiar que el quejoso abandone el domicilio conyugal, el cual se encuentra ubicado en *** . ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Previamente, a efecto de dar claridad al sentido de la presente resolución conviene citar los antecedentes que refiere el quejoso en el capítulo correspondiente, los cuales con fundamento en el artículo 108, fracción V, manifiesta bajo protesta de decir verdad, mismos que gozan de valor probatorio pleno, en razón de lo establecido por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo: 1.- Que se unió en matrimonio, bajo el régimen de sociedad conyugal, con *** , con quien procreó dos hijos. 2.- Que establecieron como domicilio conyugal el ubicado **** . 3.- Que se presentó en dicho domicilio un actuario adscrito a los Juzgados Civiles y Familiares de esta Ciudad, quien notificó al quejoso la determinación de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, por el que la Juez Tercero de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial del Estado de Querétaro, decretó como medida cautelar en materia familiar que éste abandone el citado domicilio conyugal, otorgándole tres días hábiles para dar cumplimiento. Siendo dicha determinación la que constituye el acto reclamado que se combate por la vía de amparo, pues se aduce que hay una violación a sus derechos y se duele que se le deje en estado de indefensión. De lo anterior se advierte que en el particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, que estatuye: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: Así es, contra el acto de la autoridad judicial que aquí se reclama, procede un medio de defensa legal, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado; por tanto, la parte quejosa no cumplió previamente con el principio de definitividad que anima el juicio de amparo. Los elementos con los que se integra la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aun cuando la parte agraviada no hubiere hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución y los previstos en la ley reglamentaria. En la especie, se actualiza la referida causal de improcedencia, toda vez que contra el acto de la autoridad judicial que aquí se reclama, procede un medio de defensa legal, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado. En efecto, el acto reclamado constituye una determinación emitida por un tribunal judicial, como lo es la Juez Tercero de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, en este sentido, tal circunstancia permite establecer que de acuerdo con la legislación que rige el procedimiento de referencia (Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro), los autos dictados por el juzgador que conoce de la medida cautelar, son impugnables a través de los medios de defensa que al efecto establece la legislación adjetiva mencionada. Conviene precisar lo establecido en el artículo 207 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, el cual se encuentra en el capítulo Tercero relativo a las "Medidas Cautelares en Materia Familiar", además en el referido capítulo, los artículos 210, y 199, fracción IV, hace referencia a las medidas cautelares relativas a la fijación de alimentos y a su garantía provisional, como lo es en el presente caso; preceptos que establecen: "..Artículo 199. En materia familiar pueden decretarse, antes de iniciarse el juicio o durante él, las siguientes medidas cautelares: IV. La fijación de alimentos y su garantía provisionales; .Artículo 207. Cuando se pida la fijación de alimentos provisionales, deberá justificarse el derecho por el cual se solicitan y la necesidad de los mismos, a excepción de los casos en que la ley la presuma. Concedida la medida, el juez, fijará la cantidad que periódicamente deba suministrarse, ordenando al deudor garantice el cumplimiento por cualquiera de los medios señalados por la ley. En caso de no señalar la garantía en el plazo de cinco días, se le embargarán bienes suficientes para garantizar la prestación." "Artículo 210. El juez podrá variar las medidas decretadas cuando exista causa justa que lo amerite o en vista de lo que los padres, de común acuerdo o individualmente, lo soliciten, si lo estima pertinente según las circunstancias del caso." Ahora, de la intelección del artículo 211 del Código De Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, se obtiene que el acto reclamado por la quejosa pueda reclamarse en términos del procedimiento incidental previsto en la norma citada, que dice: "Artículo 211. La inconformidad de cualquier interesado sobre la resolución o disposiciones de las medidas cautelares decretadas, se tramitará en forma incidental por cuerda separada y conforme a los siguientes lineamientos: I. A la demanda incidental se acompañará copia para el traslado y deberá notificarse personalmente a la contraria o a los interesados, en su caso; II. Las pruebas deben ofrecerse en la demanda incidental y en la contestación de la misma; III. Sólo se admitirán las pruebas que puedan desahogarse dentro del plazo de diez días; IV. Transcurrido el período a que se refiere la fracción anterior, desahogadas o no las pruebas ofrecidas, los autos quedarán a la vista de las partes para que expresen sus alegatos en el plazo de un día; y V. El juez dictará la interlocutoria que corresponda, en el improrrogable plazo de tres días, misma que será apelable en el efecto devolutivo." Aunado a lo anterior, la resolución que se dicte en la incidencia respectiva, de resultar desfavorable a la parte quejosa, ésta puede impugnarla mediante el recurso de apelación previsto en el ordenamiento legal citado; por lo que, resulta inconcuso que previo a acudir al juicio de amparo indirecto, la parte quejosa debe agotar el medio de defensa ordinario (incidente de inconformidad) y posteriormente el medio de impugnación (apelación), previsto por la ley ordinaria, para luego poder acudir al juicio de amparo, ya que de no hacerlo en esos términos, sobreviene la