SAMAEL HERNÁNDEZ RUIZ y Otros.
Expediente 897/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 897/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- SAMAEL HERNÁNDEZ RUIZ y Otros.
- Samael Hernández Ruiz
Actuaciones
- Principal
Mesa de Amparo II-B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que desechó de plano la demanda de amparo, origen de este expediente, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archívese este expediente como asunto concluido. Se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación que antecede, en este expediente no existen documentos considerados originales... Hágase del conocimiento de las partes..., el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá a la Dirección de Recepción, Tratamiento y Resguardo Documental del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de septiembre de dos mil dieciocho. Se acepta competencia. En el oficio que se atiende, el juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, al que acompaña la demanda de amparo promovida por Samael Hernández Ruíz, lo anterior, al haber declinado competencia a favor de este órgano jurisdiccional, al considerar que se encuentra relacionado con el diverso juicio de amparo 102/2017, del índice de este órgano jurisdiccional, bajo las argumentos que expone. Atento a lo anterior, este juzgado comparte sustancialmente las razones de la autoridad remitente; en consecuencia, acúsese el recibo correspondiente y hágase del conocimiento de la autoridad federal que este juzgado se avoca al conocimiento del juicio constitucional de que se trata. Radíquese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 897/2018. Compensación de asuntos. Envíese oficio a la jefa de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a efecto de que realice la compensación correspondiente de este juicio. Desechamiento. Ahora bien, en cuanto a la admisibilidad de la demanda, el suscrito considera que debe desecharse por las razones que se exponen a continuación. Del escrito de demanda se advierte que Samael Hernández Ruiz, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: a) Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. A quien reprocha el incumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral 1003/2010 del índice de la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. En ese sentido, tras un estudio de las particularidades del caso se considera que el presente asunto es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Ese precepto dispone que el juicio de amparo es improcedente: [.] contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. La fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo contiene la causa de improcedencia consistente en el supuesto de cosa juzgada, la que ha sido definida como un principio procesal que tiene un doble sentido, material y formal, y que está vinculado al principio de seguridad jurídica. Tal figura jurídica de cosa juzgada se funda en tres razones principales: (1) en el principio de economía procesal que exige que se eviten dos procesos sobre el mismo litigio; (2) en la necesidad de evitar dos sentencias diversas y aun contradictorias sobre el mismo litigio; y finalmente, (3) en que sería injusto obligar al demandado a defenderse en dos procesos diversos respecto de una misma demanda. Cabe precisar que el texto del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada -que también establecía como causa de improcedencia la cosa juzgada-, tenía una redacción similar al texto vigente, en cuanto señalaba, en lo que interesa: Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: [.] IV.- Contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió diversos criterios que interpretaron, precisamente, el artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada; a manera de ejemplo, se citan los siguientes: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACION NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia". "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: "El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso". "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE OTRO JUICIO DE AMPARO. SATISFECHOS LOS PRESUPUESTOS DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO IMPORTA QUE NO SE ENCUENTRE DEMOSTRADA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO EN EL OTRO AMPARO. No es óbice para que sea operante en el juicio de garantías la causal de improcedencia que consiste en la existencia de otro amparo, prevista por la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, el que los agraviados afirmen que en el amparo precedente no aparece que exista el acto reclamado, ya que, en primer lugar, la causal de improcedencia señalada no se condiciona a que existan los actos combatidos en el primer amparo sino únicamente a que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución y que ese juicio esté promovido por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables, y en segundo, no podría exigirse el requisito de que los actos reclamados sean ciertos, ya que la apreciación de las pruebas para tener o no por demostrada la existencia de los actos combatidos, se lleva a cabo hasta la sentencia, en los términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, y el artículo 73, fracción III, del ordenamiento citado, parte precisamente del supuesto de que dicha resolución no se ha dictado, esto es, que existe litispendencia". Conforme a los criterios recién transcritos, y al texto mismo del artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando se actualizan los supuestos siguientes: (i) que la ley o acto reclamado que se cuestione haya sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; (ii) que se haya dictado sentencia firme en el juicio anterior; y (iii) que ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En el caso concreto, se actualizan esos supuestos, porque no es la primera vez que el quejoso Samael Hernández Ruiz acude ante la Justicia Federal para cuestionar el incumplimiento del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, de acatar lo resuelto en el laudo 1003/2014; anteriormente, ya lo había hecho en diverso juicio que ha correspondido conocer a este órgano jurisdiccional. Se estima así, ya que el último juicio de amparo en relación a ese acto reclamado, se trata del expediente 102/2017, promovido por Samael Hernández Ruiz. En ese asunto reclamó el incumplimiento del laudo emitido del juicio laboral de