Samira Abigail Bautista Carabantes

Expediente 836/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
836/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
10/10/2023

Partes del expediente

  • Samira Abigail Bautista Carabantes

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 20, fracción I, del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las nueve horas con veinte minutos del veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Rodrigo Courtois Yannini, asistido de la secretaria Martha Martínez Hernández, procede a celebrar la audiencia constitucional del presente juicio de amparo, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. A continuación, el secretario hace una relación de las constancias que obran en el expediente relativo, entre las que se encuentran las siguientes: (i) demanda de amparo, (ii) auto admisorio de veintidós de agosto de dos mil veintitrés (iii) informe justificado rendido por la autoridad responsable.********************Asimismo, certifica: que el acto reclamado deriva de un juicio laboral en la etapa de ejecución, y que la contraparte de la quejosa es ********************Acto seguido, el Juez tiene por hecha la relación de las constancias que antecede y acuerda: En atención a la certificación de cuenta, en términos de la fracción III, inciso b) del artículo 5 de la Ley de Amparo se reconoce el carácter de tercero interesado a ********************.********************Etapa probatoria. En esta etapa se hace relación de las documentales exhibidas por la autoridad responsable, las cuales con fundamento en el artículo 119 de la citada Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, por lo que no habiendo más pruebas que relacionar se cierra el período probatorio para pasar a la etapa de alegatos. Etapa de alegatos. En esta etapa de la audiencia se hace constar que las partes no comparecieron a alegar; por lo que no habiendo diligencias pendientes por desahogar, se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 836/2023, promovido por ********************, por conducto de su representante legal ********************, en contra de los actos de la autoridad que se mencionan más adelante.******************** I. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la parte quejosa la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje ha sido omisa en dictar auto de ejecución del laudo en el expediente laboral ********************. Por ello, considera que se viola en su perjuicio los artículos 8, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ********************, por conducto de su representante legal ********************, presentó su escrito de demanda el veintiuno de agosto del presente año, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de quien reclamó la omisión de dictar auto de ejecución del laudo en el expediente laboral ******************** de su índice. ********************La demanda fue turnada a este Juzgado de Distrito, donde quedó registrada con el número 836/2023 y fue admitida el veintidós de agosto de esta anualidad. La audiencia constitucional tuvo verificativo en términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de la materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. IV. OPORTUNIDAD Por la naturaleza del acto reclamado, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, al tratarse, precisamente, de una omisión que crea una situación permanente en la esfera jurídica de ********************, que no se subsana mientras aquélla subsista. Es aplicable, por analogía, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista". V. LEGITIMACIÓN ********************, representante legal de ********************, está legitimado para promover el presente juicio de amparo, pues representa a la persona que instó el juicio laboral ante la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje de donde deriva la omisión reclamada. VI. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el presente caso, la lectura detallada de la demanda de amparo revela que la quejosa reclama de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje la omisión de dictar el auto de ejecución del laudo en el expediente laboral ******************** de su índice. VII. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Es cierto el acto reclamado que se le atribuye a la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, no obstante que al rendir su informe con justificación negó la existencia del acto reclamado, agregando que con fecha ocho de agosto del presente año se acordó el escrito presentada por ********************, por conducto de su representante legal ********************, en el cual se dictó auto de requerimiento de pago y embargo, respecto de la condena decretada a la parte demandada en el juicio de origen (********************), lo que se corrobora con la constancia que anexó a su informe justificado consistente en copias certificadas deducidas del juicio laboral ********************; documental a la que se le otorga el carácter de documento público de conformidad con el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, puesto que su formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario investido de fe pública, expedida en el ejercicio de sus funciones; y, esa publicidad se demuestra por las características que presentan tales documentales, como son, la existencia de los sellos, firmas y demás signos provenientes de las leyes; por lo que, al tener esa calidad de documentos públicos, se les otorga valor probatorio pleno de conformidad a lo establecido por en el artículo 202 del mismo código procesal, de las cuales se advierte que la responsable resolvió el asunto planteado; por ende, válidamente puede presumirse que los actos reclamados existían en la fecha de presentación de la demanda. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." No obstante, este juzgado constitucional tiene por ciertos los actos omisivos reclamados, porque a la fecha de presentación de la demanda -veintiuno de agosto de dos mil veintitrés-, la presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a pesar de dictar auto de requerimiento de pago y embargo en el proveído de fecha ocho de agosto de dos mil veintitrés, lo cierto es que le notificaron al representante legal de parte quejosa, después de la presentación de la demanda de amparo, es decir, el doce de septiembre del presente año.