causa de improcedencia que para tal efecto señala el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues dicho precepto consagra uno de los principios que rigen la técnica del juicio de amparo, relativo al principio de definitividad que consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Sirve de apoyo a todo lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013, con número de registro 2005039, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350, Materia Común, de rubro y texto siguientes: Así como la tesis I.3o.C.249 C, con número de registro 189049, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Agosto de 2001, página 1363, de rubro y texto siguientes: Finalmente, la tesis XXII.1o.39 C, con número de registro 177580, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Agosto de 2005, página 1943, de rubro y texto siguientes: Por tanto, es válido concluir que el acto aquí combatido puede ser modificado o revocado, a través del planteamiento del incidente de inconformidad previsto en el ordinal 211 del ordenamiento jurídico invocado, y en caso de ser desfavorable la resolución que se dicte en dicha incidencia, puede ser combatida a través del recurso de apelación. Resulta meramente ilustrativa a lo expuesto, la jurisprudencia VI.1o. J/85, con número de registro 215770, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 67, Julio de 1993, Página 51, Materia Común, cuyo rubro y texto se precisan a continuación: Sin que en el caso se esté en presencia de la excepción al principio de definitividad ante la manifestación del quejoso de que se vería afectada la relación con sus menores hijos, lo que dañaría su estabilidad emocional y psicológica, pues no se advierte que de ejecutarse se constituiría un riesgo para los menores, toda vez que el que éste abandone provisionalmente el domicilio conyugal no genera riesgo ni perjuicio a los menores, pues se encuentra en aptitud de solicitar en la vía ordinaria, en la forma correspondiente, el régimen de convivencias con ellos, aunado a que la Juez decretó las medidas cautelares con los elementos que se le allegaron, a fin de preservar la integridad e interés de los menores, así como del núcleo familiar que los rodea, por lo que es de concluir que el quejoso sí debe agotar el principio de definitividad. Sirve de apoyo a todo lo anterior, la jurisprudencia 77/2013, con número de registro 2004677, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 990, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Décima Época, de rubro y texto siguiente: Sin que en el caso que nos ocupa, se esté en presencia de alguna de las excepciones a ese principio en el juicio de amparo indirecto, aun y cuando se plantea en la demanda de amparo una violación directa a la Constitución, y específicamente respecto de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16, dado que como ya quedó asentado, las violaciones reclamadas pueden ser defendidas con plena eficacia a través de un procedimiento ordinario. Es decir, si se plantean simultáneamente en la demanda de amparo violaciones directas e indirectas a la Constitución, no opera excepción alguna al principio de definitividad antes aludido, porque sí es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación de la resolución que estima violatoria de sus derechos, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo, el agraviado puede alegar los vicios de legalidad que ostenta la resolución, lo que equivale a plantear las llamadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, ya que se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria que debe resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al juez del amparo; sin que sea óbice que en múltiples ocasiones la autoridad ordinaria no pueda analizar las violaciones directas a la Carta Magna que también pudiera causar la determinación recurrida, porque de todas maneras al fallarse, si dicha autoridad estima fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto reclamado quedará sin efecto y resultará por tanto innecesario que se estudien aquellas violaciones directas a la Constitución. Sostener el criterio contrario, propiciaría el abuso del juicio de amparo, haciendo nugatorio el principio de definitividad, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución, para hacer procedente el juicio de garantías, obligando a la autoridad judicial que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. Se estima además, que no resultaría jurídico, cuando se plantean en la misma demanda de amparo violaciones constitucionales directas e indirectas, analizar únicamente las primeras y omitir el estudio de las segundas, porque no puede fraccionarse la procedencia del juicio de amparo. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, la demanda de amparo promovida por *** . Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda; y, con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizados en términos restringidos a las personas que autoriza, por no haber acreditado que cuenten con cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; sin perjuicio que durante la tramitación del juicio acrediten tal hecho. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. CAPTURA DE PROVEÍDO. Ahora, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro...