origen, el cual se resolvió mediante sentencia definitiva terminada de engrosar el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, en la cual se sobreseyó en el juicio por cuanto hace al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, por las consideraciones siguientes: "De manera oficiosa se advierte que respecto al acto que se reclama al Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. En primer término, resulta necesario definir si el Director General del Instituto Estatal de Educación de Oaxaca, tiene el carácter de autoridad responsable en este juicio de garantías. En ese orden de ideas, para resolver el punto en cuestión, de conformidad a los preceptos legales precisados, la autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, es aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Anterior a la reforma de Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que entró en vigor el tres siguiente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había interpretado el concepto de autoridad y determinado que es un órgano perteneciente a la administración pública centralizada o paraestatal cuyas facultades decisorias se encuentran establecidas en la ley, a fin de crear, modificar y extinguir situaciones jurídicas que afecten a la esfera jurídica de los gobernados. Lo anterior se sustenta en la tesis que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Por su parte, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País precisó que las características esenciales que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son: a) La existencia de una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que se establezca en la ley; c) A través de ella emita actos unilaterales, con los que cree, modifique o extinga situaciones que afecten a la esfera jurídica del gobernado; d) Para emitirlos no requiera acudir ante los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones la jurisprudencia que reza: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Por tanto, con base en los anteriores criterios, se considera como autoridad para efectos del amparo: al ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; y, por tanto, autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal atribución; de ahí el abandono del criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como requisito característico del concepto de que se trata. En el caso particular, el acto impugnado al Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, lo constituye la omisión de dar cumplimiento al laudo dictado por la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje el diecisiete de junio de dos mil catorce en el juicio laboral 1003/2010(4) bis; sin embargo, dicho incumplimiento no constituye un acto de autoridad, en virtud de que la Ley Federal del Trabajo cuenta con el procedimiento que deberá seguir para lograr la ejecución de los laudos en los juicios laborales. Entonces, puede concluirse que la Juntas, conforme a la normativa que las rige, cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y ejecución de los laudos dictados en los juicios laborales respectivos; por ende, resulta inconcuso que el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad procesal que subyace en ellas, se extiende también al ámbito de la ejecución de los laudos, donde, en su caso, como sucede con cualquier particular, su incumplimiento por parte de la autoridad demandada puede ser vencido a través de la amplia gama de instrumentos legales con que cuentan para lograr el cumplimiento de los laudos que emite. Es decir que, desde ese modelo, la autoridad demandada no actúa en un esquema de supra a subordinación (como condición para la categorización de un acto de autoridad), sino en todo momento dentro de una relación laboral con el particular actor. Consecuentemente, el incumplimiento por parte del Director General de Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, a un laudo dictado en su contra no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo. Al caso, por identidad de razón jurídica, se cita la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor" . Por lo que si el citado acto reclamado a la responsable mencionada no constituye un acto de autoridad para efectos del amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la misma legislación respecto de dicho acto reclamado." Sentencia la cual quedó firme en proveído de veinte de julio de dos mil diecisiete. Lo relatado con anterioridad, hace evidente que se actualiza la hipótesis de cosa juzgada, pues existe una ejecutoria emitida en el juicio de amparo 102/2017, promovido por el mismo quejoso, con identidad de acto reclamado y autoridad señalada como responsable Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Se afirma lo anterior, ya que en dicha sentencia, se estudió el acto que pretende hacer valer en este juicio de amparo, a saber, que la responsable ha incumplido con el laudo dictado en el juicio laboral 1003/2010. Dicho acto como bien se adelantó, se estudió en el aludido juicio de amparo 102/2017, en el que se sobreseyó al estimar el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región (en apoyo a las labores de este órgano jurisdiccional) que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (por conducto de su Director o de quien legalmente lo represente) no tiene el carácter de autoridad responsable; y al no haberse inconformado con ello, consintió expresamente lo resuelto en esa sentencia definitiva. En consecuencia, ante la existencia de la cosa juzgada, este juzgador determina desechar de plano la demanda de amparo origen de este asunto, porque se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sin que con ello se deje en estado de indefensión al quejoso, pues está en potestad de promover lo conducente ante la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje respecto a la ejecución forzosa del laudo dictado en el juicio laboral 1003/2010. Domicilio y autorizados del quejoso. Téngase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizados . Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que el quejoso, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente. Así lo determinó el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Leonel Medina Rubio, ante la secretaria de acuerdos, Miriam Fabiola Núñez Castillo, quien autoriza y da fe. SE NOTIFICÓ EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO
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