********************La determinación anterior tiene sustento en la tesis aislada emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." VIII. PROCEDENCIA********************Lo aleguen o no las partes, es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo del juicio constitucional, por constituir una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo.********************En el caso, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia por cesación de efectos por las razones que se exponen a continuación. Como es sabido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha desarrollado diversos criterios jurisprudenciales a fin de responder cuándo estamos en una situación en la que los efectos del acto reclamado deban considerarse que han cesado. De acuerdo con los más significativos, la cesación de efectos es una condición que sólo puede entenderse actualizada ante la total e incondicional destrucción de éstos. Así, se ha reiterado, para que los efectos de un acto pueda considerarse cabalmente destruidos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto es, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, pueden consultarse los criterios jurisprudenciales de rubros: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO" y "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Una vez que ha sido entendido lo que la Suprema Corte le ha conferido al concepto "cesación de los efectos del acto reclamado", podemos determinar cómo puede identificarse cuando todos los efectos de un acto han llegado a esa condición de cesación absoluta. En relación con lo anterior, debe decirse que el hecho de que una persona promueva un juicio de amparo en contra de uno o varios actos implica que aquélla considera que éstos le generan una afectación que se traduce en una violación. Esa posible violación constituye el efecto de los actos reclamados. En este sentido, cuando tal efecto cesa, desaparece la violación resentida por el quejoso y, en consecuencia, el juicio de amparo deja de tener razón de ser dado que perseguiría algo que ya estaría logrado, a saber, la reparación de la infracción. Lo anterior es lo que justifica la existencia de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************[.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En el caso concreto, como ya se precisó en esta sentencia, el quejoso reclama de los integrantes de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje la omisión de dictar auto de ejecución del laudo en el expediente laboral ******************** de su índice. Lo cual significa que la razón que motivó la promoción del juicio de amparo es precisamente la falta de dictar auto de requerimiento de pago y embargo el juicio laboral. Sin embargo, la autoridad responsable al rendir su informe justificado la presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, exhibió copia certificada del acuerdo del ocho de agosto pasado en el expediente laboral ******************** de su índice. Lo anterior da pauta al suscrito para estimar que en la especie se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por cesación de los efectos, ya que se -reitera- la responsable remitió copia certificada del acuerdo del ocho de agosto del año en curso en el expediente laboral ********************, del índice de la ya citada Junta, con lo que se insiste, despachó auto de requerimiento de pago y embargo contra la parte demandada ********************, en dicho juicio, mismo que se notificó a la quejosa el doce de noviembre de dos mil veintitrés a través de su representante legal. Bajo esa óptica, es incuestionable que la conducta omisiva reprochada a la responsable y que motivó la promoción del presente sumario cesó al haberse pronunciado la actuación señalada en el párrafo que antecede (de la cual se hizo del conocimiento a la inconforme después de instado el juicio de derechos fundamentales), ya que la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de los derechos fundamentales aquélla, ya fue reparada desde el momento en que fue informada del resultado de aquellos, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal.********************Es aplicable al caso la tesis P.CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes:********************"ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad."********************Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia invocada en el presente juicio respecto del acto impugnado a los Integrantes de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje. IX. DECISIÓN Por lo anterior, al actualizarse la mencionada causal de improcedencia, este órgano jurisdiccional estima procedente sobreseer en el juicio de amparo, con base en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo vigente. Lo que hace innecesario el estudio de los conceptos de violación. X. PRECISIONES FINALES Esta sentencia se dicta sin perjuicio de que no se haya emplazado al tercero interesado ********************, pues ello tiene como finalidad respetar el derecho que tiene de ser oída en el juicio de garantías, con el fin de que prevalezca su pretensión consistente, básicamente, en que subsista el acto reclamado, lo cual se satisface a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, y en el presente asunto se sobreseyó en el juicio, por lo que esta sentencia no le repara algún perjuicio. Es ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 6/2017 (10a.), con registro digital 2013630, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de título, subtítulo y texto siguiente: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." También ilustra la tesis P. V/98, con registro digital 196912, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de título, subtítulo y texto siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido ********************, por conducto de su representante legal ********************, contra la omisión reclamada, por las razones expresadas en el apartado VIII de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo agréguense a los autos para los efectos legales correspondientes los informes justificados descritos en la cuenta; asimismo, se tiene a la autoridad judicial responsable por anunciada la documental que exhibe, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva; en consecuencia, con el contenido de tales instrumentos dese vista a las demás partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Ténganse por recibidos el ocurso inicial y los anexos señalados en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 836/2023. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente aportados por las partes y se formará con los instrumentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que las actuaciones y promociones electrónicas no se incorporaran al expediente material; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. Primeramente se reconoce a ********************, el carácter de apoderado de ********************, porque acredita su personalidad en términos de lo establecido por los numerales 6 y 11 de la Ley de Amparo con el ejemplar digitalizado del acta de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución de quince de febrero de dos mil veintiuno, celebrada en el juicio laboral ******************** del índice de la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Admisión. En otro punto, con fundamento en lo estatuido por los normativos 1, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 6, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracciones IV y V, 108, 110, 112, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo se admite la demanda de amparo presentada por ********************, por conducto de su mandatario ******************** en contra de los actos reclamados a la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje y a otra autoridad. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a ordenar la apertura del incidente de suspensión, porque la parte quejosa no solicitó la medida cautelar. Solicitud de Informe justificado. Con fundamento en lo establecido por el arábigo 117 de la Ley de Amparo requiérase a las autoridades responsables para que rindan su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días; asimismo, hágase de su conocimiento que para el caso de rendir sus informes fuera del lapso establecido en el primer párrafo del referido precepto podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos y, en el supuesto de no rendirlos se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario. En el entendido que deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados y acompañarán, en su caso, copias certificadas de las constancias necesarias para apoyar sus informes, apercibidas de que de no hacerlo se impondrá en su contra una multa de cien unidades de medida y actualización al momento de incurrir en la conducta prevista por el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, sanción económica que también les será aplicada en caso que no rindan sus informes justificados. Igualmente deberá informar si la parte quejosa ha tramitado otro juicio de amparo en contra de los actos atacados en este asunto o alguno diverso relacionado con el procedimiento de origen. Se autoriza al actuario de la adscripción para que la solicitud de los informes justificados sea entregada a los correos electrónicos oficiales de las autoridades responsables, los cuales deberán ser corroborados por el fedatario vía telefónica levantando la razón actuarial correspondiente. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir su informe a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo comunicarán de inmediato a este juzgado y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en caso de no cumplir con esta obligación se les impondrá la multa a que se refiere el artículo 251 de la ley de amparo vigente. Fecha de la audiencia constitucional. Se señalan las nueve horas con veinte minutos del veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Emplazamiento del representante social de la Federación. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por los normativos 5, fracción IV, 26, inciso k), y 27, fracción I, de la Ley de Amparo por esta ocasión notifíquese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita este auto en forma personal, corriéndole traslado con copias fotostáticas simples de la demanda de amparo y del documento con el que el promovente demostró su personalidad para efectos de su emplazamiento. Reconocimiento de terceros interesados. De momento este órgano jurisdiccional se reserva proveer lo relativo al reconocimiento de terceros interesados en este juicio de amparo hasta en tanto las responsables rindan sus informes justificados y esté en posibilidad de determinar a quién le reviste esa calidad. Pruebas. Con fundamento en lo estatuido por el ordinal 119 de la Ley de Amparo téngase a la parte quejosa por anunciadas las documentales que exhibe, la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones, las cuales serán relacionadas, admitidas y desahogadas en la audiencia constitucional conforme a lo previsto por los diversos 123 y 124 de la citada legislación. Forma de notificación a la parte quejosa y acceso al expediente electrónico. Se autoriza a la justiciable para recibir notificaciones por la vía electrónica con el nombre del usuario "********************" que proporciona, porque manifiesta expresamente que esa es su voluntad, lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto por el normativo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo se autoriza a la disidente el acceso y la consulta del expediente electrónico relativo al presente asunto, vía Internet, por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del nombre de usuario "********************" que proporcionó para tal efecto. En razón de lo anterior, se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano jurisdiccional que realice las acciones necesarias para activar los permisos correspondientes al usuario "********************" a fin de que la parte quejosa pueda realizar la consulta del expediente electrónico indicado y se esté en aptitud de realizar las notificaciones electrónicas. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Notificación por lista a las autoridades responsables y en su caso, a terceros interesados que tengan la calidad de autoridad. Por otro lado, en términos de la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 (10ª), resuelta por contradicción de tesis, por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, materia común, consultable en la página 1253, de la Décima Época, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS"; se hace del conocimiento de las autoridades responsables o terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquéllas que deben ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán mediante lista que se publica en este Juzgado. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese.

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