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, en esta fecha se notifica por medio de lista a la parte quejosa la resolución de dos de abril de dos mil diecinueve, que en esencia dice: Santiago de Querétaro a dos de abril de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y DEMANDA: Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *** , por propio derecho, contra actos de la Juez Tercero de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial del Estado de Querétaro y otra autoridad. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 465/2019-VI, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. DESECHAMIENTO. Ahora, como se advierte del análisis integral de la demanda que nos ocupa, la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual, literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por un medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, que establece: ACTO RECLAMADO. De una la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama: El proveído de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, dictado por la Juez Tercero de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial del Estado de Querétaro, dentro del expediente *** , en el que decretó como medida cautelar en materia familiar que el quejoso abandone el domicilio conyugal, el cual se encuentra ubicado en *** . ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Previamente, a efecto de dar claridad al sentido de la presente resolución conviene citar los antecedentes que refiere el quejoso en el capítulo correspondiente, los cuales con fundamento en el artículo 108, fracción V, manifiesta bajo protesta de decir verdad, mismos que gozan de valor probatorio pleno, en razón de lo establecido por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo: 1.- Que se unió en matrimonio, bajo el régimen de sociedad conyugal, con *** , con quien procreó dos hijos. 2.- Que establecieron como domicilio conyugal el ubicado **** . 3.- Que se presentó en dicho domicilio un actuario adscrito a los Juzgados Civiles y Familiares de esta Ciudad, quien notificó al quejoso la determinación de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, por el que la Juez Tercero de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial del Estado de Querétaro, decretó como medida cautelar en materia familiar que éste abandone el citado domicilio conyugal, otorgándole tres días hábiles para dar cumplimiento. Siendo dicha determinación la que constituye el acto reclamado que se combate por la vía de amparo, pues se aduce que hay una violación a sus derechos y se duele que se le deje en estado de indefensión. De lo anterior se advierte que en el particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, que estatuye: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: Así es, contra el acto de la autoridad judicial que aquí se reclama, procede un medio de defensa legal, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado; por tanto, la parte quejosa no cumplió previamente con el principio de definitividad que anima el juicio de amparo. Los elementos con los que se integra la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aun cuando la parte agraviada no hubiere hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución y los previstos en la ley reglamentaria. En la especie, se actualiza la referida causal de improcedencia, toda vez que contra el acto de la autoridad judicial que aquí se reclama, procede un medio de defensa legal, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado. En efecto, el acto reclamado constituye una determinación emitida por un tribunal judicial, como lo es la Juez Tercero de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, en este sentido, tal circunstancia permite establecer que de acuerdo con la legislación que rige el procedimiento de referencia (Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro), los autos dictados por el juzgador que conoce de la medida cautelar, son impugnables a través de los medios de defensa que al efecto establece la legislación adjetiva mencionada. Conviene precisar lo establecido en el artículo 207 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, el cual se encuentra en el capítulo Tercero relativo a las "Medidas Cautelares en Materia Familiar", además en el referido capítulo, los artículos 210, y 199, fracción IV, hace referencia a las medidas cautelares relativas a la fijación de alimentos y a su garantía provisional, como lo es en el presente caso; preceptos que establecen: "..Artículo 199. En materia familiar pueden decretarse, antes de iniciarse el juicio o durante él, las siguientes medidas cautelares: IV. La fijación de alimentos y su garantía provisionales; .Artículo 207. Cuando se pida la fijación de alimentos provisionales, deberá justificarse el derecho por el cual se solicitan y la necesidad de los mismos, a excepción de los casos en que la ley la presuma. Concedida la medida, el juez, fijará la cantidad que periódicamente deba suministrarse, ordenando al deudor garantice el cumplimiento por cualquiera de los medios señalados por la ley. En caso de no señalar la garantía en el plazo de cinco días, se le embargarán bienes suficientes para garantizar la prestación." "Artículo 210. El juez podrá variar las medidas decretadas cuando exista causa justa que lo amerite o en vista de lo que los padres, de común acuerdo o individualmente, lo soliciten, si lo estima pertinente según las circunstancias del caso." Ahora, de la intelección del artículo 211 del Código De Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, se obtiene que el acto reclamado por la quejosa pueda reclamarse en términos del procedimiento incidental previsto en la norma citada, que dice: "Artículo 211. La inconformidad de cualquier interesado sobre la resolución o disposiciones de las medidas cautelares decretadas, se tramitará en forma incidental por cuerda separada y conforme a los siguientes lineamientos: I. A la demanda incidental se acompañará copia para el traslado y deberá notificarse personalmente a la contraria o a los interesados, en su caso; II. Las pruebas deben ofrecerse en la demanda incidental y en la contestación de la misma; III. Sólo se admitirán las pruebas que puedan desahogarse dentro del plazo de diez días; IV. Transcurrido el período a que se refiere la fracción anterior, desahogadas o no las pruebas ofrecidas, los autos quedarán a la vista de las partes para que expresen sus alegatos en el plazo de un día; y V. El juez dictará la interlocutoria que corresponda, en el improrrogable plazo de tres días, misma que será apelable en el efecto devolutivo." Aunado a lo anterior, la resolución que se dicte en la incidencia respectiva, de resultar desfavorable a la parte quejosa, ésta puede impugnarla mediante el recurso de apelación previsto en el ordenamiento legal citado; por lo que, resulta inconcuso que previo a acudir al juicio de amparo indirecto, la parte quejosa debe agotar el medio de defensa ordinario (incidente de inconformidad) y posteriormente el medio de impugnación (apelación), previsto por la ley ordinaria, para luego poder acudir al juicio de amparo, ya que de no hacerlo en esos términos, sobreviene la causa de improcedencia que para tal efecto señala el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues dicho precepto consagra uno de los principios que rigen la técnica del juicio de amparo, relativo al principio de definitividad que consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Sirve de apoyo a todo lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013, con número de registro 2005039, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350, Materia Común, de rubro y texto siguientes: Así como la tesis I.3o.C.249 C, con número de registro 189049, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Agosto de 2001, página 1363, de rubro y texto siguientes: Finalmente, la tesis XXII.1o.39 C, con número de registro 177580, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Agosto de 2005, página 1943, de rubro y texto siguientes: Por tanto, es válido concluir que el acto aquí combatido puede ser modificado o revocado, a través del planteamiento del incidente de inconformidad previsto en el ordinal 211 del ordenamiento jurídico invocado, y en caso de ser desfavorable la resolución que se dicte en dicha incidencia, puede ser combatida a través del recurso de apelación. Resulta meramente ilustrativa a lo expuesto, la jurisprudencia VI.1o. J/85, con número de registro 215770, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 67, Julio de 1993, Página 51, Materia Común, cuyo rubro y texto se precisan a continuación: Sin que en el caso se esté en presencia de la excepción al principio de definitividad ante la manifestación del quejoso de que se vería afectada la relación con sus menores hijos, lo que dañaría su estabilidad emocional y psicológica, pues no se advierte que de ejecutarse se constituiría un riesgo para los menores, toda vez que el que éste abandone provisionalmente el domicilio conyugal no genera riesgo ni perjuicio a los menores, pues se encuentra en aptitud de solicitar en la vía ordinaria, en la forma correspondiente, el régimen de convivencias con ellos, aunado a que la Juez decretó las medidas cautelares con los elementos que se le allegaron, a fin de preservar la integridad e interés de los menores, así como del núcleo familiar que los rodea, por lo que es de concluir que el quejoso sí debe agotar el principio de definitividad. Sirve de apoyo a todo lo anterior, la jurisprudencia 77/2013, con número de registro 2004677, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 990, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Décima Época, de rubro y texto siguiente: Sin que en el caso que nos ocupa, se esté en presencia de alguna de las excepciones a ese principio en el juicio de amparo indirecto, aun y cuando se plantea en la demanda de amparo una violación directa a la Constitución, y específicamente respecto de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16, dado que como ya quedó asentado, las violaciones reclamadas pueden ser defendidas con plena eficacia a través de un procedimiento ordinario. Es decir, si se plantean simultáneamente en la demanda de amparo violaciones directas e indirectas a la Constitución, no opera excepción alguna al principio de definitividad antes aludido, porque sí es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación de la resolución que estima violatoria de sus derechos, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo, el agraviado puede alegar los vicios de legalidad que ostenta la resolución, lo que equivale a plantear las llamadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, ya que se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria que debe resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al juez del amparo; sin que sea óbice que en múltiples ocasiones la autoridad ordinaria no pueda analizar las violaciones directas a la Carta Magna que también pudiera causar la determinación recurrida, porque de todas maneras al fallarse, si dicha autoridad estima fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto reclamado quedará sin efecto y resultará por tanto innecesario que se estudien aquellas violaciones directas a la Constitución. Sostener el criterio contrario, propiciaría el abuso del juicio de amparo, haciendo nugatorio el principio de definitividad, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución, para hacer procedente el juicio de garantías, obligando a la autoridad judicial que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. Se estima además, que no resultaría jurídico, cuando se plantean en la misma demanda de amparo violaciones constitucionales directas e indirectas, analizar únicamente las primeras y omitir el estudio de las segundas, porque no puede fraccionarse la procedencia del juicio de amparo. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, la demanda de amparo promovida por *** . Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda; y, con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizados en términos restringidos a las personas que autoriza, por no haber acreditado que cuenten con cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; sin perjuicio que durante la tramitación del juicio acrediten tal hecho. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. CAPTURA DE PROVEÍDO. Ahora, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro...
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